Por Roberto Delgado
26 Noviembre 2016
En Los Vázquez hay un merendero los lunes, miércoles y viernes, al que van cien niños. Tienen el “Juego del drogado”. Uno hace como que arma un porro y camina como zombi, mientras los otros le gritan “¡Drogao! ¡Drogao!”. Emilio Mustafá, psicólogo clínico y social que trabaja en La Costanera y otros barrios.
Trescientos metros separan el escenario espantoso de la batalla de niños contra policías del jueves 17 del prometedor encuentro vecinal en la escuela Costanera Norte del domingo 20. Acaso algunos de esos chicos y esas madres que hacían talleres y aprendían los secretos del ajedrez sean los mismos que se habían defendido y arrojado piedras a las decenas de uniformados ese mediodía feroz. La batalla fue en la calle Yamandú Rodríguez al 200, en el sector conocido como El Trébol. La escuela está en Honduras al 1.500, a media cuadra de Yamandú Rodríguez al 500. Es el barrio Costanera, tan desigual en emociones y tan igualado en pobreza que permite esos saltos de la violencia al entusiasmo.
Esa distancia física entre estos dos episodios tan diferentes es infinitamente menor a la distancia que hay entre las intenciones estatales y la realidad en ese vecindario conflictivo, que representa dolorosamente bien los conflictos que se generan en los lugares descuidados por el estado, que cada vez más abarcan la periferia de las ciudades: el reconocimiento de la alta pobreza y la dura marginalidad (y la creciente desocupación, que acaba de dar a conocer el Indec) son palabras que no muestran el infierno de carencias, narcotráfico, adicciones e inseguridad que campea por esos lugares, que pone en jaque al Estado y siembra inquietud en la sociedad. “El infierno no es rojo, es oscuro. Acá de noche se conoce la realidad del consumo y la tristeza de los adictos”, había dicho el 27 de septiembre el vecino Lionel, luego del gigantesco operativo policial contra el narco Rogelio. “Estamos en una situación límite. Esperamos que se calme la violencia”, había agregado el carpintero Ángel Villagrán, referente social del barrio.
Violencia naturalizada
Cuenta el psicólogo social Emilio Mustafá que si el incidente del mediodía del jueves 17 hubiese sido de noche, en vez de piedras hubieran llovido las balas. “Acá se vio la cantidad de armas que había en diciembre de 2013, cuando hubo policías que vinieron a dar horarios para que algunos grupos salgan a saquear”, explica. Y también trata de dar razones sobre el fenómeno. “Han crecido el narcotráfico y las adicciones. Si hay 800 chicos en La Costanera, el 20% debe ser adicto. Pero no sólo es eso sino que se ha naturalizado la violencia. Ya no dicen ‘te voy a hacer cag...’ sino ‘te voy a agarrar a tiros’. No sólo eso. El mundo en esos barrios se rige por otras convicciones. Se vio en el enfrentamiento del 17, donde resultaron heridos dos adolescentes, Matías (17 años ) y Milagros (18) y un niño (Sergio, de 10 años, que recibió una posta de goma en el mentón). “¿No vas a ir a que te curen?”, le preguntaron a Matías. Contestó que no; que si iba, lo iban a detener. “En el barrio odian a la policía de la seccional 11. Muchas veces los detienen y les piden plata para liberarlos”, dice Mustafá. Un problema de años. La Policía tiene que encarar otra estrategia para adentrarse en el vecindario. Si no, siempre será una fuerza extraña de ocupación. ¿Ha dado algún resultado esta estrategia? Ya se ve desde lo de Rogelio.
¿Y las otras estrategias del Estado? Desde hace ocho años un grupo del Promeba encara con fondos nacionales pavimentación de calles, erradicación de basurales, talleres para mujeres y varones, una red de gas natural (que no se puede habilitar porque se roban los medidores) y que un ómnibus comunique al barrio con el mundo. Pero el colectivo no entra. Y se abrió la calle Guatemala por debajo de la avenida de Circunvalación para que haya vinculación con el parque 9 de Julio. Por allí entró el jueves 17 el borracho en el auto blanco que intentó levantar a chicos y al que los policías del 911 debieron proteger de los vecinos que querían lincharlo. Ahí se armó la batalla que duró una hora. “Es que ahí también ha pegado fuerte el rumor de que trafics y autos blancos andan secuestrando chicos”, agrega Mustafá.
La Policía no ha resuelto los problemas. No se sabe si la ley de emergencia en seguridad que se cocinó en septiembre -que apunta a más agentes y más lucha contra el delito- va a poder parar esta inundación. Ahora se va a conformar la comisión que va a coordinar la implementación de esta ley.
Fragilidad extrema
Tampoco avizora cómo se podría evitar que esos chicos entusiasmados con los talleres de la escuela se transformen frente a los agentes de la seccional 11 o del 911. La vicedirectora de la escuela, Norma Rivadeneira, advirtió que la solución represiva no funcionaba y por eso aplaudió el proyecto de abrir los fines de semana 50 escuelas periféricas y rurales. El secretario de Coordinación de Desarrollo Social, Marcelo Romano, dice que “el vandalismo ha disminuido”, pero no puede explicar por qué este proyecto se va a terminar dentro de muy poco, con el fin de las clases.
¿Qué será de esos singulares estudiantes? En ese mundo fragmentado, su fragilidad es extrema: “Hay chicos que están en quinto grado y no saben nada”, dice la vecina María del Valle Acosta. “En casi todos los barrios los chicos tienen poco nivel de atención”, agrega la tallerista Rita Figueroa. “Acá los chicos quieren que los ayuden porque ellos reconocen que hay un problema en el barrio y que pueden caer en la droga o en la delincuencia”, definió Silvana Acuña.
¿Es que la escuela es insuficiente? Obvio. Pero también ocurre que se pretende que los docentes hagan esas cosas de las que la sociedad no quiere ocuparse y para las cuales no fueron preparados. “Se les pide que actúen pero no se los capacita para esa tarea”, sentenció el jueves pasado Sandra Mansilla, directora del Gymnasium, en la mesa de diálogo “Seguridad y Justicia”, convocada por el Arzobispado. El padre Marcelo Durango, que hoy está en Marcos Paz pero pasó mucho tiempo en la parroquia de La Costanera, dijo que el Estado (Desarrollo Social) hace cosas pero que todo es discoordinado. El párroco de la Catedral, Marcelo Barrionuevo, fue contundente: “Si (en la provincia) tenemos 20.000 jóvenes adictos, el Estado no puede no tener estructuras para responder a esto”.
Las estructuras que hay no sólo son pocas, sino demasiado débiles, tanto como la voluntad política para cambiar. Por eso el Centro de Tratamiento para Adictos (Cepla) de La Costanera, cuya construcción iba a demorar cuatro meses, va en zigzag desde hace tres años. El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Roberto Moro, vino dos veces este año prometiendo el pronto final del Cepla. Hasta enviaron plata a la Unidad Ejecutora Provincial. Pero la empresa constructora se fue hace tres semanas. “Se llevaron cosas en tres camiones y ahora el Cepla está siendo depredado”, dice Mustafá.
Hay un problema sociocultural muy profundo que se va extendiendo. Desde la mirada de la vida burguesa no se entiende que los que carecen de todo puedan tener un plasma o un gran equipo de música delante de una chabola de chapas. Se piensa que deberían emplear la ayuda en comer fideos, arroz y polenta. Si dicen que quieren milanesa parece un exceso. No se piensa si tienen consumos culturales, si van al teatro, si practican deportes, si tienen vacaciones, si salen en busca de ocio los fines de semana, si podían ir hoy al Cadillal a ver las acrobacias de los parapentistas.
La respuesta tradicional de represión con un modelo policial anterior a los años 70 da un triste resultado: empeora. Gran parte de la sociedad, asustada ante estos fenómenos que hieren la sensibilidad, se imagina que con hacer desaparecer estos barrios conflictivos se solucionaría el problema. ¿Eliminarían toda la periferia y esos lugares que llevan tres décadas o más de carencias? ¿Borrarían los barrios Antena, “El Sifón” o “la Bombilla”? ¿Y todo el municipio de Las Talitas? ¿Y La Florida? ¿Y Villa 9 de Julio? ¿Y dónde aparecerían los nuevos brotes inquietantes?
La respuesta oficial es la ley de emergencia que anteayer se amplió un poquito más en la Legislatura, en medio de discusiones de los legisladores que decían que ya hubo otra ley de emergencia que no se usó. “Abre una escuela y cerrarás una cárcel”, decía Víctor Hugo. Pero en Tucumán aplicar esa sentencia es tan difícil como recorrer y entender los 300 metros entre El Trébol y la Escuela de La Costanera.
Trescientos metros separan el escenario espantoso de la batalla de niños contra policías del jueves 17 del prometedor encuentro vecinal en la escuela Costanera Norte del domingo 20. Acaso algunos de esos chicos y esas madres que hacían talleres y aprendían los secretos del ajedrez sean los mismos que se habían defendido y arrojado piedras a las decenas de uniformados ese mediodía feroz. La batalla fue en la calle Yamandú Rodríguez al 200, en el sector conocido como El Trébol. La escuela está en Honduras al 1.500, a media cuadra de Yamandú Rodríguez al 500. Es el barrio Costanera, tan desigual en emociones y tan igualado en pobreza que permite esos saltos de la violencia al entusiasmo.
Esa distancia física entre estos dos episodios tan diferentes es infinitamente menor a la distancia que hay entre las intenciones estatales y la realidad en ese vecindario conflictivo, que representa dolorosamente bien los conflictos que se generan en los lugares descuidados por el estado, que cada vez más abarcan la periferia de las ciudades: el reconocimiento de la alta pobreza y la dura marginalidad (y la creciente desocupación, que acaba de dar a conocer el Indec) son palabras que no muestran el infierno de carencias, narcotráfico, adicciones e inseguridad que campea por esos lugares, que pone en jaque al Estado y siembra inquietud en la sociedad. “El infierno no es rojo, es oscuro. Acá de noche se conoce la realidad del consumo y la tristeza de los adictos”, había dicho el 27 de septiembre el vecino Lionel, luego del gigantesco operativo policial contra el narco Rogelio. “Estamos en una situación límite. Esperamos que se calme la violencia”, había agregado el carpintero Ángel Villagrán, referente social del barrio.
Violencia naturalizada
Cuenta el psicólogo social Emilio Mustafá que si el incidente del mediodía del jueves 17 hubiese sido de noche, en vez de piedras hubieran llovido las balas. “Acá se vio la cantidad de armas que había en diciembre de 2013, cuando hubo policías que vinieron a dar horarios para que algunos grupos salgan a saquear”, explica. Y también trata de dar razones sobre el fenómeno. “Han crecido el narcotráfico y las adicciones. Si hay 800 chicos en La Costanera, el 20% debe ser adicto. Pero no sólo es eso sino que se ha naturalizado la violencia. Ya no dicen ‘te voy a hacer cag...’ sino ‘te voy a agarrar a tiros’. No sólo eso. El mundo en esos barrios se rige por otras convicciones. Se vio en el enfrentamiento del 17, donde resultaron heridos dos adolescentes, Matías (17 años ) y Milagros (18) y un niño (Sergio, de 10 años, que recibió una posta de goma en el mentón). “¿No vas a ir a que te curen?”, le preguntaron a Matías. Contestó que no; que si iba, lo iban a detener. “En el barrio odian a la policía de la seccional 11. Muchas veces los detienen y les piden plata para liberarlos”, dice Mustafá. Un problema de años. La Policía tiene que encarar otra estrategia para adentrarse en el vecindario. Si no, siempre será una fuerza extraña de ocupación. ¿Ha dado algún resultado esta estrategia? Ya se ve desde lo de Rogelio.
¿Y las otras estrategias del Estado? Desde hace ocho años un grupo del Promeba encara con fondos nacionales pavimentación de calles, erradicación de basurales, talleres para mujeres y varones, una red de gas natural (que no se puede habilitar porque se roban los medidores) y que un ómnibus comunique al barrio con el mundo. Pero el colectivo no entra. Y se abrió la calle Guatemala por debajo de la avenida de Circunvalación para que haya vinculación con el parque 9 de Julio. Por allí entró el jueves 17 el borracho en el auto blanco que intentó levantar a chicos y al que los policías del 911 debieron proteger de los vecinos que querían lincharlo. Ahí se armó la batalla que duró una hora. “Es que ahí también ha pegado fuerte el rumor de que trafics y autos blancos andan secuestrando chicos”, agrega Mustafá.
La Policía no ha resuelto los problemas. No se sabe si la ley de emergencia en seguridad que se cocinó en septiembre -que apunta a más agentes y más lucha contra el delito- va a poder parar esta inundación. Ahora se va a conformar la comisión que va a coordinar la implementación de esta ley.
Fragilidad extrema
Tampoco avizora cómo se podría evitar que esos chicos entusiasmados con los talleres de la escuela se transformen frente a los agentes de la seccional 11 o del 911. La vicedirectora de la escuela, Norma Rivadeneira, advirtió que la solución represiva no funcionaba y por eso aplaudió el proyecto de abrir los fines de semana 50 escuelas periféricas y rurales. El secretario de Coordinación de Desarrollo Social, Marcelo Romano, dice que “el vandalismo ha disminuido”, pero no puede explicar por qué este proyecto se va a terminar dentro de muy poco, con el fin de las clases.
¿Qué será de esos singulares estudiantes? En ese mundo fragmentado, su fragilidad es extrema: “Hay chicos que están en quinto grado y no saben nada”, dice la vecina María del Valle Acosta. “En casi todos los barrios los chicos tienen poco nivel de atención”, agrega la tallerista Rita Figueroa. “Acá los chicos quieren que los ayuden porque ellos reconocen que hay un problema en el barrio y que pueden caer en la droga o en la delincuencia”, definió Silvana Acuña.
¿Es que la escuela es insuficiente? Obvio. Pero también ocurre que se pretende que los docentes hagan esas cosas de las que la sociedad no quiere ocuparse y para las cuales no fueron preparados. “Se les pide que actúen pero no se los capacita para esa tarea”, sentenció el jueves pasado Sandra Mansilla, directora del Gymnasium, en la mesa de diálogo “Seguridad y Justicia”, convocada por el Arzobispado. El padre Marcelo Durango, que hoy está en Marcos Paz pero pasó mucho tiempo en la parroquia de La Costanera, dijo que el Estado (Desarrollo Social) hace cosas pero que todo es discoordinado. El párroco de la Catedral, Marcelo Barrionuevo, fue contundente: “Si (en la provincia) tenemos 20.000 jóvenes adictos, el Estado no puede no tener estructuras para responder a esto”.
Las estructuras que hay no sólo son pocas, sino demasiado débiles, tanto como la voluntad política para cambiar. Por eso el Centro de Tratamiento para Adictos (Cepla) de La Costanera, cuya construcción iba a demorar cuatro meses, va en zigzag desde hace tres años. El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Roberto Moro, vino dos veces este año prometiendo el pronto final del Cepla. Hasta enviaron plata a la Unidad Ejecutora Provincial. Pero la empresa constructora se fue hace tres semanas. “Se llevaron cosas en tres camiones y ahora el Cepla está siendo depredado”, dice Mustafá.
Hay un problema sociocultural muy profundo que se va extendiendo. Desde la mirada de la vida burguesa no se entiende que los que carecen de todo puedan tener un plasma o un gran equipo de música delante de una chabola de chapas. Se piensa que deberían emplear la ayuda en comer fideos, arroz y polenta. Si dicen que quieren milanesa parece un exceso. No se piensa si tienen consumos culturales, si van al teatro, si practican deportes, si tienen vacaciones, si salen en busca de ocio los fines de semana, si podían ir hoy al Cadillal a ver las acrobacias de los parapentistas.
La respuesta tradicional de represión con un modelo policial anterior a los años 70 da un triste resultado: empeora. Gran parte de la sociedad, asustada ante estos fenómenos que hieren la sensibilidad, se imagina que con hacer desaparecer estos barrios conflictivos se solucionaría el problema. ¿Eliminarían toda la periferia y esos lugares que llevan tres décadas o más de carencias? ¿Borrarían los barrios Antena, “El Sifón” o “la Bombilla”? ¿Y todo el municipio de Las Talitas? ¿Y La Florida? ¿Y Villa 9 de Julio? ¿Y dónde aparecerían los nuevos brotes inquietantes?
La respuesta oficial es la ley de emergencia que anteayer se amplió un poquito más en la Legislatura, en medio de discusiones de los legisladores que decían que ya hubo otra ley de emergencia que no se usó. “Abre una escuela y cerrarás una cárcel”, decía Víctor Hugo. Pero en Tucumán aplicar esa sentencia es tan difícil como recorrer y entender los 300 metros entre El Trébol y la Escuela de La Costanera.
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