La pócima de fin de año
En los estertores del año, el oficialismo provincial decidió probar la pócima alperovichista. Ese brebaje hecho de jirones de república y despojos de democracia, preparado para atropellar a la Justicia. Lo inquietante en la elaboración de este “preparado” es que el poder político sabe que puede fracasar en parte. O, incluso, que puede fallar del todo. Pero insistió. Y no por pura obstinación. Allí, acaso, están los ingredientes secretos…

Medio potaje consiste en crear juzgados en el fuero en lo Contencioso Administrativo, donde hoy sólo hay una cámara con tres salas. Frente al caldero, el manzurismo repite su hechizo: ese fuero debe tener una doble instancia, como ocurre en el resto los tribunales. El argumento es válido. Enfrenta, eso sí, un problema: este Gobierno, durante este año, reformó el Código Procesal Penal para abreviar el trámite de las causas.

El fundamento oficial colisiona con un conjuro de cuatro palabras: Doctrina de los Actos Propios. El Estado no puede actuar en contradicción con su propio comportamiento anterior para conculcar los derechos de terceros. Sin previsibilidad, no hay seguridad jurídica.

Entonces, el poder político es consciente de que no está hablando de satisfacer un clamor popular cuando crea juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo. Más bien, se da todo lo contrario. Hoy son legión los proveedores del Estado, los empleados públicos, los particulares y los jubilados de todas las clases sociales (o sus viudas, o sus huérfanos) que vieron sus derechos conculcados por la administración pública y debieron pasar años y hasta décadas en los tribunales, pleiteando uno y otra vez frente a un Estado que sólo sabe apelar. Luego, cuando obtuvieron los fallos definitorios, ese Estado se declaró en Emergencia Económica y contestó que no honraría sus compromisos, sino que pagaría con títulos de deuda pública, amortizables a lo largo de otra década. Los que en adelante vayan a demandar en la Justicia que el Gobierno les pague lo que les debe, a ese calvario deberán sumar una instancia más.

El oficialismo, pareciera, no está pensando en los derechos de los gobernados sino en los del Gobierno. Y (ha quedado demostrado durante la gestión anterior) para ello siempre se trata de desplazar a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El alperovichato trató de anularla y creó un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, pero nunca se animó a integrarlo. Ahora no prueban “por arriba” sino “por abajo”.

Lo que busca el oficialismo es administrar tiempo: los “tiempos” de las causas judiciales adversas. En buen romance, demorarlas bastamente. Por caso, si la creación de estos juzgados se concreta, ese será el destino de la demanda de la Municipalidad capitalina para reclamar la autonomía administrativa y económica. En la Intendencia, la sanción de la norma cayó como una noticia de plomo.

A fuego lento

La otra mitad del elixir es la modificación de la ley del Jurado de Enjuiciamiento, para que sean suspendidos los jueces y los fiscales a los cuales el Jury les promueva la acusación. Frente al caldero, el oficialismo reza otro hechizo: si el Jurado de Enjuiciamiento ni siquiera puede suspender a los magistrados que acusa, carece de toda efectividad.

A estas alturas, la Doctrina de los Actos Propios ya se parece a un talismán…

En 2006, la convención reformadora de la Constitución provincial, presidida por Juan Manzur, pautó que los vocales de la Corte y el ministro fiscal (además del gobernador, el vice, los miembros del Tribunal de Cuentas y el ombudsman) pueden ser removidos por la Legislatura, mediante juicio político. Pero mientras dure ese proceso de destitución “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, estos “acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones” (artículo 47).

¿Por qué, ahora, una ley dice que hay magistrados que, cuando enfrenten procesos de destitución “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, sí podrán ser suspendidos en sus funciones? ¿Hay jueces “de pleno derecho” y hay jueces de “capacidad disminuida”? ¿Con las sentencias también es igual: algunas hay que cumplirlas y otras no tanto? ¿El incumplimiento de los deberes de funcionario tiene doble estándar? ¿Cómo la comisión de Juicio Político de la Legislatura no puede suspender a los funcionarios a los que puede enjuiciar hay que deducir que es un organismo inútil? ¿Se conoce el paradero la “igualdad ante la ley” en el derecho público provincial?

Luego, el oficialismo conoce que no está dotando de eficacia al Jury. Lo que está haciendo es poner en la mira a toda la judicatura provincial. Claramente, los camaristas en lo Contencioso Administrativo aparecen como presas favoritas para esta suerte de “safari en el zoológico”, pero en realidad todos están a “tiro” del Jurado de Enjuiciamiento, donde el Gobierno tiene mayoría propia: de sus ocho miembros, uno es el fiscal de Estado y cinco son legisladores, de los cuales sólo uno corresponde a la oposición.

En ebullición

La poción huele al más rancio alperovichato, régimen que ostentó poder omnímodo en lo político y que conoció la derrota judicial como ninguna otra gestión. ¿Por qué, entonces, el gobernador se arriesga a dar por iniciada su temporada de revolcadas tribunalicias?

Obviamente, el fin último perseguido por el poder político es la entrada en vigencia de ambas normas. Pero, en paralelo, el Gobierno quiso terminar el año dando una serie de mensajes. En ninguno se lee “Felices Fiestas”.

En primer lugar, el manzurismo presenta su atropellada contra los tribunales con el lema “recuperamos la iniciativa política”. La lógica del Gobierno tucumano (y la de infinidad de regímenes con anemia institucional) es que es preferible parecer despótico antes que débil.

En segundo término, el Gobierno comunica que, cada vez que pueda, se tomará revancha del fallo de Ebe López Piossek y Salvador Ruiz (camaristas en lo Contencioso Administrativo, por supuesto) que declaró nulos los comicios del 23 de agosto (tan pródigos en delitos electorales y maniobras fraudulentas).

En tercera instancia, el oficialismo confirma que su encono contra Rodolfo Novillo (camarista en lo Contencioso Administrativo, por si había alguna duda) no ha cesado con el alperovichato. No es para menos: gracias a su fallo en el fallo “Colegio de Abogados” (luego confirmada por la Corte) en Tucumán no existe ese instituto contra natura llamado “Enmienda legislativa”, por el cual la Legislatura podía modificar la Constitución provincial con una mayoría especial. También gracias a Novillo, en el fallo “MP3”, la provincia no tiene una Junta Electoral copada por el poder político. Por eso, las últimas horas de 2016 están consagradas a la diatriba incesante contra ese juez de profunda conciencia republicana, al cual el alperovichismo jamás pudo “arreglar”.

En cuarto puesto, el poder político hace saber que su bronca contra la investigación del uso dado a los “gastos sociales” durante el alperovichato es, sencillamente, inconmensurable. La lógica oficialista (antojadiza hasta los huesos, pero oficial hasta la médula) es que si esos “subsidios” ya han sido derogados, la cuestión debería darse por concluida. Pero al respecto operan dos problemas. El primero: con dineros de los gastos sociales, $ 200 millones fueron paseados en valijas, durante los tres meses previos a los comicios que consagraron al manzurismo. El segundo es, otra vez, la Doctrina de los Actos Propios: si ahora, cuando Manzur es gobernador, los gastos sociales son derogados y no se pierde el mundo, es razonable que la Justicia quiera investigar por qué hicieron tanta falta durante los ocho años anteriores, cuando Manzur fue vicegobernador.

Lista para envasar

A la par de estos ingredientes secretos, la embestida del poder político contra la Justicia se cuece con otros elementos que el Gobierno no se anima a musitar.

En primer lugar, el oficialismo transpira inseguridad. Por eso, a los interrogantes que le plantea la Justicia no los responde con razones (y la razón es la primera fuente del derecho) sino con leyes de dudosa constitucionalidad y con ataques personales de dudosa democracia.

En segundo lugar, hay en el manzurismo un notable déficit por dotar a la gestión de personalidad propia. Así que ante las dudas que ofrece el panorama judicial, decidieron que lo mejor era parecerse al alperovichato. Y el retrato de esos 12 años es el naufragio de las instituciones, con salvavidas de pavimento. Si el manzurismo consistirá en “limón a EEUU sí; reforma política, no”, su promesa electoral seguirá renga: “continuidad”, siempre; “con cambio”, jamás.

Eso sí: hay una cuestión que está más allá de la receta. Si el oficialismo se animó a modificar la naturaleza funcional del fuero que atiende los pleitos contra el Estado, y a poner a toda la judicatura bajo amenaza de suspensión, es porque ha olfateado debilidad en el Poder Judicial.

Cuando la Justicia hizo historia al declarar nulos los infames institutos de la reforma constitucional, la reacción del Gobierno anterior fue no nombrar más jueces. Ahora, sólo con causas en trámite, ya amagan con echar magistrados.

Es que hay una diferencia entre la gestión anterior y la actual: las elecciones del 23 de agosto. Cuando el fallo del 16 de septiembre de 2015 declaró nula esa votación, el Gobierno echó a correr el fantasma de la intervención federal a los tres poderes. 96 horas después, otro fallo declaraba válidos los comicios... Un año más tarde, la amenaza de remoción se convierte en ley.

Esa cuestión no es menor. La pócima del Gobierno tiene un frasco de máxima: que la Justicia, finalmente, no se anime a troncharle las leyes. El frasco de mínima es un trueque: resignar una norma a cambio de consagrar la otra.

Con esa pizca de picardía se revuelve el brebaje oficialista. La preparación se llama: “Transferencia de Poder”. Porque el poder no se pierde: sólo se transfiere. El que uno resigna, otro lo toma…

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios