Por Indalecio Francisco Sanchez
01 Diciembre 2016
La reforma política, los cambios en el sistema electoral y las modificaciones para dotar de más transparencia los actos de gobierno son ideas que penden de un hilo. Las buenas intenciones de los gobernantes que asumieron el poder vernáculo el año pasado parecen condenadas a ser sólo palabras que se lleva el viento.
El trabajoso documento que forma parte del Tucumán Dialoga descansa en apenas algunos despachos legislativos. En otros ámbitos y poderes del Estado apenas ocupa lugar en algún cajón perdido y, en otros casos, el libro de 340 páginas fue a parar al cesto de papeles. Carolina Vargas Aignasse y su equipo de jóvenes profesionales le pusieron empeño al documento que les había encargado el por aquel entonces flamante gobernador Juan Luis Manzur. Sabían que era un paper clave en momentos decisivos para el mandatario, que necesitaba que los actores sociales participaran de esa ronda de diálogo y supieran que él estaba dispuesto a bañar de legitimidad e institucionalidad su Gobierno. Necesitado de afecto político, Manzur proclamó lo mismo ante las autoridades nacionales. Pasado apenas un año de gestión, ¿el gobernador cambió de idea? Los hechos dan algunos indicios.
El Tucumán Dialoga, base de la reforma política, nació por cesárea. Los asesores del gobernador le habían advertido que, para instaurar institutos férreos que garantizaran elecciones más transparentes era necesario modificar la Constitución provincial. Manzur habría lanzado un “no” cortante por cuestiones de timing político: no iba a caer bien en una sociedad que desconfiaba de su nuevo líder que empezara el mandato hablando de una enmienda en la Carta Magna. De todos modos, aquello fue como una premonición, porque hoy parece que, pasado el chubasco electoral de 2015, la reforma electoral dormirá en el olvido. Sobran las razones: 1) nunca fue negocio para el oficialismo cambiar las reglas de juego que le permiten estar en el poder desde 2003 y, al menos, hasta 2019; 2) el Gobierno nacional está debilitado, sin fuerzas para exigir a la Provincia que impulse una reforma política que ni siquiera ellos lograron imponer en el Congreso; 3) la oposición local aparece fragmentada, con parte de los legisladores más concentrados en retener una banca o una parcela de poder que en mejorar “la política” tucumana.
Otro síntoma respecto de que Manzur no quedaría en la historia por su vocación de institucionalidad fueron los decretos ocultos. Gracias a una investigación de LA GACETA, el decreto 41/01 del 29 octubre de 2015 vio la luz. Un año después de rubricado, se conoció que José Alperovich había sido nombrado asesor ad honorem del Poder Ejecutivo, entre otras decisiones que se hicieron públicas sólo gracias a la presión mediática.
La oscuridad que rodea a la Legislatura acompaña a los vidrios que espejan el costosísimo edificio. Los actuales ocupantes de esos despachos comenzaron la gestión con valijas llenas de efectivo entrando y saliendo presuntamente sin comprobantes y con destino incierto. Aún no se puede justificar qué pasó con cientos de millones de pesos. El vicegobernador buscó cortar los cuestionamientos hacia las finanzas menos conocidas de un poder estatal haciendo desaparecer los “gastos sociales” a personas. Con ello se manifestó dispuesto a ofrecer transparencia y claridad a la sociedad. Sin embargo, el martes dijo: “no es un fallo de fondo. Es un incidente del juicio, no un fallo definitivo. Eso hay que explicarle bien a la gente: este incidente para nada obliga al Poder Legislativo hoy a entregar ni a mostrar absolutamente nada”, en referencia a la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que mandó a guardar los que serían recibos de “gastos sociales”. En criollo, Osvaldo Jaldo quiere aclarar a la gente que no hará público lo que es público hasta que no haya un fallo de la Corte que se lo ordene. Fue la Cámara que preside la que pidió al máximo tribunal que revise esa decisión judicial que “obliga” a mostrar en qué se gastó el dinero de todos los tucumanos. ¿Y la institucionalidad? Quizás se esfumó con esas palabras del inicio que se perdieron con el viento.
Lo del oscurantismo atraviesa a la mayoría de las instituciones. Como la UNT, que quiere mantener “en privado” denuncias de empleadas por acoso o que mira para otro lado cuando alguien avisa que se “chorean” dinero de los estudiantes. O como el municipio, que se planta contra la provincia, pero no publicita ni sus licitaciones ni sus gastos ni sus compras ni nada.
La claridad sobre los actos públicos seguirá jugando a las escondidas, ya sea en cajas de pandora o en edificios con vidrios oscuros o en palacios repletos de secretos.
El trabajoso documento que forma parte del Tucumán Dialoga descansa en apenas algunos despachos legislativos. En otros ámbitos y poderes del Estado apenas ocupa lugar en algún cajón perdido y, en otros casos, el libro de 340 páginas fue a parar al cesto de papeles. Carolina Vargas Aignasse y su equipo de jóvenes profesionales le pusieron empeño al documento que les había encargado el por aquel entonces flamante gobernador Juan Luis Manzur. Sabían que era un paper clave en momentos decisivos para el mandatario, que necesitaba que los actores sociales participaran de esa ronda de diálogo y supieran que él estaba dispuesto a bañar de legitimidad e institucionalidad su Gobierno. Necesitado de afecto político, Manzur proclamó lo mismo ante las autoridades nacionales. Pasado apenas un año de gestión, ¿el gobernador cambió de idea? Los hechos dan algunos indicios.
El Tucumán Dialoga, base de la reforma política, nació por cesárea. Los asesores del gobernador le habían advertido que, para instaurar institutos férreos que garantizaran elecciones más transparentes era necesario modificar la Constitución provincial. Manzur habría lanzado un “no” cortante por cuestiones de timing político: no iba a caer bien en una sociedad que desconfiaba de su nuevo líder que empezara el mandato hablando de una enmienda en la Carta Magna. De todos modos, aquello fue como una premonición, porque hoy parece que, pasado el chubasco electoral de 2015, la reforma electoral dormirá en el olvido. Sobran las razones: 1) nunca fue negocio para el oficialismo cambiar las reglas de juego que le permiten estar en el poder desde 2003 y, al menos, hasta 2019; 2) el Gobierno nacional está debilitado, sin fuerzas para exigir a la Provincia que impulse una reforma política que ni siquiera ellos lograron imponer en el Congreso; 3) la oposición local aparece fragmentada, con parte de los legisladores más concentrados en retener una banca o una parcela de poder que en mejorar “la política” tucumana.
Otro síntoma respecto de que Manzur no quedaría en la historia por su vocación de institucionalidad fueron los decretos ocultos. Gracias a una investigación de LA GACETA, el decreto 41/01 del 29 octubre de 2015 vio la luz. Un año después de rubricado, se conoció que José Alperovich había sido nombrado asesor ad honorem del Poder Ejecutivo, entre otras decisiones que se hicieron públicas sólo gracias a la presión mediática.
La oscuridad que rodea a la Legislatura acompaña a los vidrios que espejan el costosísimo edificio. Los actuales ocupantes de esos despachos comenzaron la gestión con valijas llenas de efectivo entrando y saliendo presuntamente sin comprobantes y con destino incierto. Aún no se puede justificar qué pasó con cientos de millones de pesos. El vicegobernador buscó cortar los cuestionamientos hacia las finanzas menos conocidas de un poder estatal haciendo desaparecer los “gastos sociales” a personas. Con ello se manifestó dispuesto a ofrecer transparencia y claridad a la sociedad. Sin embargo, el martes dijo: “no es un fallo de fondo. Es un incidente del juicio, no un fallo definitivo. Eso hay que explicarle bien a la gente: este incidente para nada obliga al Poder Legislativo hoy a entregar ni a mostrar absolutamente nada”, en referencia a la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que mandó a guardar los que serían recibos de “gastos sociales”. En criollo, Osvaldo Jaldo quiere aclarar a la gente que no hará público lo que es público hasta que no haya un fallo de la Corte que se lo ordene. Fue la Cámara que preside la que pidió al máximo tribunal que revise esa decisión judicial que “obliga” a mostrar en qué se gastó el dinero de todos los tucumanos. ¿Y la institucionalidad? Quizás se esfumó con esas palabras del inicio que se perdieron con el viento.
Lo del oscurantismo atraviesa a la mayoría de las instituciones. Como la UNT, que quiere mantener “en privado” denuncias de empleadas por acoso o que mira para otro lado cuando alguien avisa que se “chorean” dinero de los estudiantes. O como el municipio, que se planta contra la provincia, pero no publicita ni sus licitaciones ni sus gastos ni sus compras ni nada.
La claridad sobre los actos públicos seguirá jugando a las escondidas, ya sea en cajas de pandora o en edificios con vidrios oscuros o en palacios repletos de secretos.
Lo más popular
