Por Fernando Stanich
21 Noviembre 2016
Dos interpretaciones puede tener el mensaje que dejó Juan Manzur, tras la última semana. En la superficie, está claro que el destinatario de los desplantes fue el Gobierno nacional. Pero, en lo más profundo, lo que hizo por primera vez en su gestión el gobernador fue bajar una línea política al oficialismo provincial. Y eso, a todas luces, sí es una novedad.
No fue casual, aunque sí sorpresiva, la postura asumida por Manzur. La idea de alambrar el territorio para evitar una fuga de dirigentes surgió en el anochecer del domingo pasado. Frente a pocos testigos, el gobernador y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, acordaron frenar el embate de los tucumanos que representan al macrismo. Desde hacía semanas venían percatándose que la situación se les había ido de las manos, y que las recorridas del secretario de Vivienda, Domingo Amaya, con intendentes y delegados comunales eran cada vez más frecuentes. El problema, claro está, es que en ninguna de esas fotos aparecía alguno de los dos. Por eso organizaron contrarreloj un acto con todos los representantes del oficialismo, incluido los legisladores, y le despoblaron un mitin que habían organizado a esa mima hora José Cano y Pablo Walter en Concepción. Aunque logró el objetivo de que el mensaje llegara a oídos nacionales, Manzur dejó expuesta su debilidad política.
No obstante, el estruendo de los cruces verbales entre macristas y oficialistas permitió que el mensaje más trascendente pasara desapercibido. Luego del acto público en el Salón Blanco, Manzur y Jaldo reunieron a los representantes del interior en privado. Y muchos escucharon por primera vez una amenaza política de boca del gobernador. Sin medias tintas, el titular del Poder Ejecutivo les dijo a los intendentes y a los comisionados que podían sacarse fotos con funcionarios nacionales para gestionar obras porque él les pagaba los sueldos y los servicios esenciales en sus ciudades y pueblos. Y también les dijo, a modo de ultimátum, que quienes “jueguen a dos puntas” se quedarán, directamente, sin fondos para salarios. Todos salieron en silencio aquel día, y hasta sorprendidos por un hecho inédito a lo largo de este año: una señal política clara, guste o no, del propio Manzur.
En la semana, el ex kirchnerista se preocupó personalmente de que la Casa Rosada tomara nota de su reacción. Habló en más de una ocasión con el secretario del Interior, Sebastián García de Luca, y todas las veces le respondió lo mismo: “no”. Primero, le rechazó la invitación para desayunar con el presidente Mauricio Macri el martes. En ese encuentro con gobernadores opositores, el jefe de Estado buscó el aval de los senadores a la reforma electoral y, fundamentalmente, al voto electrónico. Manzur esquivó la foto porque ya había sido advertido por el senador José Alperovich de que el peronismo nacional está tratando de imponer cambios al proyecto macrista, y de que no iba a poder prometer aún el voto de su antecesor y de Beatriz Mirkin ante la Nación. Segundo, recibió nuevamente el pedido de García de Luca para que le gire $ 85 millones a la Municipalidad de la capital. Se trata de un reclamo que enarbola el intendente Germán Alfaro, sobre la base de que le corresponde un porcentaje de los recursos que la Nación devolvió a la Provincia en concepto de coparticipación. Otra vez, Manzur dijo que no le daría ese dinero al opositor.
Desde entonces, el tucumano no tuvo más contacto con referentes nacionales. El jueves compartió un acto con el siempre parco Guillermo Dietrich, pero no pudo entrar en detalles. Sí tuvo algunos indicios de lo que piensan en Buenos Aires. Por un lado, Cano -que no habla sin autorización del jefe de Gabinete, Marcos Peña- le dijo que buscaba boicotear la reforma electoral nacional. Por el otro, Amaya -que no habla sin permiso del ministro del Interior, Rogelio Frigerio- le enrostró algo parecido. Como corolario, hoy Alfaro será anfitrión de los referentes opositores, con Cano y Amaya incluidos, quienes buscarán marcarle el sendero por el que debe transitar la reforma política en esta provincia.
La distancia que ha elegido tomar Manzur del Gobierno nacional puede condicionarlo justo en un mes que se prevé conflictivo. En diciembre, Tucumán deberá pagar el bono de fin de año que ya acordó la Nación con los estatales, y deberá gestionar recursos ante la Rosada. También, deberá solicitar ayuda federal para contener algún eventual foco de desorden social en un mes estigmatizado por los saqueos. No es casual que la delegación de Desarrollo Social en Tucumán, en manos de Laura Costa, haya comenzado a acopiar mercadería.
No fue casual, aunque sí sorpresiva, la postura asumida por Manzur. La idea de alambrar el territorio para evitar una fuga de dirigentes surgió en el anochecer del domingo pasado. Frente a pocos testigos, el gobernador y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, acordaron frenar el embate de los tucumanos que representan al macrismo. Desde hacía semanas venían percatándose que la situación se les había ido de las manos, y que las recorridas del secretario de Vivienda, Domingo Amaya, con intendentes y delegados comunales eran cada vez más frecuentes. El problema, claro está, es que en ninguna de esas fotos aparecía alguno de los dos. Por eso organizaron contrarreloj un acto con todos los representantes del oficialismo, incluido los legisladores, y le despoblaron un mitin que habían organizado a esa mima hora José Cano y Pablo Walter en Concepción. Aunque logró el objetivo de que el mensaje llegara a oídos nacionales, Manzur dejó expuesta su debilidad política.
No obstante, el estruendo de los cruces verbales entre macristas y oficialistas permitió que el mensaje más trascendente pasara desapercibido. Luego del acto público en el Salón Blanco, Manzur y Jaldo reunieron a los representantes del interior en privado. Y muchos escucharon por primera vez una amenaza política de boca del gobernador. Sin medias tintas, el titular del Poder Ejecutivo les dijo a los intendentes y a los comisionados que podían sacarse fotos con funcionarios nacionales para gestionar obras porque él les pagaba los sueldos y los servicios esenciales en sus ciudades y pueblos. Y también les dijo, a modo de ultimátum, que quienes “jueguen a dos puntas” se quedarán, directamente, sin fondos para salarios. Todos salieron en silencio aquel día, y hasta sorprendidos por un hecho inédito a lo largo de este año: una señal política clara, guste o no, del propio Manzur.
En la semana, el ex kirchnerista se preocupó personalmente de que la Casa Rosada tomara nota de su reacción. Habló en más de una ocasión con el secretario del Interior, Sebastián García de Luca, y todas las veces le respondió lo mismo: “no”. Primero, le rechazó la invitación para desayunar con el presidente Mauricio Macri el martes. En ese encuentro con gobernadores opositores, el jefe de Estado buscó el aval de los senadores a la reforma electoral y, fundamentalmente, al voto electrónico. Manzur esquivó la foto porque ya había sido advertido por el senador José Alperovich de que el peronismo nacional está tratando de imponer cambios al proyecto macrista, y de que no iba a poder prometer aún el voto de su antecesor y de Beatriz Mirkin ante la Nación. Segundo, recibió nuevamente el pedido de García de Luca para que le gire $ 85 millones a la Municipalidad de la capital. Se trata de un reclamo que enarbola el intendente Germán Alfaro, sobre la base de que le corresponde un porcentaje de los recursos que la Nación devolvió a la Provincia en concepto de coparticipación. Otra vez, Manzur dijo que no le daría ese dinero al opositor.
Desde entonces, el tucumano no tuvo más contacto con referentes nacionales. El jueves compartió un acto con el siempre parco Guillermo Dietrich, pero no pudo entrar en detalles. Sí tuvo algunos indicios de lo que piensan en Buenos Aires. Por un lado, Cano -que no habla sin autorización del jefe de Gabinete, Marcos Peña- le dijo que buscaba boicotear la reforma electoral nacional. Por el otro, Amaya -que no habla sin permiso del ministro del Interior, Rogelio Frigerio- le enrostró algo parecido. Como corolario, hoy Alfaro será anfitrión de los referentes opositores, con Cano y Amaya incluidos, quienes buscarán marcarle el sendero por el que debe transitar la reforma política en esta provincia.
La distancia que ha elegido tomar Manzur del Gobierno nacional puede condicionarlo justo en un mes que se prevé conflictivo. En diciembre, Tucumán deberá pagar el bono de fin de año que ya acordó la Nación con los estatales, y deberá gestionar recursos ante la Rosada. También, deberá solicitar ayuda federal para contener algún eventual foco de desorden social en un mes estigmatizado por los saqueos. No es casual que la delegación de Desarrollo Social en Tucumán, en manos de Laura Costa, haya comenzado a acopiar mercadería.
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