Por Álvaro José Aurane
19 Noviembre 2016
“Sin fondos, la reforma procesal penal no funciona”. Hace un mes, en un despacho de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el titular del superior tribunal de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, formulaba esta advertencia durante la entrevista que LA GACETA publicó el 22 de octubre. Al parecer, también se trataba de una premonición.
La transición del actual proceso acusatorio (vigente en Tucumán desde 1991) a un proceso adversarial fue largamente discutida en Tucumán: una comisión especial de la Legislatura se tomó tres años para elaborar un proyecto de modificación del Código Procesal Penal, que fue aprobado el 20 de octubre. Se instaura la oralidad del procedimiento -incluida la etapa de instrucción- y desaparece el expediente escrito. Los planteos de las partes serán resueltos en las salas de audiencia, evitando dilaciones procesales en la etapa de Instrucción o de Cámara. Regirá el principio de selección, para que los delitos menores se resuelvan en esas audiencias de mediación o de conciliación. La acusación y la defensa podrán acordar una pena que debe ser homologada por un juez. Se forman los colegios de fiscales y de jueces -desaparecen las fiscalías y juzgados separados según la nominación-, y nacen oficinas de gestión que reciben las denuncias, asignan los casos y programan las audiencias.
Las principales autoridades de los tres poderes del Estado manifestaron su entusiasmo por el nuevo paradigma a inaugurar… hasta esta misma semana.
Términos
Durante estas horas, las pretensiones económicas del Poder Judicial para llevar adelante esta transición provocaron una serie de infartos silenciosos en los poderes políticos de Tucumán. Sólo una cosa llamó la atención tanto como las cifras: la fecha.
Por primera vez en 13 años (los 12 del alperovichato y el primero de la continuidad con cambio), la Justicia no remitió su “Anteproyecto de Presupuesto” dentro de los plazos previstos. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2015, la Corte suscribió la acordada 1.035 en la cual explicitó sus previsiones de ingresos y de gastos para el año en curso. Es decir, remitió su cálculo un mes antes de que se venza el plazo (31 de octubre) que la ley le fija a la Casa de Gobierno para que remita a la Legislatura el proyecto de Presupuesto General de la Provincia.
Esta vez, los Tribunales dieron a conocer sus necesidades de financiamiento hace apenas nueve días.
La acordada 1.507 está fechada el 10 de noviembre y ese mismo jueves, a las 13, ingresó por mesa de entradas al parlamento tucumano. Y, para hacerla corta, el alto tribunal está pidiendo el doble de recursos que el año pasado.
Proporciones
Dado que al llegar el último día de octubre el Poder Judicial no había remitido sus previsiones, el Poder Ejecutivo giró a la Legislatura el proyecto de Presupuesto General 2017 para la provincia, en el cual aplicó a la ejecución de los recursos judiciales de este año un aumento que ronda el 30% nominal. Luego, muchos corazones del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda parecieron detenerse cuando los Tribunales presentaron su propuesta, varios días después y varias veces superior.
Para ponerlo en cifras: la previsión original de la Corte para este 2016 fue de $ 2.450 millones. Ahora, la previsión original para 2017 es de $ 4.780 millones. Es decir, un aumento del 95%.
¿Cómo se leen estos números en los términos de la Casa de Gobierno? Que el Poder Judicial plantea para el año que viene un presupuesto al que, además de un 30% de aumento en comparación con este 2016, hay que agregarle otros $ 1.600 millones.
Si las cifras ya son serias, el hecho de que fueran presentadas cuando el proyecto de Presupuesto General de la Provincia ya estaba elevado a la Legislatura las convierte en graves.
En Casa de Gobierno y en el Poder Legislativo, el oficialismo usa una expresión común para referirse al plan de recursos y gastos del año que viene: “partidas compensadas”. En la reunión de la comisión de Hacienda celebrada el jueves al mediodía en la Cámara, Juan Antonio Ruiz Olivares subrayó ante sus pares que el Presupuesto 2017 es “equilibrado” y “neutro”. Estos adjetivos refieren a que el superávit pautado es de apenas $ 1,7 millón (el 0,003% de los $ 54.700 millones que prevé gastar el Estado el año que viene); y que no se prevé la toma de préstamos.
¿Qué implica esto? Que para darle a la Justicia los $ 1.600 millones extra que solicita, hay que sacarle esos $ 1.600 millones a alguien. O, dado el volumen del monto, a varios “alguien” de la administración pública.
Para que se dimensione la proporción: si se le otorgaran los $ 4.780 millones que solicita, la Justicia pasaría a insumir casi el 9% del Presupuesto provincial.
Conjeturas
El poder político, claro está, no va darle al Poder Judicial todo el dinero que ha solicitado después de que la elaboración de que el proyecto de Presupuesto General para 2017 ya había terminado.
Tampoco van a decirle “no” a todo. Ruiz Olivares ha dejado entrever que la comisión de Hacienda motorizará una nueva reunión para analizar qué “mejoras” se pueden hacer a lo que el Poder Ejecutivo ya pautó para los Tribunales. El “guiño” apuntaría a que se garantice la financiación de las obras en marcha (para 2017, la Justicia pide $ 192,3 millones, un 70% más que este año).
Hasta ahora, las cabezas de los poderes políticos ni siquiera han mencionado el asunto. El gobernador Juan Manzur pasó buena parte de la semana yendo y viniendo de Buenos Aires, o recibiendo funcionarios nacionales en Tucumán, para apuntalar su perfil de “hombre de gestión”. El vicegobernador Osvaldo Jaldo, en tanto, volvió a subrayar su perfil de “hombre político”: fue la mayor autoridad del oficialismo en celebrar el Día de la Militancia el jueves, con un acto en Banda del Río Salí (es decir, en el interior). Ni de ese ni de ninguno de los recordatorios realizados en toda la provincia participaron su compañero de fórmula (no estaba en la provincia) ni tampoco el matrimonio Alperovich, a pesar de que Beatriz Rojkés preside el PJ.
Ahora bien, vengan de donde vengan los recursos para “mejorar” el presupuesto judicial para el año que viene, lo cierto es que nunca serán “30% de aumento + $ 1.600 millones”. Léase, la partida de los tribunales no será pautada para 2017, de arranque, en $ 4.780 millones. Ni remotamente.
Interrogantes
Esa situación abre una pregunta crucial: ¿qué pasará con la reforma procesal penal? El grueso del incremento presupuestario planteado por el Poder Judicial está destinado a esa transición. Algunas cifras de lo solicitado por los jueces supremos son reveladoras: los gastos del Ministerio Público (fiscales y defensores) pasan de los $ 540 millones previstos originalmente para este año a una pauta de casi $ 1.120 millones para 2017 (120% más). Y en la Corte (léase, toda la judicatura) el gasto en personal crece casi un 100% (de $ 1.140 millones pasa a $ 2.240 millones). Los gastos en Bienes de Consumo aumentan un 120% (de $ 17 millones a 37 millones).
Entonces: ¿después de tres años de debate se planeó una reforma que no se puede financiar y, por tanto, que es imposible de concretar?
¿O resulta que el cambio sí puede ser sostenido materialmente por el Estado, porque los poderes políticos gastan cantidades formidables de dineros públicos que pueden ser redirigidos; pero la Justicia no planteó oportunamente cuáles eran sus necesidades económicas y satisfacerlas ahora es inviable?
¿Por qué el Poder Judicial tucumano, frente a uno de los acontecimientos más trascendentales de su historia institucional desde la inauguración de la democracia, en 1983, presentó su “Anteproyecto de Presupuesto” 10 días después de que el Gobierno ya había prefigurado todas las partidas de la administración pública provincial?
¿Va a haber reforma penal el año que viene, o no?
¿Y si resulta que no la hay, de quién es la responsabilidad?
Puesto en un solo interrogante: si todas las autoridades democráticas de Tucumán han dicho que la reforma del proceso penal traerá celeridad y transparencia a los procesos judiciales, resulta claro que demorar ese cambio perjudica al común de los tucumanos. Por lo tanto, ¿a quién beneficia el traspié?
La transición del actual proceso acusatorio (vigente en Tucumán desde 1991) a un proceso adversarial fue largamente discutida en Tucumán: una comisión especial de la Legislatura se tomó tres años para elaborar un proyecto de modificación del Código Procesal Penal, que fue aprobado el 20 de octubre. Se instaura la oralidad del procedimiento -incluida la etapa de instrucción- y desaparece el expediente escrito. Los planteos de las partes serán resueltos en las salas de audiencia, evitando dilaciones procesales en la etapa de Instrucción o de Cámara. Regirá el principio de selección, para que los delitos menores se resuelvan en esas audiencias de mediación o de conciliación. La acusación y la defensa podrán acordar una pena que debe ser homologada por un juez. Se forman los colegios de fiscales y de jueces -desaparecen las fiscalías y juzgados separados según la nominación-, y nacen oficinas de gestión que reciben las denuncias, asignan los casos y programan las audiencias.
Las principales autoridades de los tres poderes del Estado manifestaron su entusiasmo por el nuevo paradigma a inaugurar… hasta esta misma semana.
Términos
Durante estas horas, las pretensiones económicas del Poder Judicial para llevar adelante esta transición provocaron una serie de infartos silenciosos en los poderes políticos de Tucumán. Sólo una cosa llamó la atención tanto como las cifras: la fecha.
Por primera vez en 13 años (los 12 del alperovichato y el primero de la continuidad con cambio), la Justicia no remitió su “Anteproyecto de Presupuesto” dentro de los plazos previstos. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2015, la Corte suscribió la acordada 1.035 en la cual explicitó sus previsiones de ingresos y de gastos para el año en curso. Es decir, remitió su cálculo un mes antes de que se venza el plazo (31 de octubre) que la ley le fija a la Casa de Gobierno para que remita a la Legislatura el proyecto de Presupuesto General de la Provincia.
Esta vez, los Tribunales dieron a conocer sus necesidades de financiamiento hace apenas nueve días.
La acordada 1.507 está fechada el 10 de noviembre y ese mismo jueves, a las 13, ingresó por mesa de entradas al parlamento tucumano. Y, para hacerla corta, el alto tribunal está pidiendo el doble de recursos que el año pasado.
Proporciones
Dado que al llegar el último día de octubre el Poder Judicial no había remitido sus previsiones, el Poder Ejecutivo giró a la Legislatura el proyecto de Presupuesto General 2017 para la provincia, en el cual aplicó a la ejecución de los recursos judiciales de este año un aumento que ronda el 30% nominal. Luego, muchos corazones del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda parecieron detenerse cuando los Tribunales presentaron su propuesta, varios días después y varias veces superior.
Para ponerlo en cifras: la previsión original de la Corte para este 2016 fue de $ 2.450 millones. Ahora, la previsión original para 2017 es de $ 4.780 millones. Es decir, un aumento del 95%.
¿Cómo se leen estos números en los términos de la Casa de Gobierno? Que el Poder Judicial plantea para el año que viene un presupuesto al que, además de un 30% de aumento en comparación con este 2016, hay que agregarle otros $ 1.600 millones.
Si las cifras ya son serias, el hecho de que fueran presentadas cuando el proyecto de Presupuesto General de la Provincia ya estaba elevado a la Legislatura las convierte en graves.
En Casa de Gobierno y en el Poder Legislativo, el oficialismo usa una expresión común para referirse al plan de recursos y gastos del año que viene: “partidas compensadas”. En la reunión de la comisión de Hacienda celebrada el jueves al mediodía en la Cámara, Juan Antonio Ruiz Olivares subrayó ante sus pares que el Presupuesto 2017 es “equilibrado” y “neutro”. Estos adjetivos refieren a que el superávit pautado es de apenas $ 1,7 millón (el 0,003% de los $ 54.700 millones que prevé gastar el Estado el año que viene); y que no se prevé la toma de préstamos.
¿Qué implica esto? Que para darle a la Justicia los $ 1.600 millones extra que solicita, hay que sacarle esos $ 1.600 millones a alguien. O, dado el volumen del monto, a varios “alguien” de la administración pública.
Para que se dimensione la proporción: si se le otorgaran los $ 4.780 millones que solicita, la Justicia pasaría a insumir casi el 9% del Presupuesto provincial.
Conjeturas
El poder político, claro está, no va darle al Poder Judicial todo el dinero que ha solicitado después de que la elaboración de que el proyecto de Presupuesto General para 2017 ya había terminado.
Tampoco van a decirle “no” a todo. Ruiz Olivares ha dejado entrever que la comisión de Hacienda motorizará una nueva reunión para analizar qué “mejoras” se pueden hacer a lo que el Poder Ejecutivo ya pautó para los Tribunales. El “guiño” apuntaría a que se garantice la financiación de las obras en marcha (para 2017, la Justicia pide $ 192,3 millones, un 70% más que este año).
Hasta ahora, las cabezas de los poderes políticos ni siquiera han mencionado el asunto. El gobernador Juan Manzur pasó buena parte de la semana yendo y viniendo de Buenos Aires, o recibiendo funcionarios nacionales en Tucumán, para apuntalar su perfil de “hombre de gestión”. El vicegobernador Osvaldo Jaldo, en tanto, volvió a subrayar su perfil de “hombre político”: fue la mayor autoridad del oficialismo en celebrar el Día de la Militancia el jueves, con un acto en Banda del Río Salí (es decir, en el interior). Ni de ese ni de ninguno de los recordatorios realizados en toda la provincia participaron su compañero de fórmula (no estaba en la provincia) ni tampoco el matrimonio Alperovich, a pesar de que Beatriz Rojkés preside el PJ.
Ahora bien, vengan de donde vengan los recursos para “mejorar” el presupuesto judicial para el año que viene, lo cierto es que nunca serán “30% de aumento + $ 1.600 millones”. Léase, la partida de los tribunales no será pautada para 2017, de arranque, en $ 4.780 millones. Ni remotamente.
Interrogantes
Esa situación abre una pregunta crucial: ¿qué pasará con la reforma procesal penal? El grueso del incremento presupuestario planteado por el Poder Judicial está destinado a esa transición. Algunas cifras de lo solicitado por los jueces supremos son reveladoras: los gastos del Ministerio Público (fiscales y defensores) pasan de los $ 540 millones previstos originalmente para este año a una pauta de casi $ 1.120 millones para 2017 (120% más). Y en la Corte (léase, toda la judicatura) el gasto en personal crece casi un 100% (de $ 1.140 millones pasa a $ 2.240 millones). Los gastos en Bienes de Consumo aumentan un 120% (de $ 17 millones a 37 millones).
Entonces: ¿después de tres años de debate se planeó una reforma que no se puede financiar y, por tanto, que es imposible de concretar?
¿O resulta que el cambio sí puede ser sostenido materialmente por el Estado, porque los poderes políticos gastan cantidades formidables de dineros públicos que pueden ser redirigidos; pero la Justicia no planteó oportunamente cuáles eran sus necesidades económicas y satisfacerlas ahora es inviable?
¿Por qué el Poder Judicial tucumano, frente a uno de los acontecimientos más trascendentales de su historia institucional desde la inauguración de la democracia, en 1983, presentó su “Anteproyecto de Presupuesto” 10 días después de que el Gobierno ya había prefigurado todas las partidas de la administración pública provincial?
¿Va a haber reforma penal el año que viene, o no?
¿Y si resulta que no la hay, de quién es la responsabilidad?
Puesto en un solo interrogante: si todas las autoridades democráticas de Tucumán han dicho que la reforma del proceso penal traerá celeridad y transparencia a los procesos judiciales, resulta claro que demorar ese cambio perjudica al común de los tucumanos. Por lo tanto, ¿a quién beneficia el traspié?
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