A los manotazos limpios
El oficialismo sí tenía miedo de perder el poder en 2015. Y, como sentía que le podían arrebatar los privilegios, ya ni siquiera cuidó las formas en pos de atornillarse a los sillones. Esa es quizás la revelación más trascendente que aporta la difusión de los gastos legislativos del año pasado. Porque podrán negarlo una y otra vez, pero los centenares de acoples se financiaron con la caja del Estado. Porque podrán desmentirlo las veces que quieran, pero el clientelismo político se sustenta desde hace años con dinero público. Porque aunque quienes lo sepan no se atrevan a decirlo en voz alta, así funciona el sistema de recaudación política en el país, tanto para el enriquecimiento personal como para el funcionamiento del entramado electoral.

Una vez más, se acaba de confirmar que el tiempo pone las cosas en su lugar. El gobernador, Juan Manzur, no podía sostener mucho más en secreto el escandaloso dispendio de recursos de la Legislatura que él condujo durante el año en que se jugó su arribo al Poder Ejecutivo. Es que el decreto N° 2.941/2015 (SH) del PE se mantuvo oculto durante 387 días porque así lo dispuso él, ya sea por acción u omisión: casualmente, el instrumento que el Gobierno no quiso difundir en todo este tiempo involucra directamente a su gestión como presidente de la Cámara, en plena campaña electoral. Más de una oportunidad tuvo a lo largo de este tiempo Manzur para exponer aquel decreto firmado el 16 de septiembre de 2015 por su antecesor, José Alperovich, mediante el que se transfirieron $ 550 millones de la partida Obligaciones a Cargo del Tesoro a favor del Poder Legislativo, para el pago de sueldos. Sin embargo, el mandatario optó por dilatar el mayor tiempo que pudo la publicación de ese decreto.

Septiembre es el mes clave para repasar, hacia atrás y hacia adelante, los movimientos de dinero en la Legislatura de Manzur. En 2015, el presupuesto original de la Cámara era de $ 959 millones, de los cuales $ 156 millones correspondían a la partida para subsidios, conocidos como “gastos sociales”. No obstante, según reveló LA GACETA, de la cuenta N° 200 980 43/8 del Banco Tucumán-Grupo Macro en junio habían sido extraídos $ 52 millones; en julio, $ 63 millones; y en agosto, mes de los comicios provinciales en los que fue electo Manzur y de las PASO nacionales, en las que Alperovich figuró como postulante a senador, el monto alcanzó los $ 92,7 millones. Es decir, en los tres meses más calientes del año electoral, en “ayudas sociales” se gastaron más de $ 200 millones, cuando lo previsto para todo el año eran $ 156 millones.

Luego de esa salvedad cobra sentido mencionar que el 9 de septiembre del año pasado, la Legislatura aprobó una ampliación del Presupuesto provincial y, de paso y bajo el más absoluto silencio, incrementó también sus recursos. Así, los fondos de la Cámara pasaron de los $ 959 millones iniciales a $ 1.529 millones finales. Hay más decretos para entender cómo los recursos que tenían como argumento el pago de sueldos terminaron en una partida insondable. El 7 de septiembre, dos días antes de la sesión legislativa, fue dictado desde la Casa de Gobierno el decreto N° 2.812/15 (SH), que retiraba casi $ 20 millones de la partida 111 (personal) del ítem Obligaciones a Cargo del Tesoro y disponía que esos fondos fueran cargados a las cuentas de la Legislatura, también en la partida 111 (personal). Pero, un día después de ese instrumento y uno antes de la sesión, la Cámara firmó el decreto N° 869. Por esa vía, la Cámara giró los casi $ 20 millones de la partida de Personal a la partida 514 (ayudas sociales a personas). Luego de esta maniobra administrativa y ya con la ampliación presupuestaria aprobada por ley, Alperovich firmó el traspaso de los $ 550 millones que se mantuvieron ocultos hasta el viernes, cuando el decreto N° 2.941/2015 (SH) fue publicado en el Boletín Oficial. Más sugestivo resulta aún que, el 21 de septiembre del año pasado; es decir, cinco días después de haber recibido los fondos para pago de sueldos, la Presidencia de la Legislatura firmó el decreto N° 920, mediante el que parte de esos $ 550 millones (unos $ 130 millones) fueron girados otra vez a la cuenta para “ayudas sociales a personas”. Así, en 2015 la partida para gastos sociales comenzó con $ 156 millones y finalizó el año con $ 626,6 millones, de los cuales se gastaron $ 615,6 millones.

Algunas hipótesis pueden barajarse luego de seguir la secuencia de movimientos financieros entre Alperovich y Manzur en 2015. Pero la que más adeptos gana en el oficialismo es la que sostiene que con las partidas reasignadas en septiembre, se “calzaron” administrativamente los desmanes y manotazos cometidos durante el proceso electoral. Sobre todo, si se tiene en cuenta que para los comicios nacionales de octubre, los dirigentes alperovichistas protestaron porque no les “bajaron” dinero para traccionar votos en las presidenciales. Es decir, los billetes extra se habrían destinado a cubrir los costos de los comicios en los que Manzur, Osvaldo Jaldo (¿también firmó reasignaciones presupuestarias en sus primeras semanas como vicegobernador?) y Alperovich se jugaron sus pellejos.

Vale una aclaración. En Tucumán, los partidos políticos no tienen obligación de decir cuánto ni cómo gastaron en proselitismo, de ahí que aún los tucumanos hablen de los exabruptos cometidos en 2015. Y aunque a nivel nacional la ley de Financiamiento Político tiene grandes vacíos, al menos establece un techo -que no se cumple- a las erogaciones de campaña y permite saber quiénes aportaron dinero para cada candidato. Así se conoció, por ejemplo, que los muertos por el triple crimen de General Rodríguez -involucrados en el tráfico de efedrina- habían puesto fondos en la campaña presidencial del kirchnerismo de 2007. Incorporar algunos de esos requisitos sería, al menos, un buen punto de partida para la comisión de Reforma Política de la que tanto habló Jaldo y que aún no deliberó ni siquiera una vez. De esa manera, podría conocerse quiénes son las almas caritativas detrás de los centenares de acoples, sobre todo en tiempos en los que aparecen punteros políticos vinculados al narcotráfico.

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