La discriminación contra los no videntes

La discriminación contra los no videntes

Muchas veces se la practica en forma deliberada, con la intención de hacer daño, de humillar, de marginar socialmente al otro. En otras ocasiones, esta se produce por insensibilidad, indiferencia, ignorancia, por temor, especialmente cuando se la ejerce contra las personas que padecen alguna discapacidad. Se la define como la ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos. La discriminación anida en mayor o menor medida en el ser humano. Se suele decir que es la discriminación es el principal impedimento de la discapacidad.

El 15 de octubre se recordó el Día Internacional del Bastón Blanco. La fecha se instituyó en 1964, cuando se dispuso que el Día Mundial del Bastón Blanco se celebrara el 15 de octubre como una contribución a la integración de las personas discapacitadas visuales. En 1930, el presidente del Club de Leones de Illinois, George Benham, había propuesto para uso de los discapacitados visuales un bastón blanco con extremo inferior rojo, a fin de que se les otorgara prioridad de paso. La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso de dicho bastón se hizo universal.

Antes del censo de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Censos daba cuenta de que en Tucumán había 395.000 personas afectadas por la discapacidad; se incluía en ese número el entorno familiar directo del individuo que padece el problema. Esta cifra representaba el 30% de la población provincia, del total de los discapacitados tucumanos, los ciegos representaban el 14,40%. Sin embargo, no se conocen estadísticas oficiales acerca del número de no videntes en nuestra provincia, que sigue en deuda en muchos aspectos con ellos. La primera alumna ciega integrada de la Escuela Normal y única psicóloga no vidente de Tucumán, señalaba hace unos días en las páginas de LA GACETA que pese a que existen en la provincia algunas organizaciones de ayuda al ciego, no hay un lugar donde el no vidente aprenda lo que necesita para su vida cotidiana. “El Estado no nos da trabajo, por más cupo que digan que hay. Uno va a la Casa de Gobierno y pide entrar con el cupo del 4%, inician un expediente que demora muchos años, sin ningún resultado. En cambio, por medio de las ONG hemos conseguido 30 empleos en la Policía, con mucho esfuerzo. También conseguimos trabajo en el Siprosa y en la Municipalidad. Y a los chicos que tenían otras inquietudes o capacidades los ayudábamos en nuestro taller a que siguieran estudiando, en el conservatorio, en la universidad o con docentes particulares”, contó.

La ley provincial N° 6830 establece que por lo menos, el 4% de empleados de la administración pública deben ser personas con discapacidad siempre que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, pero, no hay una normativa similar para el empleo privado. Hay leyes que prácticamente no se aplican, como la referida a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida al medio físico (ley nacional 24.314), promulgada en 1994, que establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte.

Si nuestros gobernantes fuesen capaces de ponerse en el lugar de ellos, mejoraría sustancialmente la calidad de vida de las personas discapacitadas. Ellas suelen decir que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás.

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