Gandur explicita los términos de un convenio que firmó Jiménez

Gandur explicita los términos de un convenio que firmó Jiménez

El titular del alto tribunal dijo que “Justicia Abierta” involucra a todo el Poder Judicial local Nuevos roces en el ámbito judicial; esta vez por los alcances de un compromiso alcanzado a través de un programa federal

COMPROMISO. Gandur dijo que firmó el convenio de “Justicia Abierta”. la gaceta / foto de antonio ferroni COMPROMISO. Gandur dijo que firmó el convenio de “Justicia Abierta”. la gaceta / foto de antonio ferroni
15 Octubre 2016
La rúbrica de un convenio nacional para intercambiar y publicitar datos relativos a la litigiosidad generó nuevos roces en la cúpula judicial de Tucumán. Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema provincial, informó a este diario que el instrumento de “Justicia Abierta” involucra a todo el Poder Judicial que él representa, y no sólo al Ministerio Público Fiscal y Pupilar que encabeza Edmundo Jiménez, como había quedado sugerido en una publicación del miércoles pasado.

El acto de formalización del convenio sobre datos abiertos tuvo lugar el martes pasado en la Casa Rosada. En esa reunión participaron el presidente Mauricio Macri; Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, y otras autoridades judiciales nacionales y provinciales. Gandur comentó que él estuvo presente en representación del máximo tribunal tucumano y que deseaba precisar los términos del convenio. En ese documento constan su firma y la de Jiménez, y que ambos se comprometieron -junto a sus pares del país- a impulsar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas a partir de la facilitación de información según los parámetros estadísticos establecidos por el programa “Justicia Abierta” del Poder Ejecutivo de la Nación.

El convenio tiene validez por 24 meses, e incluye la puesta en línea de un portal institucional que exhibirá la información relativa a los procesos judiciales proporcionada por los Tribunales provinciales, federales y nacionales. En el presente hay algunas mediciones parciales con alcance general -como la de homicidios y de casos de violencia doméstica en la órbita de la Corte de la Nación-, pero cada institución judicial organiza y divulga sus estadísticas de la forma que considera conveniente. El acuerdo permitirá sistematizar y coordinar aquella tarea en función de los protocolos de “Justicia Abierta”.

El mismo martes del acto en la Rosada, Jiménez envió a este diario una fotografía que lo muestra suscribiendo el documento con Garavano. Y dijo que con la firma del acuerdo, Tucumán iba a formar parte del sistema de entrecruzamiento de datos. Añadió que el Ministerio de Justicia de la Nación impulsaba este convenio siguiendo los estándares internacionales y nacionales de gobierno abierto, que habían sido definidos como política de Estado, donde los poderes judiciales y demás instituciones del sistema de Justicia son actores centrales.

Los roces entre las autoridades judiciales de Tucumán comenzaron en abril de 2015, cuando el alto tribunal ordenó una auditoría sobre casos del ex fiscal Guillermo Herrera cuestionados por el Colegio de Abogados de la Capital -acorralado por las denuncias y sin apoyos, Herrera renunció hace un año para jubilarse con el 82% móvil-. Las diversas partes implicadas en este conflicto dieron incluso su versión a Garavano, quien llegó a decir que la situación institucional era preocupante. A comienzos de 2016, Jiménez, que es ex ministro de Gobierno y de Justicia de José Alperovich, y fue designado por este en el Ministerio Público en 2014, anunció que había una crisis sistémica y estructural en la Justicia de Tucumán, a la que definió como “un cambalache”. La Corte matizó y rechazó reiteradamente tal apreciación. El mes pasado, el titular del Ministerio Público judicializó una resolución de Gandur que suspendía por 60 días el funcionamiento del Juzgado de Ejecución Penal creado en 2006. Al día siguiente del inicio del litigio, el presidente de la Corte levantó la suspensión.

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