Por Juan Manuel Asis
09 Octubre 2016
El Ejército de investigadores reservistas tiene que empezar a armarse: computadoras, anotadores, lapiceras y paciencia; el entrenamiento durará un año. Los maestros del interrogatorio deben precisar los cuestionarios para detectar irregularidades en alguna confesión. La mira tiene que empezar a ajustarse al milímetro sobre las oficinas de los edificios públicos. Francotiradores civiles. La Inteligencia tiene que comenzar a delinear estrategias. Día “D”: 28 de septiembre de 2017. Objetivo: el Estado nacional. Misión: acceder a la información hasta hoy secreta. Operación Transparencia. ¿Película de guerra? No. Es un llamado de atención a prepararse para aquellos que reniegan del oscurantismo en la gestión pública y que indagan sobre la administración estatal, algunos de los cuales deben llegar hasta la Justicia para poder conseguir información que debería estar a mano y que permanece vedada a la sociedad por capricho de los hombres.
Cuando desde el poder, el que sea, no se quieren dar a conocer algunas decisiones, es porque una deshonestidad se oculta. La vergüenza por revelarla puede más que la democrática obligación de transparentar la gestión, que debiera ser publicitada al detalle. Secretismo es sinónimo de corrupción; máxime en el Estado, donde algunas medidas -decretos, resoluciones y contrataciones- terminan beneficiando a los amigos del poder, o a eventuales socios de negocios. No siempre, pero hay ejemplos. La transparencia es sinónimo de honestidad; y es justamente lo que se reclama desde la ciudadanía a los funcionarios, especialmente a los que con sus conductas afectan la vida de las personas. Hoy por hoy, aceptar ser transparente para unos cuantos significaría poner en riesgo su reputación; por eso prefieren mantener lejos de las miradas curiosas aspectos de su gestión. Hace poco se descubrió un decreto del Ejecutivo que llevaba oculto 313 días, y ahora se sabe que no es el único. El viernes apareció otro que rompió el récord de permanencia en la oscuridad: un año y 20 días. El 2.941/3, que hace referencia a una transferencia de recursos de $ 550 millones al Poder Legislativo. Lleva la firma de Alperovich en su condición de gobernador, y la actual gestión decidió publicarlo hace unas cuantas horas. De allí habrían salido parte de los gastos sociales que se están investigando de 2015. ¿Cuántos más habrá que no ven la luz?
El 29 de septiembre último, un día después del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, el Gobierno nacional promulgó la ley de Acceso a la Información Pública (27.275), que obliga al Estado a responder gratuitamente al ciudadano cualquier inquietud que les plantee a los poderes constitucionales en 15 días (artículo 11). Claro que las preguntas se podrán efectuar dentro de 355 días y deberían ser contestadas a partir del 14 de octubre de 2017. Es que la cláusula transitoria 1 del artículo 38 de la norma determina que las disposiciones de la ley entrarán en vigencia al año de su publicación, plazo que le otorga a los poderes para adaptarse a las nuevas reglas. En su artículo 1 precisa el objetivo: garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión.
¿No había una norma al respecto? Existe; en 2003 Néstor Kirchner firmó el decreto 1.172, que seguirá vigente hasta el 29 de septiembre de 2017, pero su alcance se limitaba a los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo ente bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional. La 27.275 (artículo 7) amplía esa frontera; dispone que están obligados a brindar información la administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Defensa, de la Magistratura, empresas y sociedades del Estado, concesionarios, permisionarios y licenciatarios del servicios públicos, organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos y universidades que reciban fondos públicos; administradores y operadores de juegos de azar, etcétera. Hay un detalle más y que es significativo; la norma impone que se publique toda la información oficial sin que sea necesario que obre un pedido ciudadano.
Mayor información implica transparencia, y esto último determina una barrera para las corruptelas. Por los menos en el Estado; donde en los últimos tiempos están explotando las denuncias por manejos irregulares de fondos y por enriquecimientos ilícitos. Si las puertas del Estado se abren para cualquier ciudadano, es de imaginar que los funcionarios pondrán mayor celo en gestionar la cosa pública, porque sus eventuales deshonestidades tendrán grandes márgenes de ser públicos. De hecho, el texto de la ley menciona la “buena fe” de los sujetos obligados a responder actuando con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Habrá muchas lupas curiosas observándolos. Sin embargo, resulta curioso que se tenga que llegar a una ley que hable de acceso a la información pública -algo que debería ser natural-, como un medio de presión para transparentar el funcionamiento del Estado, que no vino siendo lo normal.
Es más llamativo, además, que a los ciudadanos se les reconozca un poder para que puedan reclamar lo que se les ocurra sobre alguna oficina estatal. Lo que adquiere un trascendente valor si se considera que existen reclamos desde la Justicia al Poder Legislativo en Tucumán y los papeles que se exigen no aparecen. O las respuestas se demoran. Lo que lleva a preguntar y a observar con cierta reserva la ley: si a los jueces se les niegan informes, ¿qué podrán obtener realmente los ciudadanos, esos investigadores reservistas o francotiradores civiles, como se dijo al comienzo? Los periodistas de investigación, de parabienes; deben estar refregándose las manos a la espera de incomodar a los sospechados de andar en cosas raras. Un dato interesante es que la ley fija que no se puede reclamar al solicitante de la información “que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”.
“La información que produce, obtiene, clasifica y almacena el Estado es producida, obtenida, clasificada y almacenada con recursos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Ningún actor estatal puede entonces negar el acceso a la información o a documentos que le pertenecen a las personas”, dicen Marta Oyhanarte y Mora Kantor en un trabajo de Poder Ciudadano (http://www.poderciudadano.org/libros/CorrupcionyTransparencia-InformeAnual2014.pdf).
La ley 27.275 invita (artículo 36) a las provincias a adherir a sus disposiciones. Manzur hizo público su compromiso de que así lo hará durante la visita a Tucumán de la dirigencia de Adepa. “Es saludable, nos hace bien a todos”; dijo el mandatario. Ahora bien, en los gestos no se observa demasiada voluntad por avanzar en esa línea de transparentar las acciones del Gobierno, o por lo menos no parece ser una directriz prioritaria. Baste un botón: el 4 de agosto la Legislatura sancionó una ley disponiendo la validez jurídica de la versión digital del Boletín Oficial; que es más cómoda para los usuarios tecnológicos que bucean en este medio. Sin embargo, la norma apareció promulgada en el Boletín Oficial el jueves pasado; 63 días después. Burocracia, trabas administrativas, pereza o poca actitud en favor de la comunicación pública. La Legislatura dio un paso adelante en el proceso de facilitar por vía digital informes sobre internos: en su página https://hlt.gov.ar se pueden conocer los expedientes con trámite parlamentario.
Sin embargo, a los fines del acceso a la información pública, tal como lo permite la 27.275, para transparentar completamente su funcionamiento, la promovida adhesión y las medidas que se van adoptando no son suficientes. Ejemplo: dentro de un año, un ciudadano podría pedirle a la Cámara -si es que el sistema comienza a andar-, datos sobre las dietas de los legisladores, la cifra del personal político, la cantidad de empleados de bloque y por legislador, cuánto les pagan; la nómina de los contratados por cada gestión, las entidades beneficiadas con subsidios y montos. Si estuviera vigente en el marco provincial, un ciudadano podría pedir, por ejemplo; la nómina de las personas que recibieron subsidios en concepto de gasto social para personas (ítem 514 en el nomenclador provincial) durante el mandato anterior y el actual; hasta que fueron eliminados. El listado permanece guardado bajo cuatro llaves; es inaccesible, tanto que ni la Justicia los puede conseguir y hasta permite sospechar que esos beneficiarios no existen, que fueron una pantalla para que los dineros tuvieran otros destinatarios. ¿Podría un “vigilante civil” obtener esos datos al amparo de la nueva norma? Si un juez no puede, ¿por qué podría conseguir un ciudadano común esta información? La norma dice al respecto que su incumplimiento será considerado causal de mal desempeño y que las decisiones son recurribles ante los tribunales del fuero contencioso administrativo. Falta mucho camino por andar, y las dudas también comienzan a rodar.
Si bien la norma aprobada por el Gobierno nacional podría facilitar que el ciudadano averigüe sobre sus trámites en los diferentes organismos del Estado, también convierte a esos mismos ciudadanos en eventuales investigadores de documentos públicos que eventualmente pueden ocultar alguna deshonrosa vergüenza. En los 90 se ocultó en un decreto los gastos de bloque que recibían los legisladores. Avergonzaban tanto que se los disimuló en una ley de residencia del gobernador. Lo peor no fue eso, sino descubrir la modalidad por la que se repartía el dinero a los parlamentarios. ¿Por qué? Porque lo que allí se fijaba es que recibían dineros cuyos destinos no se tenían que justificar. Se los habilitaba legalmente para eso, pero lo ocultaban porque era culposo admitir que era una forma de enriquecimiento personal. Y como la ley lo disponía, el Tribunal de Cuentas no lo rechazaba. Todo legal, pero secreto. Sin transparencia, casi corrupto.
Tanto como el decreto 41/1 que designó asesor del PE a Alperovich y que permaneció oculto durante 313 días, tanto como los nombres de los beneficiarios de los desaparecidos gastos sociales legislativos, tanto como los nombres de los amigos que reciben ayudas económicas a través de fundaciones. ¿Todo esto no ocurrirá más a partir de la nueva ley nacional y de la eventual adhesión provincial? En virtud de los antecedentes no parece probable. Sin embargo, esos investigadores civiles pueden -a fuerza de exigir respuestas e información en las oficinas estatales- exponer algunas deshonestidades ocultas, corruptelas amparadas a la sombra de las debilidades que el Estado desnuda frente a algunas mentes ingeniosas. Pero hasta la información que se publica y que parece inocente guarda sus secretos; con lo que habrá que estar atentos. Botoncito de muestra: hace pocos días, en el Boletín Oficial se publicó un decreto que aprobó el contrato de 70 líneas de telefonía celular para funcionarios de un organismo que sólo tiene 19 reparticiones a cargo, o sea 19 titulares. Puede que no sea algo irregular, que se requieran para una mejor gestión, pero obliga a dudar, y a preguntar. Y las sospechas se acrecientan sobre el accionar de los funcionarios públicos, esos representantes del pueblo, los que deben velar por el bienestar general y por garantizar los pasos hacia una comunidad organizada.
Cuando desde el poder, el que sea, no se quieren dar a conocer algunas decisiones, es porque una deshonestidad se oculta. La vergüenza por revelarla puede más que la democrática obligación de transparentar la gestión, que debiera ser publicitada al detalle. Secretismo es sinónimo de corrupción; máxime en el Estado, donde algunas medidas -decretos, resoluciones y contrataciones- terminan beneficiando a los amigos del poder, o a eventuales socios de negocios. No siempre, pero hay ejemplos. La transparencia es sinónimo de honestidad; y es justamente lo que se reclama desde la ciudadanía a los funcionarios, especialmente a los que con sus conductas afectan la vida de las personas. Hoy por hoy, aceptar ser transparente para unos cuantos significaría poner en riesgo su reputación; por eso prefieren mantener lejos de las miradas curiosas aspectos de su gestión. Hace poco se descubrió un decreto del Ejecutivo que llevaba oculto 313 días, y ahora se sabe que no es el único. El viernes apareció otro que rompió el récord de permanencia en la oscuridad: un año y 20 días. El 2.941/3, que hace referencia a una transferencia de recursos de $ 550 millones al Poder Legislativo. Lleva la firma de Alperovich en su condición de gobernador, y la actual gestión decidió publicarlo hace unas cuantas horas. De allí habrían salido parte de los gastos sociales que se están investigando de 2015. ¿Cuántos más habrá que no ven la luz?
El 29 de septiembre último, un día después del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, el Gobierno nacional promulgó la ley de Acceso a la Información Pública (27.275), que obliga al Estado a responder gratuitamente al ciudadano cualquier inquietud que les plantee a los poderes constitucionales en 15 días (artículo 11). Claro que las preguntas se podrán efectuar dentro de 355 días y deberían ser contestadas a partir del 14 de octubre de 2017. Es que la cláusula transitoria 1 del artículo 38 de la norma determina que las disposiciones de la ley entrarán en vigencia al año de su publicación, plazo que le otorga a los poderes para adaptarse a las nuevas reglas. En su artículo 1 precisa el objetivo: garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión.
¿No había una norma al respecto? Existe; en 2003 Néstor Kirchner firmó el decreto 1.172, que seguirá vigente hasta el 29 de septiembre de 2017, pero su alcance se limitaba a los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo ente bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional. La 27.275 (artículo 7) amplía esa frontera; dispone que están obligados a brindar información la administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Defensa, de la Magistratura, empresas y sociedades del Estado, concesionarios, permisionarios y licenciatarios del servicios públicos, organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos y universidades que reciban fondos públicos; administradores y operadores de juegos de azar, etcétera. Hay un detalle más y que es significativo; la norma impone que se publique toda la información oficial sin que sea necesario que obre un pedido ciudadano.
Mayor información implica transparencia, y esto último determina una barrera para las corruptelas. Por los menos en el Estado; donde en los últimos tiempos están explotando las denuncias por manejos irregulares de fondos y por enriquecimientos ilícitos. Si las puertas del Estado se abren para cualquier ciudadano, es de imaginar que los funcionarios pondrán mayor celo en gestionar la cosa pública, porque sus eventuales deshonestidades tendrán grandes márgenes de ser públicos. De hecho, el texto de la ley menciona la “buena fe” de los sujetos obligados a responder actuando con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Habrá muchas lupas curiosas observándolos. Sin embargo, resulta curioso que se tenga que llegar a una ley que hable de acceso a la información pública -algo que debería ser natural-, como un medio de presión para transparentar el funcionamiento del Estado, que no vino siendo lo normal.
Es más llamativo, además, que a los ciudadanos se les reconozca un poder para que puedan reclamar lo que se les ocurra sobre alguna oficina estatal. Lo que adquiere un trascendente valor si se considera que existen reclamos desde la Justicia al Poder Legislativo en Tucumán y los papeles que se exigen no aparecen. O las respuestas se demoran. Lo que lleva a preguntar y a observar con cierta reserva la ley: si a los jueces se les niegan informes, ¿qué podrán obtener realmente los ciudadanos, esos investigadores reservistas o francotiradores civiles, como se dijo al comienzo? Los periodistas de investigación, de parabienes; deben estar refregándose las manos a la espera de incomodar a los sospechados de andar en cosas raras. Un dato interesante es que la ley fija que no se puede reclamar al solicitante de la información “que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”.
“La información que produce, obtiene, clasifica y almacena el Estado es producida, obtenida, clasificada y almacenada con recursos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Ningún actor estatal puede entonces negar el acceso a la información o a documentos que le pertenecen a las personas”, dicen Marta Oyhanarte y Mora Kantor en un trabajo de Poder Ciudadano (http://www.poderciudadano.org/libros/CorrupcionyTransparencia-InformeAnual2014.pdf).
La ley 27.275 invita (artículo 36) a las provincias a adherir a sus disposiciones. Manzur hizo público su compromiso de que así lo hará durante la visita a Tucumán de la dirigencia de Adepa. “Es saludable, nos hace bien a todos”; dijo el mandatario. Ahora bien, en los gestos no se observa demasiada voluntad por avanzar en esa línea de transparentar las acciones del Gobierno, o por lo menos no parece ser una directriz prioritaria. Baste un botón: el 4 de agosto la Legislatura sancionó una ley disponiendo la validez jurídica de la versión digital del Boletín Oficial; que es más cómoda para los usuarios tecnológicos que bucean en este medio. Sin embargo, la norma apareció promulgada en el Boletín Oficial el jueves pasado; 63 días después. Burocracia, trabas administrativas, pereza o poca actitud en favor de la comunicación pública. La Legislatura dio un paso adelante en el proceso de facilitar por vía digital informes sobre internos: en su página https://hlt.gov.ar se pueden conocer los expedientes con trámite parlamentario.
Sin embargo, a los fines del acceso a la información pública, tal como lo permite la 27.275, para transparentar completamente su funcionamiento, la promovida adhesión y las medidas que se van adoptando no son suficientes. Ejemplo: dentro de un año, un ciudadano podría pedirle a la Cámara -si es que el sistema comienza a andar-, datos sobre las dietas de los legisladores, la cifra del personal político, la cantidad de empleados de bloque y por legislador, cuánto les pagan; la nómina de los contratados por cada gestión, las entidades beneficiadas con subsidios y montos. Si estuviera vigente en el marco provincial, un ciudadano podría pedir, por ejemplo; la nómina de las personas que recibieron subsidios en concepto de gasto social para personas (ítem 514 en el nomenclador provincial) durante el mandato anterior y el actual; hasta que fueron eliminados. El listado permanece guardado bajo cuatro llaves; es inaccesible, tanto que ni la Justicia los puede conseguir y hasta permite sospechar que esos beneficiarios no existen, que fueron una pantalla para que los dineros tuvieran otros destinatarios. ¿Podría un “vigilante civil” obtener esos datos al amparo de la nueva norma? Si un juez no puede, ¿por qué podría conseguir un ciudadano común esta información? La norma dice al respecto que su incumplimiento será considerado causal de mal desempeño y que las decisiones son recurribles ante los tribunales del fuero contencioso administrativo. Falta mucho camino por andar, y las dudas también comienzan a rodar.
Si bien la norma aprobada por el Gobierno nacional podría facilitar que el ciudadano averigüe sobre sus trámites en los diferentes organismos del Estado, también convierte a esos mismos ciudadanos en eventuales investigadores de documentos públicos que eventualmente pueden ocultar alguna deshonrosa vergüenza. En los 90 se ocultó en un decreto los gastos de bloque que recibían los legisladores. Avergonzaban tanto que se los disimuló en una ley de residencia del gobernador. Lo peor no fue eso, sino descubrir la modalidad por la que se repartía el dinero a los parlamentarios. ¿Por qué? Porque lo que allí se fijaba es que recibían dineros cuyos destinos no se tenían que justificar. Se los habilitaba legalmente para eso, pero lo ocultaban porque era culposo admitir que era una forma de enriquecimiento personal. Y como la ley lo disponía, el Tribunal de Cuentas no lo rechazaba. Todo legal, pero secreto. Sin transparencia, casi corrupto.
Tanto como el decreto 41/1 que designó asesor del PE a Alperovich y que permaneció oculto durante 313 días, tanto como los nombres de los beneficiarios de los desaparecidos gastos sociales legislativos, tanto como los nombres de los amigos que reciben ayudas económicas a través de fundaciones. ¿Todo esto no ocurrirá más a partir de la nueva ley nacional y de la eventual adhesión provincial? En virtud de los antecedentes no parece probable. Sin embargo, esos investigadores civiles pueden -a fuerza de exigir respuestas e información en las oficinas estatales- exponer algunas deshonestidades ocultas, corruptelas amparadas a la sombra de las debilidades que el Estado desnuda frente a algunas mentes ingeniosas. Pero hasta la información que se publica y que parece inocente guarda sus secretos; con lo que habrá que estar atentos. Botoncito de muestra: hace pocos días, en el Boletín Oficial se publicó un decreto que aprobó el contrato de 70 líneas de telefonía celular para funcionarios de un organismo que sólo tiene 19 reparticiones a cargo, o sea 19 titulares. Puede que no sea algo irregular, que se requieran para una mejor gestión, pero obliga a dudar, y a preguntar. Y las sospechas se acrecientan sobre el accionar de los funcionarios públicos, esos representantes del pueblo, los que deben velar por el bienestar general y por garantizar los pasos hacia una comunidad organizada.
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