Cuestionan la donación de 17 hectáreas del Parque 9 de Julio a favor de la Tecnológica

Cuestionan la donación de 17 hectáreas del Parque 9 de Julio a favor de la Tecnológica

Desde la Comisión de Patrimonio aseguraron que no les consultaron antes de sancionar la ley y reclamaron la protección del ambiente. Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio provincial, criticó la norma aprobada. Hoy se reúne la comisión.

ESPACIO VERDE. El predio está ubicado sobre la avenida Papa Francisco y la Legislatura le donó 17 hectáreas a la UTN para que levante su campus.  la gaceta / foto de franco vera ESPACIO VERDE. El predio está ubicado sobre la avenida Papa Francisco y la Legislatura le donó 17 hectáreas a la UTN para que levante su campus. la gaceta / foto de franco vera
27 Diciembre 2016
La donación por ley de una parte del Parque 9 de Julio a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN, sede local) ha reavivado el debate por el uso del espacio público, en especial del espacio verde. “La verdad es que nos desayunamos con la noticia a través del diario. A nosotros nunca se nos consultó nada”, confesó Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio de la Provincia, quien remarcó que le sorprende que se sigan tomando decisiones de este tipo sin consultar. No descartó la posibilidad de remitir una nota con documentación al Poder Ejecutivo. “La ley de Patrimonio está viva y vigente”, recordó.

El miércoles pasado, en el paquete de leyes que sancionó la Legislatura en sesión, se aprobó la donación de 17 hectáreas para que la Facultad Regional Tucumán de la UTN construya su campus deportivo y tecnológico. Según el proyecto, solo podrán edificar en un 10% del terreno total que está ubicado sobre avenida Papa Francisco, detrás de la Terminal de ómnibus.

Aguirre confirmó que solicitó documentación a la Dirección de Catastro porque ese predio forma parte del parque; por lo tanto -dijo- es una área amparada por la Ley de protección patrimonial (N° 7.500). Según Aguirre el área de Medio Ambiente provincial debería haber intervenido en esta decisión que tomaron los legisladores, ya que tiene “la responsabilidad de proteger el espacio verde de los tucumanos”.

Justamente, hoy por la tarde se reúne la Comisión Provincial de Patrimonio, integrada por ella y por tres representantes de las universidades: Gabriela Lo Giudice (Unsta), Jorge Molina (UTN) y Silvia Rossi (UNT). Aguirre aseguró que este tema ocupará gran parte del debate.

Lotes baldíos

La directora de Patrimonio agregó que es “agobiante” ver cómo se le ha ido quitando espacio al parque. “Si no tomamos alguna medida ahora y decidimos el futuro de ese espacio se va a terminar construyendo todo”, reflexionó.

En esa línea, Rossi, mencionó que con este tipo de decisiones -la donación de una parte del espacio verde- lo que se debe generar es un debate profundo acerca de cuáles son las políticas referidas al ambiente que tiene la provincia. “Creo que esa es la gran pregunta: ¿Qué pasa que los políticos ven como terrenos baldíos los espacios verdes?”, disparó la arquitecta; y agregó que la naturaleza está dando muestras claras - cambio climático, un ejemplo- de que hay que proteger cada espacio natural.

Por su parte, Juan Ledesma, director de Catastro municipal, explicó que el titular dominial del parque es la Provincia, mientras que el municipio se encarga de las tareas de mantenimiento y de limpieza.

Patrimonio

El primer artículo del proyecto aprobado por los legisladores deja en claro que el predio forma parte del Parque 9 de Julio, ya que dispone la desafectación de las leyes N°6478 (Formación del Parque Centenario 9 de Julio) y N° 7500 (Protección del Patrimonio).

Desde la Dirección Patrimonio recordaron además que el artículo 145 de la Constitución provincial señala que el Estado es “responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico...”. Y argumentaron que cualquier intervención que involucre al patrimonio provincial debería ser consultado a la Comisión y a la autoridad de aplicación de la ley.

Aguirre adelantó que también solicitará información a los legisladores. “La ley no está promulgada, con lo cual pienso que ante la manifestación y con la documentación que vamos a presentar puede haber una posibilidad de revertir la situación”, anheló Aguirre. El Poder Ejecutivo puede promulgarla expresamente dentro de los 10 días hábiles, pero si no lo hace la ley lo mismo queda firme pasado ese período. También puede vetarla -total o parcialmente- o pedir correcciones.

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