Por Marcelo Aguaysol
15 Diciembre 2016
Una batalla con demasiados perdedores y pocos ganadores. Eso es lo que deja el debate de la reforma del impuesto a las Ganancias. En el mercado de la política, la pizarra muestra varias acciones en baja y planes de cobertura hacia las elecciones del año que viene. Mauricio Macri no pudo dar respuesta a sus promesas. El presidente de la Nación decidió abrir el juego y ayer hasta recibió en su despacho al líder de los camioneros Hugo Moyano. La invasión peronista a la Casa Rosada continuará. El lunes irán los máximos referentes justicialistas en el Congreso, un camino que están recorriendo varios gobernadores. El tucumano Juan Manzur mantiene el teléfono abierto, pero dice que aún no recibió llamadas desde el gabinete nacional. Su postura sigue siendo la misma: “no voy a hacer ni una demás; no es el tiempo”, se ataja. El gobernador sigue en terreno neutral. En cambio, su antecesor, José Alperovich, emergió a la escena nacional después de que trascendiera que era número puesto para integrar la estratégica comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado y reemplazar a algunos pares que responden al salteño Juan Manuel Urtubey o a otros que no quieren votar lo que la oposición acordó en Diputados. Los allegados al ex mandatario dice que el estado de ánimo del senador por Tucumán ha cambiado de tal manera que ahora sonríe más que antes. “La falta de pericia de Macri y de Sergio Massa lo han puesto otra vez en carrera”, señalan sus allegados. El consultor Hugo Haime ha realizado un sondeo que le permite al oficialismo gobernante en la provincia mantenerse con relativa tranquilidad de cara a 2017.
Los gobernadores también están en permanente contacto. Algunos se quejan porque el proyecto de la bancada de su partido ha decidido avanzar con las mineras y, por ende, con los recursos de sus distritos. Otros no saben cómo salir del atolladero fiscal que significa otra pérdida de recursos coparticipables. Y también están los que cierran el ejercicio sin grandes contratiempos fiscal. En este último terreno está Tucumán, que esta semana pagará el aguinaldo a casi 120.000 agentes públicos, pero que mantiene en dudas el pago de un bono navideño. Antes de Nochebuena puede haber una decisión; para bien o para no tan bien. El costo fiscal de una medida de esa naturaleza puede demandar unos $ 240 millones (si la suma promedia los $ 2.000 por agente) o $ 360 millones (si el bono llega a ser de $ 3.000). Por las dudas, Manzur viajará hoy a Buenos Aires. Es posible que tenga contactos con el Ministerio del Interior, el muro de los lamentos de las provincias. La llegada al país de Rogelio Frigerio (estaba de misión oficial en China), el ministro más político del gabinete macrista, trajo cierto alivio a los gobernadores y a los ministros provinciales que no ven precisamente en el titular de Hacienda Alfonso Prat-Gay un interlocutor para hallar soluciones a los problemas financieros.
“Hasta el fin de semana, las provincias estábamos en el infierno fiscal; hoy podemos decir que purgamos por una solución o, en el mejor de los casos, estamos en la periferia de aquel infierno”, confesó uno de los referentes provinciales que participa en los encuentros con los funcionarios nacionales.
Una reforma como la presentada por la oposición generaría un importante costo fiscal que incrementaría el déficit nacional y provincial del 0,42% del PBI, ante la ausencia de un recorte en el gasto público. Además, propone financiar el costo fiscal acudiendo a la creación de más impuestos, desincentivando la inversión en activos financieros, en detrimento del ahorro, y encareciendo el financiamiento local, advierte un reporte de la consultora Economía & Regiones.
¿Qué provincia está dispuesta a resignar fondos en el año electoral? ¿Cómo es posible que un año el Ejecutivo nacional devuelva parte del 15% retenido de la coparticipación por aportes previsionales y al año siguiente retraiga los ingresos? ¿Sirven las advertencias presidenciales de recortar las obras públicas en momentos en que el país necesita infraestructura para captar la “lluvia de inversiones”? ¿Es posible que siga prevaleciendo la política por sobre el bienestar general? Tal parece que -más tarde que temprano- está primando la sensatez y que el diálogo para hallar un camino común está encarrilado. Debería ser así para terminar un año que fue recesivo e inflacionario.
Los gobernadores también están en permanente contacto. Algunos se quejan porque el proyecto de la bancada de su partido ha decidido avanzar con las mineras y, por ende, con los recursos de sus distritos. Otros no saben cómo salir del atolladero fiscal que significa otra pérdida de recursos coparticipables. Y también están los que cierran el ejercicio sin grandes contratiempos fiscal. En este último terreno está Tucumán, que esta semana pagará el aguinaldo a casi 120.000 agentes públicos, pero que mantiene en dudas el pago de un bono navideño. Antes de Nochebuena puede haber una decisión; para bien o para no tan bien. El costo fiscal de una medida de esa naturaleza puede demandar unos $ 240 millones (si la suma promedia los $ 2.000 por agente) o $ 360 millones (si el bono llega a ser de $ 3.000). Por las dudas, Manzur viajará hoy a Buenos Aires. Es posible que tenga contactos con el Ministerio del Interior, el muro de los lamentos de las provincias. La llegada al país de Rogelio Frigerio (estaba de misión oficial en China), el ministro más político del gabinete macrista, trajo cierto alivio a los gobernadores y a los ministros provinciales que no ven precisamente en el titular de Hacienda Alfonso Prat-Gay un interlocutor para hallar soluciones a los problemas financieros.
“Hasta el fin de semana, las provincias estábamos en el infierno fiscal; hoy podemos decir que purgamos por una solución o, en el mejor de los casos, estamos en la periferia de aquel infierno”, confesó uno de los referentes provinciales que participa en los encuentros con los funcionarios nacionales.
Una reforma como la presentada por la oposición generaría un importante costo fiscal que incrementaría el déficit nacional y provincial del 0,42% del PBI, ante la ausencia de un recorte en el gasto público. Además, propone financiar el costo fiscal acudiendo a la creación de más impuestos, desincentivando la inversión en activos financieros, en detrimento del ahorro, y encareciendo el financiamiento local, advierte un reporte de la consultora Economía & Regiones.
¿Qué provincia está dispuesta a resignar fondos en el año electoral? ¿Cómo es posible que un año el Ejecutivo nacional devuelva parte del 15% retenido de la coparticipación por aportes previsionales y al año siguiente retraiga los ingresos? ¿Sirven las advertencias presidenciales de recortar las obras públicas en momentos en que el país necesita infraestructura para captar la “lluvia de inversiones”? ¿Es posible que siga prevaleciendo la política por sobre el bienestar general? Tal parece que -más tarde que temprano- está primando la sensatez y que el diálogo para hallar un camino común está encarrilado. Debería ser así para terminar un año que fue recesivo e inflacionario.
Lo más popular
