La palabra democrática necesita una ambulancia

La palabra democrática necesita una ambulancia

Esta semana, LA GACETA reveló que, el 22 de octubre pasado, el Gobierno tucumano hizo entrega a los vecinos de Arcadia de una ambulancia que ya era de los vecinos de Arcadia. Esta gratuita manera de faltarle el respeto a los comprovincianos de esa comuna pobre del sur durante el festival del pueblo (igual a caer a la fiesta de una familia pobre a regalarle lo que ya es de ella), es una ofensa de un patetismo histórico. Semejante burla no merece ser olvidada.

Pero el solo escandalizarse siempre será una mala manera de tramitar este hecho que, en sí mismo, resulta paradigmático. Lo que esta afrenta a la inteligencia de la ciudadanía consuma es, en rigor, la materialización del ultraje que viene sufriendo aquí la palabra democrática. Es más, desde la inauguración de la democracia hace ya más de tres décadas, pocas veces el decir de las autoridades constitucionales fue tan depreciada (y tan despreciada) por las autoridades constitucionales como en estos días. El “nuevo” móvil sanitario, que no era otro sino el mismo, sintetiza el drama público: al Gobierno ya no se le puede creer ni cuando habla de ambulancias.

Liderazgo de medio día

Una semana después de que el actual gobernador afirmase, mediante su cuenta de Twitter, que era “cero kilómetro” el vehículo que ya había sido entregado en 2014, el propio Juan Manzur protagonizó el más corto período de liderazgo político del que haya registros.

“¿Quién es el jefe político del oficialismo?”, le preguntó LA GACETA durante la entrevista que se publicó el 29 de octubre. “Cuando uno habla de jefatura lo que hay que tener en claro que los que conducen la Provincia son Manzur y (Osvaldo) Jaldo”, respondió el mandatario, y parecía que crujía bajo sus pies el mismo suelo que pisa con su antecesor, José Alperovich.

Ese mismo día, cuando se cumplió el primer aniversario de la asunción en el cargo, el jefe de Estado viajó a Ranchillos para celebrar la fecha con un asado. Frente a los referentes territoriales del oficialismo afirmó: “Se dicen cosas feas e injustas de un hombre de bien que es nuestro conductor político, ¡José Alperovich!”.

Debe dar vértigo ser líder y conductor a la mañana, para devenir prosélito al mediodía.

Muchas más certezas se tornarían dudosas en las bocas estatales con el correr de las horas.

La palabra democrática, varias veces, dará la impresión de necesitar una ambulancia como la de Arcadia, esa que es sólo una después de haber sido dos.

Reivindicación de cinco días

“Se ganó a nivel nacional y, digan lo que digan, ¡se ganó acá también, en la provincia de Tucumán!”, arengó nadie menos que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, nada menos que en Tucumán y durante la víspera del mencionado 29 de octubre, tan festivo para el alperovichismo. Lo flanqueaban el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y los principales referentes del tucumano Acuerdo del Bicentenario (cada vez menos de acuerdo entre ellos).

Parecía que se quebraba la relación entre la Nación y la Provincia, pero Frigerio recibió a Manzur cinco días después, y no en su público despacho de la Casa Rosada, sino en Olivos.

Debe dar vértigo denunciar que las autoridades de una provincia son ilegítimas y, 120 horas después, pasear con el denunciado por los jardines de la quinta presidencial, tomando café y tomándose fotos.

Al día siguiente, es decir, anteayer, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la Legislatura, sonreía para la foto en la Legislatura, al lado de Manzur, quien al mediodía había almorzado en en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Este último vino a inaugurar el Congreso de Derecho “Bases y principios para la Justicia del futuro”, durante el cual el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, dijo que Tucumán no adherirá a la Ley de Acceso a la Información Pública que impulsó la Nación (a pesar de que Manzur le dio su compromiso de hacerlo a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas -Adepa- el 28 de septiembre pasado), sino que se promoverá una norma más auspiciosa que la federal.

O sea: garantizarán el acceso a la información pública, con una ley propia, los que mantuvieron en secreto durante 313 días el decreto 41/1 (sacado a la luz en este diario por Juan Manuel Asís), mediante el había el cual el senador Alperovich es hoy, también, asesor con rango de ministro en el Gobierno local.

Escasez de lealtades

Con la Nación devaluando la palabra democrática sin contemplaciones, se entiende que el gobernador tucumano explicase el miércoles que había conversado con Frigerio de “las obras de infraestructura que tenemos previstas” cuando el sábado anterior gritaba “no estamos dispuestos a cambiar bolsas de cemento por lealtad política”.

Esa proclama es la confirmación de que hoy, en el Estado, una palabra es cualquier palabra. Manzur fue durante ocho años (con abuso de licencia para desempeñarse como ministro K, o no) el vicegobernador de Alperovich, cuya gestión estatuyó el canje de calidad institucional por cordones cuneta. Y antes de conducir la Legislatura, presidió la Convención Constituyente que vació de coherencia la palabra de la Carta Magna: dice el artículo 159 que hay que hacer de cuenta que el primer mandato alperovichista (2003-2007) no existió, así que hay que considerar al segundo mandato (2007-2011) como el primero; y por ende el tercero (2011-2015) en realidad vendría a ser el segundo.

En verdad, si el oficialismo tucumano quisiera entregar lealtad política a cambio de bolsas de cemento no podría hacerlo: ya no tiene stock. El alperovichismo (del cual el manzurismo es continuidad con cambio -de nombres-) arrodilló a esta provincia ante la Casa Rosada. No es una pretensión: mientras Santa Fe, Córdoba y San Luis pleiteaban ante la Corte Suprema de la Nación para que la Casa Rosada devolviera el 15% de coparticipación que retenía indebidamente desde 2006, Tucumán se callaba la boca porque se autoproclamaba “la mimada” del kirchnerismo.

Cuando el superior tribunal sentenció, en los días finales del tercer gobierno K, que esa retención era, en efecto, inconstitucional, la Nación ofreció a las provincias (para frenar un aluvión de demandas) restituirles un 3% y darles un monto equivalente a otro 6%, pero como préstamo. Manzur fue el primero en firmar, dejando a todos sus “compañeros” gobernadores a la intemperie. Por eso, hoy, Tucumán es el distrito más importante en manos del Frente para la Victoria, y sin embargo es un convidado de piedra en el PJ, ese partido que una vez al año celebra el Día de la Lealtad.

Valores desvalidos

Las palabras hacen. Y con las palabras se hace. Una persona no se casa hasta que dice “sí, acepto”; y un funcionario no asume hasta que dice “sí, juro”.

Con la palabra democrática ocurre otro tanto. Respecto de lo que se hace con ella, y también de lo que no se hace. La reforma constitucional que se consagró en 2006 modificó el Preámbulo de la Carta Magna tucumano y proclamó que “afianzar el federalismo” y “garantizar la autonomía municipal” son valores supremos en esta provincia. Sin embargo, el Presupuesto General de la Provincia para el año que viene será de $ 54.600 millones, mientras que el de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán alcanzará los $ 3.800 millones. Es decir, la administración de la ciudad donde vive la mitad de la población de la provincia dispone del 7% que el Gobierno provincial.

Como la palabra democrática dice “federalismo” y “autonomía municipal”, pero no las cumple, dos embestidas municipales se ciernen. La primera, ya explicitada por el intendente Germán Alfaro, es política. A partir del ya referido 6% de coparticipación federal que la Nación le “presta” a la Provincia (unos $ 1.300 millones), el jefe municipal quiere que la Casa de Gobierno le preste a la Capital, en las mismas condiciones, un porcentaje idéntico (unos $ 85 millones).

La segunda es el inminente planteo judicial por parte de la Municipalidad capitalina para que se le reconozca la autonomía financiera que la Constitución promete desde hace 10 años. La ora se debió a que el alperovichismo prefirió “decir” una cosa en la Ley Fundamental, y hacer otra en el manejo del Estado. Con el Pacto Social, a cambio del pago de los salarios, se quedó con la coparticipación de las municipalidades y las desfinanció hasta convertir a la mayoría de los intendentes en “delegados comunales VIP”.

Sólo es cuestión de días para que la intendencia formalice el vínculo para que el reconocido jurista cordobés Antonio María Hernández, ideólogo de la autonomía municipal incorporada a la Constitución Nacional durante la Convención Constituyente de 1994, quien abogado de la Municipalidad de La Rioja que el reconocimiento del derecho a la autonomía financiera en una sentencia de 2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El “Tuta” (como le llaman sus correligionarios) disertó el 21 de octubre pasado en la Municipalidad capitalina, justamente, sobre el “gravísimo” atraso de la autonomía municipal en esta provincia.

Los decidores

No da lo mismo que la palabra democrática sea incumplida. No da lo mismo que la Constitución establezca desde hace una década que debe haber voto electrónico y no lo haya; y que debe dictarse una Ley de Régimen Electoral y no exista. Tampoco que la oposición no logre reunirse para presentar una propuesta de reforma política alternativa al cualquiercosismo oficialista.

La palabra democrática no es un simple decir: crea democracia. La palabra democrática desvirtuada es, también, una democracia que pierde virtuosismo. Entonces, si la dirigencia no le tiene cariño a la democracia, que por lo menos le tenga respeto.

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