La epidemia ignorada
Desde que el gobernador Juan Manzur declaró que los accidentes de tránsito eran una epidemia en la provincia, el 1 de febrero, han pasado 11 meses, una ley de alcohol cero, unos 300 muertos en percances viales y al menos tres tragedias que causaron conmoción: la de Ranchillos, el 15 de febrero; la de la salida de la fábrica de Alpargatas, dos días después, y la de la autopista cerca del Mercofrut, el sábado pasado. ¿En qué han cambiado las cosas? La provincia ha sancionado una ley de tolerancia cero al alcohol, ha creado un observatorio de seguridad vial junto a la Nación y tiene equipos de control en las rutas. El país acaba de sancionar una ley para castigar con prisión las infracciones de tránsito. La epidemia de la que habló Manzur, sin embargo, se mantiene: según el observatorio del Instituto de Seguridad y Educación Vial, aumentó 1,4% la mortalidad vial, un 27,5% la morbilidad vial, y un 13,2% la siniestralidad vial, en comparación con 2015.

Cifras relativas

“Sería importante hablar de hechos, no de accidentes. Cuando hay imprudencia o negligencia es un hecho”, sentencia Elina Marchese, que recuerda que hace exactamente 10 años , el 21/12/06, ocurrió la tragedia en la avenida Perón de Yerba Buena, que segó la vida de su madre y su hermano. Es que las cifras de accidentes son difíciles de medir -en los medios de comunicación se publica apenas una tercera o una cuarta parte de los siniestros- y por ese mismo motivo los organismos adoptan sus propias formas de registrarlos, con lo que pueden acomodar sus estadísticas.

El Gobierno provincial sostiene que en los últimos tres años han descendido las víctimas mortales: 293 en 2014, 287 en 215 y se estima que este año serán unas 270, aunque el director de Transporte, Benjamín Nieva, reconoce que llevan los registros con retraso de dos meses, por ello la estimación. La asociación Luchemos por la Vida, en cambio, calcula que ha aumentado la cantidad de víctimas, de 333 (2014) a 341 (2015) y aún no se sabe en 2016. Nieva asegura que los datos que se manejan a nivel oficial surgen de una recopilación de informes de denuncias e intervenciones policiales, más los informes de hospitales que recogen los empleados del área Accidentología Vial de la Policía. Aunque en ellos no se incluyen informes de hospitales de muertes posteriores a los accidentes, ni las ocurridas después de las salidas o los traslados de los pacientes a sanatorios.

Luchemos por la Vida, por su parte, toma datos de publicaciones de los diarios y de informes de las compañias de seguros. ¿Podrá el Observatorio de Seguridad Vial, al que la provincia envía sus informes, compaginar las distintas fuentes? Elina Marchese -que advierte que de las 10 víctimas mortales diarias de 2006 se pasó a 23 en 2016- cree que este observatorio es un punto de partida positivo. Pero advierte que sus resultados no se verán en el corto plazo.

Mientras tanto, la epidemia sigue. Nieva da a entender que el crecimiento desbordado del parque automotor es por ahora un factor imposible de manejar. Hay 300.000 vehículos y para controlarlos tienen 100 agentes de Transporte y 150 de la Policía Vial. Es decir, 1.200 vehículos por cada agente, dice. Por ello espera tener más personal y ayuda de Gendarmería y de los municipios. O sea que el control va a fallar siempre porque a juicio oficial hace falta más personal.

Lo que está detrás de las palabras es que las medidas que se dictan son insuficientes o insustanciales. Hace dos años el entonces gobernador José Alperovich, al cambiar al director de Transporte y reponer la Policía Vial, decía: “lo que más nos preocupa es que se nos muere mucha gente por accidentes de tránsito, por no usar el cinturón, por estar alcoholizado, por no usar casco, y son cosas que se pueden evitar”. Fue entonces cuando asumió Nieva. En febrero, cuando Manzur habló de la epidemia, dijo que “más del 50% de personas que entran al sistema de salud a causa de un accidente presentan un porcentaje alto de consumo de alcohol, y esto hay que combatir”. ¿Cómo nos ha ido con el combate al acohol? Tanto la tragedia de Aguilares de febrero como la del Mercofrut la semana pasada (fallecieron ocho personas entre las dos) fueron causadas por conductores borrachos. El fiscal Washington Navarro Dávila informa que el electricista de Alderetes, Adrián Dante Juárez, conductor que atropelló con su auto Fiat Siena a las militantes de Derechos Humanos en el Mercofrut, tenía 1,79 g de alcohol en sangre. “Se lo acusaría de triple homicidio con dolo eventual y lesiones”, añade el fiscal.

Ley sin uso

Lo cual no explica lo que pasa, si ya hay desde hace seis meses una ley de alcohol cero. Es que no todas las municipalidades han adherido a esta ley provincial, así como tampoco han adherido a la licencia nacional de conducir, razón por la cual no se aplica en los hechos ni el control de alcoholemia en su totalidad ni la norma del carnet por puntos. Hace un año que se espera que se adhieran a la de alcoholemia, y hace cinco que se integren al carnet por puntos. ¿Lo harán? Difícil.Por un lado, según Esio Silveira, de Luchemos por la Vida, hay intendentes que “dicen, descaradamente, que los controles y las multas restan votos”. Por otra parte, en las municipalidades y comunas el otorgamiento de licencias es una caja de dinero, añade Elina Marchese, y en las administraciones que se han adherido a la norma nacional el sistema ha servido más bien para recaudar con las multas. Por eso esto no ha incidido en las cifras de accidentes.

Otro aspecto del asunto es la falta de conciencia social sobre este drama. El factor humano, que hace que los funcionarios justifiquen su falta de resultados y que lleve a los vecinos a resignarse, como les ocurre a los que viven junto a la ruta 38 en Aguilares, acaso el punto con más tragedias en la provincia. “Esta ruta está endiablada”, le dijo Manuel Roque Coria a LA GACETA en noviembre. Esto explica la irresponsabilidad de los conductores -sobre todo de motos, el fenómeno más explosivo de los últimos años- pero lo que no se dice es que esa falta de conciencia abarca también a los funcionarios y los operadores. El experto Pedro Katz analiza que la práctica de “hacer un operativo hoy y desaparecer mañana” es una muestra de esa falta de cultura vial de los fuincionarios. “Se pretende cambiar el comportamiento social con mensajes aislados”, sentencia.

Todo aislado, nada orgánico

¿Habrá algo que hacer en lo inmediato? ¿Darle sentido al Consejo de Seguridad Vial, integrar a todos los intendentes y delegados comunales y hacerlos responsables, declarar la emergencia vial, obligar a todo el mundo a rendir examen de manejo? Elina Marchese dice que las Madres del dolor plantearon eso en el Congreso Nacional. “Pidieron que para renovar el carnet se haga un examen intensivo. No les hicieron caso y los proyectos perdieron estado parlamentario”. En cuanto a la cuestión educativa -lo básico para prevenir- no hay nada, añade Clara Pucheta, hermana del canillita atropellado en El Cristo en 2010. “Sólo hay iniciativas aisladas de los profesores que quieren dar Educación vial, pero nada orgánico”. Aquellos que creen que con el aumento de las penas que acaba de sancionar el Congreso para que actúe la Justicia van a obtener un cambio, pueden buscar referencias en el caso de los Marchese, ocurrido hace exactamente 10 años. “El caso está en etapa de probation, con una decisión de la Corte apelada por el conductor del auto, Gustavo Jiménez”, dice Elina. La Justicia tarda más que todos.

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