03 Noviembre 2016
Una serie de 3.000 documentos de la Iglesia Católica que datan de la Dictadura (1976-7983) y que fueron desclasificados recientemente serán parte de la prueba de la megacausa por delitos de lesa humanidad “Operativo Independencia”.
Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) decidieron hacer lugar a un pedido de la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que integran los abogados Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, y que contó con la adhesión de la Fiscalía, representada por Pablo Camuña y los ad hoc Julia Vitar y Agustín Chit. La Defensa se opuso a la incorporación.
Cartas y respuestas
“El Tribunal considera que se trata de prueba nueva. En consecuencia, se oficiará para que mediante el procedimiento adecuado se pueda contar con ella, sin perjuicio de que solo podrá invocarse para su valoración aquella que tenga vinculación con los casos aquí debatidos”, consigna la resolución de Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.
Lobo Bugeau subrayó el valor que podría tener la documentación. “En su mayoría son cartas de familiares de desaparecidos y algunas tienen respuestas, según informó el parte de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA). Creemos que este gesto de digitalizar archivos de la época es de importancia por el universo de 271 víctimas de esta causa”, consignó. El fiscal Camuña expresó que se sumaría al pedido. Añadió que en varios de los casos se consignan las gestiones que familiares hicieron ante la Iglesia para conocer el paradero de sus desaparecidos.
“Es información sistematizada y brindada por la institución que resulta útil para la investigación, porque hasta ahora era desconocida”, argumentó. El defensor oficial Adolfo Bertini -el Ministerio Público de la Defensa representa a 14 de los 19 imputados- rechazó la inclusión. “A primera vista sería nueva prueba pero hay cuestiones que hacen que no pueda ser encuadrada así. Hay cartas de familiares a algunas instituciones de la Iglesia. Está en el expediente, no es nuevo, podía obtenerse con una investigación penal preparatoria. No hubo un direccionamiento en la investigación, ni de las querellas ni de la Fiscalía, en ese sentido. No se ha demostrado tampoco la pertinencia de esa prueba para estos casos. Además, en este juicio no hay personas acusadas que estén vinculadas con la Iglesia”, argumentó. Bertini actúa junto con los letrados Vanessa Lucero y Martín Galliano.
El juicio- el doceavo de derechos humanos- aborda delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 en perjuicio de 271 víctimas. Es el mayor proceso oral que se celebra en el TOF local, en cuanto al número de afectados. La particularidad del caso es que es el primero en Tucumán en el que se debaten hechos sucedidos durante un Gobierno constitucional, el de la entonces presidenta Estela Martínez de Perón. Hoy se desarrollará la audiencia número 39, durante la mañana y la tarde en la sala de Crisóstomo y Chacabuco. Una veintena de testigos está citada Para ingresar como público sólo hay que llevar el DNI.
Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) decidieron hacer lugar a un pedido de la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que integran los abogados Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, y que contó con la adhesión de la Fiscalía, representada por Pablo Camuña y los ad hoc Julia Vitar y Agustín Chit. La Defensa se opuso a la incorporación.
Cartas y respuestas
“El Tribunal considera que se trata de prueba nueva. En consecuencia, se oficiará para que mediante el procedimiento adecuado se pueda contar con ella, sin perjuicio de que solo podrá invocarse para su valoración aquella que tenga vinculación con los casos aquí debatidos”, consigna la resolución de Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.
Lobo Bugeau subrayó el valor que podría tener la documentación. “En su mayoría son cartas de familiares de desaparecidos y algunas tienen respuestas, según informó el parte de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA). Creemos que este gesto de digitalizar archivos de la época es de importancia por el universo de 271 víctimas de esta causa”, consignó. El fiscal Camuña expresó que se sumaría al pedido. Añadió que en varios de los casos se consignan las gestiones que familiares hicieron ante la Iglesia para conocer el paradero de sus desaparecidos.
“Es información sistematizada y brindada por la institución que resulta útil para la investigación, porque hasta ahora era desconocida”, argumentó. El defensor oficial Adolfo Bertini -el Ministerio Público de la Defensa representa a 14 de los 19 imputados- rechazó la inclusión. “A primera vista sería nueva prueba pero hay cuestiones que hacen que no pueda ser encuadrada así. Hay cartas de familiares a algunas instituciones de la Iglesia. Está en el expediente, no es nuevo, podía obtenerse con una investigación penal preparatoria. No hubo un direccionamiento en la investigación, ni de las querellas ni de la Fiscalía, en ese sentido. No se ha demostrado tampoco la pertinencia de esa prueba para estos casos. Además, en este juicio no hay personas acusadas que estén vinculadas con la Iglesia”, argumentó. Bertini actúa junto con los letrados Vanessa Lucero y Martín Galliano.
El juicio- el doceavo de derechos humanos- aborda delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 en perjuicio de 271 víctimas. Es el mayor proceso oral que se celebra en el TOF local, en cuanto al número de afectados. La particularidad del caso es que es el primero en Tucumán en el que se debaten hechos sucedidos durante un Gobierno constitucional, el de la entonces presidenta Estela Martínez de Perón. Hoy se desarrollará la audiencia número 39, durante la mañana y la tarde en la sala de Crisóstomo y Chacabuco. Una veintena de testigos está citada Para ingresar como público sólo hay que llevar el DNI.
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