Por Fernando Stanich
19 Diciembre 2016
Juan Manzur está cerca de darse un gusto que José Alperovich no pudo en 12 años de gestión: colonizar el único fuero judicial que le resulta esquivo al Gobierno. La estrategia para lograrlo es la de manual, y supone la existencia de un proyecto explosivo para distraer la atención y una iniciativa con real impacto que pase desapercibida. Esa misión, hasta aquí, el oficialismo y sus aliados la vienen cumpliendo sin mayores sobresaltos. A tal punto que los referentes opositores pusieron el grito en el cielo sólo por el proyecto de ley que prevé la suspensión de los magistrados, en caso de que la comisión de Juicio Político de la Legislatura haga propia una acusación y eleve el expediente al Jurado de Enjuiciamiento. No obstante, nada dijeron de tres expedientes que, de aprobarse, cambiarán radicalmente la radiografía del fuero en lo contencioso administrativo, ese en el que se dirimen los asuntos del Estado que verdaderamente preocupan al poder. Por ejemplo, el destino de las valijas con millones y millones para gastos sociales que deambularon a lo largo del electoralísimo 2015.
En las últimas horas de la semana pasada, mientras todo el fuego de artificio entretenía alrededor de las modificaciones al Jury, el oficialismo firmó varios dictámenes -que serán tratados en la sesión del miércoles- en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Tres de ellos apuntan a la creación de seis juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo para que las tres salas de cámara que hoy existen en ese fuero pasen a ser revisoras de sentencias. El paquete de reforma de la Ley Órgánica del Poder Judicial se complementa con la implementación de una docena de juzgados en lo laboral (hoy existen de Conciliación y Trámite), y con el argumento de que se trata de los dos únicos fueros de los tribunales que no tienen una doble instancia de revisión que defienda a los “justiciables”. Esos fundamentos, desde luego, justifican lo formal pero no explicitan la necesidad real de sus promotores. Y aquí es donde entra en juego la intencionalidad política.
Los antecedentes
Alperovich, a lo largo de una docena de años, conquistó el fuero penal y pobló la Corte Suprema de Justicia. Designó fiscales a dedo cuando no había Consejo Asesor de la Magistratura y ubicó a su ministro y operador judicial, Edmundo Jiménez, como jefe de los fiscales penales. Reemplazó a tres de los cinco vocales de la Corte: a Héctor Area Maidana con su fiscal de Estado, Antonio Estofán; a Carlos Alfredo Dato, con Claudia Sbdar; y a Alberto Brito, con Daniel Posse.
Aún así, nunca pudo hacer pie en lo contencioso administrativo, que siempre le generó dolores de cabeza. Un fugaz repaso muestra que el alperovichismo sufrió con esta Cámara desde aquel frustrado desembarco de Cristóbal López y su Casino Club en el parque 9 de Julio; luego, cuando aprobó la reforma constitucional de 2006 y le voltearon varios artículos; y el año pasado, cuando dos camaristas anularon los comicios en los que ganó el oficialismo y que luego validó la Corte.
Con estos antecedentes, más la pesquisa abierta para determinar a dónde fueron a parar más de $ 600 millones en subsidios el año pasado, cuando Manzur presidía la Legislatura, se puede entender qué es lo que busca el justicialismo con la creación de juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Sin medias tintas, la idea oficial es ubicar jueces que actúen como tapón de las causas sensibles y, de esa manera, licuar el poder a los actuales camaristas, muchos de los cuales se han convertido en personas no gratas para el Gobierno: Ebe López Piossek y Salvador Ruiz declararon la nulidad de las elecciones, y Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello firmaron varios de los fallos contra la reforma constitucional, por ejemplo. Contra Novillo, incluso, la pulseada ya se ha vuelto personal. En el peronismo insisten en que el juez no debe inmiscuirse en sus asuntos porque una de sus hijas trabaja para los referentes del Acuerdo del Bicentenario y “jefes” de parlamentarios como Eudoro Aráoz, que piden conocer a quiénes se otorgaron ayudas sociales en plena campaña. La queja no es nueva, aunque sí recurrente. Ya en esta columna se advirtió el 14 de abril de 2014 que el propio Novillo sabía que esa situación podía generarle contratiempos, porque se había excusado el 27 de marzo de ese año de un juicio promovido por José Cano contra la Provincia “en resguardo” de su imparcialidad.
Por arriba no; por abajo, quizás
Es imposible pensar que de esta intentona del oficialismo nada sepa el gobernador Manzur. Principalmente, porque los proyectos llevan la firma de Marcelo Caponio, de Guillermo Gassenbauer y de Julio Silman, los principales escuderos del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Y también porque la última sesión se postergó varios días para que los operadores legislativos tuvieran tiempo de ultimar los detalles. El más importante, conocer la opinión de los jueces de la Corte Suprema. Al menos dos vocales fueron consultados sobre las iniciativas la semana pasada y, aunque no se opusieron tajantemente a los textos, sí esbozaron algunas muecas.
En algún momento de su mandato y harto de los frenos judiciales, el alperovichismo pensó en crear una suerte de supracámara o tribunal de apelaciones que revisara la actuación de las tres salas en lo contencioso administrativo. Finalmente, desistió de aquella idea de dudosa constitucional. Hoy, de nuevo jaqueado por las investigaciones de los actos de gobierno, el oficialismo diseña una alternativa para neutralizar en un futuro a Novillo y compañía. A esta iniciativa, más prolija que la anterior, la ven tan posible que hasta se entusiasman con que todas las causas hoy en manos de los camaristas pasen a los flamantes juzgados de primera instancia, si es que aún no obtuvieron sentencia. Por lo que se ve, Manzur no sólo se parece a Alperovich, sino que hasta tiene las mismas tentaciones.
En las últimas horas de la semana pasada, mientras todo el fuego de artificio entretenía alrededor de las modificaciones al Jury, el oficialismo firmó varios dictámenes -que serán tratados en la sesión del miércoles- en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Tres de ellos apuntan a la creación de seis juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo para que las tres salas de cámara que hoy existen en ese fuero pasen a ser revisoras de sentencias. El paquete de reforma de la Ley Órgánica del Poder Judicial se complementa con la implementación de una docena de juzgados en lo laboral (hoy existen de Conciliación y Trámite), y con el argumento de que se trata de los dos únicos fueros de los tribunales que no tienen una doble instancia de revisión que defienda a los “justiciables”. Esos fundamentos, desde luego, justifican lo formal pero no explicitan la necesidad real de sus promotores. Y aquí es donde entra en juego la intencionalidad política.
Los antecedentes
Alperovich, a lo largo de una docena de años, conquistó el fuero penal y pobló la Corte Suprema de Justicia. Designó fiscales a dedo cuando no había Consejo Asesor de la Magistratura y ubicó a su ministro y operador judicial, Edmundo Jiménez, como jefe de los fiscales penales. Reemplazó a tres de los cinco vocales de la Corte: a Héctor Area Maidana con su fiscal de Estado, Antonio Estofán; a Carlos Alfredo Dato, con Claudia Sbdar; y a Alberto Brito, con Daniel Posse.
Aún así, nunca pudo hacer pie en lo contencioso administrativo, que siempre le generó dolores de cabeza. Un fugaz repaso muestra que el alperovichismo sufrió con esta Cámara desde aquel frustrado desembarco de Cristóbal López y su Casino Club en el parque 9 de Julio; luego, cuando aprobó la reforma constitucional de 2006 y le voltearon varios artículos; y el año pasado, cuando dos camaristas anularon los comicios en los que ganó el oficialismo y que luego validó la Corte.
Con estos antecedentes, más la pesquisa abierta para determinar a dónde fueron a parar más de $ 600 millones en subsidios el año pasado, cuando Manzur presidía la Legislatura, se puede entender qué es lo que busca el justicialismo con la creación de juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Sin medias tintas, la idea oficial es ubicar jueces que actúen como tapón de las causas sensibles y, de esa manera, licuar el poder a los actuales camaristas, muchos de los cuales se han convertido en personas no gratas para el Gobierno: Ebe López Piossek y Salvador Ruiz declararon la nulidad de las elecciones, y Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello firmaron varios de los fallos contra la reforma constitucional, por ejemplo. Contra Novillo, incluso, la pulseada ya se ha vuelto personal. En el peronismo insisten en que el juez no debe inmiscuirse en sus asuntos porque una de sus hijas trabaja para los referentes del Acuerdo del Bicentenario y “jefes” de parlamentarios como Eudoro Aráoz, que piden conocer a quiénes se otorgaron ayudas sociales en plena campaña. La queja no es nueva, aunque sí recurrente. Ya en esta columna se advirtió el 14 de abril de 2014 que el propio Novillo sabía que esa situación podía generarle contratiempos, porque se había excusado el 27 de marzo de ese año de un juicio promovido por José Cano contra la Provincia “en resguardo” de su imparcialidad.
Por arriba no; por abajo, quizás
Es imposible pensar que de esta intentona del oficialismo nada sepa el gobernador Manzur. Principalmente, porque los proyectos llevan la firma de Marcelo Caponio, de Guillermo Gassenbauer y de Julio Silman, los principales escuderos del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Y también porque la última sesión se postergó varios días para que los operadores legislativos tuvieran tiempo de ultimar los detalles. El más importante, conocer la opinión de los jueces de la Corte Suprema. Al menos dos vocales fueron consultados sobre las iniciativas la semana pasada y, aunque no se opusieron tajantemente a los textos, sí esbozaron algunas muecas.
En algún momento de su mandato y harto de los frenos judiciales, el alperovichismo pensó en crear una suerte de supracámara o tribunal de apelaciones que revisara la actuación de las tres salas en lo contencioso administrativo. Finalmente, desistió de aquella idea de dudosa constitucional. Hoy, de nuevo jaqueado por las investigaciones de los actos de gobierno, el oficialismo diseña una alternativa para neutralizar en un futuro a Novillo y compañía. A esta iniciativa, más prolija que la anterior, la ven tan posible que hasta se entusiasman con que todas las causas hoy en manos de los camaristas pasen a los flamantes juzgados de primera instancia, si es que aún no obtuvieron sentencia. Por lo que se ve, Manzur no sólo se parece a Alperovich, sino que hasta tiene las mismas tentaciones.
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