25 Octubre 2016
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) consideró que el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que debate el Congreso puede “atentar” contra la independencia que la Constitución Nacional garantiza a las fiscales.
“Los fundamentos de la iniciativa legislativa parecen reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la Procuradora General de la Nación, que deberían ser planteadas, analizadas, juzgadas y resueltas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario”, consideró la entidades que, ademas de jueces y funcionarios judiciales, nuclea a los fiscales.
La organización, que encabeza el camarista Ricardo Recondo, “manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, pueda atentar contra la independencia que garantiza a esa institución el artículo 120 de la Constitución”, dice la Amfjn.
“Por esta razón exhorta a los legisladores a que obren con la mayor prudencia a la hora de decidir la participación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación en las decisiones de gobierno del organismo”, agrega.
La declaración se hace eco del malestar que el proyecto acordado entre el oficialismo y el massismo en la Cámara Baja provocó entre los fiscales, que pasarán a depender de una comisión parlamentaria de seguimiento cuyos miembros serían designados entre los bloques que acordaron su pronto tratamiento.
El objetivo manifiesto de la reforma es desplazar a la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cuyo mandato es hoy vitalicio como el de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y pasaría a ser de cuatro años. Gils Carbó es acusada por el macrismo y el Frente Renovador de designar a fiscales favorables al anterior gobierno, que por el nuevo régimen serían despromovidos.
Para ello la norma que se debatirá en Diputados prevé mecanismos para desplazar a titulares de la unidades fiscales o Procuradurías que no reunían cinco años como fiscales generales cuando fueron designados, así como el desplazamiento a su lugar de origen de fiscales relocalizados en los últimos cinco años, durante la gestión de la procuradora (jefe de los fiscales) Gils Carbó.
Esa reforma implicaría del anulación de las designaciones de unos 35 fiscales con base en los tribunales federales de Comodoro Py, según cálculos que se manejan informalmente.
Dos organismos de familiares de víctimas y sobrevivientes del atentado a la Amia, Apemia y 18J, así como una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos, también criticaron el proyecto por entender que busca desplazar de la UFI a los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salún y Leonardo Fillipini, que reemplazaron al fallecido Alberto Nísman.
A su vez, las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron por la permanencia en su cargo del titular de la fiscalía especializada en el robo de bebes durante la última dictadura, Pablo Parenti, a quien elogiaron por los avances promovidos en ese aspecto.
También la diputada nacional Elisa Carrió planteó observaciones al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, con las que dejará en claro la posición de la Coalición Pública contraria al contenido de esa iniciativa, que considera “inconstitucional”.
“El mecanismo institucional para una remoción en el caso de la Procuración General de la Nación es la destitución por delitos cometidos en ejercicio de la función pública, y no un acuerdo corporativo, y la redacción de una ley inconstitucional”, plantea Carrió.
La diputada de la Coalición Cívica y referente de la alianza oficialista Cambiemos, indica que, a criterio de su bloque, el mandato al frente de la Procuración General de la Nación debe ser de 10 años y no de cinco como está establecido en el dictamen de mayoría.
“De esa forma, el mandato del jefe o jefa de los fiscales superaría el período de un gobierno, dado que, caso contrario, la norma resultaría inconstitucional por la injerencia del Ejecutivo en la designación de quien ocupe ese puesto”, advirtieron desde la CC.
“Los fundamentos de la iniciativa legislativa parecen reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la Procuradora General de la Nación, que deberían ser planteadas, analizadas, juzgadas y resueltas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario”, consideró la entidades que, ademas de jueces y funcionarios judiciales, nuclea a los fiscales.
La organización, que encabeza el camarista Ricardo Recondo, “manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, pueda atentar contra la independencia que garantiza a esa institución el artículo 120 de la Constitución”, dice la Amfjn.
“Por esta razón exhorta a los legisladores a que obren con la mayor prudencia a la hora de decidir la participación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación en las decisiones de gobierno del organismo”, agrega.
La declaración se hace eco del malestar que el proyecto acordado entre el oficialismo y el massismo en la Cámara Baja provocó entre los fiscales, que pasarán a depender de una comisión parlamentaria de seguimiento cuyos miembros serían designados entre los bloques que acordaron su pronto tratamiento.
El objetivo manifiesto de la reforma es desplazar a la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cuyo mandato es hoy vitalicio como el de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y pasaría a ser de cuatro años. Gils Carbó es acusada por el macrismo y el Frente Renovador de designar a fiscales favorables al anterior gobierno, que por el nuevo régimen serían despromovidos.
Para ello la norma que se debatirá en Diputados prevé mecanismos para desplazar a titulares de la unidades fiscales o Procuradurías que no reunían cinco años como fiscales generales cuando fueron designados, así como el desplazamiento a su lugar de origen de fiscales relocalizados en los últimos cinco años, durante la gestión de la procuradora (jefe de los fiscales) Gils Carbó.
Esa reforma implicaría del anulación de las designaciones de unos 35 fiscales con base en los tribunales federales de Comodoro Py, según cálculos que se manejan informalmente.
Dos organismos de familiares de víctimas y sobrevivientes del atentado a la Amia, Apemia y 18J, así como una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos, también criticaron el proyecto por entender que busca desplazar de la UFI a los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salún y Leonardo Fillipini, que reemplazaron al fallecido Alberto Nísman.
A su vez, las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron por la permanencia en su cargo del titular de la fiscalía especializada en el robo de bebes durante la última dictadura, Pablo Parenti, a quien elogiaron por los avances promovidos en ese aspecto.
También la diputada nacional Elisa Carrió planteó observaciones al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, con las que dejará en claro la posición de la Coalición Pública contraria al contenido de esa iniciativa, que considera “inconstitucional”.
“El mecanismo institucional para una remoción en el caso de la Procuración General de la Nación es la destitución por delitos cometidos en ejercicio de la función pública, y no un acuerdo corporativo, y la redacción de una ley inconstitucional”, plantea Carrió.
La diputada de la Coalición Cívica y referente de la alianza oficialista Cambiemos, indica que, a criterio de su bloque, el mandato al frente de la Procuración General de la Nación debe ser de 10 años y no de cinco como está establecido en el dictamen de mayoría.
“De esa forma, el mandato del jefe o jefa de los fiscales superaría el período de un gobierno, dado que, caso contrario, la norma resultaría inconstitucional por la injerencia del Ejecutivo en la designación de quien ocupe ese puesto”, advirtieron desde la CC.
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