Por Juan Manuel Asis
20 Noviembre 2016
La reforma de la Constitución provincial en 2018 es un “cuco” con el que el oficialismo quiere espantar a la oposición para que el sistema de acople, en principio, no se toque. Porque eliminar el esquema de colectoras implica necesariamente llamar a una nueva convención constituyente para que se modifiquen las reglas de juego. Y a no ser que el peronismo encuentre una nueva ecuación electoral que le garantice que el “trabajo territorial” que despliega se traducirá en miles de votos, difícilmente acepte borrar un régimen que le dio sólo victorias desde 2007.
No hay que temerle a la reforma constitucional, deslizan con un engañoso tono tranquilizador desde el bloque Tucumán Crece para aventar los miedos. Frase que debe interpretarse por la contraria: témanle. Y, además, prepárense a negociar en desventaja numérica. La oposición legislativa deberá trabajar bajo presión durante el proceso de reforma política que empezó el martes, la presión que le imponen justamente los números que benefician al oficialismo en la Cámara y con los cuales puede decidir qué se trata y qué no.
Tal como ocurrió en 2006, cuando se decidió que el mandato 2003-2007 no valía como el primero para la reelección de todos los cargos ejecutivos y legislativos. La posibilidad de la continuidad indefinida no se incorporó en esa ocasión porque hubo un cachito de vergüenza en los constituyentes. Si se pudo eso, ¡qué no más se podrá inventar!
Visión de uno
A la oposición no le simpatiza la idea de alterar el texto constitucional, porque no juega de igual a igual para discutir e imponer alguna de sus propuestas. Más le preocupan a esta hora las concesiones que les puedan exigir desde el peronismo, o bien tener que llegar a la instancia de blanquear con sus firmas medidas que terminen beneficiando al oficialismo.
Que no sea sólo la visión de un partido, avisan desde un sector del radicalismo. Esa visión que les inquieta es la del PJ, precisamente la del partido del Gobierno, el que no hizo ninguna propuesta electoral a “Tucumán Dialoga”, la iniciativa que impulsó el PE en reacción a las polémicas elecciones de 2015, y para ponerse a tono con los vientos de “cambio”. Fue un intento de legitimización temprana respondiendo, como se dijo, al mensaje de parte de una ciudadanía molesta con el poder político. Por lo menos de casi la mitad, si nos atenemos a los resultados de los comicios.
Relaciones en el medio
El Ejecutivo dio el primer paso, la Cámara aportó el segundo conformando una multitudinaria comisión de reforma política. Lo que ocurrió justo el día nacional de la mentira -un hashtag del kirchnerismo que fue trending topic el martes-, según ironizó un integrante antimacrista de la Cámara. La clase política dio sus primeros pasos, dos por lo menos, en el obligado y largo camino hacia una reforma política. Veremos si se anima a dar prontamente el tercero.
Lo cierto es que algunos no saben o no vislumbran en qué puede terminar esta iniciativa; o en qué puede derivar, ya que en el medio hay una elección nacional determinante, la de 2017. El resultado electoral, y el mecanismo de votación que se use -sufragio electrónico o papel-, definirá y acelerará propuestas. Nunca mejor usado el “depende” para responder a lo que puede suceder con la modificación de las normas electorales.
Depende de muchos factores políticos: del estado de las relaciones Nación-Provincia; de quién capte más adhesiones a partir de la pelea por ver quién da más obra pública a los municipios y a las comunas rurales a la espera de que ese egoísmo administrativo les arrastre votos de agradecimiento. A la sombra de quién da más, o quien da menos se amplía el distanciamiento político de la dirigencia. ¿Acaso no hay otras ideas sobre cómo atrapar el voto del electorado? Si prueban con atacar la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, seguro, todos los aplaudirán de pie.
Pero no, mejor es apostar a la vieja usanza; destruir al adversario desde la chicana y la picardía. ¿Aproximarse para trabajar juntos? ¿Cómo? Pero si en la diferencia está el negocio, según entienden los que gobiernan. En ese marco, esta semana Dietrich le enrostró a las autoridades provinciales algo así como ustedes vienen de los José López, en materia de obras públicas. Nosotros presentamos proyectos y no nos dan; pareció ser la réplica provincial. No se hablan entre ellos, sino que lo hacen para que escuche la ciudadanía, y vea la diferencia. Mezquindades políticas que revelan que la carrera electoral ya se lanzó.
Esa relación institucional, encima, se desarrollará mientras la Nación impulsa su propia reforma electoral. Con la excusa de puntos de vista diferentes, Manzur no acudió a una cita con Macri y desde el poder central se plantea al Ejecutivo provincial por qué le temen al voto electrónico. En este aspecto se pueden hacer dos preguntas: ¿el PE no quiere este tipo de voto porque teme no repetir en los comicios de 2017 la diferencia de 115.000 sufragios de 2015? ¿Si el PE, con el voto electrónico, repite las cifras del año pasado en la elección nacional, significará que las denuncias de fraude no tuvieron asidero? Preguntas especulativas.
El alcance de la reforma local también dependerá de la solidez con la que lleguen las sociedades políticas armadas en trípodes de poder; la de Manzur, Jaldo y Alperovich por el oficialismo y la de Cano, Alfaro y Amaya por la oposición. Porque, a no dudarlo, las eventuales diferencias políticas pueden traducirse en pactos institucionales y políticos para perjudicar a unos y para beneficiar a otros. Hasta acuerdos cruzados, subterráneos, impensados.
La influencia del proceso electoral sobre el de la reforma política es inevitable, porque para que una eventual reforma de la Carta Magna tenga vigencia en 2019, ésta debe realizarse en 2018, justo después que las urnas en todo el país vuelvan a decir lo suyo en 2017, respaldando a unos y dando la espalda a otros. O sea, sería hasta lógico que se produzca un parate en el proceso reformista durante el año próximo. Hay que orejear. Las apuestas fuertes se harán después de los comicios.
Calidad e institucional
En medio de tantas especulaciones e intereses en pugna, ¿se puede esperar que haya una mínima apuesta a mejorar la calidad institucional de la provincia a partir de la reforma política en marcha? Calidad institucional es una idea-fuerza de dos palabras, las que no aparecen juntas en todo el texto constitucional de 2006. Toda una rareza, o un tremendo olvido conceptual. Calidad aparece en tres ocasiones e institucional también en tres, pero siempre separadas entre ellas. “Calidad” se lía por delante a de vida, y precios y de medicamentos. “Institucional”, por su lado, se asocia directamente a los conceptos de autonomía, orden y desorden, pero por detrás. Si bien la calidad institucional no se verifica por la sola existencia del concepto expresado en textos, sí lo garantizan -entre otras cosas- la transparencia de los actos de gobierno, el acceso a la información pública, una Justicia independiente y un sistema de representación política auténticamente democrático.
Claro, nada mal le haría al sistema que “calidad institucional”, como concepto, aparezca como una necesidad a garantizar por las instituciones del Estado a la ciudadanía, y expresada en algún párrafo en una futura remozada Constitución. Si se animan. No si se animan a reformarla, sino si se animan a apostar por mayor institucionalidad; o sea mayor honestidad.
Si pusieron el acople en la Carta Magna, cómo no incorporar un artículo que garantice constitucionalmente el acceso a la información pública. Mayor transparencia que esa imposible, aún más que la propia ley nacional (27.275).
Duros cuestionamientos, pero ...
En fin, “Tucumán Dialoga” arrojó numerosas iniciativas para el debate político reformista; la mayoría cuestionando seriamente el sistema de acople, más que nada por el desborde cuantitativo, tanto de partidos y la consecuente multiplicidad de boletas electorales. En los hechos significó: un partido, un voto. Paridad cambiaria. En un cuarto oscuro llegó a haber hasta 150 boletas de candidatos; faltaban pupitres para colocarlas a todas. La oferta electoral tenía respaldo legal, lo que obliga a mirar hacia la ley orgánica de partidos políticos, la 5.454, que establece los requisitos para el reconocimiento y el funcionamiento de esas organizaciones políticas. Modificar esa norma, en cuanto a las condiciones para inscribir y controlar la vida partidaria, puede servir para atenuar los alcances y efectos negativos del acople.
Sin embargo, para el peronismo el acople hoy es un mal necesario. A regañadientes, y amenazando con una reforma constitucional propia, sugiere analizarlo. Pero sólo lo eliminará si haya otro modelo electoral que le permita seguir sonriendo en cada elección provincial como con el sistema de colectoras.
No hay que temerle a la reforma constitucional, deslizan con un engañoso tono tranquilizador desde el bloque Tucumán Crece para aventar los miedos. Frase que debe interpretarse por la contraria: témanle. Y, además, prepárense a negociar en desventaja numérica. La oposición legislativa deberá trabajar bajo presión durante el proceso de reforma política que empezó el martes, la presión que le imponen justamente los números que benefician al oficialismo en la Cámara y con los cuales puede decidir qué se trata y qué no.
Tal como ocurrió en 2006, cuando se decidió que el mandato 2003-2007 no valía como el primero para la reelección de todos los cargos ejecutivos y legislativos. La posibilidad de la continuidad indefinida no se incorporó en esa ocasión porque hubo un cachito de vergüenza en los constituyentes. Si se pudo eso, ¡qué no más se podrá inventar!
Visión de uno
A la oposición no le simpatiza la idea de alterar el texto constitucional, porque no juega de igual a igual para discutir e imponer alguna de sus propuestas. Más le preocupan a esta hora las concesiones que les puedan exigir desde el peronismo, o bien tener que llegar a la instancia de blanquear con sus firmas medidas que terminen beneficiando al oficialismo.
Que no sea sólo la visión de un partido, avisan desde un sector del radicalismo. Esa visión que les inquieta es la del PJ, precisamente la del partido del Gobierno, el que no hizo ninguna propuesta electoral a “Tucumán Dialoga”, la iniciativa que impulsó el PE en reacción a las polémicas elecciones de 2015, y para ponerse a tono con los vientos de “cambio”. Fue un intento de legitimización temprana respondiendo, como se dijo, al mensaje de parte de una ciudadanía molesta con el poder político. Por lo menos de casi la mitad, si nos atenemos a los resultados de los comicios.
Relaciones en el medio
El Ejecutivo dio el primer paso, la Cámara aportó el segundo conformando una multitudinaria comisión de reforma política. Lo que ocurrió justo el día nacional de la mentira -un hashtag del kirchnerismo que fue trending topic el martes-, según ironizó un integrante antimacrista de la Cámara. La clase política dio sus primeros pasos, dos por lo menos, en el obligado y largo camino hacia una reforma política. Veremos si se anima a dar prontamente el tercero.
Lo cierto es que algunos no saben o no vislumbran en qué puede terminar esta iniciativa; o en qué puede derivar, ya que en el medio hay una elección nacional determinante, la de 2017. El resultado electoral, y el mecanismo de votación que se use -sufragio electrónico o papel-, definirá y acelerará propuestas. Nunca mejor usado el “depende” para responder a lo que puede suceder con la modificación de las normas electorales.
Depende de muchos factores políticos: del estado de las relaciones Nación-Provincia; de quién capte más adhesiones a partir de la pelea por ver quién da más obra pública a los municipios y a las comunas rurales a la espera de que ese egoísmo administrativo les arrastre votos de agradecimiento. A la sombra de quién da más, o quien da menos se amplía el distanciamiento político de la dirigencia. ¿Acaso no hay otras ideas sobre cómo atrapar el voto del electorado? Si prueban con atacar la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, seguro, todos los aplaudirán de pie.
Pero no, mejor es apostar a la vieja usanza; destruir al adversario desde la chicana y la picardía. ¿Aproximarse para trabajar juntos? ¿Cómo? Pero si en la diferencia está el negocio, según entienden los que gobiernan. En ese marco, esta semana Dietrich le enrostró a las autoridades provinciales algo así como ustedes vienen de los José López, en materia de obras públicas. Nosotros presentamos proyectos y no nos dan; pareció ser la réplica provincial. No se hablan entre ellos, sino que lo hacen para que escuche la ciudadanía, y vea la diferencia. Mezquindades políticas que revelan que la carrera electoral ya se lanzó.
Esa relación institucional, encima, se desarrollará mientras la Nación impulsa su propia reforma electoral. Con la excusa de puntos de vista diferentes, Manzur no acudió a una cita con Macri y desde el poder central se plantea al Ejecutivo provincial por qué le temen al voto electrónico. En este aspecto se pueden hacer dos preguntas: ¿el PE no quiere este tipo de voto porque teme no repetir en los comicios de 2017 la diferencia de 115.000 sufragios de 2015? ¿Si el PE, con el voto electrónico, repite las cifras del año pasado en la elección nacional, significará que las denuncias de fraude no tuvieron asidero? Preguntas especulativas.
El alcance de la reforma local también dependerá de la solidez con la que lleguen las sociedades políticas armadas en trípodes de poder; la de Manzur, Jaldo y Alperovich por el oficialismo y la de Cano, Alfaro y Amaya por la oposición. Porque, a no dudarlo, las eventuales diferencias políticas pueden traducirse en pactos institucionales y políticos para perjudicar a unos y para beneficiar a otros. Hasta acuerdos cruzados, subterráneos, impensados.
La influencia del proceso electoral sobre el de la reforma política es inevitable, porque para que una eventual reforma de la Carta Magna tenga vigencia en 2019, ésta debe realizarse en 2018, justo después que las urnas en todo el país vuelvan a decir lo suyo en 2017, respaldando a unos y dando la espalda a otros. O sea, sería hasta lógico que se produzca un parate en el proceso reformista durante el año próximo. Hay que orejear. Las apuestas fuertes se harán después de los comicios.
Calidad e institucional
En medio de tantas especulaciones e intereses en pugna, ¿se puede esperar que haya una mínima apuesta a mejorar la calidad institucional de la provincia a partir de la reforma política en marcha? Calidad institucional es una idea-fuerza de dos palabras, las que no aparecen juntas en todo el texto constitucional de 2006. Toda una rareza, o un tremendo olvido conceptual. Calidad aparece en tres ocasiones e institucional también en tres, pero siempre separadas entre ellas. “Calidad” se lía por delante a de vida, y precios y de medicamentos. “Institucional”, por su lado, se asocia directamente a los conceptos de autonomía, orden y desorden, pero por detrás. Si bien la calidad institucional no se verifica por la sola existencia del concepto expresado en textos, sí lo garantizan -entre otras cosas- la transparencia de los actos de gobierno, el acceso a la información pública, una Justicia independiente y un sistema de representación política auténticamente democrático.
Claro, nada mal le haría al sistema que “calidad institucional”, como concepto, aparezca como una necesidad a garantizar por las instituciones del Estado a la ciudadanía, y expresada en algún párrafo en una futura remozada Constitución. Si se animan. No si se animan a reformarla, sino si se animan a apostar por mayor institucionalidad; o sea mayor honestidad.
Si pusieron el acople en la Carta Magna, cómo no incorporar un artículo que garantice constitucionalmente el acceso a la información pública. Mayor transparencia que esa imposible, aún más que la propia ley nacional (27.275).
Duros cuestionamientos, pero ...
En fin, “Tucumán Dialoga” arrojó numerosas iniciativas para el debate político reformista; la mayoría cuestionando seriamente el sistema de acople, más que nada por el desborde cuantitativo, tanto de partidos y la consecuente multiplicidad de boletas electorales. En los hechos significó: un partido, un voto. Paridad cambiaria. En un cuarto oscuro llegó a haber hasta 150 boletas de candidatos; faltaban pupitres para colocarlas a todas. La oferta electoral tenía respaldo legal, lo que obliga a mirar hacia la ley orgánica de partidos políticos, la 5.454, que establece los requisitos para el reconocimiento y el funcionamiento de esas organizaciones políticas. Modificar esa norma, en cuanto a las condiciones para inscribir y controlar la vida partidaria, puede servir para atenuar los alcances y efectos negativos del acople.
Sin embargo, para el peronismo el acople hoy es un mal necesario. A regañadientes, y amenazando con una reforma constitucional propia, sugiere analizarlo. Pero sólo lo eliminará si haya otro modelo electoral que le permita seguir sonriendo en cada elección provincial como con el sistema de colectoras.
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