Por Roberto Delgado
03 Diciembre 2016
foto de matías quintana
La trágica agitación de los últimos días hizo entrar a los tucumanos a un diciembre incierto. El asesinato del jugador de voley Andrés Castro en el barrio Modelo ha diseminado la inquietud de que no hay dónde estar a salvo en una provincia que ya lleva una terrible suma de 93 homicidios en lo que va del año. A poca distancia de la plaza donde ocurrió esta tragedia, la zona oeste volvió a conmoverse anteayer con el arrebato violento a una joven, la persecución policial y la muerte de uno de los sospechosos del asalto. ¿Va creciendo la violencia? La respuesta que importa es la que puedan dar las autoridades y si esta tiene significado: el ministro de Gobierno, Regino Amado, está enfocado en el gran mareo que ha generado la realidad del narcotráfico y su última apreciación sobre la inseguridad se refiere a eso: “se trabaja en la prevención, en el día a día -dijo-, tratando de llevar tranquilidad y de buscar a aquellos delincuentes que han hecho de esa actividad (la droga) su modo de vida y que ponen en riesgo a los ciudadanos...”.
Muchos secuestros, pocos narcos
¿Cuáles son esos delincuentes de los que habla? Los vendedores de droga. ¿Son los responsables de los arrebatos violentos? No se sabe, no está claro. Los funcionarios han actuado empujados por el ventarrón represivo antinarco que impulsa el Gobierno nacional, que desde enero pasado tiene al país en emergencia por el narcotráfico -la Provincia hizo su propia ley hace dos meses- y que ha centrado su estrategia en los operativos contra los vendedores de droga. Se duplicaron los secuestros de estupefacientes, se detuvo a personajes acusados de ser más que distribuidores o trafiadictos -como Julio César Trayán, “Pico” Peralta, “El Gordo” Rogelio y “Castells”- y se hizo visible que el negocio del narcomenudeo funciona desde hace mucho tiempo en las barriadas pobres de la ciudad, sobre todo en el anillo que rodea la capital desde el norte hasta el suroeste. Hasta la primera semana de octubre era cotidiana la noticia de operativos antidrogas, mostrados como una efectiva respuesta a un problema hasta entonces desconocido.
Pero el 7 de octubre, cuando fue hallado el cuerpo del padre Juan Viroche, quien presuntamente se quitó la vida en su parroquia de La Florida, fue otra la realidad que se visibilizó: mientras las fuerzas antidrogas hacen secuestros por todas partes, nadie sabe quién reparte estupefacientes por esas localidades olvidadas del este: “Los soldaditos de los transas venden droga como caramelos”, dijo hace un mes Emanuel, una joven recuperado por el padre Juan. “Es una localidad muy tranquila, como todo pueblo”, respondió el comisario Héctor Rojas, que agregó que no hay denuncias formales. ¿Qué ha cambiado en La Florida desde la muerte del religioso, que la gente ve como producto de las mafias narcotraficantes? La respuesta la dan los vecinos que denunciaron anteayer en la Legislatura aprietes del poder político. Todo parece igual. El Estado es un paquidermo que poco se mueve. Ahí está la primera duda: ¿es la supuesta política de operativos antidrogas el camino frente a la inseguridad? Nadie da respuestas a pesar de que el ministro Amado diga que capacitan “tratando de atacar a los delincuentes que tienen que ver con el narcotráfico”. Frente a él, el camarista federal Ricardo Sanjuán sigue repitiendo, como hace dos años, que no hay política y que no es tanto que el narcotráfico ha crecido como que el Estado ha retrocedido.
Muchos detenidos, poca tranquilidad
Pero ninguna de estas palabras se sustenta en datos estudiados, sino en impresiones a partir de casos concretos. Así fue la apreciación que tuvo el fiscal de instrucción Diego López Ávila cuando hace meses estimó que la violencia había crecido a niveles inusitados y que en su opinión se vinculaba con el consumo de drogas. ¿Por qué no se aportan precisiones sustentadas en estadísticas? Porque no las hay. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que reconoce casi semanalmente que la Justicia no da respuestas (lo dice junto a su reclamo de elementos a la Corte), ha prometido -sin pruebas que lo acompañen- que a partir del año que viene habrá relevamiento de datos criminológicos. Habrá que ver cómo se hace eso, y cómo se organiza la tarea de los fiscales, que actúan como compartimientos estancos frente a todos los fenómenos visibles de la violencia y la inseguridad, como el delito callejero -imparable a pesar de que las comisarías están llenas de detenidos- y que por lo tanto no pueden adoptar una estrategia común que sirva para una respuesta estatal.
Muchos organismos, poca efectividad
Esa falta de relevamiento de datos tiene que ver con la forma espasmódica con que se reacciona frente a la inseguridad. Y muestra cada tanto la indiferencia del paquidermo estatal. Terribles historias de violencia de género -los asesinatos de Claudia Lizárraga en barrio Jardín y de la niña Milagros Torres en La Cocha, y la odisea de la joven que dormía en hospitales para evitar agresiones de su ex pareja- mostraron la cantidad de organismos, el caos de normas y la desidia de los funcionarios, que fueron expuestos en el informe de Dubravka Simonovic, relatora de la ONU que estuvo en Tucumán. Criticó a funcionarios, policías y fiscales. “Todas las áreas de violencia contra la mujer necesitan recolectar datos claros, particularmente sobre el femicidio”, dijo.
Datos. De eso hablaron muy poco anteayer los integrantes de la flamante comisión multidisciplinaria que determina la ley de emergencia en seguridad, adicciones y en materia carcelaria. Tampoco tendrán tiempo: pasado mañana vence el plazo de un mes que el dio la Corte Suprema al Gobierno para resolver sobre la situación de los detenidos en las comisarías. Plazo que se viene corriendo desde hace un año y medio.
Muchos agentes, pocas estrategias
Los integrantes pidieron un informe de las medidas del Gobierno para afrontar la crisis delictiva y de consumo de drogas, a lo que el ministro Amado se refirió elípticamente al relatar que ya fueron expuestos en la Legislatura los programas a corto, mediano y largo plazo. Pero fue el legislador oficialista Julio Silman, flamante presidente de la comisión, el que dejó ver más la realidad: no saben qué pasa. “Necesitamos más policías. Tucumán tiene 8.100 policías y necesita el doble”, aseguró, sin decir de dónde salen esas cifras. ¿Por comparación con Salta o con Buenos Aires? ¿O con Nueva York? La misma respuesta de más policías, más autos, más armas, ha sido la que se ha dado en la última década. Así se ha llegado al centenar de homicidios por año, cifra que se mantiene estable desde 2014, cuando la Corte nacional promovió el relevamiento parcializado de esos datos y la Corte tucumana decidió mantenerlo, aunque con reserva estricta. No se conoce aún el informe de homicidios de 2015. Sólo se sabe que son más de los 86 que informó a comienzos de este año el Gobierno nacional con los datos aportados por la Policía tucumana; y tampoco se sabe que se esté haciendo investigación de la violencia por comparación de datos para definir estrategias. Esos informes, por ahora, no han determinado la forma del plan de seguridad del Gobierno, que nunca ha sido dado a conocer: Así lo planteó Sanjuán, lo mismo que el legislador opositor Fernando Valdez.
La pregunta de fondo jamás se hace: ¿sirve este modelo reactivo de operativos y detenciones para pacificar una sociedad crispada y azotada por la inseguridad? La respuesta a esto es complicada, teñida por la falta de ideas y la psicosis que generan los fenómenos delictivos en la sociedad. Silman graficó lo que le pasa al Gobierno: “la gente necesita resultados”. Y por eso se hace cualquier cosa.
Muchos secuestros, pocos narcos
¿Cuáles son esos delincuentes de los que habla? Los vendedores de droga. ¿Son los responsables de los arrebatos violentos? No se sabe, no está claro. Los funcionarios han actuado empujados por el ventarrón represivo antinarco que impulsa el Gobierno nacional, que desde enero pasado tiene al país en emergencia por el narcotráfico -la Provincia hizo su propia ley hace dos meses- y que ha centrado su estrategia en los operativos contra los vendedores de droga. Se duplicaron los secuestros de estupefacientes, se detuvo a personajes acusados de ser más que distribuidores o trafiadictos -como Julio César Trayán, “Pico” Peralta, “El Gordo” Rogelio y “Castells”- y se hizo visible que el negocio del narcomenudeo funciona desde hace mucho tiempo en las barriadas pobres de la ciudad, sobre todo en el anillo que rodea la capital desde el norte hasta el suroeste. Hasta la primera semana de octubre era cotidiana la noticia de operativos antidrogas, mostrados como una efectiva respuesta a un problema hasta entonces desconocido.
Pero el 7 de octubre, cuando fue hallado el cuerpo del padre Juan Viroche, quien presuntamente se quitó la vida en su parroquia de La Florida, fue otra la realidad que se visibilizó: mientras las fuerzas antidrogas hacen secuestros por todas partes, nadie sabe quién reparte estupefacientes por esas localidades olvidadas del este: “Los soldaditos de los transas venden droga como caramelos”, dijo hace un mes Emanuel, una joven recuperado por el padre Juan. “Es una localidad muy tranquila, como todo pueblo”, respondió el comisario Héctor Rojas, que agregó que no hay denuncias formales. ¿Qué ha cambiado en La Florida desde la muerte del religioso, que la gente ve como producto de las mafias narcotraficantes? La respuesta la dan los vecinos que denunciaron anteayer en la Legislatura aprietes del poder político. Todo parece igual. El Estado es un paquidermo que poco se mueve. Ahí está la primera duda: ¿es la supuesta política de operativos antidrogas el camino frente a la inseguridad? Nadie da respuestas a pesar de que el ministro Amado diga que capacitan “tratando de atacar a los delincuentes que tienen que ver con el narcotráfico”. Frente a él, el camarista federal Ricardo Sanjuán sigue repitiendo, como hace dos años, que no hay política y que no es tanto que el narcotráfico ha crecido como que el Estado ha retrocedido.
Muchos detenidos, poca tranquilidad
Pero ninguna de estas palabras se sustenta en datos estudiados, sino en impresiones a partir de casos concretos. Así fue la apreciación que tuvo el fiscal de instrucción Diego López Ávila cuando hace meses estimó que la violencia había crecido a niveles inusitados y que en su opinión se vinculaba con el consumo de drogas. ¿Por qué no se aportan precisiones sustentadas en estadísticas? Porque no las hay. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que reconoce casi semanalmente que la Justicia no da respuestas (lo dice junto a su reclamo de elementos a la Corte), ha prometido -sin pruebas que lo acompañen- que a partir del año que viene habrá relevamiento de datos criminológicos. Habrá que ver cómo se hace eso, y cómo se organiza la tarea de los fiscales, que actúan como compartimientos estancos frente a todos los fenómenos visibles de la violencia y la inseguridad, como el delito callejero -imparable a pesar de que las comisarías están llenas de detenidos- y que por lo tanto no pueden adoptar una estrategia común que sirva para una respuesta estatal.
Muchos organismos, poca efectividad
Esa falta de relevamiento de datos tiene que ver con la forma espasmódica con que se reacciona frente a la inseguridad. Y muestra cada tanto la indiferencia del paquidermo estatal. Terribles historias de violencia de género -los asesinatos de Claudia Lizárraga en barrio Jardín y de la niña Milagros Torres en La Cocha, y la odisea de la joven que dormía en hospitales para evitar agresiones de su ex pareja- mostraron la cantidad de organismos, el caos de normas y la desidia de los funcionarios, que fueron expuestos en el informe de Dubravka Simonovic, relatora de la ONU que estuvo en Tucumán. Criticó a funcionarios, policías y fiscales. “Todas las áreas de violencia contra la mujer necesitan recolectar datos claros, particularmente sobre el femicidio”, dijo.
Datos. De eso hablaron muy poco anteayer los integrantes de la flamante comisión multidisciplinaria que determina la ley de emergencia en seguridad, adicciones y en materia carcelaria. Tampoco tendrán tiempo: pasado mañana vence el plazo de un mes que el dio la Corte Suprema al Gobierno para resolver sobre la situación de los detenidos en las comisarías. Plazo que se viene corriendo desde hace un año y medio.
Muchos agentes, pocas estrategias
Los integrantes pidieron un informe de las medidas del Gobierno para afrontar la crisis delictiva y de consumo de drogas, a lo que el ministro Amado se refirió elípticamente al relatar que ya fueron expuestos en la Legislatura los programas a corto, mediano y largo plazo. Pero fue el legislador oficialista Julio Silman, flamante presidente de la comisión, el que dejó ver más la realidad: no saben qué pasa. “Necesitamos más policías. Tucumán tiene 8.100 policías y necesita el doble”, aseguró, sin decir de dónde salen esas cifras. ¿Por comparación con Salta o con Buenos Aires? ¿O con Nueva York? La misma respuesta de más policías, más autos, más armas, ha sido la que se ha dado en la última década. Así se ha llegado al centenar de homicidios por año, cifra que se mantiene estable desde 2014, cuando la Corte nacional promovió el relevamiento parcializado de esos datos y la Corte tucumana decidió mantenerlo, aunque con reserva estricta. No se conoce aún el informe de homicidios de 2015. Sólo se sabe que son más de los 86 que informó a comienzos de este año el Gobierno nacional con los datos aportados por la Policía tucumana; y tampoco se sabe que se esté haciendo investigación de la violencia por comparación de datos para definir estrategias. Esos informes, por ahora, no han determinado la forma del plan de seguridad del Gobierno, que nunca ha sido dado a conocer: Así lo planteó Sanjuán, lo mismo que el legislador opositor Fernando Valdez.
La pregunta de fondo jamás se hace: ¿sirve este modelo reactivo de operativos y detenciones para pacificar una sociedad crispada y azotada por la inseguridad? La respuesta a esto es complicada, teñida por la falta de ideas y la psicosis que generan los fenómenos delictivos en la sociedad. Silman graficó lo que le pasa al Gobierno: “la gente necesita resultados”. Y por eso se hace cualquier cosa.
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