Un caos donde batallan niños contra policías

Un caos donde batallan niños contra policías

Un caos donde batallan niños contra policías
Niños de seis años apedrean a policías. Los policías responden con balas de goma y también con pedradas. En La Costanera la encarnación de la inocencia (los niños) y la encarnación de la seguridad (los policías) entraron el jueves en un conflicto definitivo: ¿qué mirada social puede haber sobre ese choque? Ninguna que no genere complicaciones, porque es imposible pensar que esos niños sean delincuentes o infractores y es complicado explicar por qué los agentes tienen que entrar como fuerza de ocupación a una barriada marginada en la que esa mañana había sobre todo mujeres, niños y adolescentes.

Fue tan confuso y extraño el entrevero que sólo quedaron emociones a flor de piel: había una especie de justicia popular contra un borracho que, según las vecinas, había intentado levantar a chicas en su auto. El hombre estaba con otros tres sujetos que aparentemente lograron escapar en medio del tumulto (incomprensible) y cuando llegaron los agentes de la comisaría 11 para tratar de detener al borracho apaleado, las vecinas entendieron que era conocido de los uniformados. A continuación cayó un aluvión de policías (muchos del 911, con cascos) y los enfrentamientos sólo se detuvieron cuando llegaron los del Grupo Cero que, en el pensamiento popular, parecen ser los duros. Cuando aparecieron, desapareció la gente y se apaciguó el barrio. ¿Por qué estalló la violencia? Nadie lo puede explicar. Pero los agentes, al igual que hace seis años en El Matadero o hace tres en la Curva de los Vega, o en agosto 2015 en la plaza Independencia, usaron látigos, balas de goma y piedras contra mujeres, adolescentes y niños enardecidos, que no respetan ni confían en los uniformados de su comisaría (la 11a). Parecido a otros barrios, sólo que en los lugares más céntricos no se desencadena violencia a ese nivel, aunque sí suelen ser habituales las palizas a los arrebatadores capturados por los vecinos.

Enojo y palizas

¿Es un problema policial o un problema de un barrio conflictivo en el que la violencia impera? Hace meses, el fiscal Diego López Ávila habló de cuán alarmantes eran los niveles de violencia en la sociedad, a tal punto que para él los robos quedaban en un segundo plano frente a las agresiones que se suscitaban. “El mayor problema es que mucha prevención no se puede realizar. Es imposible tener un policía en lo que ocurre en la casa”, dijo. Al día siguiente de esa publicación (12/6) se informó que un joven hipoacúsico había sido apaleado por vecinos de calle Buenos Aires al 200, que lo confundieron con un arrebatador. López Ávila y otros fiscales advirtieron que ese tipo de violencia era preocupante porque los vecinos que hacían justicia por mano propia se arriesgaban a cometer delitos peores que los que pretendían conjurar, como el robo de un celular. ¿Significa que esos vecinos del centro tienen tanta desconfianza en la labor policial como los vecinos de La Costanera? Esa pregunta no está respondida. Hace poco el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, se arriesgó a decir que “la justicia por mano propia es consecuencia de la falta de respuestas” (8/9).

Se refería a las carencias del poder judicial y no hablaba de la Policía. Pero el jueves pasado los fiscales sí hablaron de la fuerza de seguridad. En la reunión para tratar de entender la situación absurda de que habían entrado ladrones a la Fiscalía V de Washington Navarro Dávila, sin que ninguno de los integrantes del cuerpo policial de esa área de Tribunales lo advirtiera, tiraron dardos contra los guardianes. Se habló de que había muchas causas contra policías y muchos desentendimientos con los agentes y por lo tanto no podían ser ellos los custodios de las oficinas del fuero penal. El mismo vocal de la Corte, Antonio Estofán, reflotó un viejo proyecto de crear una Policía que dependiera de la Justicia y no del Poder Ejecutivo.

Caos tribunalicio

Pero lo que quedó flotando entre los fiscales tenía más que ver con la crisis del Poder Judicial. Oficinas abarrotadas de papeles y con los expedientes tirados por el piso como cuando se encontraron dólares en una bolsa en la cerrada fiscalía del ex fiscal Albaca. Hace un año que se habla de protocolo para guardar armas, dinero, joyas y otros elementos secuestrados en las causas judiciales; sin embargo el sistema sigue siendo un caos, con pruebas guardadas en bolsas de consorcio en armarios metálicos con pequeños candados. Patético. A ese lugar entraron ladrones y dejaron un escenario que, más que un mensaje de anónimos policías entregadores, parece de adolescentes que aprovecharon la oportunidad para buscar plata y celulares en oficinas llenas de tentaciones para ladrones.

También hablaron de las cámaras de seguridad que rodean el edificio y la zona y hasta ayer se desconfiaba de que hayan estado funcionando el miércoles, que fue el día del empleado judicial y los pasillos de los tribunales estuvieron despoblados. ¿Se llegará a una conclusión en este extraño robo? Las mismas palabras del ministro fiscal (”falta de respuestas”) lo ponen en duda.

Extraño pedido

Casualmente, en este miércoles de tribunales cerrados, hubo otro episodio extraño, pero en la Justicia Federal. Ese mismo día se presentó, en la Fiscalía Federal II de Pablo Camuña, un escrito del legislador porteño Gustavo Vera pidiendo que la muerte del padre Juan Viroche sea investigada por el fuero federal, porque sería -dice- un crimen del narcotráfico relacionado también con la trata de personas y con irregularidades de las autoridades políticas de La Florida. Según se sabe, en la Fiscalía provincial de López Ávila -que investiga este caso y hasta ahora sólo tiene indicios de un posible suicidio- el legislador Vera nunca presentó las pruebas que, junto al empresario Mario Baudry dijeron que iban a entregar en la semana posterior al 7/10, cuando fue hallado el cuerpo del sacerdote en la parroquia de La Florida. Vera y Baudry, que se autotitularon enviados del papa Francisco (desmentidos luego por la Nunciatura) sostienen la hipótesis del crimen narco y se han relacionado con un singular grupo que aglutina desde católicos a miembros de la Corriente Clasista y Combativa en el reclamo por el esclarecimiento del caso Viroche. Por ahora se esperan informes de estudios de fluidos, piel y sangre enviados a laboratorios de Salta y de Buenos Aires. ¿Contribuirá la Fiscalía Federal II al esclarecimiento, o el asunto se empantanará sine die? Poco importa. En la conciencia colectiva está instalada la convicción de que la muerte del Padre Juan es una venganza narco. Lo que no se entiende es hacia dónde van Vera y su fundación La Alameda en este asunto.

Círculo de violencia

En medio de esta confusión, afloró la violencia al norte de la Capital. Con cuatro homicidios en lo que va del año, Villa Mariano Moreno entra en la triste lista de los lugares de alto riesgo en Tucumán, junto con Villa 9 de Julio (cinco asesinatos) y “La Bombilla” (cinco) . Si se integra a la Villa en el conglomerado de Las Talitas, con El Colmenar y Los Pocitos, la zona de riesgo se eleva a ocho homicidios en 2016. Tres de ellos ocurrieron en estos días: el del policía Leandro Matías Meyer, atacado por adolescentes asaltantes el miércoles a la madrugada cuando iba en moto a comprar sándwiches; otro de los muertos es uno de los asaltantes, Hugo Cáceres, de 16 años, y el tercero, un joven de 18, cuya identidad se desconocía anoche. Zona roja de circulación restringida, la villa forma parte de un círculo inquietante que rodea a la capital, donde el GPS alerta del peligro al viajero: desde Las Talitas, al norte, el riesgo acecha en el este (La Costanera, con tres homicidios), Tiro Federal con dos, San Cayetano, con tres. Toda la franja del Río Salí abarca barrios con violencia, como el Antena y La Milagrosa, más zonas como Alderetes, Lastenia y La Florida; más al sur de San Andrés en la capital están los barrios Ejército Argentino y Villa Alem-Amalia; al Oeste, cerca de La Bombilla están “El Sifón” (tres homicidios) y Cebil Redondo (en el límite con Tafí Viejo y Yerba Buena), con dos asesinatos.

Todo un círculo de violencia e inseguridad que rodea el centro capitalino. La cifra real de asesinatos no se conoce. Se pueden dar datos estimativos a partir de las publicaciones en LA GACETA (en la Corte Suprema tienen guardado bajo siete llaves el informe de homicidios de 2015), pero los tres crímenes de estos últimos días en El Colmenar han encendido la luz de alarma: ¿cómo se hace la prevención en esta provincia? ¿Y en el gran Tucumán? A pesar de que está declarada la emergencia en seguridad, en los últimos meses las autoridades han estado concentradas en la campaña contra el narcotráfico y poco y nada han dicho de las muertes y el delito callejero.

La justicia, envuelta en sus crisis, no tiene respuestas. Apenas sobresalen sus extrañas noticias y más claros parecen los escándalos como el del jueves en la Costanera, donde hace años se espera un programa social para ayudar a salir a esa gente del pantano de las adicciones, las carencias y la ausencia de ley. ¿La Costanera es un problema policial o un problema social? ¿Habrá un estudio de lo que ha pasado en esa barriada asolada por la pobreza y la marginalidad, para definir estrategias de relación entre el Estado y los vecinos? ¿O seguirá siendo siempre considerada un campo de generación de marginales como “La Bombilla”? La misma estrategia que debería estudiarse para Villa 9 de Julio y ahora para Villa Mariano Moreno. En cualquier momento habrá otra batalla entre niños y policías en cualquier parte del círculo y nadie sabrá explicar lo que pasa. Es la paradoja de la inseguridad.

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