Por Juan Manuel Asis
30 Octubre 2016
Si después de conformar una comisión especial de magnitud, con 26 de los 49 legisladores -y un pequeño “olvido” en el medio-, la discusión sobre una reforma política queda reducida a un mero acople sí o acople no, se les estará faltando el respeto a los tucumanos. Lo electoral ocupa una porción significativa a contemplar, pero no es lo único; hay otros elementos para incorporar al debate que pueden convertir el resultado final en un aporte histórico a la institucionalidad de la provincia. O bien puede terminar en una burla a la ciudadanía, si es que el producto final queda reducido intereses particulares y sectoriales. El desafío de los parlamentarios es animarse a ofrecer a la sociedad una propuesta que cambie Tucumán para mejor. La reforma de la Constitución es una consecuencia factible más, ya que puede haber otras modificaciones colaterales, no sólo vinculadas a la legislación electoral, sino incluso referida a normas económicas relacionadas con la distribución de la coparticipación local. En este marco, sin embargo, llama la atención que desde antes de la puesta en marcha de la comisión aparecieron las observaciones y las chicanas. No es un buen presagio. Si hasta el número de integrantes para tranquilizar a la mayoría es insólito, ya que por un poco más se ponía a la Cámara en comisión para abordar la propuesta. Sí resulta más relevante preguntar quiénes quedaron afuera y no quiénes son los miembros que la constituyen.
La peor de todas
Como telón de fondo, y sirviendo de base a las futuras discusiones, aparecen los ecos de 2015 con toda su carga política negativa, ya que eso puso a Tucumán como ejemplo de lo que no debe pasar en una elección. No se llegó a esa instancia por un solo hecho, sino por una conjunción de sucesos y de errores conjuntos. La acumulación provocó el conflicto, la polémica y la necesidad de revisar qué se hizo mal para que a la provincia se la mire como a la peor de todas. A nivel nacional, más de un congresista evocó la elección tucumana para justificar la reforma electoral que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Si a ellos les sirvió para apuntalar modificaciones en la legislación nacional, cómo no imitarlos para que el trabajo definitivo demuestre que hay capacidad para revisar, enmendar errores, mejorar la calidad de las instituciones y devolverles credibilidad a la acción y a la clase política provincial. Aquellas medidas -que esperan la revisión del Senado- apuntan a las elecciones nacionales, las de 2017 y las de 2019, y contemplan el voto electrónico, la paridad de género, candidaturas únicas, votación en las PASO en una sola agrupación y elección de sólo el candidato a presidente por cada partido o alianza. Pero como estamos en la Argentina, el país de los especialistas en sembrar dudas y de no aportar certezas, ya comenzaron a circular por las redes sociales supuestos mecanismos para anular y falsear el destino del voto electrónico. A pensar en cómo evitar las trapisondas en defensa de la secreta opinión ciudadana.
Sentando las bases
El pasado nos grita que Tucumán fue epicentro de acontecimientos históricos con repercusión nacional y que aportó al país ciudadanos ilustres que definieron el curso de su historia, como Alberdi con sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”. No es que se vaya a esperar que 27 personas alteren el curso del devenir provincial desde una comisión multipartidaria, pero como estamos en el año del Bicentenario, una mínima inspiración alberdiana podría sobrevenir para que la inteligencia política se ponga al servicio del bienestar ciudadano y de la calidad institucional. Las propuestas que emerjan de la reflexión legislativa pueden servir para reivindicar a la política a partir de una reforma más que integral que, más allá de acople sí o no, contemple mecanismos alternativos para garantizar una mayor representatividad de los elegidos del pueblo.
Esto implica no sólo limitar el pensamiento al cuarto oscuro; sino ir un poco más allá y abrir la cabeza, pensar en el funcionamiento de los partidos políticos, en la representación territorial -hoy organizada en secciones y circuitos electorales-, en la posible desaparición de comunas rurales, en un nuevo sistema de reparto de fondos coparticipables, en la efectividad de la aplicación de la normativa de igualdad de género cuando se armen las boletas, y hasta en una posible PASO provincial. Ya veremos esto más en detalle. Incluso hasta debatir sobre la conveniencia o no de la reelección indefinida de los legisladores y de las autoridades del Poder Ejecutivo. Y, claro está, con todo esto y más, en retocar la Carta Magna, por tercera vez en menos de 30 años. Pero, paso a paso.
Olvido trascendente
La semana que viene se reglamentará el funcionamiento de la comisión de reforma política y luego se definirá la temática a abordar. En los últimos días, a la agenda pública la dominó la pelea por la integración del cuerpo. Tanto discutieron, tanto se diferenciaron y luego acordaron que, finalmente, todos incurrieron en un pequeño pero trascendente olvido: no consideraron la incorporación del acople “Tucumán Innovador” en el primer decreto de conformación de la comisión. Allí se mencionaba a Jaldo como cabeza y a 20 legisladores, ninguno de aquella lista. Ni siquiera se deslizó su aporte cuando se decidió el ingreso masivo para calmar ansiedades. Justo el acople de los “mellizos” Orellana, que tiene tres representantes en la Cámara: Juan Enrique Orellana, Sandra Mariela Mendoza y Joseph Tanios Saleme, todos electos por la sección oeste. ¿Qué pasó?
Si la comisión queda compuesta por 27 integrantes: con Jaldo presidiéndola más 13 legisladores del bloque oficialista “Tucumán Crece” y otros 13 opositores (uno del PRO, uno de FR, uno del bloque Arturo Illia, uno por Dignidad y Trabajo, uno por el PROA, tres de la UCR y cuatro del Peronismo del Bicentenario); el voto que desempatará en alguna eventualidad será siempre el vicegobernador. Pero si se añade al acople de los Orellana, el cantar será otro; será el número 14. ¿Error involuntario, picardía u olvido? La semana que viene se integrará la comisión con un nuevo decreto, respetando la nueva resolución de la Legislatura. Ahí se verá qué pasó realmente y si se subsana el traspié. El diputado nacional Enrique Orellana señaló que pudo haber sido un error político o un olvido malintencionado, pero desde sus mismas filas -por no decir desde su misma familia- se advirtió a este columnista que sí estarán en la nómina finalmente. Las desprolijidades por ahora van dibujando el camino.
Arrojando temas
Más allá de este “detalle de color”, se pueden ir arrojando a una hipotética mesa de debate las posibles cuestiones que podrían formar parte de una agenda de trabajo para una reforma política integral. Por ejemplo, se pueden mencionar aspectos relacionados con la organización territorial, es decir pensar en un posible nuevo mapa político y un nuevo modelo de representación política. Para eso se puede desempolvar un viejo trabajo del Ejecutivo de 1994, cuyas copias se pueden encontrar en algunas oficinas de la Legislatura y del Palacio Gubernamental y que alude a la “municipalización” del territorio tucumano. Implica la eliminación de la mayoría de las delegaciones rurales y su integración en nuevas estructuras municipales. El posible rediseño derivaría en más intendentes, más concejos deliberantes, en la redefinición de las categorías de las intendencias y, consecuentemente, en una nueva redistribución política de los recursos públicos. O sea, nuevos índices de coparticipación secundaria. ¿Es factible? La propuesta está, y desde Buenos Aires llegan olas: 16.000 vecinos del municipio de Almirante Brown suscribieron un planteo para constituir un nuevo distrito con las localidades de Glew, Longchamps y Ministro Rivadavia.
Con este nuevo dibujo político -por efecto de la municipalización-, o eventualmente sin él; también puede pensarse en modificar las secciones electorales, que actualmente son tres: capital, este y oeste. Llevarlas a cinco o más, si es que la medida es acompañada con un sistema electoral que garantice una mayor representatividad de la dirigencia elegida (“la representación política tiene por base la población y, con arreglo a ella, se ejercerá el derecho electoral”, dice la Constitución en el primer inciso del artículo 43). La Provincia ya estuvo dividida en cinco secciones -antes de los 90- y tuvo un sistema de representación departamental; el que podría reflotarse con aquella probable municipalización. Estos aspectos, sin entrar a considerar el régimen electoral, ya llevaría a reformar la Carta Magna, ya que el inciso 9 del artículo 43 establece las tres secciones electorales y los departamentos que integran cada una. “Los límites territoriales de cada uno de los 17 departamentos mencionados serán los que les correspondían al día 6 de septiembre de 1987”, añade. Los límites de hace 29 años, del siglo pasado.
Mayoría de “acoplistas”
El sistema de “acople” será, pese a todo, la vedette de la discusión de la comisión. ¿Opciones? Modificarlo o eliminarlo, e inventar otro régimen electoral. Son las alternativas. Los “acoplistas” son mayoría en la comisión especial, son hijos del mecanismo que vino a destruir a los partidos políticos, por lo tanto les va a costar renegar del esquema que los parió y que los depositó en la Legislatura. Acotar los efectos “negativos”, por así decirlo, implica detenerse en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (5.454) e introducirle algunos cambios que tengan consecuencias “positivas” sobre el sistema de acople. Por ejemplo, establecer requisitos y condiciones más rígidas nuevas para el otorgamiento de las personerías jurídicas, tendiendo al fortalecimiento de las organizaciones partidarias. Hoy sólo sirven para que sus siglas se usen en una boleta electoral cada cuatro años. Alquiladas o compradas. La vida interna no existe en esas estructuras básicas. Recuperar ese funcionamiento revalorizaría esta institución democrática.
Por ahí se mencionó la posibilidad de acotar los acoples a un partido o una alianza, pero esto podría objetarse por inconstitucional. Una vía para acotarla puede ser la aplicación de PASO provinciales; con el requisito de un piso porcentual razonable para poder sortearla. Ese porcentual podría ordenar la oferta electoral. Un trabajo interno de la secretaría de Gobierno (“Informes y propuestas para una reforma política 2016”) indica que en 2015 de las 94 listas que se presentaron a competir por bancas legislativas sólo 20 superaron el piso del 3% del padrón de la sección electoral: seis de 48 en la Capital; seis de 20 en el este y ocho de 26 en el oeste. De 57 partidos provinciales que se presentaron a competir sólo seis (6) superaron el 3% del padrón electoral provincial. Imaginen unas PASO que establezca ese porcentual como piso (3%) para llegar a la gran final. Sería un gran colador, pero su sola implementación obligaría a realizar alianzas entre varias organizaciones; lo que disminuiría y ordenaría la oferta electoral. Además, se podría establecer una ley que determine que si en dos elecciones consecutivas no se supera el piso del 3% en las PASO el partido caduca. Una especie de sistema de “limpieza” del padrón de partidos políticos, que el año próximo puede incluir a 1.000 en Tucumán. Inaudito.
Gran reto
La ley de igualdad de género, para un reparto de 50% de los cargos entre varones y mujeres es otro aspecto a considerar en la reforma política, con el agregado “femenino” de que candidatura o banca conseguida que quede vacante se cubra con una persona del mismo género. Adiós a los corrimientos de lista por renuncia como en la actualidad. En el tintero quedan otros muchos aspectos a considerar para una reforma que sea histórica, tales como la eliminación o no de la Junta Electoral, la creación de un juzgado especial con competencia electoral, una nueva ley de partidos políticos, la implementación del voto electrónico y hasta la reelección indefinida. Son tantos posibles aspectos a tener en cuenta que el reto de los encargados de abocarse a la reforma política es significativo. De ellos dependerá el resultado final sea un punto de inflexión en la provincia y repercuta en la calidad institucional. Un espejo donde el resto del país pueda mirarse. Es una reivindicación que la clase política está obligada a conseguir.
La peor de todas
Como telón de fondo, y sirviendo de base a las futuras discusiones, aparecen los ecos de 2015 con toda su carga política negativa, ya que eso puso a Tucumán como ejemplo de lo que no debe pasar en una elección. No se llegó a esa instancia por un solo hecho, sino por una conjunción de sucesos y de errores conjuntos. La acumulación provocó el conflicto, la polémica y la necesidad de revisar qué se hizo mal para que a la provincia se la mire como a la peor de todas. A nivel nacional, más de un congresista evocó la elección tucumana para justificar la reforma electoral que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Si a ellos les sirvió para apuntalar modificaciones en la legislación nacional, cómo no imitarlos para que el trabajo definitivo demuestre que hay capacidad para revisar, enmendar errores, mejorar la calidad de las instituciones y devolverles credibilidad a la acción y a la clase política provincial. Aquellas medidas -que esperan la revisión del Senado- apuntan a las elecciones nacionales, las de 2017 y las de 2019, y contemplan el voto electrónico, la paridad de género, candidaturas únicas, votación en las PASO en una sola agrupación y elección de sólo el candidato a presidente por cada partido o alianza. Pero como estamos en la Argentina, el país de los especialistas en sembrar dudas y de no aportar certezas, ya comenzaron a circular por las redes sociales supuestos mecanismos para anular y falsear el destino del voto electrónico. A pensar en cómo evitar las trapisondas en defensa de la secreta opinión ciudadana.
Sentando las bases
El pasado nos grita que Tucumán fue epicentro de acontecimientos históricos con repercusión nacional y que aportó al país ciudadanos ilustres que definieron el curso de su historia, como Alberdi con sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”. No es que se vaya a esperar que 27 personas alteren el curso del devenir provincial desde una comisión multipartidaria, pero como estamos en el año del Bicentenario, una mínima inspiración alberdiana podría sobrevenir para que la inteligencia política se ponga al servicio del bienestar ciudadano y de la calidad institucional. Las propuestas que emerjan de la reflexión legislativa pueden servir para reivindicar a la política a partir de una reforma más que integral que, más allá de acople sí o no, contemple mecanismos alternativos para garantizar una mayor representatividad de los elegidos del pueblo.
Esto implica no sólo limitar el pensamiento al cuarto oscuro; sino ir un poco más allá y abrir la cabeza, pensar en el funcionamiento de los partidos políticos, en la representación territorial -hoy organizada en secciones y circuitos electorales-, en la posible desaparición de comunas rurales, en un nuevo sistema de reparto de fondos coparticipables, en la efectividad de la aplicación de la normativa de igualdad de género cuando se armen las boletas, y hasta en una posible PASO provincial. Ya veremos esto más en detalle. Incluso hasta debatir sobre la conveniencia o no de la reelección indefinida de los legisladores y de las autoridades del Poder Ejecutivo. Y, claro está, con todo esto y más, en retocar la Carta Magna, por tercera vez en menos de 30 años. Pero, paso a paso.
Olvido trascendente
La semana que viene se reglamentará el funcionamiento de la comisión de reforma política y luego se definirá la temática a abordar. En los últimos días, a la agenda pública la dominó la pelea por la integración del cuerpo. Tanto discutieron, tanto se diferenciaron y luego acordaron que, finalmente, todos incurrieron en un pequeño pero trascendente olvido: no consideraron la incorporación del acople “Tucumán Innovador” en el primer decreto de conformación de la comisión. Allí se mencionaba a Jaldo como cabeza y a 20 legisladores, ninguno de aquella lista. Ni siquiera se deslizó su aporte cuando se decidió el ingreso masivo para calmar ansiedades. Justo el acople de los “mellizos” Orellana, que tiene tres representantes en la Cámara: Juan Enrique Orellana, Sandra Mariela Mendoza y Joseph Tanios Saleme, todos electos por la sección oeste. ¿Qué pasó?
Si la comisión queda compuesta por 27 integrantes: con Jaldo presidiéndola más 13 legisladores del bloque oficialista “Tucumán Crece” y otros 13 opositores (uno del PRO, uno de FR, uno del bloque Arturo Illia, uno por Dignidad y Trabajo, uno por el PROA, tres de la UCR y cuatro del Peronismo del Bicentenario); el voto que desempatará en alguna eventualidad será siempre el vicegobernador. Pero si se añade al acople de los Orellana, el cantar será otro; será el número 14. ¿Error involuntario, picardía u olvido? La semana que viene se integrará la comisión con un nuevo decreto, respetando la nueva resolución de la Legislatura. Ahí se verá qué pasó realmente y si se subsana el traspié. El diputado nacional Enrique Orellana señaló que pudo haber sido un error político o un olvido malintencionado, pero desde sus mismas filas -por no decir desde su misma familia- se advirtió a este columnista que sí estarán en la nómina finalmente. Las desprolijidades por ahora van dibujando el camino.
Arrojando temas
Más allá de este “detalle de color”, se pueden ir arrojando a una hipotética mesa de debate las posibles cuestiones que podrían formar parte de una agenda de trabajo para una reforma política integral. Por ejemplo, se pueden mencionar aspectos relacionados con la organización territorial, es decir pensar en un posible nuevo mapa político y un nuevo modelo de representación política. Para eso se puede desempolvar un viejo trabajo del Ejecutivo de 1994, cuyas copias se pueden encontrar en algunas oficinas de la Legislatura y del Palacio Gubernamental y que alude a la “municipalización” del territorio tucumano. Implica la eliminación de la mayoría de las delegaciones rurales y su integración en nuevas estructuras municipales. El posible rediseño derivaría en más intendentes, más concejos deliberantes, en la redefinición de las categorías de las intendencias y, consecuentemente, en una nueva redistribución política de los recursos públicos. O sea, nuevos índices de coparticipación secundaria. ¿Es factible? La propuesta está, y desde Buenos Aires llegan olas: 16.000 vecinos del municipio de Almirante Brown suscribieron un planteo para constituir un nuevo distrito con las localidades de Glew, Longchamps y Ministro Rivadavia.
Con este nuevo dibujo político -por efecto de la municipalización-, o eventualmente sin él; también puede pensarse en modificar las secciones electorales, que actualmente son tres: capital, este y oeste. Llevarlas a cinco o más, si es que la medida es acompañada con un sistema electoral que garantice una mayor representatividad de la dirigencia elegida (“la representación política tiene por base la población y, con arreglo a ella, se ejercerá el derecho electoral”, dice la Constitución en el primer inciso del artículo 43). La Provincia ya estuvo dividida en cinco secciones -antes de los 90- y tuvo un sistema de representación departamental; el que podría reflotarse con aquella probable municipalización. Estos aspectos, sin entrar a considerar el régimen electoral, ya llevaría a reformar la Carta Magna, ya que el inciso 9 del artículo 43 establece las tres secciones electorales y los departamentos que integran cada una. “Los límites territoriales de cada uno de los 17 departamentos mencionados serán los que les correspondían al día 6 de septiembre de 1987”, añade. Los límites de hace 29 años, del siglo pasado.
Mayoría de “acoplistas”
El sistema de “acople” será, pese a todo, la vedette de la discusión de la comisión. ¿Opciones? Modificarlo o eliminarlo, e inventar otro régimen electoral. Son las alternativas. Los “acoplistas” son mayoría en la comisión especial, son hijos del mecanismo que vino a destruir a los partidos políticos, por lo tanto les va a costar renegar del esquema que los parió y que los depositó en la Legislatura. Acotar los efectos “negativos”, por así decirlo, implica detenerse en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (5.454) e introducirle algunos cambios que tengan consecuencias “positivas” sobre el sistema de acople. Por ejemplo, establecer requisitos y condiciones más rígidas nuevas para el otorgamiento de las personerías jurídicas, tendiendo al fortalecimiento de las organizaciones partidarias. Hoy sólo sirven para que sus siglas se usen en una boleta electoral cada cuatro años. Alquiladas o compradas. La vida interna no existe en esas estructuras básicas. Recuperar ese funcionamiento revalorizaría esta institución democrática.
Por ahí se mencionó la posibilidad de acotar los acoples a un partido o una alianza, pero esto podría objetarse por inconstitucional. Una vía para acotarla puede ser la aplicación de PASO provinciales; con el requisito de un piso porcentual razonable para poder sortearla. Ese porcentual podría ordenar la oferta electoral. Un trabajo interno de la secretaría de Gobierno (“Informes y propuestas para una reforma política 2016”) indica que en 2015 de las 94 listas que se presentaron a competir por bancas legislativas sólo 20 superaron el piso del 3% del padrón de la sección electoral: seis de 48 en la Capital; seis de 20 en el este y ocho de 26 en el oeste. De 57 partidos provinciales que se presentaron a competir sólo seis (6) superaron el 3% del padrón electoral provincial. Imaginen unas PASO que establezca ese porcentual como piso (3%) para llegar a la gran final. Sería un gran colador, pero su sola implementación obligaría a realizar alianzas entre varias organizaciones; lo que disminuiría y ordenaría la oferta electoral. Además, se podría establecer una ley que determine que si en dos elecciones consecutivas no se supera el piso del 3% en las PASO el partido caduca. Una especie de sistema de “limpieza” del padrón de partidos políticos, que el año próximo puede incluir a 1.000 en Tucumán. Inaudito.
Gran reto
La ley de igualdad de género, para un reparto de 50% de los cargos entre varones y mujeres es otro aspecto a considerar en la reforma política, con el agregado “femenino” de que candidatura o banca conseguida que quede vacante se cubra con una persona del mismo género. Adiós a los corrimientos de lista por renuncia como en la actualidad. En el tintero quedan otros muchos aspectos a considerar para una reforma que sea histórica, tales como la eliminación o no de la Junta Electoral, la creación de un juzgado especial con competencia electoral, una nueva ley de partidos políticos, la implementación del voto electrónico y hasta la reelección indefinida. Son tantos posibles aspectos a tener en cuenta que el reto de los encargados de abocarse a la reforma política es significativo. De ellos dependerá el resultado final sea un punto de inflexión en la provincia y repercuta en la calidad institucional. Un espejo donde el resto del país pueda mirarse. Es una reivindicación que la clase política está obligada a conseguir.
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