Temores que movilizan
Hoy hay más pobreza que en diciembre de 2013 (32% contra un 30%, según datos del Centro de Investigaciones Participativas Económicas y Técnicas, aunque el kirchnerismo habló en junio de ese año de un insólito 4,7% de pobres en el país). Hoy los sueldos no llegan ni al día de los ñoquis, la población consume menos, los impuestos suben por el ascensor, los servicios se encarecen, aumenta la desocupación y la informalidad se multiplica. El clima social no es de lo mejor y la situación es inquietante. Frente a este panorama, ¿cabe esperar lo peor mirando el panorama desde la tribuna o los protagonistas centrales tienen que anticiparse para evitar posibles desbordes? Las miradas deben dirigirse a los de arriba y a los de abajo, a las autoridades y a los más desprotegidos. En la Capital Federal hubo movilizaciones por una Navidad sin hambre.

A diferencia de hace tres años, el Gobierno nacional es otro; y en la Provincia el signo del poder político es el mismo. En las gestiones anteriores, en aquel diciembre histórico y en circunstancias especiales -acuartelamiento de la fuerza policial-, los saqueos grabaron a fuego el fin de año tucumano. El miedo se instaló en los barrios. Tanto es así que cada vez que llega el último mes, el solo recuerdo de aquellos días hace que la tensión se perciba en el aire y que renazcan los temores, aunque más no sean infundados.

Pese a todo, la realidad obliga a preguntar: ¿se repetirán? Un piquetero con varios cortes de ruta en su espalda advierte que la situación social es tan crítica que se está “a un texto de whatsapp de algún loco para encender una mecha”. Algunos quieren que prenda, pero con intereses aviesos. A no sorprenderse de que haya intentos en las redes en ese sentido. Sin embargo, algunos funcionarios del Ejecutivo niegan rotundamente -ante la consulta- que se haya pensado en un “Plan antisaqueo”, al tiempo que aseguran que no hay datos que vayan en esa dirección y que alimenten alguna alarma en la Casa de Gobierno. Pero duermen con un ojo abierto.

Menos “changas”

Desde algunas organizaciones sociales se afirma que la situación empeoró para aquellos que no tienen trabajo y que subsisten en la informalidad. Los que viven de las ‘changas’ la están pasando mal: el que cortaba el pasto tres veces por semana, ahora lo hace una vez; a la empleada doméstica que atendía tres veces en una casa, ahora la llaman una vez, y el albañil ‘labura menos’; deslizó inquieto un dirigente del sector. Para enfrentar esta realidad complicada, y para que no haya desmadres, tanto desde el Gobierno nacional como desde el provincial pusieron el acento en la “contención” para tener un diciembre en paz, socialmente tranquilo. Nadie quiere estallidos sociales, menos el macrismo en su primer aniversario de mandato; justo a pocos meses de su primer test electoral de medio término. Ni a nosotros nos conviene el quilombo, señala un dirigente social que confía más en las respuestas de los gobiernos a partir de negociaciones cara a cara, y no de conflictos de vereda a vereda.

Dando respuestas

Desde otra perspectiva, más mezquina, conseguir una calma consensuada puede derivar en réditos políticos. Las organizaciones sociales lo saben, y juegan con esa presión, por lo que diciembre se convierte en el mes clave para obtener respuestas con sólo advertir a los que gestionan que puede haber desmanes, tal como sugirió hace poco Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Esta es una organización relativamente nueva, que obtuvo en diciembre de 2015 un reconocimiento para sindicalizarse por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Nuclea a cartoneros, artesanos, vendedores ambulantes, cuidacoches, etc.

En esa línea, hace pocos días, el PEN respondió favorablemente las peticiones de la CCC, de la CTEP y del Movimiento Evita con un proyecto de aporte de $ 30.000 millones para estas entidades en el marco de la emergencia social -ley que será tratada el martes en Diputados- y promesas de bonos de $ 1.000 para familias que reciben la Asignación Universal por Hijo, el incremento del plan “Argentina Trabaja”, la suba de la AUH y la creación de puestos de trabajo. Desde el poder central también decidieron aumentar los ingresos de los planes sociales Argentina Trabaja y Ellas Hacen a $ 4.000 a partir de fin de mes; y también de los planes de empleo.

Contención, promesas y recursos; todo para que diciembre no sea caliente; y a cambio de que no haya movilizaciones hasta 2019. Un grupo eligió el camino del diálogo; pero otros no, y reniegan de este mecanismo. Así, por ejemplo, el Polo Obrero rechaza estas tratativas y sostiene que detrás de la iniciativa oficial se esconde el plan de ajuste del macrismo.

La Nación hace su parte; y en Tucumán, ¿qué se propone desde el poder para que no haya tormentas y altas temperaturas que compliquen el fin de 2016? Así como Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, mantiene reuniones con dirigentes sociales en el ámbito nacional; al edificio de la 25 de Mayo y San Martín ingresaron en estas últimas semanas varios referentes de organizaciones sociales: CTEP, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, entre otras.

Gabriel Yedlin, Miguel Acevedo, Carolina Vargas Aignasse y Ramiro González Navarro, entre otros, analizan los pedidos. Se toman recaudos dentro de lo normal, dijo un colaborador del PE, descartando que los encuentros estén destinados a satisfacer demandas de manera temporal para frenar eventuales protestas callejeras, o para desanimar posibles estados de ánimos que abran las puertas a un “diciembre 2013”. Pero a eso apuntan en definitiva; nadie quiere que se repitan las escenas de ese año.

La preocupación gubernamental pasa por definir el bono navideño para los estatales, por los obreros interzafra que quedaron sin trabajo y por los desocupados; una legión que en la provincia abarca a casi un 8% de la población económicamente activa, o sea 30.000 personas del Gran San Miguel de Tucumán. El descontento existe, hay que minimizar sus expresiones; aquellas que puedan derivar en dramas sociales.

En el fondo, todo pasa por la distribución de recursos. Así por ejemplo, en ese marco de incertidumbre por el clima social, desde el poder central se garantizó a la Provincia los fondos para el mantenimiento de 172 comedores escolares en época de vacaciones; y sólo porque hay más hambre y porque los comedores comunitarios o merenderos barriales están aumentando y ya no dan abasto a la demanda popular.

Barrios de Pie, por ejemplo, pasó de tener 56 comedores a 103, y los recursos ya le son escasos. La mercadería no alcanza, afirma Federico Masso (Libres del Sur). Si se cerraban aquellos comedores escolares, los niños iban a tener que buscar respuestas en los que ya están abarrotados. En materia de índices sociales se está peor que en diciembre de 2013, por lo que los temores son más que justificados; tanto como las exigencias de los que menos tienen para con el Gobierno y como la preocupación de las autoridades por acercar una mínima solución para que diciembre tenga un final feliz.

Hay organizaciones que reciben ayudas mensuales en forma de subsidios y otras por única vez. Los “por única vez” tal vez aparezcan más seguidos, atendiendo a la realidad. Así por ejemplo, en el Boletín Oficial se publicó el 14 de noviembre el decreto 3.508/1, por el que se le otorgan subsidios personales (que van desde $ 323 a $ 3.550) por un total de $ 780.000 a 777 personas pertenecientes a la CCC.

Paliativos

También en la página oficial se puede leer el decreto 3.290/1 del 13 de octubre, que por la misma razón distribuye ayudas por un total de $ 998.000, aunque sin mencionar la organización, entre 882 personas (de entre $ 400 y $ 5.000). En la realidad de hoy, el subsidio tiene un sentido de paliativo que, tal vez, llegue a esas organizaciones con un ruego del Gobierno para no subirse ni alimentar la tensión existente. Ni animar a los que especulan.

“Volvió la desesperación por un plato de comida”, alerta Masso, quien destaca la actitud de Stanley de convocar a las organizaciones sociales y avanzar en respuestas. El dirigente entiende que eso debe replicarse en Tucumán para que las negociaciones concluyan con un acuerdo similar. Plantea un gran acuerdo político.

Para comer algo

El diputado nacional es uno de los dirigentes de organizaciones sociales que visita la Casa de Gobierno y que se reúne con los Yedlin y Vargas Aignasse para analizar la situación social. Según dice, la gente de menos recursos le exige que organicen nuevas “ollas populares”, no tanto para protestar y ser escuchados, sino para poder comer algo.

Otra organización que transmite al Gobierno su preocupación por la realidad es la filial local de CTEP. Omar Díaz, referente de este agrupamiento, gestiona las ayudas para reforzar merenderos y cocinas comunitarias. Según contó, avisó a las autoridades que hay sobrados motivos para que se preocupen por posibles desbordes. Esta organización nuclea a los que lavan autos en la zona del ex aeropuerto, a feriantes, a vendedores ambulantes, a cuidacoches y a mensajeros.

En suma, la situación es crítica, los reclamos son muchos, y la obligación de dar respuestas también. Pese a todo, desde el Ejecutivo descartan un diciembre como el de 2013, pero están preocupados; sensación que se visibiliza en las reuniones con dirigentes de distintas organizaciones sociales destinadas a atenuar posibles quejas callejeras.

Sin embargo, en este clima, hay una situación que se estaría descuidando y es la de los chicos que tienen problemas con la droga. Desde estas entidades sociales, más de uno de los consultados apuntó que a estos chicos los quieren usar como soldados en eventuales situaciones de conflicto. O saqueos. Algunos están preparados y armados; denuncian con tono de preocupación.

Situación que lleva a sugerir que la prioridad del Gobierno no debe agotarse sólo en atender los reclamos de ayudas para dar respuestas coyunturales sino, además, en mirar este costado dramático de la realidad, porque siempre hay aprovechadores y especialistas en provocar desbordes. Jugar con las necesidades sociales es repudiable, pero jugar con chicos que luchan y que no pueden escapar de sus adicciones es deleznable. Pero, si por inacción estatal no se puede avanzar ni siquiera con una obra en La Costanera para albergar a adictos (Cepla), cómo esperar que le presten atención a las advertencias de grupos piqueteros sobre “soldaditos adictos”, y armados, para eventuales desmanes.

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