La inseguridad viene siendo inmune a los códigos

La inseguridad viene siendo inmune a los códigos

La reforma del Código Procesal Penal -saludada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo como “un hito en el combate contra el delito y la inseguridad”- llega en una semana en que la violencia ha dejado marcas de alto impacto. Esta norma flamante es el último sacudón en materia de seguridad que brindó el sistema político tucumano. Antes hubo las leyes de foros vecinales y de emergencia en seguridad (esta abarca todos los problemas delictivos y de adicciones), así como la acordada de agosto de 2015 y otra de diciembre de la Corte Suprema sobre tratamiento de detenidos en las comisarías y también hubo debates con presencia de funcionarios en la Legislatura. Todo esto en el marco de la presión nacional para llevar a cabo la guerra al narcotráfico -de ahí surgieron en septiembre el decreto y la ley de emergencia provincial en seguridad- y en el crecimiento de la concientización sobre la violencia de género. ¿Y cómo nos encontramos? Pésimo. La realidad se obstina en escaparse de las normas: el femicidio de Claudia Lizárraga, ocurrido el martes en barrio Jardín (al cabo de 19 años de denuncias de la mujer contra su ex esposo) es una historia espeluznante, tan fuerte que ha opacado la inquietud por la muerte de un detenido que apareció quemado en la comisaría de Trancas. La realidad sigue dando que hablar con la tragedia del padre Juan, que a su vez opaca otros episodios casi “cotidianos” (si vale la expresión) en la crónica policial, como el del taxista implicado en el robo a un depósito de Celusal, el asalto a una vecina de barrio Sur, en Rondeau al 1.200, encañonada por dos delincuentes cuando desayunaba en su casa, o el “justiciero” anónimo que acribilló a un arrebatador en la avenida Mate de Luna.

Producción industrial de impunidad

Cierto es que la reforma del Código ha sido vista como una necesidad por un sistema judicial colapsado desde hace mucho tiempo que -al decir del oficialista Marcelo Caponio- ha olvidado a la víctima, que sólo en el 1% de los casos ha tenido sentencias de fondo y que es “un ejemplo de producción industrial de la impunidad”. Reformular la acusación penal e imponer el criterio de oportunidad, oralizar todo y someter a conciliación y mediación muchos conflictos menores ayudará a descomprimir un sistema que se ahoga en su propia burocracia.

Pero a partir de ahora habrá que crear la infraestructura, los juzgados, las fiscalías y las defensorías y habrá que capacitar. Nada ocurrirá antes de 2017 y hoy no hay elementos claros que le den la razón a Jaldo en cuanto a que sea un “hito en el combate contra el delito”. En ese sentido el razonamiento del vocal de la Corte, Antonio Estofán (”la Justicia no hace prevención”) da para pensar. Igual que la crítica del legislador bancario Eduardo Bourlé, que dice que la crisis del sistema se debe a personas como el ministro Fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez (que influyó cuando fue ministro de Gobierno de José Alperovich en la selección de jueces y fiscales). Esta crítica ya ha dado varios debates en la pelea entre Jiménez (que dice que él llegó al Ministerio Fiscal hace un año y medio para encontrarse con un infierno burocrático que se autoanula) y el presidente de la Corte, Antonio Gandur, que pretende brindar la imagen de que todo el sistema judicial, salvo el penal, funciona muy bien.

Efectivamente, la Justicia no hace prevención penal. No hay acá una entidad como el Instituto Nacional de Justicia de EEUU, que estudia los fenómenos delictivos y ayuda en la generación de estrategias. Apenas hay estadísticas casi manuales realizadas por las fiscalías que se animan a hacerlo sin un control externo que les dé efectividad. Por ejemplo, algunos están trabajando intensamente para enfrentar la violencia de género pero no hay datos claros. En junio, cuando se informó que este era el segundo delito que llegaba al sistema 911, se informó que ingresaban 15 casos por día. Entonces el secretario de Seguridad, Paul Hofer, dijo que se iba a pedir que se haga un listado para “poder actuar más rápido”. ¿El 911 que desoyó los llamados de Claudia Lizárraga, según lamenta su hijo Fernando? Hace un año, en junio de 2015, la vocal de la Corte Claudia Sbdar y el ministro fiscal habían hablado de elaborar estadísticas y de hacer un registro de femicidios y de violencia de género. Hace tres semanas iban a reunirse para coordinar tareas. Jiménez dice que tal vez se reúnan la semana que viene. Una propuesta es que la oficina de la Corte, la OVD, reciba todas las denuncias y las distribuya según se trate de problemas penales o de familia y coordine la tarea. Esa oficina, creada en 2009, recibe sólo un 17% de los casos; el doble va a la oficina policial de calle Don Bosco y la gran mayoría se reciben en las comisarías.

Mucha oficina y la realidad dice otra cosa: el drama de la familia de Claudia Lizárraga, que no fue atendido ni siquiera cuando el agresor, hace tres semanas, se trenzó a puñaladas con el hijo que defendía a la madre de la golpiza. La Policía adujo que la señora sólo había dicho que tenía miedo y no había ido a ratificar la denuncia. La Fiscalía les dijo que “no habían llegado los papeles”.

Algo similar podría analizarse con la historia del detenido Víctor Alejandro García, que se quemó en la comisaría de Trancas. Estaba ahí desde hace un año, desde que estalló el escándalo de los dos presos que murieron quemados en la Brigada Norte, tragedia que llevó a que se dictara un habeas corpus para que no haya detenidos en las comisarías, se separe a los presos con causa de los contravencionales y se haga un registro. La Corte creó una oficina de derechos humanos para controlar esto y se les acaba de morir este detenido olvidado, igual que el remisero Carlos Medina. que murió incendiado en Trancas en 2002, caso extraño por el que fueron a juicio y absueltos cuatro policías.

Es que hay algo inmune a los cambios: el trabajo policial que parece indiferente a las reformas de códigos -en los 25 años de vigencia del Código Procesal Penal de 1991 hubo cientos de casos de mala praxis por desinteligencias entre policías y fiscales- y cada tanto aparecen irregularidades que dan cuenta de supuestos malos tratos o supuestas maniobras cuasi delictivas. Por caso, las denuncias de coimas de los detenidos que se amotinaron en la ex Brigada hace un mes o la separación de efectivos de Sustracción de Automotores por el secuestro irregular de una camioneta esta semana; o la denuncia de la fiscala Adriana Giannoni contra agentes del 911 por violencia en un operativo y por estar supuestamente drogados con cocaína, infracción que aún sigue en la nebulosa porque los análisis encargados a Salta llevan dos meses de demora. También se revelan cada tanto infracciones a los procedimientos, como la difusión, supuestamente por parte de agentes de Criminalística, de las fotos de las pericias en el cuerpo del padre Juan. El fiscal Diego López Ávila pidió sanciones para esos policías.

¿Cómo se explica que estemos reformando por segunda vez en democracia el Código Procesal Penal y la Policía se siga manejando -y educando- con una ley Orgánica de tiempos de la dictadura de Onganía? Una ley que tiene una visión del mundo dedicada a mantener el orden y preservar a los funcionarios; que ve a la Policía como una especie de guardián moral y que ve a los menores de edad como sujetos que fácilmente caen en el desorden y la vagancia. Una fuerza cuasi autónoma que se autorregula y autocontrola.

Palos y gases

Ese rol acaba de ser reivindicado por el secretario Hofer y el comisario Guido Romano, jefe de la escuela de suboficiales, cuando anunciaron que se incorporarán 500 nuevos polícias, preparados en leyes y destreza física (defensa personal, manipulación de armas, técnicas de tiro y utilización de bastón tonfa) para combatir el delito. Esa es la idea de prevención. ¿Y la resolución de conflictos, problema esencial de la democracia y tarea central para el nuevo Código Procesal? La respuesta de ayer en la plaza Independencia, donde la Policía resolvió una pelea entre estudiantes con represión y gases lacrimógenos, da una idea de lo que pasa.

No es sólo la Policía. La sociedad se ha ido endureciendo a medida que la violencia crecía sin que se advierta que las respuestas de agentes y funcionarios han sido ineficientes para prevenira, combatirla y evitar que crezca. También lo han sido las oficinas de derechos humanos del Poder Ejecutivo y de la Corte. Y la Justicia que se las ingenió para transformar el sistema oral en escritural y se escudó en la burocracia, la falta de gente y de recursos para explicar el fracaso de la reforma de hace 25 años. ¿Cómo va a influir esta nueva reforma, que parece muy avanzada, en los índices criminales y en la inseguridad? Lo que muestran los dramas de esta semana es que las cosas se repiten o se agravan, mientras esperamos que las leyes y la justicia determinen el cambio. Las palabras expresan significados que la realidad va desmoronando. Res non verba.

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