Por Álvaro José Aurane
17 Diciembre 2016
El gobierno de Juan Manzur ha devenido insustancial. Las anodinas escenas políticas del oficialismo tucumano rezuman el atolladero en que se encuentra: quiere practicar alperovichismo, cuando la fecha de vencimiento del alperovichismo ya ha expirado.
Aunque los principales asuntos públicos nacionales de hoy tienen vinculaciones directas con Tucumán, la actuación de la gobernación provincial ha sido insignificante, salvo por el hecho de que han merecido la repulsa de la Casa Rosada. En todos los casos, el condicionante ha estado dado, por acción u omisión, por los remanentes de alperovichato.
La indefinición de Manzur respecto del proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias que impulsa la oposición al macrismo es uno de los comportamientos más ineficaces ensayados por un gobernante. A los efectos económicos, el oficialismo nacional argumenta que, de prosperar en el Senado la iniciativa que logró media sanción de Diputados, Tucumán perdería $ 3.400 millones durante 2017: ese monto equivale, prácticamente, al Presupuesto de este año de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Entonces, las opciones más o menos evidentes son que el gobernador se pronuncie en contra de la iniciativa, por la sangría de recursos implica; o que desmienta las estimaciones federales y se pronuncie a favor, dando las correspondientes razones y cifras. No tomar partida, en cambio, es incomprensible a los efectos de las finanzas públicas.
A los efectos políticos, Manzur está en tierra de nadie. Como no rechaza el proyecto opositor, el macrismo lo considera otra vez en el kircherismo. Como no acompaña la iniciativa, los “K” opinan todo lo contrario. Por eso, como pueden, desde el manzurismo tratan de enarbolar la bandera de que están más “próximos a la CGT”. A la deriva, que le dicen.
Pero la lectura más inquietante es la que se realiza a los efectos del poder. Manzur no se define respecto de ganancias para no desautorizar a José Alperovich, o para que el senador no termine desautorizándolo a él. El miércoles, en “El escenario” publicado por LA GACETA, Carlos Pagni da cuenta de que el ex gobernador tucumano sorprendió esta semana, cuando se despachó con virulencia contra Macri. “Es comprensible: en cualquier momento Alperovich cae enredado por las denuncias contra su amigo José López”, escribió el analista.
Si un “Estado fracasado” es aquel que no puede imponer la ley en todo su territorio, que un gobernador no pueda opinar sobre la totalidad de los asuntos públicos porque a los de índole nacional los definirá “otro” coloca al manzurismo en un escenario de autoridad fracasada.
Ni “fu”
La reforma política es otro asunto candente en el cual el titular del Ejecutivo tucumano ha hecho gala de intrascendencia. Tras resultar electo en los comicios de las urnas embarazadas, incendiadas o vaciadas al son de acarreos, bolsoneos y tiroteos, prometió una reestructuración del sistema electoral para que la claridad (en el sistema de votación, en el financiamiento de las campañas, en el control de los sufragios, en el régimen de partidos políticos, en el desarrollo de la votación) hiciera de las elecciones provinciales una fiesta y no una vergüenza. Después, sólo publicó un librito.
Hace dos semanas, durante una entrevista con este diario, el propio Macri le recriminó en recios términos a Manzur su falta de apoyo al proyecto nacional de reforma política, que obtuvo media sanción en Diputados, pero que no prosperará en el Senado. Otra vez, Alperovich.
Al respecto habrá que precisar dos matices. El primero: la oposición tucumana le falló a los tucumanos. Las manifestaciones multitudinarias en repudio de las maniobras fraudulentas de los comicios de 2015 llenaron la plaza Independencia durante en agosto y en septiembre de ese año. Incluso, a pesar de la cobarde represión policial. Esa movilización social por supuesto que iba a cesar, pero la legitimidad de esa demanda debía sostenerse orgánicamente a través de la dirigencia. No ocurrió así. El acople y sus implicancias (todo se define con plata) no sólo le es funcional al oficialismo.
El segundo matiz es que el macrismo, tal y como se avisó aquí desde diciembre del año pasado, entabló una serie de relaciones con el gobierno tucumano que sirvieron como un “blanqueo” para el manzurismo, necesitado de legitimidad de ejercicio a falta de legitimidad de origen. Claro que la Casa Rosada estaba pagando favores del gobierno tucumano: Manzur fue el primero en firmar el acuerdo para la restitución progresiva de coparticipación mal retenida durante el kirchnerato. Pero no menos cierto es que, con ese acercamiento, la proclama macrista en favor de la reforma política perdió transparencia. O, dicho en términos del historiador Luis Alberto Romero el jueves, en el diario La Nación: El mensaje del Gobierno fue equívoco. Los indignados con la elección tucumana de 2015 se encontraron con que, para regenerar el sufragio, el ministro de Interior (Rogelio Frigerio) negociaba con el gobernador Manzur; era casi un oxímoron, una contradicción en los términos.
Matizada la cuestión, no puede perderse de vista que el poder político provincial se hace el otario con la reforma política porque sólo mediante la colección enciclopédica de delitos electorales (presuntamente, claro está) los que ganaron pueden seguir ganando. Y en lo tocante al alperovichismo, el acople y sus oprobios mantienen vivo (en coma, pero vivo) el sueño de “volver” en 2019.
Ni “fa”
Los últimos días de 2016 son, acaso, los últimos días en los que Manzur podrá darse el costoso lujo político de la indefinición. Desde la “pata peronista” tucumana de Cambiemos anunciaron ya que le plantearán a Manzur uno de los problemas más serios que puede llegar a enfrentar su gestión.
La decisión del intendente Germán Alfaro de pleitear por la vía judicial la autonomía de la Municipalidad de la capital le abre a la Casa de Gobierno un universo de problemas. En primer lugar, la Constitución de 2006 fijó (artículo 165) que antes de que terminara 2007, la Legislatura (desde ese año y hasta 2015 la presidió Manzur) debía dictar la ley reglamentaria que permitiera a las municipalidades convocar a elecciones para dictarse sus cartas orgánicas. Nueve años de mora ya es suficiente negativa por la vía de las instituciones políticas.
En segundo lugar, llevar el caso a los Tribunales determina que Alfaro no reclamara sólo una autonomía administrativa, sino también económica. Por caso, así lo estableció el propio Manzur en el preámbulo de la Constitución alperovichista de 2006, cuando él presidía la Convención Constituyente: la Ley Fundamental consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios.
Además, el jurista cordobés Antonio María Hernández, ideólogo de la autonomía municipal incorporada en la Carta Magna nacional de 1994, puntualizó en esta capital en octubre pasado, que la autonomía no sólo radica en permitir que cada municipio cuente con su carta orgánica, sino también en garantizar a cada una de esas administraciones los recursos para que puedan prestar sus servicios básicos. Hernández patrocinará a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, así como hace dos años patrocinaba a la Municipalidad de La Rioja, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagró (con el voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda) la autonomía de esa administración respecto del Gobierno de esa provincia.
Los dos artículos más temidos por los gobernadores sirven de marco a las consideraciones vertidas en el fallo “Municipalidad de La Rioja”. Uno es el artículo 5°, según el cual una de las condiciones para que la Nación avale “a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones” es que se encuentre garantizado el régimen municipal. El artículo 6° advierte: “El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno”.
Precisamente, a la hora de fundar su decisión, los jueces supremos nacionales (los dos primeros siguen en funciones) citaron dos reveladores alocuciones vertidas por sendos convencionales durante la reforma constitucional federal de 1994, acerca de que la autonomía municipal es, a la vez, administrativa y económica.
“No puede haber municipio autónomo verdadero si no le reconocemos explícitamente entidad política; o le retaceamos la capacidad de organizar su administración y realizar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; o lo privamos del sustento económico-financiero indispensable para que preste aquellos servicios públicos que la provincia le asigne, inherentes a su existencia; o le impedimos ejercer su autonomía institucional”, definió el puntano Mario Raúl Merlo.
La segunda alocución es, hoy, particularmente significativa. “La garantía federal del artículo 6° y la posibilidad de intervención en caso de incumplimiento de los requisitos del artículo 5° corresponde si las provincias no aseguran, ya no el régimen, sino el régimen cualificado de la autonomía municipal en las provincias”, expuso el convencional Horacio Daniel Rosatti, hoy miembro de la Corte Suprema de la Nación.
Léase, el actual intérprete de la Constitución Nacional explicaba (justo cuando se forjaba el nuevo texto de la Constitución Nacional) que las provincias que no garantizan una autonomía municipal auténtica y de genuina calidad institucional, están incursas en causales de intervención federal.
Frente al anuncio de Alfaro, la respuesta de Manzur fue, culturalmente, de un alperovichismo largamente perimido: Con Germán no hay problema, de alguna manera nos pondremos de acuerdo. Aun suponiendo que las expresiones “acuerdo” y (sobre todo) “de alguna manera” fueron formuladas con las mejores intenciones, el mandatario parece no advertir que el pleito en cuestión excede a él y a su adversario. En primer lugar, refiere al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de la capital, no a este gobernador y a este intendente. En segundo término, excede también a esos dos ámbitos: la judicialización de la autonomía puede llegar a cambiar la naturaleza misma de la relación entre el Estado provincial y los Estados municipales. Pero nada hay más alperovichista que la falta de dimensión institucional.
El escenario conduce a un solo interrogante. Es decir, de un lado, el Presidente de la Nación cuestiona al gobernador directamente, mientras que el intendente de la capital pone en movimiento el esquema judicial “autonomía municipal o intervención federal”. Del otro lado, el mandatario no reacciona en materia de reforma política ni de Impuesto a las Ganancias. Entonces, ¿quién asesora a Manzur? De acuerdo con el decreto 41/1, mantenido en secreto durante 313, ningún otro más que José Alperovich.
Aunque los principales asuntos públicos nacionales de hoy tienen vinculaciones directas con Tucumán, la actuación de la gobernación provincial ha sido insignificante, salvo por el hecho de que han merecido la repulsa de la Casa Rosada. En todos los casos, el condicionante ha estado dado, por acción u omisión, por los remanentes de alperovichato.
La indefinición de Manzur respecto del proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias que impulsa la oposición al macrismo es uno de los comportamientos más ineficaces ensayados por un gobernante. A los efectos económicos, el oficialismo nacional argumenta que, de prosperar en el Senado la iniciativa que logró media sanción de Diputados, Tucumán perdería $ 3.400 millones durante 2017: ese monto equivale, prácticamente, al Presupuesto de este año de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Entonces, las opciones más o menos evidentes son que el gobernador se pronuncie en contra de la iniciativa, por la sangría de recursos implica; o que desmienta las estimaciones federales y se pronuncie a favor, dando las correspondientes razones y cifras. No tomar partida, en cambio, es incomprensible a los efectos de las finanzas públicas.
A los efectos políticos, Manzur está en tierra de nadie. Como no rechaza el proyecto opositor, el macrismo lo considera otra vez en el kircherismo. Como no acompaña la iniciativa, los “K” opinan todo lo contrario. Por eso, como pueden, desde el manzurismo tratan de enarbolar la bandera de que están más “próximos a la CGT”. A la deriva, que le dicen.
Pero la lectura más inquietante es la que se realiza a los efectos del poder. Manzur no se define respecto de ganancias para no desautorizar a José Alperovich, o para que el senador no termine desautorizándolo a él. El miércoles, en “El escenario” publicado por LA GACETA, Carlos Pagni da cuenta de que el ex gobernador tucumano sorprendió esta semana, cuando se despachó con virulencia contra Macri. “Es comprensible: en cualquier momento Alperovich cae enredado por las denuncias contra su amigo José López”, escribió el analista.
Si un “Estado fracasado” es aquel que no puede imponer la ley en todo su territorio, que un gobernador no pueda opinar sobre la totalidad de los asuntos públicos porque a los de índole nacional los definirá “otro” coloca al manzurismo en un escenario de autoridad fracasada.
Ni “fu”
La reforma política es otro asunto candente en el cual el titular del Ejecutivo tucumano ha hecho gala de intrascendencia. Tras resultar electo en los comicios de las urnas embarazadas, incendiadas o vaciadas al son de acarreos, bolsoneos y tiroteos, prometió una reestructuración del sistema electoral para que la claridad (en el sistema de votación, en el financiamiento de las campañas, en el control de los sufragios, en el régimen de partidos políticos, en el desarrollo de la votación) hiciera de las elecciones provinciales una fiesta y no una vergüenza. Después, sólo publicó un librito.
Hace dos semanas, durante una entrevista con este diario, el propio Macri le recriminó en recios términos a Manzur su falta de apoyo al proyecto nacional de reforma política, que obtuvo media sanción en Diputados, pero que no prosperará en el Senado. Otra vez, Alperovich.
Al respecto habrá que precisar dos matices. El primero: la oposición tucumana le falló a los tucumanos. Las manifestaciones multitudinarias en repudio de las maniobras fraudulentas de los comicios de 2015 llenaron la plaza Independencia durante en agosto y en septiembre de ese año. Incluso, a pesar de la cobarde represión policial. Esa movilización social por supuesto que iba a cesar, pero la legitimidad de esa demanda debía sostenerse orgánicamente a través de la dirigencia. No ocurrió así. El acople y sus implicancias (todo se define con plata) no sólo le es funcional al oficialismo.
El segundo matiz es que el macrismo, tal y como se avisó aquí desde diciembre del año pasado, entabló una serie de relaciones con el gobierno tucumano que sirvieron como un “blanqueo” para el manzurismo, necesitado de legitimidad de ejercicio a falta de legitimidad de origen. Claro que la Casa Rosada estaba pagando favores del gobierno tucumano: Manzur fue el primero en firmar el acuerdo para la restitución progresiva de coparticipación mal retenida durante el kirchnerato. Pero no menos cierto es que, con ese acercamiento, la proclama macrista en favor de la reforma política perdió transparencia. O, dicho en términos del historiador Luis Alberto Romero el jueves, en el diario La Nación: El mensaje del Gobierno fue equívoco. Los indignados con la elección tucumana de 2015 se encontraron con que, para regenerar el sufragio, el ministro de Interior (Rogelio Frigerio) negociaba con el gobernador Manzur; era casi un oxímoron, una contradicción en los términos.
Matizada la cuestión, no puede perderse de vista que el poder político provincial se hace el otario con la reforma política porque sólo mediante la colección enciclopédica de delitos electorales (presuntamente, claro está) los que ganaron pueden seguir ganando. Y en lo tocante al alperovichismo, el acople y sus oprobios mantienen vivo (en coma, pero vivo) el sueño de “volver” en 2019.
Ni “fa”
Los últimos días de 2016 son, acaso, los últimos días en los que Manzur podrá darse el costoso lujo político de la indefinición. Desde la “pata peronista” tucumana de Cambiemos anunciaron ya que le plantearán a Manzur uno de los problemas más serios que puede llegar a enfrentar su gestión.
La decisión del intendente Germán Alfaro de pleitear por la vía judicial la autonomía de la Municipalidad de la capital le abre a la Casa de Gobierno un universo de problemas. En primer lugar, la Constitución de 2006 fijó (artículo 165) que antes de que terminara 2007, la Legislatura (desde ese año y hasta 2015 la presidió Manzur) debía dictar la ley reglamentaria que permitiera a las municipalidades convocar a elecciones para dictarse sus cartas orgánicas. Nueve años de mora ya es suficiente negativa por la vía de las instituciones políticas.
En segundo lugar, llevar el caso a los Tribunales determina que Alfaro no reclamara sólo una autonomía administrativa, sino también económica. Por caso, así lo estableció el propio Manzur en el preámbulo de la Constitución alperovichista de 2006, cuando él presidía la Convención Constituyente: la Ley Fundamental consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios.
Además, el jurista cordobés Antonio María Hernández, ideólogo de la autonomía municipal incorporada en la Carta Magna nacional de 1994, puntualizó en esta capital en octubre pasado, que la autonomía no sólo radica en permitir que cada municipio cuente con su carta orgánica, sino también en garantizar a cada una de esas administraciones los recursos para que puedan prestar sus servicios básicos. Hernández patrocinará a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, así como hace dos años patrocinaba a la Municipalidad de La Rioja, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagró (con el voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda) la autonomía de esa administración respecto del Gobierno de esa provincia.
Los dos artículos más temidos por los gobernadores sirven de marco a las consideraciones vertidas en el fallo “Municipalidad de La Rioja”. Uno es el artículo 5°, según el cual una de las condiciones para que la Nación avale “a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones” es que se encuentre garantizado el régimen municipal. El artículo 6° advierte: “El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno”.
Precisamente, a la hora de fundar su decisión, los jueces supremos nacionales (los dos primeros siguen en funciones) citaron dos reveladores alocuciones vertidas por sendos convencionales durante la reforma constitucional federal de 1994, acerca de que la autonomía municipal es, a la vez, administrativa y económica.
“No puede haber municipio autónomo verdadero si no le reconocemos explícitamente entidad política; o le retaceamos la capacidad de organizar su administración y realizar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; o lo privamos del sustento económico-financiero indispensable para que preste aquellos servicios públicos que la provincia le asigne, inherentes a su existencia; o le impedimos ejercer su autonomía institucional”, definió el puntano Mario Raúl Merlo.
La segunda alocución es, hoy, particularmente significativa. “La garantía federal del artículo 6° y la posibilidad de intervención en caso de incumplimiento de los requisitos del artículo 5° corresponde si las provincias no aseguran, ya no el régimen, sino el régimen cualificado de la autonomía municipal en las provincias”, expuso el convencional Horacio Daniel Rosatti, hoy miembro de la Corte Suprema de la Nación.
Léase, el actual intérprete de la Constitución Nacional explicaba (justo cuando se forjaba el nuevo texto de la Constitución Nacional) que las provincias que no garantizan una autonomía municipal auténtica y de genuina calidad institucional, están incursas en causales de intervención federal.
Frente al anuncio de Alfaro, la respuesta de Manzur fue, culturalmente, de un alperovichismo largamente perimido: Con Germán no hay problema, de alguna manera nos pondremos de acuerdo. Aun suponiendo que las expresiones “acuerdo” y (sobre todo) “de alguna manera” fueron formuladas con las mejores intenciones, el mandatario parece no advertir que el pleito en cuestión excede a él y a su adversario. En primer lugar, refiere al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de la capital, no a este gobernador y a este intendente. En segundo término, excede también a esos dos ámbitos: la judicialización de la autonomía puede llegar a cambiar la naturaleza misma de la relación entre el Estado provincial y los Estados municipales. Pero nada hay más alperovichista que la falta de dimensión institucional.
El escenario conduce a un solo interrogante. Es decir, de un lado, el Presidente de la Nación cuestiona al gobernador directamente, mientras que el intendente de la capital pone en movimiento el esquema judicial “autonomía municipal o intervención federal”. Del otro lado, el mandatario no reacciona en materia de reforma política ni de Impuesto a las Ganancias. Entonces, ¿quién asesora a Manzur? De acuerdo con el decreto 41/1, mantenido en secreto durante 313, ningún otro más que José Alperovich.
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