Consulta popular por la reforma electoral

Leandro Querido - Director de la ONG Transparencia Electoral

Hasta los temas saldados en nuestro país siempre encuentran resistencias. La posibilidad de una Reforma Electoral se saldó el 22 de noviembre de 2015. En la segunda vuelta había dos candidatos, uno era la expresión más fiel de la política tradicional. No por casualidad Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, provenía de la provincia de los barones del conurbano, en donde la posibilidad de la alternancia partidaria permanece vedada en algunos distritos o secciones problemáticas. Del otro lado se encontraba Mauricio Macri, el candidato de Cambiemos, que venía de implementar la Boleta Única Electrónica en su distrito y se comprometió a hacer lo mismo a nivel nacional. El resultado de la elección no dejó dudas. Se impuso Macri. En marzo de 2016 el gobierno dio por iniciado el proceso de elaboración de un proyecto de ley de Reforma Electoral que, a diferencia de las iniciativas electorales del kirchnerismo que se impusieron de modo unilateral y sin debates, se caracterizó por su vocación participativa. Reuniones convocadas por el Ministerio del Interior y la Secretaría de Asuntos Políticos con académicos, especialistas, autoridades electorales, partidos políticos y ongs dieron lugar al proyecto que en la Cámara de Diputados fue respaldado por un amplio consenso.

Todo este proceso se obturó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Hace pocas semanas atrás el senador neuquino del FPV Marcelo Fuentes “cajoneó” la iniciativa que venía con media sanción de Diputados. El Senado es por naturaleza un escenario hostil para los cambios que hacen a la distribución del poder. El bloque del FPV cuenta con 38 senadores de 72. Muchos de estos senadores son representantes de esos gobiernos provinciales que han suprimido la alternancia electoral y les han sustraído derechos políticos a los ciudadanos.

El documento que difundió este bloque partidario deja a las claras que las objeciones tecnológicas han sido un mero pretexto para mantener las prácticas políticas que hacen de las elecciones mecanismos por los cuales los representados no eligen a sus representantes sino, por el contrario, estos se hacen elegir por ellos. De este modo se ha desvirtuado la idea misma de democracia competitiva para dar lugar a un modelo caracterizado por el control social del voto.

Es incongruente que en dicho documento se mencione la preocupación por la “competencia electoral” cuando muchos de esos senadores en sus provincias no han hecho nada por la misma, por el contrario, han consagrado sistemas electorales provinciales en donde abunda el clientelismo, la violencia electoral, la trashumancia, cuando las autoridades electorales son parciales, y las legislaturas han consumado marcos normativos tramposos y restrictivos. ¿Qué hacer ante esta resistencia al cambio democrático? Ahora el gobierno y los que promovemos la reforma electoral desde otros lugares estamos obligados a redefinir la estrategia. La posibilidad de avanzar de cara a las elecciones de 2017 con un proyecto alternativo que considere la implementación de la boleta única papel pareciera ser el camino obligado. Esto representa un avance con relación a la situación actual. Sin embargo, allí no debería quedar la cosa. Desde la ong Transparencia Electoral, por ejemplo, se propone la convocatoria para una Consulta Popular no vinculante, consagrada en el Artículo 40 de la Constitución Nacional y regulada por la Ley N°25.432, para insistir con el proyecto original trabado por los que en la actualidad sacan ventajas con el vulnerado sistema tradicional de votación. Ahora el horizonte ya no sería el 2017 sino el 2019.

Las elecciones nacionales son una oportunidad para discutir este problema que tanto aqueja a provincias de nuestro país. Los derechos políticos de muchos argentinos que residen en varias provincias son avasallados y esto es inaceptable.

Una Consulta Popular nos permitiría retomar el camino del refuerzo de legitimidad. No alcanzó con el resultado de la segunda vuelta de 2015, ahora la ciudadanía podría expresarse nuevamente y avalar la necesidad de una reforma electoral innovadora que nos permita cambiar definitivamente las prácticas políticas que no se condicen con una sociedad plural y diversa. Además, en las elecciones 2017, muchos de los que obturaron la reforma electoral ponen sus cargos en juego, por lo tanto, es una excelente oportunidad para hacer efectiva la rendición de cuentas.

Por lo tanto, instamos al gobierno nacional a que junto con las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos comprometidos con la competencia electoral defina, de cara a las elecciones 2017, un Plan de Acción Nacional por la Democracia para garantizar los derechos políticos de los argentinos en las elecciones nacionales y provinciales, poniendo particular atención en aquellas provincias que han trabado la reforma electoral al efecto de perpetuar el avasallamiento a la democracia competitiva.

Además, exhortamos al Gobierno y a las Autoridades Electorales a que definan una serie de medidas, en el marco normativo existente, tendientes a evitar los incidentes y delitos electorales ocurridos en las elecciones pasadas. En este sentido la Cámara Electoral ha tomado recientemente medidas para evitar el “voto golondrina” que representan un paso importante.

La Integridad Electoral no es una opción. Es el único camino con el que contamos para fortalecer la democracia competitiva, aquella que nos permite garantizar los derechos de los electores.