Por Fernando Stanich
26 Diciembre 2016
Hay una asociación recurrente en la vida política de Juan Manzur: la de su apellido con la Justicia. El gobernador cerrará el año con la apertura de otra investigación que lo involucra, y que puede contradecir la cualidad que le endilgó el kirchnerismo: la de un buen gestor en materia de salud pública.
Lo primero por advertir es que no hay una denuncia penal del ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, en contra de su antecesor. El funcionario de Mauricio Macri suele ser extremadamente cuidadoso a la hora de referirse al tucumano. Lo segundo, no obstante, es que Lemus sí giró a los tribunales porteños un contundente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que comprende buena parte del paso de Manzur en el Ministerio de Salud de Cristina Kirchner. A partir de ello, tal como adelantó el periodista Daniel Santoro en Clarín el jueves pasado, el fiscal federal Franco Picardi solicitó el inicio de una investigación al juez Marcelo Martínez De Giorgi, para determinar si hubo irregularidades en la ejecución del programa “Remediar más Redes”. Así, ante el requerimiento, el magistrado ordenó avanzar con una causa que roza directamente al actual mandatario.
El plan relevado por la AGN consta, según su carta de presentación, de dos líneas de acción: la entrega de medicamentos -como continuación del Remediar- y el fortalecimiento de las redes provinciales y primarias de salud, con especial énfasis en la atención de grupos vulnerables de la sociedad que padecen dos enfermedades crónicas (hipertensión arterial y diabetes). Para eso, el Gobierno nacional se financió con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 230 millones dólares y un aporte local de 50 millones de dólares. El período auditado va desde 2009 a julio de 2013; es decir, en plena gestión de Manzur (el tucumano asumió en julio de 2009 y renunció en febrero de 2015). El informe del organismo consta de 141 páginas. Ese documento, ya sobre los escritorios de Comodoro Py, da cuenta de numerosas y variadas anomalías, que van desde una incorrecta aplicación del plan, pasando por diferencias de precios de 18% en los pagos a laboratorios hasta una baja y discrecional ejecución en relación al monto y al tiempo invertido.
“El programa tuvo un diagnóstico insuficiente de la situación socio-sanitaria inicial que fundamente y oriente la intervención”, sostiene el apartado 4.1.1 del informe, al que accedió esta columna. “Ante la solicitud del documento diagnóstico del programa, se obtuvieron dos diferentes de dos áreas distintas”, alertaron los auditores. De estas dos explicaciones, una es catalogada como “insuficiente” y la otra consiste en un documento sin fecha ni carátula, de 114 páginas, de las cuales sólo siete describen en “forma breve, general y somera” algunos de los elementos básicos requeridos para un diagnóstico. Luego, continúa el relevamiento, fallaron los controles y el seguimiento de la ejecución, puesto que se hallaron apenas cinco actividades de evaluación realizadas entre 2009 y 2012: “se evidencia un alto grado de desconexión entre ellas, la utilización de diferentes metodologías y variedad de actores responsables”. Otra observación de la AGN es que para identificar a los beneficiarios se tomaron datos desactualizados, porque se utilizó la base del Censo 2001. Esto provocó un “sobredimensionamiento” de la población elegible (se supone que la población con cobertura, en esos años, había aumentado y en consecuencia los eventuales beneficiarios deberían ser menos). En este tramo, se concluye que la aplicación de los proyectos provinciales fue baja.
También hay reproches a la información disponible sobre las millonarias compras de medicamentos y la provisión a las provincias. “Las diferencias halladas se manifiestan no sólo en los totales (cantidad de laboratorios y monto invertido en medicamentos), sino también en los niveles desagregados por laboratorios”, expresa sobre el primer punto. “El 50% de los medicamentos relevados no fueron enviados en al menos el 55% de veces”; “entre un 10% y un 70% de medicamentos figuran como no disponibles o sin enviar”, afirma sobre el segundo. En este apartado, llama la atención la inequidad en su ejecución, porque distritos con mucha población recibieron menos botiquines que otras con menos población. “Tucumán, que representa el 3,7% del total de personas con cobertura pública exclusiva a nivel país, recibe entre el 7,9% y 8,2% del total de los botiquines entregados (porcentualmente un 100% más)”, se explica. “El principio de equidad resultó vulnerado”, se concluye. Respecto de la adquisición de medicamentos, el pronunciamiento final de la AGN es lapidario. Asegura que no coinciden entre sí los pagos a laboratorios, las registraciones de la Base de Gestión, la página del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición y los datos de la Unidad Coordinadora de Proyectos con financiamiento internacional del Ministerio de Salud de la Nación. E insiste sobre las inconsistencias detectadas en los volúmenes físicos de medicamentos comprados.
“Las deficiencias observadas en la planificación y control del programa generaron un sistema de control interno débil, basado en mecanismos de registraciones superadas. Los reiterados ajustes y debilidades normativas conllevaron una asignación de recursos poco eficiente, tanto económicos, como humanos y temporales, lo cual trajo como consecuencia una demora en la ejecución y el limitado cumplimiento de los objetivos planteados”, sentenció la AGN en el informe sobre uno de los planes que dirigió Manzur durante su gestión nacional. El documento, culminado en mayo de 2015 por la Auditoría General, llegó a los tribunales justo en medio de la pulseada entre los gobernadores y la Casa Rosada por las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. Más allá de las especulaciones que puedan hacerse a partir de esa sugestiva coincidencia temporal, lo concreto es que el sucesor de José Alperovich deberá prestar atención con una oreja a sus responsabilidades de gestión y, con la otra, no descuidar el frente judicial. Ese que siempre amenaza con posarse sobre él.
Lo primero por advertir es que no hay una denuncia penal del ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, en contra de su antecesor. El funcionario de Mauricio Macri suele ser extremadamente cuidadoso a la hora de referirse al tucumano. Lo segundo, no obstante, es que Lemus sí giró a los tribunales porteños un contundente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que comprende buena parte del paso de Manzur en el Ministerio de Salud de Cristina Kirchner. A partir de ello, tal como adelantó el periodista Daniel Santoro en Clarín el jueves pasado, el fiscal federal Franco Picardi solicitó el inicio de una investigación al juez Marcelo Martínez De Giorgi, para determinar si hubo irregularidades en la ejecución del programa “Remediar más Redes”. Así, ante el requerimiento, el magistrado ordenó avanzar con una causa que roza directamente al actual mandatario.
El plan relevado por la AGN consta, según su carta de presentación, de dos líneas de acción: la entrega de medicamentos -como continuación del Remediar- y el fortalecimiento de las redes provinciales y primarias de salud, con especial énfasis en la atención de grupos vulnerables de la sociedad que padecen dos enfermedades crónicas (hipertensión arterial y diabetes). Para eso, el Gobierno nacional se financió con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 230 millones dólares y un aporte local de 50 millones de dólares. El período auditado va desde 2009 a julio de 2013; es decir, en plena gestión de Manzur (el tucumano asumió en julio de 2009 y renunció en febrero de 2015). El informe del organismo consta de 141 páginas. Ese documento, ya sobre los escritorios de Comodoro Py, da cuenta de numerosas y variadas anomalías, que van desde una incorrecta aplicación del plan, pasando por diferencias de precios de 18% en los pagos a laboratorios hasta una baja y discrecional ejecución en relación al monto y al tiempo invertido.
“El programa tuvo un diagnóstico insuficiente de la situación socio-sanitaria inicial que fundamente y oriente la intervención”, sostiene el apartado 4.1.1 del informe, al que accedió esta columna. “Ante la solicitud del documento diagnóstico del programa, se obtuvieron dos diferentes de dos áreas distintas”, alertaron los auditores. De estas dos explicaciones, una es catalogada como “insuficiente” y la otra consiste en un documento sin fecha ni carátula, de 114 páginas, de las cuales sólo siete describen en “forma breve, general y somera” algunos de los elementos básicos requeridos para un diagnóstico. Luego, continúa el relevamiento, fallaron los controles y el seguimiento de la ejecución, puesto que se hallaron apenas cinco actividades de evaluación realizadas entre 2009 y 2012: “se evidencia un alto grado de desconexión entre ellas, la utilización de diferentes metodologías y variedad de actores responsables”. Otra observación de la AGN es que para identificar a los beneficiarios se tomaron datos desactualizados, porque se utilizó la base del Censo 2001. Esto provocó un “sobredimensionamiento” de la población elegible (se supone que la población con cobertura, en esos años, había aumentado y en consecuencia los eventuales beneficiarios deberían ser menos). En este tramo, se concluye que la aplicación de los proyectos provinciales fue baja.
También hay reproches a la información disponible sobre las millonarias compras de medicamentos y la provisión a las provincias. “Las diferencias halladas se manifiestan no sólo en los totales (cantidad de laboratorios y monto invertido en medicamentos), sino también en los niveles desagregados por laboratorios”, expresa sobre el primer punto. “El 50% de los medicamentos relevados no fueron enviados en al menos el 55% de veces”; “entre un 10% y un 70% de medicamentos figuran como no disponibles o sin enviar”, afirma sobre el segundo. En este apartado, llama la atención la inequidad en su ejecución, porque distritos con mucha población recibieron menos botiquines que otras con menos población. “Tucumán, que representa el 3,7% del total de personas con cobertura pública exclusiva a nivel país, recibe entre el 7,9% y 8,2% del total de los botiquines entregados (porcentualmente un 100% más)”, se explica. “El principio de equidad resultó vulnerado”, se concluye. Respecto de la adquisición de medicamentos, el pronunciamiento final de la AGN es lapidario. Asegura que no coinciden entre sí los pagos a laboratorios, las registraciones de la Base de Gestión, la página del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición y los datos de la Unidad Coordinadora de Proyectos con financiamiento internacional del Ministerio de Salud de la Nación. E insiste sobre las inconsistencias detectadas en los volúmenes físicos de medicamentos comprados.
“Las deficiencias observadas en la planificación y control del programa generaron un sistema de control interno débil, basado en mecanismos de registraciones superadas. Los reiterados ajustes y debilidades normativas conllevaron una asignación de recursos poco eficiente, tanto económicos, como humanos y temporales, lo cual trajo como consecuencia una demora en la ejecución y el limitado cumplimiento de los objetivos planteados”, sentenció la AGN en el informe sobre uno de los planes que dirigió Manzur durante su gestión nacional. El documento, culminado en mayo de 2015 por la Auditoría General, llegó a los tribunales justo en medio de la pulseada entre los gobernadores y la Casa Rosada por las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. Más allá de las especulaciones que puedan hacerse a partir de esa sugestiva coincidencia temporal, lo concreto es que el sucesor de José Alperovich deberá prestar atención con una oreja a sus responsabilidades de gestión y, con la otra, no descuidar el frente judicial. Ese que siempre amenaza con posarse sobre él.
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