Por Roberto Delgado
05 Noviembre 2016
LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Accidentes y quemas de caña. Son dos circunstancias que caracterizan la zafra azucarera tucumana y que resbalan en la epidermis de los funcionarios, que intentan transmitir la ilusión de que la principal industria de la provincia va a mejorar con el aumento de corte de etanol anunciado al comienzo del año. Y al mismo tiempo se escapan por la tangente cuando hay que explicar, por un lado, por qué sucede lo que sucede con las quemas y los accidentes, y proponer, por otro, salidas a lo que parece un castigo sin fin en una industria centenaria hecha de pura precariedad.
La muerte del automovilista Ignacio Gaspar Herrera en la ruta 307, cerca de Acheral, el miércoles a la madrugada, es una muestra de esa precariedad. Desde un camino lateral entró un camión con acoplados a la ruta en plena oscuridad (era imposible ver el acoplado cruzado en la ruta: no tenía luces, señales ni tachas reflectivas). El Chrysler Neon de Herrera chocó sin frenar contra el carro y se incendió. Ocurrió el día en que la zafra empezaba a despedirse, con el anuncio del fin de la molienda del ingenio Marapa.
Ocurre siete meses después del comienzo de la actividad cañera (el 17 de mayo) y del anuncio de un programa de controles fijos y móviles de parte de la secretaría de Transporte con la Policía Vial para prevenir accidentes. En aquel momento, el secretario Benjamín Nieva advirtió que los transportes cañeros no podían circular después de las 23 por las rutas nacionales. En las provinciales no hay restricciones, sino consejos de policías a transportistas, automovilistas y sobre todo motociclistas de que “circulen con precaución”.
Siete de las ocho tragedias publicadas ocurrieron de noche o madrugada. Fallecieron cuatro motociclistas (Juan Ibarra, 22/7, en Arcadia; Mario Jaira el 6/8 y un conductor no identificado, 18/8, en Famaillá; y Diego González, 11/9, en Concepción); tres automovilistas (Fabio Graneros, 12/8, en Aguilares; Johana Paz, 28/8, en Monteros; e Ignacio Herrera) y un peatón, Oscar Ortiz, fue atropellado por un camión azucarero de día, el 12/9 en La Madrid).
Además hubo hechos por demás inquietantes. En el accidente del motociclista no identificado en Famaillá, su moto fue arrastrada 1.500 metros por uno de los carros que tiraba un tractor sin que el conductor se diera cuenta, y hubo otro motoccilista atropellado en ese accidente que quedó en grave estado. No se informó qué ocurrió después. Otro hecho inquietante: un tractorista que manejaba borracho tirando una rastra por la ruta 38 a la altura de Aguilares el 25/7, que se escapó de los policías y que los atacó a mordiscones cuando fue detenido. No pasó nada. Pero pudo haber pasado o tener otras consecuencias, como incontables accidentes en los que sólo resultan heridos. Así fue el choque del colectivo de Andesmar el 29/6 en la ruta 9, en Leales. Ayer hubo otro choque de dos motociclistas con una rastra cañera.
Los operativos de control, móviles y fijos (son 10 equipos en total) han sido insuficientes. En el medio de estos siete meses, apareció un equipo de la Agencia federal de Seguridad Vial que lanzó el 1/8 en Yerba Buena un programa de “movilidad segura” para tener rutas menos peligrosas. El director de campaña, Guillermo Lafferriere, dijo que se recogerán datos y estadísticas, se modificará la legislación, y se creará un observatorio de seguridad vial para conocer lugares y causas donde ocurren los siniestros. “Con esos datos, podremos planificar campañas de prevención, capacitaciones, controles y obras de infraestructura”, dijo la directora regional de la agencia nacional, Corina Pérez Antich.
Hasta tanto se lleve a cabo este anuncio optimista, con sólo comparar lo ocurrido este año con lo de los años anteriores, bien se podría hacer algo en los lugares donde son recurrentes las tragedias -Arcadia, Aguilares, Famaillá, Monteros y Leales-, sobre todo porque en febrero de este año el gobernador Juan Manzur declaró que los accidentes de tránsito son una epidemia.
Marcas negras en la ruta
El otro costado de la zafra son las quemas de caña. En el área de Medio Ambiente remarcan que este año hubo menos que en los anteriores. El Instituto del Clima y el Agua del INTA señala que han ido en descenso: desde el peor año, 2013, con 1.325 quemas, en 2014 hubo 735, en 2015, 519 y, para este año se cree que no serán más que el pasado. A fines de agosto el INTA contabilizaba 430. Pero luego vinieron fines de semana aciagos: la ruta 38 nueva aún tiene las marcas negras junto al acceso a Alberdi y en el tramo entre Famaillá y Monteros. Hubo días en que todo el sur tucumano desde Alberdi a Famaillá era una nube blanca. La directora de Fiscalización Sanitaria, Susana Meoni, dice que hay más quema de rastrojo que de caña y que su oficina hace infracciones y multas tanto de campos como de canchones de ingenios. Fiscalización Sanitaria tiene un solo vehículo para recorrer toda la provincia pero su principal problema no es la escasez de recursos y de personal, sino la maraña burocrática para establecer las multas: cuando se detecta una quema hay que ir a Catastro a pedir por nota el padrón, la matrícula y el nombre del dueño del terreno; de ahí, concurrir al Registro Inmobiliario, donde puede darse el caso de que el predio esté en sucesión o alquilado y a partir de entonces hay que notificar. El trámite puede llevar más de un año.
Una vez que queda firme la infracción, cuentan la directora y Florencia Sayago, asesora de Medio Ambiente, se encamina todo hacia Fiscalía de Estado, que debe establecer la multa y la forma de cobro (o pago). No se sabe si los infractores han pagado multas.
Sayago dice que hay un problema cultural -”no se puede fiscalizar a los 6.000 cañeros”- y que ellos apuestan al autocontrol. “Hay un programa con certificación de cosecha en verde, de buenas prácticas agrícolas, que evita multas. En dos años, tenemos 10.000 hectáreas certificadas”, dice Sayago. Y añade que tienen un equipo que hace talleres en escuelas para educación ambiental. Más allá no van: en Fiscalía de Estado terminan los papeles sancionatorios. “Falta un cambio de mentalidad de la sociedad. Que la comunidad se involucre”, dice Meoni.
Acciones sin efectos
Más extrema, pero igualmente frustrada, es la salida judicial. A pesar de que hay una resolución del Ministerio Fiscal del 11/9/14 para que los fiscales investiguen los casos de incendio por quema de caña, casi ninguno ha tomado cartas en el asunto. A pesar de que el jefe de la División Criminalística de la Regional Sur, Ramón Martínez, describió como las causas que tornan peligrosas las rutas “la presencia de las rastras cañeras, la quema de cañaverales y el incremento notable del uso de las motocicletas” (13/9). El fiscal V, Washington Navarro Dávila, envió a juicio por incendio intencional (art 186) al obrero del surco Oscar Lizárraga, acusado en 2013 de iniciar el fuego en un campo de Alderetes, y al cañero Adrián Mamaní, de Bella Vista, ese mismo año, por quemar su campo y poner en riesgo las casas de sus vecinos. En esa investigación, Navarro Dávila hizo algo llamativo: ordenó poner una guardia policial las 24 horas en el ingenio Bella Vista para anotar nombre del conductor de transporte de caña, procedencia de la caña, anotar si era quemada y también a quién pertenecía. Descubrió que el mismo ingenio hizo entrar 41 camiones con caña quemada de sus propios campos.
También descubrió que en la comisaría había libros de actas con hojas en blanco, que se supone eran para llenar con las denuncias de incendio de campos (la ley permite que si un productor denuncia que gente anónima le quemó el campo le pueden aceptar la caña quemada). ¿Qué ha ocurrido desde entonces? No se ha cambiado la ley, no se ha investigado a la comisaría de Bella Vista por esa irregularidad, pese a que se sospecha de que podría haber una industria de venta de certificados de denuncia de quema de campos, y nada ha hecho Medio Ambiente con esta idea de controlar en la boca de los ingenios el ingreso del material. Es que la ley no se lo permite. Y los fiscales sólo pueden actuar, como ocurrió en el caso contra Mamaní, con una denuncia penal de por medio. En estos casos hubo sanciones y multas. No se sabe si se cobraron (o pagaron). Navarro Dávila también dice que hay una “falta total de conciencia ciudadana. Y todo se diluye en el laberinto burocrático”.
La zafra 2016 llega a su fin. Se estima que la mayoría de los 14 ingenios van a terminar en estos días y que sólo dos o tres llegarían con la molienda hasta diciembre. Ya habrá poca quema y las lluvias apagarán las llamas. Pero la industria sigue actuando: el tractorista Enrique Soria, de Yerba Buena (cerca de Monteros), el 27 de julio de 2013 encendió las cañas de su campo junto a la ruta 325 y no pudo controlar el viento, que le quemó su propio tractor. Como un perro que se muerde la cola, fue el causante de su propio daño.
La muerte del automovilista Ignacio Gaspar Herrera en la ruta 307, cerca de Acheral, el miércoles a la madrugada, es una muestra de esa precariedad. Desde un camino lateral entró un camión con acoplados a la ruta en plena oscuridad (era imposible ver el acoplado cruzado en la ruta: no tenía luces, señales ni tachas reflectivas). El Chrysler Neon de Herrera chocó sin frenar contra el carro y se incendió. Ocurrió el día en que la zafra empezaba a despedirse, con el anuncio del fin de la molienda del ingenio Marapa.
Ocurre siete meses después del comienzo de la actividad cañera (el 17 de mayo) y del anuncio de un programa de controles fijos y móviles de parte de la secretaría de Transporte con la Policía Vial para prevenir accidentes. En aquel momento, el secretario Benjamín Nieva advirtió que los transportes cañeros no podían circular después de las 23 por las rutas nacionales. En las provinciales no hay restricciones, sino consejos de policías a transportistas, automovilistas y sobre todo motociclistas de que “circulen con precaución”.
Siete de las ocho tragedias publicadas ocurrieron de noche o madrugada. Fallecieron cuatro motociclistas (Juan Ibarra, 22/7, en Arcadia; Mario Jaira el 6/8 y un conductor no identificado, 18/8, en Famaillá; y Diego González, 11/9, en Concepción); tres automovilistas (Fabio Graneros, 12/8, en Aguilares; Johana Paz, 28/8, en Monteros; e Ignacio Herrera) y un peatón, Oscar Ortiz, fue atropellado por un camión azucarero de día, el 12/9 en La Madrid).
Además hubo hechos por demás inquietantes. En el accidente del motociclista no identificado en Famaillá, su moto fue arrastrada 1.500 metros por uno de los carros que tiraba un tractor sin que el conductor se diera cuenta, y hubo otro motoccilista atropellado en ese accidente que quedó en grave estado. No se informó qué ocurrió después. Otro hecho inquietante: un tractorista que manejaba borracho tirando una rastra por la ruta 38 a la altura de Aguilares el 25/7, que se escapó de los policías y que los atacó a mordiscones cuando fue detenido. No pasó nada. Pero pudo haber pasado o tener otras consecuencias, como incontables accidentes en los que sólo resultan heridos. Así fue el choque del colectivo de Andesmar el 29/6 en la ruta 9, en Leales. Ayer hubo otro choque de dos motociclistas con una rastra cañera.
Los operativos de control, móviles y fijos (son 10 equipos en total) han sido insuficientes. En el medio de estos siete meses, apareció un equipo de la Agencia federal de Seguridad Vial que lanzó el 1/8 en Yerba Buena un programa de “movilidad segura” para tener rutas menos peligrosas. El director de campaña, Guillermo Lafferriere, dijo que se recogerán datos y estadísticas, se modificará la legislación, y se creará un observatorio de seguridad vial para conocer lugares y causas donde ocurren los siniestros. “Con esos datos, podremos planificar campañas de prevención, capacitaciones, controles y obras de infraestructura”, dijo la directora regional de la agencia nacional, Corina Pérez Antich.
Hasta tanto se lleve a cabo este anuncio optimista, con sólo comparar lo ocurrido este año con lo de los años anteriores, bien se podría hacer algo en los lugares donde son recurrentes las tragedias -Arcadia, Aguilares, Famaillá, Monteros y Leales-, sobre todo porque en febrero de este año el gobernador Juan Manzur declaró que los accidentes de tránsito son una epidemia.
Marcas negras en la ruta
El otro costado de la zafra son las quemas de caña. En el área de Medio Ambiente remarcan que este año hubo menos que en los anteriores. El Instituto del Clima y el Agua del INTA señala que han ido en descenso: desde el peor año, 2013, con 1.325 quemas, en 2014 hubo 735, en 2015, 519 y, para este año se cree que no serán más que el pasado. A fines de agosto el INTA contabilizaba 430. Pero luego vinieron fines de semana aciagos: la ruta 38 nueva aún tiene las marcas negras junto al acceso a Alberdi y en el tramo entre Famaillá y Monteros. Hubo días en que todo el sur tucumano desde Alberdi a Famaillá era una nube blanca. La directora de Fiscalización Sanitaria, Susana Meoni, dice que hay más quema de rastrojo que de caña y que su oficina hace infracciones y multas tanto de campos como de canchones de ingenios. Fiscalización Sanitaria tiene un solo vehículo para recorrer toda la provincia pero su principal problema no es la escasez de recursos y de personal, sino la maraña burocrática para establecer las multas: cuando se detecta una quema hay que ir a Catastro a pedir por nota el padrón, la matrícula y el nombre del dueño del terreno; de ahí, concurrir al Registro Inmobiliario, donde puede darse el caso de que el predio esté en sucesión o alquilado y a partir de entonces hay que notificar. El trámite puede llevar más de un año.
Una vez que queda firme la infracción, cuentan la directora y Florencia Sayago, asesora de Medio Ambiente, se encamina todo hacia Fiscalía de Estado, que debe establecer la multa y la forma de cobro (o pago). No se sabe si los infractores han pagado multas.
Sayago dice que hay un problema cultural -”no se puede fiscalizar a los 6.000 cañeros”- y que ellos apuestan al autocontrol. “Hay un programa con certificación de cosecha en verde, de buenas prácticas agrícolas, que evita multas. En dos años, tenemos 10.000 hectáreas certificadas”, dice Sayago. Y añade que tienen un equipo que hace talleres en escuelas para educación ambiental. Más allá no van: en Fiscalía de Estado terminan los papeles sancionatorios. “Falta un cambio de mentalidad de la sociedad. Que la comunidad se involucre”, dice Meoni.
Acciones sin efectos
Más extrema, pero igualmente frustrada, es la salida judicial. A pesar de que hay una resolución del Ministerio Fiscal del 11/9/14 para que los fiscales investiguen los casos de incendio por quema de caña, casi ninguno ha tomado cartas en el asunto. A pesar de que el jefe de la División Criminalística de la Regional Sur, Ramón Martínez, describió como las causas que tornan peligrosas las rutas “la presencia de las rastras cañeras, la quema de cañaverales y el incremento notable del uso de las motocicletas” (13/9). El fiscal V, Washington Navarro Dávila, envió a juicio por incendio intencional (art 186) al obrero del surco Oscar Lizárraga, acusado en 2013 de iniciar el fuego en un campo de Alderetes, y al cañero Adrián Mamaní, de Bella Vista, ese mismo año, por quemar su campo y poner en riesgo las casas de sus vecinos. En esa investigación, Navarro Dávila hizo algo llamativo: ordenó poner una guardia policial las 24 horas en el ingenio Bella Vista para anotar nombre del conductor de transporte de caña, procedencia de la caña, anotar si era quemada y también a quién pertenecía. Descubrió que el mismo ingenio hizo entrar 41 camiones con caña quemada de sus propios campos.
También descubrió que en la comisaría había libros de actas con hojas en blanco, que se supone eran para llenar con las denuncias de incendio de campos (la ley permite que si un productor denuncia que gente anónima le quemó el campo le pueden aceptar la caña quemada). ¿Qué ha ocurrido desde entonces? No se ha cambiado la ley, no se ha investigado a la comisaría de Bella Vista por esa irregularidad, pese a que se sospecha de que podría haber una industria de venta de certificados de denuncia de quema de campos, y nada ha hecho Medio Ambiente con esta idea de controlar en la boca de los ingenios el ingreso del material. Es que la ley no se lo permite. Y los fiscales sólo pueden actuar, como ocurrió en el caso contra Mamaní, con una denuncia penal de por medio. En estos casos hubo sanciones y multas. No se sabe si se cobraron (o pagaron). Navarro Dávila también dice que hay una “falta total de conciencia ciudadana. Y todo se diluye en el laberinto burocrático”.
La zafra 2016 llega a su fin. Se estima que la mayoría de los 14 ingenios van a terminar en estos días y que sólo dos o tres llegarían con la molienda hasta diciembre. Ya habrá poca quema y las lluvias apagarán las llamas. Pero la industria sigue actuando: el tractorista Enrique Soria, de Yerba Buena (cerca de Monteros), el 27 de julio de 2013 encendió las cañas de su campo junto a la ruta 325 y no pudo controlar el viento, que le quemó su propio tractor. Como un perro que se muerde la cola, fue el causante de su propio daño.
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