Una tragedia donde están todas las tragedias

- Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos.
(Jorge Luis Borges, El Aleph)


La muerte del sacerdote Juan Viroche se ha convertido en una tragedia desde la cual pueden observarse, sin confundirse, todas las tragedias del Estado tucumano.
Cuando el arzobispo Alfredo Zecca se refirió “a la corrupta complicidad de miembros de los poderes públicos que permiten que los delitos queden impunes y sigan creciendo hasta amenazar la convivencia”, la Corte Suprema de Justicia reaccionó y sostuvo que “las expresiones generales e imprecisas no hacen más que afectar el buen nombre y honor de quienes cotidiana y dignamente ejercen su función en el Poder Judicial”.

La respuesta del superior tribunal, impecable a los efectos formales, es un despropósito a la luz de la historia reciente. En el plano de lo particular, el oprobioso crimen que segó la vida de Paulina Lebbos lleva una década como delito impune. El primer fiscal de la causa, Alejandro Noguera, fue descubierto una noche saliendo de la residencia particular del entonces gobernador, José Alperovich, y fue removido de la investigación. Ahora es fiscal de Cámara. El segundo fiscal, Carlos Albaca, ni siquiera le permitía acceso al expediente al padre de la víctima. Luego dio a conocer un informe en el cual él mencionaba a “los hijos del poder” como una de las hipótesis que investigaba. Más tarde, ultrajó la memoria de esa tucumana que era mamá, trabajadora y estudiante y la acusó de conductas “temerarias”. Ahora es jubilado con el 82% móvil. Y todo eso en las narices de todo un Poder Judicial, que no sólo es la Corte sino que es todo Tribunales.

En el plano de lo general, no hay aquí un preso por corrupción. De lo que surgen dos (y sólo dos hipótesis): o en Tucumán no hubo un solo acto de corrupción en el Estado, o el arzobispo tenía razón. ¿Qué le estaba pidiendo la Corte, que señale con el dedo a quiénes del Poder Judicial debe investigar en el Poder Judicial?
Zecca, sin embargo, no mantuvo la parada. Le mandó a la Corte una misiva anodina y propuso convocar a una mesa de diálogo y trabajo sobre seguridad y justicia. Decir lo que hay que decir, o no hacerlo, explica por qué el mismo pueblo que llora sin consuelo a un hombre religioso con final trágico es el mismo que expresa manifestaciones de repudio contra las jerarquías eclesiales.

Velocidad ajena

Seguir llamando al “diálogo” para atender dos crónicos flagelos como los profundísimos déficits de seguridad y de justicia (como si fueran fenómenos apenas emergidos que merecen ser estudiados y diagnosticados porque nada se sabe de ellos) se parece bastante a lo que acaba de hacer la Legislatura con la sanción del nuevo Código Procesal Penal para Tucumán.

El Poder Legislativo procede de manera correcta en el plano formal, consagrando con fuerza de ley tres años de reuniones y de ruedas de consultas. Es más: todos pusieron gesto adusto y tono compungido frente a la miseria de droga y delincuencia a la cual es sometida la comunidad de La Florida y de Delfín Gallo (junto con las poblaciones de las otras 91 comunas rurales y de las 19 municipalidades del territorio provincial), porque siempre se siente bien sentirse mal frente a los horrores sociales. Pero pocas situaciones son tan institucionalmente trágicas como el hecho de oír alegatos en favor de “acelerar los tiempos procesales” dentro del recinto de sesiones de la Legislatura que, durante la gestión anterior, sacó 200 millones en valijas del banco oficial, en los 90 días previos a las elecciones provinciales del 2015. La denuncia penal para que se investigara semejante escándalo, revelado por LA GACETA, fue presentada el 5 de noviembre del año pasado. Como afectaba a ciudadanos con fueros, el fiscal Washington Navarro Dávila tenía tres días para resolver si pedía que un juez iniciara una investigación jurisdiccional, o no. Se tomó 309 días y resolvió archivar la causa, medida que luego revocó el Ministerio Fiscal. De eso, en el Poder Legislativo tan preocupado por achicar los tiempos de la Justicia, nadie se preocupó.

El fin de la igualdad

Por eso es trágico que en ese mismo parlamento se haya discutido si, a propósito del nuevo código de procedimientos, se estaban creando nuevos privilegios procesales para los miembros de los tres poderes del Estado, como denunciaron algunos radicales y peronistas, y como desmintieron otros peronistas y radicales. La falacia consiste en pretender que, a estas alturas, los miembros del Estado necesitan de normas escritas para gozar de toda esa inmunidad con la que diariamente ultrajan del principio de Igualdad ante la ley. 

En la Casa de Gobierno decidieron que son inmunes al debido proceso legal. Mantuvieron en secreto durante casi un año el decreto que designaba al senador José Alperovich como asesor con rango de ministro. Y durante más de un año se dedicaron prolijamente a no publicar el decreto que, el año pasado, incrementó en más de $ 500 millones el presupuesto de la Legislatura, justo después de las elecciones locales de agosto; justo antes de los comicios nacionales de octubre.

Y en la Legislatura, durante todo el alperovichato, se asumieron inmunes con respecto a la probada rendición de cuentas de los gastos del dinero del pueblo. Mantuvieron en inviolable secreto el presupuesto de todo ese poder del Estado, y los megamillonarios gastos de bloque fueron justificados mediante impresentables papeletas manuscritas, al mejor estilo de los recibos Húsares. Por pura casualidad, mientras esos privilegios se pagaban en efectivo contante y sonante, se reformó la Constitución de 2006, en la cual los más desvergonzados privilegios del poder político se convirtieron en derecho positivo provincial. Los funcionarios del Poder Ejecutivo ya no tienen que pedir licencia cuando son candidatos a cargos electivos: los tucumanos les seguiremos pagando el sueldo para que hagan campaña electoral. Y los que sean sometidos a procesos de destitución por mal desempeño de funciones o mal ejercicio del cargo, podrán seguir ejerciendo mal el cargo y desempeñando mal las funciones porque ya no serán suspendidos en sus puestos con renta estatal. Es decir, los tucumanos les seguirán pagando para que hagan cualquier cosa.
Como la democracia pavimentadora siempre le tuvo bronca a la república, los asfaltadores de instituciones establecieron en la Anti-Constitución de Tucumán que para echar al gobernador o al vicegobernador hacen falta más votos legislativos que para remover a la Corte. Esta mayoría agravada para agraviar el equilibrio de poderes, objetada por los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán, aún espera sentencia. La Justicia no puede tolerar semejante prerrogativa para el poder político, así como tampoco debiera admitir la prerrogativa de mantener a sus miembros exentos del pago del impuesto a las ganancias, un tributo que no fue creado para afectar salarialmente a los magistrados, sino que paga cualquier hijo de vecino con un sueldo medio. Si los magistrados se siguen negando a ser iguales ante la ley, están diciendo que ellos (al igual que los miembros del poder político) ya no son ciudadanos. Porque la ciudadanía implica no admitir fueros personales, títulos de nobleza, prerrogativas de sangre ni ningún requisito más que la idoneidad para el ejercicio de un cargo público.

Cosa de otros

Tan trágica es la lógica del Estado tucumano, que mientras la Legislatura se llena la boca de acelerar los tiempos de la Justicia, ha sido la Justicia la que ha tenido que enmendar lo que el poder político, atrozmente, se niega a remediar: el pago del 82% móvil a los jubilados transferidos de Tucumán, que se siguen muriendo sin cobrar lo que les corresponde por ley. Tan crónica es la criminal decisión del Gobierno tucumano de negar la movilidad y la porcentualidad a los viejos comprovincianos, que la Corte ha reconocido (a instancia de los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada) que el amparo es la vía expedita para reclamar ese beneficio previsional. El Gobierno tucumano de la “continuidad con cambio” sigue apostando que esos abuelos acreedores perezcan para no tener que pagarles. No sea que empiecen a flaquear las valijas con fondos públicos…
Tan trágica es nuestra institucionalidad, que mientras esa misma Corte reñía con el Arzobispado por su genérica acusación de que el poder apaña la impunidad, el comisario de La Florida, Héctor Rojas, le decía a LA GACETA que sólo escuchó comentarios sobre el desmadre del narcotráfico, porque no conocía que existieran denuncias formales al respecto. Cualquier parecido con el pronunciamiento de la Junta Electoral Provincial durante las elecciones del 23 de agosto de 2015 es puro Tucumán. Mientras las urnas eran quemadas, vaciadas y embarazadas, y los electores eran acarreados, bolsoneados y tiroteados, en el organismo de control explicaban que no habían llegado denuncias hasta su sede.

Dos días después de aquella elección que llegaría a ser declarada nula por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, sobraban los policías para reprimir con palos, caballos y gases lacrimógenos a hombres, mujeres, niños y ancianos que pedían una elección limpia. Hoy, en La Florida y sus 7.627 habitantes según las estadísticas sanitarias, sólo hay tres agentes por turno. A veces, cuatro. 

“También se dijo (escribe Borges en su cuento acerca del aleph, la primera letra de la serie de las consonantes hebreas) que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior”.
Desde la tragedia del cura Viroche se ven todas las tragedias del Estado provincial, porque vivir en un Estado de poderes patéticos es, también, la tragedia de cada tucumano.