POLÉMICA

Recusan a dos camaristas por “odio visceral” a la Legislatura

El planteo es contra los vocales Novillo y Giovanniello, luego de que ordenaran la entrega de los comprobantes de los gastos sociales
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La Legislatura reaccionó con virulencia a la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ordenó la entrega de los recibos de los gastos sociales. El viernes, el letrado Álvaro del Barco Mugavero pidió el apartamiento de los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello alegando que estos profesan odio visceral al Poder Legislativo, entre otros argumentos. La recusación ingresó justo después de que Novillo firmara la medida cautelar que constituye al vicegobernador Osvaldo Jaldo como depositario de los comprobantes (se informa por aparte). Todo esto ocurrió en el juicio que inició el legislador Luis Brodersen (PRO-A) para determinar la constitucionalidad de los subsidios.

El nuevo planteo del Poder Legislativo en el litigio de Brodersen ha de ser resuelto por los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur, quienes salieron sorteados ayer. En principio, la interposición de la recusación obliga a los magistrados cuestionados a abstenerse de seguir interviniendo en el caso, pero no suspende el trámite del proceso.

Según Del Barco Mugavero, la resolución que rechazó las impugnaciones de su institución y del Poder Ejecutivo contra la admisión de los comprobantes como prueba delata la parcialidad de la Sala II. “De la lectura de esta surge que los jueces tienen interés en el resultado del juicio; un total desprecio por las normas procesales que garantizan la defensa en juicio de mi representada, y un odio visceral hacia la Legislatura y sus miembros, como institución del Estado de Derecho”, expresó.

El letrado del Poder Legislativo acusó a los jueces de pretender ser “todopoderosos”; de revivir las facultades de la Inquisición y de fundar su sentencia en el “Derecho Administrativo decimonónico” que sirvió de soporte al dictador español Francisco Franco. E insistió en que la cuestión de la constitucionalidad de las ayudas había devenido abstracta luego de que Jaldo resolviese suprimirlas para personas físicas -subsisten para personas jurídicas-. Además, volvió a la carga con la idea -rechazada por la Sala II- de que la entrega de los comprobantes es improcedente porque Brodersen no había individualizado aquella prueba documental en el escrito de la demanda.

“(Si ya no tiene sentido analizar la constitucionalidad de los gastos sociales) el único propósito del presente proceso es obtener documentación con finalidad política, que resulta ajena a su objeto (...). Asistimos a la politización de la Justicia (...). La resolución -que ordena la entrega de los recibos- implica una verdadera auditoría de un órgano del Estado”, expresó Del Barco Mugavero. Ese abogado asimismo criticó el “irregular” mecanismo de ingreso del caso “Brodersen” a la Sala II: dijo que lo correcto hubiese sido un sorteo y no el turno que posibilitó que el mismo tribunal recibiese tres pleitos distintos sobre el mismo tema.

“El interés del tribunal en favorecer al legislador Brodersen se encuentra relacionado con el interés de la hija del vocal presidente (Novillo), que forma parte del ‘Buró Político’ de Cambiemos, como asesora de la senadora Silvia Elías de Pérez”, arremetió el letrado de la Legislatura. Y añadió que esto, por un imperativo ético elemental debió haber sido suficiente para que Novillo se excusara. “La sentencia -que ordenó la entrega de los recibos- constituye un hito en la Justicia. La Sala II demuestra un odio manifiesto hacia uno de los poderes del Estado (...) con la finalidad de horadar su legitimidad democrática”, concluyó.

El de Brodersen es uno de los juicios de naturaleza penal y administrativa iniciados en el último año a partir de que la difusión en este diario de la modalidad de traslado de dinero para presuntos gastos sociales en valijas que viajaban desde el banco hacia la Legislatura. En todas estas causas, el Estado se resistió a presentar los recibos que deberían respaldar desembolsos por $ 615,6 millones sólo en 2015.