Por LA GACETA
24 Diciembre 2016
Diversión, desafío, inconsciencia, transgresión, irresponsabilidad, riesgo. Desde hace años, las picadas forman parte de la nocturnidad tucumana. Los escenarios van rotando, pero son bastante conocidos por los “tuercas” motociclistas o automovilistas: las avenidas Perón y Belgrano, la ruta N° 305, la que conduce al aeropuerto; la N° 9, a la altura del ingreso a San Cayetano, el Camino de Sirga, en el límite con San Pablo, así como las avenidas Francisco Solano en el barrio Soeme, de Las Talitas, y Papa Francisco, detrás de la terminal de ómnibus.
Son también frecuentes en Lules, Santa Lucía, Teniente Berdina, Sargento Moya, Capitán Cáceres, Soldado Maldonado, Los Sosa, Monteros y Acheral, entre otros puntos. El jueves, un lector envió un video a LA GACETA Whatsapp en el que pueden apreciarse los detalles de estas carreras en la avenida Mate de Luna, en las inmediaciones del Monumento del Bicentenario.
El jefe de la Policía Vial dijo que no estaba enterado del hecho, pero que a partir de la información proporcionada por nuestro diario, iba a comunicarse con la Dirección General de Prevención Ciudadana y la Unidad Regional de la capital para diseñar operativos tendientes a erradicar estas prácticas penadas por la ley.
En la Dirección de Tránsito del municipio informaron que no cuentan con demasiado personal para realizar controles durante las 24 horas en distintos puntos de la ciudad, pero en caso de constatar in situ una picada, los policías de Tránsito no persiguen a los infractores para evitar accidentes. “Nosotros tomamos la patente, luego el domicilio y finalmente se le secuestra el vehículo”, manifestó el subdirector municipal de Tránsito y Transporte.
El artículo 297 del Código de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán establece que están prohibidas las carreras en la vía pública y se las considera una falta grave. La norma establece sanciones que van desde el secuestro del vehículo por 60 días hasta la suspensión del registro de conducir y multas.
La ley nacional 24.449, modificada en 2008, señala que se reprimirá con prisión de seis meses a tres años, e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo que dure la condena, a quienes pongan en riesgo la vida o integridad física de personas por realizar pruebas automovilísticas en la vía pública, sin autorización de autoridad competente.
En 2011, la Legislatura sancionó una ley por la cual se legalizaban las picadas. Se establecía que las medidas de seguridad y los parámetros bajo los cuales se desarrollarían estas carreras deberían ser reglamentadas por el Gobierno.
Para poder hacer suya la norma los municipios debían adherirse mediante ordenanza. El fundamento se apoyó en la necesidad de blanquear una actividad que sobrevive por inacción del Estado y que atentaba contra la seguridad vial. La norma fue vetada por el Ejecutivo.
Los padres tienen una buena parte de responsabilidad en estas prácticas. Sería interesante si en los colegios se promovieran talleres destinados a alumnos y a sus progenitores para tomar conciencia sobre este asunto y otros referidos a la convivencia cívica.
El Estado debería encontrar el modo de combatir las picadas con efectividad. El control, la sanción y la educación son las herramientas para erradicar esta práctica peligrosa que ha ocasionado tragedias.
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