Detallaron cómo secuestraron a un dirigente de la DC

“Una noche, sentí movimientos en mi casa y cuando me levanté vi a mi hermano y a mi mamá bañando a mi papá. Tenía la nariz rota y estaba sucio. Pedía que no apagaran la luz y decía que lo habían tenido con los ojos vendados y maniatado; que lo picaneaban y golpeaban. ‘Cantá, Gardel’, le decían. Lo hacían tomar agua del inodoro (los captores)”. Paula Paz recordó así la noche en que fue liberado su padre. Ella tenía 13 años cuando escuchó en ese entonces los primeros relatos que él hizo sobre su cautiverio. Ricardo Benjamín Paz era jefe del personal no docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), uno de los fundadores de la Democracia Cristiana (DC) local y tenía militancia social en el barrio Villa Luján. Es una de las 271 víctimas de la megacausa por delitos de lesa humanidad “Operativo Independencia”.

De acuerdo con la denuncia, fue secuestrado el 4 de marzo de 1976 de su casa de calle Santiago al 3.000. Fue liberado entre 15 y 20 días después, tras pasar por los centros clandestinos que funcionaron en la Escuela Universitaria de Educación Física (Eudef) y la Jefatura de Policía, ambos en San Miguel de Tucumán.

Gestiones

La testigo relató que su papá, al que apodaban “El Gaucho”, tenía un fuerte compromiso social con el barrio, sobre todo en el centro vecinal, porque había mucha pobreza. Afirmó que era muy cercano a la Iglesia y que integraba movimientos religiosos. Recordó que en ese contexto mantenía charlas y había cobijado a algunos jóvenes miembros del PRT-ERP que eran de la zona.

“El padre Parrado, que era capellán del Ejército, era allegado a la familia y lo sacó”, consignó. “Lo dejaron en San Juan y Juan Luis Nougués. Llegó a duras penas a la casa de un amigo”, lamentó.

El ex legislador de la DC José Manuel Páez describió que a la cabeza de las gestiones por saber del paradero de la víctima se habían puesto dirigentes, entre ellos, el reconocido jurista Arturo Ponsati. En ese entonces, Páez era secretario del Partido Revolucionario Cristiano (en ese entonces la agrupación se había escindido). Afirmó que en el ámbito nacional figuras del partido también emprendieron acciones. “Cuando fue liberado, quedó muy afectado física y psicológicamente, tanto que tuvo que jubilarse por invalidez”, aseveró. Al ser consultado por los defensores, advirtió que el partido no estaba de acuerdo con emprender acciones armadas. Ponderó la figura de Ponsati, al que calificó como “brillante, valiente y comprometido”.

Hoy se desarrollará una nueva audiencia del juicio, que comenzó en mayo y que se prevé que se extienda hasta los primeros meses del año que viene.

Se abordan por primera vez en el Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano casos de derechos humanos que sucedieron durante un Gobierno constitucional, el de María Estela Martínez de Perón. Los hechos datan de 1975, en el contexto del Operativo Independencia.

Las víctimas suman 271 y los imputados, 18 (ex miembros de las fuerzas policiales y militares).

Recuerdan el ataque a la familia Viola

El imputado Jorge Omar Lazarte pidió hablar en la audiencia de ayer. El ex militar, que sigue el juicio por videoconferencia desde Buenos Aires, afirmó que se referiría a algunos datos brindados por la testigo Paula Paz, hija de la víctima Ricardo Benjamín Paz, y sobre otros aspectos de ese caso. Afirmó que el sacerdote de apellido Parrado podría haber celebrado una misa en alguna unidad militar, pero que no era capellán del Ejército en 1975 como dijo la testigo. Sí lo era el padre Joaquín Cucala Boix, afirmó. 

“Paz, según su hija, pertenecía al Partido Revolucionario Cristiano. De acuerdo a diferentes publicaciones, (el partido) tuvo vinculaciones con grupos armados, quizás dialécticas. Pero particularmente él, estuvo vinculado con un integrante del PRT, que era Antonio del Carmen Fernández. Lo llamaban ‘El Negrito’ y encabezó uno de los grupos que intentaron copar el Regimiento 17 de Catamarca. Este ataque ocurrió en agosto de 1974. A raíz de las bajas de la Compañía de Monte, ordenan el asesinato de tantos militares como muertos tuvieron. Entre otros, llegaron a Humberto Viola”, aseguró. Recordó que ayer se cumplió un aniversario, el número 42, del ataque del ERP en el que fueron asesinados el militar y su hija de tres años Cristina. María Fernanda, otra de las hijas de Viola, de cinco años, resultó gravemente herida. 

Por último, Lazarte pidió disculpas por haber vinculado la semana pasada a Arturo Ponsaticon la conducción de Montoneros. “Cometí el error de confundirlo con Julio César Rodríguez Anido”, explicó. Lazarte está acusado como autor material por delitos contra dos víctimas y como autor mediato de 133 casos de violación de domicilio, 207 casos de secuestros, 175 de aplicación de torturas y 88 de homicidios. Sobre él pesan dos condenas por delitos de lesa humanidad.