Por Álvaro José Aurane
08 Octubre 2016
Para que sea pobre uno de cada tres tucumanos, primero hay que empobrecer el sistema de Gobierno. Sólo la consagración de una miseria de Gobierno garantiza una política del despojo.
La pobreza de un sistema gubernamental no puede medirse en dinero. Por caso, el alperovichato asumió en 2003, cuando el presupuesto era de $ 2.000 millones, y concluyó 12 años después, con un presupuesto de $ 34.000 millones. En total, administró $ 140.000 millones, lo cual equivale a que no fue un Gobierno pobre. Sin embargo, mantuvo en la pobreza al 35% de la población. Y sólo un Gobierno mísero puede repartir tanta pauperidad.
Cabe entonces mensurar la pobreza estructural del sistema, es decir, sus necesidades básicas por satisfacer. Están establecidas en la Constitución Nacional. Son la representación, la república y el federalismo. La pobreza gubernamental que nos asiste, entonces, es descomunal.
Representación
Tucumán tiene más de 1,5 millón de habitantes. En contraste, en las últimas elecciones, la lista de candidatos más votada sacó 40.000 votos y sentó cuatro legisladores. ¿Qué representación es esa?
La que permite el acople. La Constitución alperovichista de 2006 estableció que antes de que se terminara ese año debía dictarse una Ley de Régimen Electoral y los Partidos Políticos. Esa no aplicación del derecho vigente ya cumplió una década y las consecuencias han sido cuantificadas por la Junta Electoral Provincial en su informe a la Legislatura, en diciembre pasado. En las últimas elecciones participaron 454 partidos y 1.657 acoples. En Yerba Buena se podían encontrar hasta 116 boletas en el cuarto oscuro. Si no se hace algo, según la Junta, en 2019 habrá 1.051 partidos.
Mientras no se ponga un límite a semejante disparate (hay sistemas bipartidistas, hay sistemas multipartidistas de hasta una decena de fuerzas, y hay esta locura), no será posible avanzar en un sistema de voto electrónico (la Carta Magna daba plazo hasta fines de 2006 para dictar la ley correspondiente), ni en la alternativa de la boleta pública. No hay pantalla ni papeleta impresa capaz de albergar un millar de posibilidades. Ni medio millar tampoco.
Desde 2006 también tienen rango constitucional la candidatura testimonial. La nueva Carta Magna permite a los legisladores pedir licencia y desempeñarse como funcionarios del Ejecutivo, a pesar de que se postularon para controlar a ese poder y no para integrarlo. Aquí ya casi no quedan candidatos a representantes del pueblo, sino sólo candidatos a ganar las elecciones.
Por eso, la Constitución habilita también la aberración de que los funcionarios no deban pedir licencia para ser candidatos. O sea, el pueblo les pagará para que hagan campaña y, en los hechos, les pagará también la campaña, porque ellos podrán seguir inaugurando obras, participando de actos públicos y apareciendo en los medios de difusión estatales. El camarista Rodolfo Novillo (ese juez tan republicano) exhortó a la Justicia hace un lustro en el “Fallo MP3” (el constitucionalista Rodolfo Burgos y el ex legislador Alejandro Sangenis lograron liquidar la Junta Electoral con mayoría del poder político) a legislar para conjurar ese atropello. Bien, gracias.
República
La república es libertad. Es la garantía de que los ciudadanos jamás sufrirán de interferencias arbitrarias. Porque ningún poder el Estado es más que otro. Y porque sólo uno dicta la ley (el Parlamento) y sólo otro la interpreta (la Justicia) y sólo otro la ejecuta (el Ejecutivo).
En Tucumán, el alperovichato atentó contra esto. Dio rango constitucional al más miserable mecanismo de Decretos de Necesidad y Urgencia: si la Legislatura no los trata a los 20 días, quedan firmes. Para legislar, el Ejecutivo sólo necesita que el la Legislatura no sesione.
A la vez, estableció que la Justicia no es igual que los poderes políticos. Para destituir al gobernador y al vice en juicio político se necesitan más votos legislativos (tres cuartos) que para remover a los vocales de la Corte (dos tercios). Este horror fue objetado judicialmente por los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán, quienes obtuvieron fallo favorable en marzo de 2013 en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que la Provincia apeló. Ayer, Iriarte volvió a pedir a la Corte que se dicte la sentencia definitiva. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos le solicitó al abogado hace unas semanas que “indique cuál es la situación actual de la acción de inconstitucionalidad” que promovió contra ese y otros excesos de la Constitución.
Federalismo
Tucumán ha convalidado la abolición de hecho del federalismo, hacia afuera y hacia adentro.
Durante el kirchnerato, los gobernantes tucumanos aceptaron, callados, que la Nación, después de 2006, siguiera descontando el 15% de la Coparticipación Federal de Impuestos, para garantizar el pago de aportes jubilatorios de los empleados públicos a la Anses, a pesar de a partir de ese año las provincias ya no renovaron el Pacto Fiscal. Ahora que la Nación devuelve esos dineros de los jubilados, debieran ser destinados a pagarles el 82% móvil que tanto merecen.
Callados también dejaron a la Nación que retuviera el 80% del impuesto al cheque, y que sólo enviara las migajas restantes a las gobernaciones: el IVA coparticipa el 44,5% a las provincias.
Callados, en definitiva, permitieron que, al final del kirchnerato, la Nación se quedara con el 70% de la masa de recursos coparticipables (la ex presidenta Cristina Fernández así lo blanqueó en 2009). En 1988, cuando se dictó la última Ley de Coparticipación, las provincias recibían el 57,7%.
La misma política de arrodillar autonomías y empobrecer distritos se aplicó en Tucumán, sometiendo financieramente a las municipalidades con el Pacto Social que les retenía toda la coparticipación a cambio de pagarles los sueldos: vasallaje o asfixia. De lo contrario, Tucumán no sería hoy una de las tres provincias (junto con Río Negro y San Luis) que no coparticipa Ingresos Brutos, impuesto provincial que le reporta unos $ 6.000 millones anuales.
Constitucionalismo
Con tanto déficit representantivo, republicano y federal, otra necesidad básica insatisfecha es el constitucionalismo. No la Constitución, sino su espíritu: un sistema de controles y contrapesos. Una instancia en la cual el derecho no sólo está vigente: también se aplica.
El paupérrimo constitucionalismo alienta una democracia deficitaria, pese a que ella es una necesidad tan básica como acuciante. Para funcione la democracia debe primar el constitucionalismo. Sólo así los derechos fundamentales se resguardan de cualquier tipo de intereses sectoriales. Inclusive, de los de la mayoría.
Sin contrapesos, las urnas pueden ser embarazadas, quemadas, vaciadas y hasta refajadas. Y pese a todo ello, y a la entrega de bolsones, y al acarreo de votantes, y a los tiroteos en las escuelas, y a los 72.000 segundos de publicidad para acoples del PJ que el PJ nunca pidió y Canal 10 sí transmitió sin siquiera facturarlos, las elecciones serán declaradas válidas por una Corte Suprema sitiada en un edificio asediado por quienes le pintaron “muerte a los traidores”. Y ese atentado contra la república un año después será festejado por el PJ tucumano como si fuera un hito.
Sin controles, la UCR, que lideró a la oposición en las elecciones, y que denunció en la Justicia aquellas maniobras fraudulentas, celebró una interna en la que las facciones denunciaron fraude, clientelismo, acarreo, compra de voluntades, amenazas de muerte e injerencias de los gobiernos de la Nación y de la Provincia. El alperovichato les ganó la batalla cultural y todavía se creen opositores. Si tanta afrenta no bastaba, el hecho de fueran a votar apenas 12.000 personas es un solemne certificado de pobreza política del radicalismo desmovilizado.
Entonces, sin esas instituciones constitucionales que son los partidos políticos, la democracia, lejos de funcionar, se desfuncionaliza. Y por doble vía.
Democracia
Por un lado, el clientelismo (practicado por los oficialistas y sus presuntos adversarios) hace que el contrato entre el votante y el elegido dure lo que el día de las elecciones. Una vez que compró el voto, el cargo es suyo y no tiene que rendir cuentas de su desempeño a nadie.
Por otra parte, el representante -que ahora sólo se representa a sí mismo- en virtud del aberrante sistema electoral, a quien le debe la banca es al mandamás partidario que le dio el acople.
Si en esta democracia nadie le adeuda nada al pueblo, necesariamente (y perversamente), el pueblo debe ser el que les adeuda todo a sus autoridades. Entonces, mientras se mantenía en la carestía a uno de cada tres tucumanos, había “gastos sociales” que no servían para sacar a nadie de la necesidad, pero sí para retirar $ 200 millones en valijas de las cuentas legislativas. En el jardín de las dietas de engorde es pobre un tercio de la población.
Pero esta indignidad no es privativa del Poder Legislativo. Aquí parece que hasta los gobernadores les deben el cargo a los ex gobernadores. Así que en esta democracia sin Ley de Acceso a la Información Pública, el actual mandatario mantuvo en secreto durante casi un año que había decretado que su antecesor, hoy senador nacional, también sería asesor con rango de ministro. Y los eventuales gastos que generase esa función serían cubiertos por el erario provincial…
Uno de cada tres tucumanos es pobre porque las necesidades básicas del sistema de gobierno están profundamente insatisfechas. La igualdad, define el constitucionalista Roberto Gargarella, “conlleva una preocupación por asegurar que la vida de cada individuo depende de las elecciones que cada individuo realiza y no de las meras circunstancias en las que le tocó nacer”.
Si los índices de pobreza determinan que ese principio es en Tucumán pura ficción, el empobrecimiento del sistema gubernamental es palmario. No hay Gobierno más mísero que aquel al que le igualdad nunca le importó.
La pobreza de un sistema gubernamental no puede medirse en dinero. Por caso, el alperovichato asumió en 2003, cuando el presupuesto era de $ 2.000 millones, y concluyó 12 años después, con un presupuesto de $ 34.000 millones. En total, administró $ 140.000 millones, lo cual equivale a que no fue un Gobierno pobre. Sin embargo, mantuvo en la pobreza al 35% de la población. Y sólo un Gobierno mísero puede repartir tanta pauperidad.
Cabe entonces mensurar la pobreza estructural del sistema, es decir, sus necesidades básicas por satisfacer. Están establecidas en la Constitución Nacional. Son la representación, la república y el federalismo. La pobreza gubernamental que nos asiste, entonces, es descomunal.
Representación
Tucumán tiene más de 1,5 millón de habitantes. En contraste, en las últimas elecciones, la lista de candidatos más votada sacó 40.000 votos y sentó cuatro legisladores. ¿Qué representación es esa?
La que permite el acople. La Constitución alperovichista de 2006 estableció que antes de que se terminara ese año debía dictarse una Ley de Régimen Electoral y los Partidos Políticos. Esa no aplicación del derecho vigente ya cumplió una década y las consecuencias han sido cuantificadas por la Junta Electoral Provincial en su informe a la Legislatura, en diciembre pasado. En las últimas elecciones participaron 454 partidos y 1.657 acoples. En Yerba Buena se podían encontrar hasta 116 boletas en el cuarto oscuro. Si no se hace algo, según la Junta, en 2019 habrá 1.051 partidos.
Mientras no se ponga un límite a semejante disparate (hay sistemas bipartidistas, hay sistemas multipartidistas de hasta una decena de fuerzas, y hay esta locura), no será posible avanzar en un sistema de voto electrónico (la Carta Magna daba plazo hasta fines de 2006 para dictar la ley correspondiente), ni en la alternativa de la boleta pública. No hay pantalla ni papeleta impresa capaz de albergar un millar de posibilidades. Ni medio millar tampoco.
Desde 2006 también tienen rango constitucional la candidatura testimonial. La nueva Carta Magna permite a los legisladores pedir licencia y desempeñarse como funcionarios del Ejecutivo, a pesar de que se postularon para controlar a ese poder y no para integrarlo. Aquí ya casi no quedan candidatos a representantes del pueblo, sino sólo candidatos a ganar las elecciones.
Por eso, la Constitución habilita también la aberración de que los funcionarios no deban pedir licencia para ser candidatos. O sea, el pueblo les pagará para que hagan campaña y, en los hechos, les pagará también la campaña, porque ellos podrán seguir inaugurando obras, participando de actos públicos y apareciendo en los medios de difusión estatales. El camarista Rodolfo Novillo (ese juez tan republicano) exhortó a la Justicia hace un lustro en el “Fallo MP3” (el constitucionalista Rodolfo Burgos y el ex legislador Alejandro Sangenis lograron liquidar la Junta Electoral con mayoría del poder político) a legislar para conjurar ese atropello. Bien, gracias.
República
La república es libertad. Es la garantía de que los ciudadanos jamás sufrirán de interferencias arbitrarias. Porque ningún poder el Estado es más que otro. Y porque sólo uno dicta la ley (el Parlamento) y sólo otro la interpreta (la Justicia) y sólo otro la ejecuta (el Ejecutivo).
En Tucumán, el alperovichato atentó contra esto. Dio rango constitucional al más miserable mecanismo de Decretos de Necesidad y Urgencia: si la Legislatura no los trata a los 20 días, quedan firmes. Para legislar, el Ejecutivo sólo necesita que el la Legislatura no sesione.
A la vez, estableció que la Justicia no es igual que los poderes políticos. Para destituir al gobernador y al vice en juicio político se necesitan más votos legislativos (tres cuartos) que para remover a los vocales de la Corte (dos tercios). Este horror fue objetado judicialmente por los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán, quienes obtuvieron fallo favorable en marzo de 2013 en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que la Provincia apeló. Ayer, Iriarte volvió a pedir a la Corte que se dicte la sentencia definitiva. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos le solicitó al abogado hace unas semanas que “indique cuál es la situación actual de la acción de inconstitucionalidad” que promovió contra ese y otros excesos de la Constitución.
Federalismo
Tucumán ha convalidado la abolición de hecho del federalismo, hacia afuera y hacia adentro.
Durante el kirchnerato, los gobernantes tucumanos aceptaron, callados, que la Nación, después de 2006, siguiera descontando el 15% de la Coparticipación Federal de Impuestos, para garantizar el pago de aportes jubilatorios de los empleados públicos a la Anses, a pesar de a partir de ese año las provincias ya no renovaron el Pacto Fiscal. Ahora que la Nación devuelve esos dineros de los jubilados, debieran ser destinados a pagarles el 82% móvil que tanto merecen.
Callados también dejaron a la Nación que retuviera el 80% del impuesto al cheque, y que sólo enviara las migajas restantes a las gobernaciones: el IVA coparticipa el 44,5% a las provincias.
Callados, en definitiva, permitieron que, al final del kirchnerato, la Nación se quedara con el 70% de la masa de recursos coparticipables (la ex presidenta Cristina Fernández así lo blanqueó en 2009). En 1988, cuando se dictó la última Ley de Coparticipación, las provincias recibían el 57,7%.
La misma política de arrodillar autonomías y empobrecer distritos se aplicó en Tucumán, sometiendo financieramente a las municipalidades con el Pacto Social que les retenía toda la coparticipación a cambio de pagarles los sueldos: vasallaje o asfixia. De lo contrario, Tucumán no sería hoy una de las tres provincias (junto con Río Negro y San Luis) que no coparticipa Ingresos Brutos, impuesto provincial que le reporta unos $ 6.000 millones anuales.
Constitucionalismo
Con tanto déficit representantivo, republicano y federal, otra necesidad básica insatisfecha es el constitucionalismo. No la Constitución, sino su espíritu: un sistema de controles y contrapesos. Una instancia en la cual el derecho no sólo está vigente: también se aplica.
El paupérrimo constitucionalismo alienta una democracia deficitaria, pese a que ella es una necesidad tan básica como acuciante. Para funcione la democracia debe primar el constitucionalismo. Sólo así los derechos fundamentales se resguardan de cualquier tipo de intereses sectoriales. Inclusive, de los de la mayoría.
Sin contrapesos, las urnas pueden ser embarazadas, quemadas, vaciadas y hasta refajadas. Y pese a todo ello, y a la entrega de bolsones, y al acarreo de votantes, y a los tiroteos en las escuelas, y a los 72.000 segundos de publicidad para acoples del PJ que el PJ nunca pidió y Canal 10 sí transmitió sin siquiera facturarlos, las elecciones serán declaradas válidas por una Corte Suprema sitiada en un edificio asediado por quienes le pintaron “muerte a los traidores”. Y ese atentado contra la república un año después será festejado por el PJ tucumano como si fuera un hito.
Sin controles, la UCR, que lideró a la oposición en las elecciones, y que denunció en la Justicia aquellas maniobras fraudulentas, celebró una interna en la que las facciones denunciaron fraude, clientelismo, acarreo, compra de voluntades, amenazas de muerte e injerencias de los gobiernos de la Nación y de la Provincia. El alperovichato les ganó la batalla cultural y todavía se creen opositores. Si tanta afrenta no bastaba, el hecho de fueran a votar apenas 12.000 personas es un solemne certificado de pobreza política del radicalismo desmovilizado.
Entonces, sin esas instituciones constitucionales que son los partidos políticos, la democracia, lejos de funcionar, se desfuncionaliza. Y por doble vía.
Democracia
Por un lado, el clientelismo (practicado por los oficialistas y sus presuntos adversarios) hace que el contrato entre el votante y el elegido dure lo que el día de las elecciones. Una vez que compró el voto, el cargo es suyo y no tiene que rendir cuentas de su desempeño a nadie.
Por otra parte, el representante -que ahora sólo se representa a sí mismo- en virtud del aberrante sistema electoral, a quien le debe la banca es al mandamás partidario que le dio el acople.
Si en esta democracia nadie le adeuda nada al pueblo, necesariamente (y perversamente), el pueblo debe ser el que les adeuda todo a sus autoridades. Entonces, mientras se mantenía en la carestía a uno de cada tres tucumanos, había “gastos sociales” que no servían para sacar a nadie de la necesidad, pero sí para retirar $ 200 millones en valijas de las cuentas legislativas. En el jardín de las dietas de engorde es pobre un tercio de la población.
Pero esta indignidad no es privativa del Poder Legislativo. Aquí parece que hasta los gobernadores les deben el cargo a los ex gobernadores. Así que en esta democracia sin Ley de Acceso a la Información Pública, el actual mandatario mantuvo en secreto durante casi un año que había decretado que su antecesor, hoy senador nacional, también sería asesor con rango de ministro. Y los eventuales gastos que generase esa función serían cubiertos por el erario provincial…
Uno de cada tres tucumanos es pobre porque las necesidades básicas del sistema de gobierno están profundamente insatisfechas. La igualdad, define el constitucionalista Roberto Gargarella, “conlleva una preocupación por asegurar que la vida de cada individuo depende de las elecciones que cada individuo realiza y no de las meras circunstancias en las que le tocó nacer”.
Si los índices de pobreza determinan que ese principio es en Tucumán pura ficción, el empobrecimiento del sistema gubernamental es palmario. No hay Gobierno más mísero que aquel al que le igualdad nunca le importó.
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