La cobardía del destino
El gobierno de Mauricio Macri llega a su primer aniversario incumpliendo un compromiso central en el contrato que propuso a los ciudadanos: si lo votaban para presidir la Nación, terminaría con el Impuesto a las Ganancias.

En Diputados le ejecutaron la prenda política. Lo han hecho sectores oportunistas, como el Frente Renovador (Sergio Massa va y viene del peronismo con la misma facilidad con la que muchos de sus electores, que hoy lo cuestionan, ayer se olvidaban de que había sido jefe de Gabinete de Néstor Kirchner). A la partida se han sumado también descaradas figuras, como Axel Kicillof, que propone que se haga ahora lo que él se negó siquiera a proponer durante su desastrosa gestión como ministro de Economía.

A estos personajes apela el oficialismo para alegar que hay una conjura de malvados queriendo robarse la gobernabilidad. Sin embargo, el revés sufrido en Diputados es para el macrismo una derrota sin escalas, pero no el apocalipsis que se exagera: no es una ley, sino un proyecto con media sanción. Y (no sea que se olvide) esa iniciativa, para ser aprobada, contó con el voto de sectores que siempre han deleznado el impuesto al trabajo (aún antes que Macri en campaña) como Libres del Sur y el GEN de Margarita Stolbizer.

Lo primero que surge es que el macrismo, en definitiva, tiene prácticas culturalmente kirchneristas. Cada vez que se le recordaba al kirchnerismo la miseria alarmante que se veía en todas partes, en contra de las sandeces estadísticas que le hacían decir al Indec, se obtenían por toda respuesta acusaciones de golpismo. Sin embargo, sólo se estaba haciendo notar que la redistribución de la riqueza debía ser en favor de los pobres y no del funcionariado.

Ahora, cuando se le enrostra al macrismo su promesa de eliminar Ganancias, se obtienen por toda respuesta acusaciones de desestabilización. Sin embargo, sólo se está haciendo notar que este Gobierno, que se jactó de conformar el mejor equipo económico de la historia, iba a equilibrar las cuentas públicas y por ello ya no iba a exprimir el salario; y no todo lo contrario.

Pero debajo de esta práctica que victimiza al gobernante y demoniza al opositor hay algo más peligroso que relatos idiotas: hay el imperio de la revancha. Durante el kirchnerismo hubo legiones acicateando la revancha de los pobres: quien criticaba era funcional a la oligarquía. Durante el macrismo hay legiones acicateando la revancha de los ricos: los pobres -pretenden- son los únicos responsables de los males políticos y económicos del país.

Lo canalla es que, en la década K, a los ricos no les fue mal; y en el macrismo se amplían los montos de planes sociales. En uno y otro caso, el mismo sector paga la fiesta. Un buen deseo para estas Fiestas sería que los gobiernos dejen de tenerle tanta bronca a la clase media.

El kirchnerismo que esquiva su mentira sobre la distribución de riqueza, y el macrismo que rehuye su mentira a los asalariados, son dos versiones del mismo castigo: a quienes no se hacen cargo de la palabra empeñada, el destino les reserva la cobardía de discutir consigo mismos. A eso mismo se enfrenta por estas horas el gobernador de Tucumán.

Hemorragia

Promediaba parejo 2016 para Juan Manzur hasta que Macri se lo estrelló en los metros finales. Los cuestionamientos del Presidente contra el gobernador que no concreta la reforma política (en esta provincia que protagonizó el mayor escándalo electoral desde los tiempos del fraude de Manuel Fresco en la Buenos Aires de la Década Infame) fueron demoledores.

En la entrevista con el columnista y jefe de Redacción de LA GACETA, Federico van Mameren, el mandatario disparó: “Manzur en la parte de la reforma política no entendió la Argentina que está surgiendo y quiere aferrarse a mecanismos tramposos que no construyen futuro”.

En primer lugar, Macri plantea que el progreso económico-social y el régimen electoral no son cuestiones divorciadas. Y posee un argumento: a la provincia que tiene tantas carencias, el año pasado le sobraba tanta plata que la Casa de Gobierno, a cargo de José Alperovich, mandó $ 600 millones a la Legislatura a la partida de sueldos, que el parlamento a cargo de Manzur, luego movió a la partida de subsidios y los erogó como “gastos sociales”. Esa contradicción no hace más que multiplicarse: el ahora vicegobernador Osvaldo Jaldo cortó de raíz esos subsidios a personas, un hito institucional que le sumó puntos en la opinión pública, pero ahora paga los costos políticos de cubrir las espaldas de su antecesor y socio político: la Cámara rechazó el oficio de la Justicia que le pide preservar los comprobantes de los gastos sociales.

El Presidente, en segundo término, le agita a Manzur el fantasma de la ilegitimidad de origen. Este 28 de octubre, en la víspera del primer aniversario de la actual gestión provincial, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lanzó aquí: “Se ganó a nivel nacional y, digan lo que digan, ¡se ganó acá también, en la provincia de Tucumán!”. Ahora Macri habla de “mecanismos tramposos” y vuelve a provocarle al gobernador tucumano una hemorragia de legitimidad de origen, esa herida profunda que nunca podrá sanar (como advierte el libro #Tucumanazo2015 de los periodistas Indalecio Sánchez, Fernando Stanich e Irene Benito); pero que Manzur trata de cubrir con vendajes de legitimidad de ejercicio.

En tercera instancia, Macri le marca los tiempos a Manzur. El tucumano, apenas se calzó los atributos del mando, dio su compromiso de promover una reforma política como la que el pueblo tucumano reclamó llenando la plaza Independencia una y otra vez durante agosto de 2015, tras los comicios de urnas embarazadas y bolsoneo, urnas vaciadas y acarreos, urnas refajadas y tiroteos. Han pasado 14 meses y todo lo que hay es una publicación, titulada Tucumán dialoga, y una comisión especial en la Legislatura. Fin de la reforma política.

El “Fallo Ríos” ya pautó en 1987 que dos valores se ponen en juego en toda elección: el derecho de todo ciudadano a postularse (es decir, libertad) y el hecho de que si todos fuesen candidatos al mismo tiempo no habría elección posible. O sea, claridad. Y la Justicia argentina hace prevalecer este último. En Tucumán, en cambio, el 23 de agosto de 2015 compitieron 454 partidos políticos, que dieron lugar a 1.657 acoples. La Junta Electoral Provincial informó ya que en 2019 los partidos serán 1.051. Siguiendo la tendencia, los acoples sumarán 3.836…

Propios y extraños

El resultado es conocido: en la provincia con 1,6 millón de habitantes hay legisladores ungidos con 10.000 sufragios. La subrepresentación es palmaria. ¿Cuántos tucumanos votaron a legisladores que no accedieron a una banca, es decir, a candidatos evanescentes? En los sistemas bipartidistas y en los multipartidistas (hasta cinco fuerzas), eso sólo les ocurre a los que votan en blanco o anulan el voto. En los sistemas pluripartidistas (hasta 10 fuerzas, cada vez más escasos en occidente), el porcentaje de la población que vota un partido que no sentará ni un representante es ínfima. En Tucumán, donde compitieron 2.000 agrupaciones, cientos de miles de comprovincianos votaron partidos que no consagraron a nadie. O, lo que es igual, su vida en sociedad es regulada por autoridades legislativas a las que jamás votaron.

Lo dramático es que el oficialismo pretende que para eliminar los acoples hay que abrir la Caja de Pandora. O sea, reformar la Constitución (y liberar infinidad de males a cambio de que nos quede la esperanza por todo bien social), porque en ella figura el régimen de “acoples”. Es una falacia. Si hubiera voluntad para terminar con el oprobio, no habría más que (por ejemplo) dictar la emergencia del sistema de partidos en Tucumán y supervisar sus afiliaciones: no quedarían más que la decena de fuerzas de izquierda, centro y derecha que participan de las elecciones nacionales, y a las cuales sí monitorea la Justicia Nacional Electoral (ya se vio que la Junta Electoral Provincial hace un montón de cosas, salvo controlar comicios).

Pero no sólo el oficialismo tucumano se niega a eliminar los acoples: la oposición vernácula, también. El proyecto que impulsa Cambiemos localmente sólo propone limitarlos. ¿Cuántos serán “poquitos” acoples? El agravante es que el proyecto nacional de reforma política del oficialismo (también Cambiemos) prohíbe las “colectoras”. Esa veda denuncia que en cualquier régimen espurio que opaca la voluntad popular todo se define con dinero. Y, aquí, con dinero público. Ahí están los $ 200 millones paseando en valijas legislativas desde el banco oficial hasta vaya uno a saber, durante los 90 días a las elecciones de agosto.

Sale cara la cobardía del destino bien ganada por los gobernantes. Si Ganancias es pagar para trabajar, las implicancias económicas del “acople” equivalen a pagarles a las autoridades a fines de que usen el erario para financiar sus campañas y mantenerse en el poder.

Lo insoportable

Si algo clarifica la jurisprudencia local es que no por figurar en la Constitución un instituto es constitucional. Por caso, en lo que prefiguraba casi un delito de lesa modernidad, la Carta Magna de 1990 establecía un juramento confesional católico. Cuando Alperovich ganó en 2003, los tribunales concedieron un amparo de estricta justicia que le permitió al ciudadano ungido por el voto popular asumir con un juramento diferente, dado que profesa la fe judía. ¿Alguien podría haber reclamado que veía conculcado su derecho a discriminar a sus comprovincianos en razón de su credo?

También se puede poner fin a los acoples dentro de las instituciones y de la ley mediante compromisos políticos valiosos. ¿O alguien puede reclamar derecho adquirido al desastre de la representatividad y al fin del futuro institucional? Por caso, la Junta Electoral colonizada por el poder político que el alperovichismo introdujo en la Carta Magna reformada en 2006, fue anulada por el fallo “MP3”. Si eso no es estar en emergencia en materia eleccionaria, hay que preguntar a Manzur por dos moras constitucionales que cumplieron una década. La Convención Constituyente que él presidió fijó que antes de que terminara 2006, la Legislatura (él la presidió entre 2007 y 2015) debía dictar la Ley de Régimen Electoral y Partidos Políticos (artículo 158); y la Ley Reglamentaria del Sistema de Votación Electrónica (157).

Allí, el cuestionamiento de Macri es insoportable. Lo que el Presidente dice es que aquí se aferran a los acoples porque sólo mediante ese sistema oscuro pueden ganar los que ganan.

Un buen deseo para las Fiestas es que el mandatario se equivoque. Ello se verificaría en una reforma política que fulmine los “acoples”, aproximadamente, ya.

De lo contrario, el año por venir sólo deparará una dirigencia que discute consigo mismo. O lo que es igual, el destino sólo nos traerá cobardía en el inicio del camino al Tricentenario.

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