Los supuestos para 2017
Imagínese la escena: tres hermanos suelen tomar un café a esta altura del año y, entre charla y charla, definen cómo van a distribuir los ingresos del nuevo período. Pero resulta que esa ronda no se pudo concretar hasta antes del cierre del plazo para conciliar números. Entonces, uno de ellos -el que ejecuta- debe enviar al que lo analiza -y aprueba para que se convierta en ley- sin la opinión del tercero que, a su vez, a último momento, se acuerda de reclamar los fondos para afrontar el renovado período. El dinero a distribuir no es poco; una friolera de $ 54.670 millones en 12 meses. Es el Presupuesto de la provincia.

El Ejecutivo ha definido que el aumento de los recursos para administrar la provincia en 2017 será un 29,6% superior a las partidas previstas para este ejercicio al que le quedan poco más de 40 días. Y que del total de dinero, el 56% debe ser destinado a salarios en el sector público tucumano. Es posible que la Legislatura, tomando en cuenta aquella pauta de expansión del gasto, gestione el año que viene entre $ 2.000 millones y $ 2.200 millones, y que el Judicial acceda a casi $ 3.000 millones, con una necesidad de estirarlo hasta $ 4.000 millones, para incorporar obras edilicias y más cargos. Allí está la discusión. El viernes, el ministro de Economía Eduardo Garvich y sus colaboradores irán a la Cámara para explicarle a los miembros de la comisión de Hacienda qué harán con la plata que proyectaron para el año electoral.

En el Ejecutivo, a su vez, intentan desdramatizar una cuestión que, en cualquier ámbito, genera debate y hasta discusiones: el manejo del dinero. La independencia y la autonomía financiera son atributos que ningún poder está dispuesto a resignar. “En la marcha se arreglan las cargas”, dicen en la Casa de Gobierno. Demasiados cabos sueltos para un proyecto que, según las estimaciones oficiales, sería convertido en ley apenas arranque diciembre. Sucede que en la Cámara consideran que la iniciativa estaría lista antes del 30 de noviembre, tomando en cuenta el apoyo de algunos aliados circunstanciales, con el fin de que el gobernador Juan Manzur arranque el segundo año de gestión con presupuesto sancionado. Pero las preocupaciones financieras no se agotan en territorio tucumano. Esta semana, en Buenos Aires, habrá varias reuniones entre Nación y las provincias para seguir cerrando viejas cuestiones financieras. Una de ellas, la más inquietante para Tucumán, está relacionada con los aportes de menos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viene reclamándole (también a otra decena de distritos). La suma es casi equivalente a otra deuda pública provincial, de unos $ 3.000 millones. La intención es lograr un acuerdo a 10 años para regularizar la situación y, posteriormente, incrementar el porcentaje de retención como empleadora. El tema convocará a varios gobernadores al Ministerio del Interior, como una de las materias pendientes en la relación fiscal.

Paralelamente, los conductores de Economía de las provincias tienen previsto reunirse también en Buenos Aires para escuchar la exposición de los técnicos del Consejo Federal de Impuestos. El tema de la convocatoria atañe a todos y ha generado más de un gesto de preocupación: el escaso goteo de fondos coparticipables. Los funcionarios provinciales tratan de consolarse entre ellos, con el argumento de que, hacia el futuro, habrá que acostumbrarse a disponer de menos recursos de la recaudación durante los primeros días de cada mes. Pero no es un dato menor que, desde que la gestión del presidente Mauricio Macri subió el mínimo no imponible de Ganancias y redujo las retenciones a las exportaciones, los distritos subnacionales reciben menos dinero que en otros períodos. Pese a que sus medidas tienen un sentido de redistribución del ingreso en las dos puntas de las escalas de ingresos, los gobernadores deben buscar la manera de disimular ese faltante. Algunos optaron por reajustar los impuestos provinciales. Otros, en cambio, por disminuir partidas presupuestarias a algunas áreas de gobierno. En medio de todo esto, es posible que la gran familia del poder termine desconociéndose durante el año electoral. Si es así, se repetirá la historia de siempre: provincias con intenciones de ser financieramente autónomas pero, en la realidad, terminan siendo políticamente dependientes.

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