Por LA GACETA
27 Octubre 2016
Dirigir, limitar o suspender una autoridad el libre ejercicio de actividades o funciones es la definición de intervenir, que se convirtió en uno de los verbos predilectos de los sectores cívicos militares que apoyaron los golpes de Estado y de las dictaduras que padecimos los argentinos durante siglo XX. No solamente las provincias eran intervenidas, sino también los Poderes republicanos y las instituciones públicas. Las intervenciones también sucedieron en tiempos democráticos, aunque en forma más aislada, pero en Tucumán varias no han logrado despertar de una larga siesta.
En 2012, un legislador había presentado un proyecto de ley por el que solicitaba la regularización de los cinco entes autárquicos intervenidos: el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), el Subsidio de Salud, la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Como la iniciativa no fue considerada, el legislador concurrió en 2015 a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El abogado de la Fiscalía de Estado dijo en su descargo que el Poder Ejecutivo no realizó un uso “excesivo e irracional” de la figura de la intervención, a pesar de que el Ipvdu y el Subsidio llevan 25 años bajo esa modalidad de administración, y el IPLA, 16. “La revisión judicial de los actos dictados por el PE y sus entes subordinados sólo procederá cuando haya existido alguna violación normativa que ubique tales efectos fuera de lo establecido en el ordenamiento jurídico... la intervención del IPLA, del Ipvdu y del IPSS (Subsidio de Salud) constituye no sólo una potestad del PE, sino que ella se encuentra dentro de los límites de lo que en doctrina se denomina la ‘zona de reserva de la administración’, ajena a la potestad jurisdiccional del Poder Judicial”.
Las autoridades del Subsidio de Salud fueron suspendidas en 1990. El decreto 1.217 prescribía que en seis meses debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El Ipacym permanece intervenido desde 1998. El Ipvdu se halla en la misma situación desde 1991. El IPLA, nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, se halla intervenido. En 2007, la Legislatura sancionó una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el entonces gobernador Alperovich la vetó.
Cuando asumió, el actual mandatario dijo que estaba en condiciones de avanzar en el normal funcionamiento de todos los organismos dependientes del PE y que impulsaría la designación de las autoridades acordes con las cartas orgánicas vigentes. En diciembre pasado, el ministro de Gobierno anunció que el Ejecutivo había incluido en su agenda la normalización de estos organismos: “siempre creí que había que normalizar los organismos, aunque a su debido tiempo. No puedo opinar por los que sostuvieron las intervenciones, hablo de aquí para adelante”.
Las intervenciones le permiten al Ejecutivo manejar a su antojo estos organismos. Es como si la autoridad de los progenitores de una familia fuera suprimida por un gobernante y este se ocupara de administrar eternamente su patrimonio, según su parecer y sus intereses. Si una entidad lleva 25 años intervenida, negar que esta modalidad es excesiva e irracional, implica una ofensa contra las instituciones autárquicas del Estado, a la sociedad y un agravio a la democracia.
En 2012, un legislador había presentado un proyecto de ley por el que solicitaba la regularización de los cinco entes autárquicos intervenidos: el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), el Subsidio de Salud, la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Como la iniciativa no fue considerada, el legislador concurrió en 2015 a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El abogado de la Fiscalía de Estado dijo en su descargo que el Poder Ejecutivo no realizó un uso “excesivo e irracional” de la figura de la intervención, a pesar de que el Ipvdu y el Subsidio llevan 25 años bajo esa modalidad de administración, y el IPLA, 16. “La revisión judicial de los actos dictados por el PE y sus entes subordinados sólo procederá cuando haya existido alguna violación normativa que ubique tales efectos fuera de lo establecido en el ordenamiento jurídico... la intervención del IPLA, del Ipvdu y del IPSS (Subsidio de Salud) constituye no sólo una potestad del PE, sino que ella se encuentra dentro de los límites de lo que en doctrina se denomina la ‘zona de reserva de la administración’, ajena a la potestad jurisdiccional del Poder Judicial”.
Las autoridades del Subsidio de Salud fueron suspendidas en 1990. El decreto 1.217 prescribía que en seis meses debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El Ipacym permanece intervenido desde 1998. El Ipvdu se halla en la misma situación desde 1991. El IPLA, nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, se halla intervenido. En 2007, la Legislatura sancionó una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el entonces gobernador Alperovich la vetó.
Cuando asumió, el actual mandatario dijo que estaba en condiciones de avanzar en el normal funcionamiento de todos los organismos dependientes del PE y que impulsaría la designación de las autoridades acordes con las cartas orgánicas vigentes. En diciembre pasado, el ministro de Gobierno anunció que el Ejecutivo había incluido en su agenda la normalización de estos organismos: “siempre creí que había que normalizar los organismos, aunque a su debido tiempo. No puedo opinar por los que sostuvieron las intervenciones, hablo de aquí para adelante”.
Las intervenciones le permiten al Ejecutivo manejar a su antojo estos organismos. Es como si la autoridad de los progenitores de una familia fuera suprimida por un gobernante y este se ocupara de administrar eternamente su patrimonio, según su parecer y sus intereses. Si una entidad lleva 25 años intervenida, negar que esta modalidad es excesiva e irracional, implica una ofensa contra las instituciones autárquicas del Estado, a la sociedad y un agravio a la democracia.
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