Ruido antinarco
Tres efectos ha tenido la estrategia sobre drogas del Gobierno nacional: 1) generar la sensación de que se está haciendo algo (ahí están los 4.000 litros de precursores químicos hallados en José C. Paz, los 865 kilos de cocaína de Salta y los 100 kilos de marihuana de Chaco); 2) dar la idea de que se está atrapando a narcotraficantes de cierta importancia (la banda García-Trayán ha sido presentada como un grupo con vínculos internacionales, al igual que “Pico” Peralta, el presunto narco que se escapó de la comisaría de DelfÍn Gallo, y “Rogelio” Villalba, el supuesto capo del narcomenudeo en La Costanera); y 3) encolumnar a las fuerzas de seguridad en la cacería de narcos por todas partes. Por eso, en esta semana que pasó hubo dos episodios muy fuertes: el secuestro en Buenos Aires de los precursores químicos (estaban vinculados con la banda García-Trayán) y el megaoperativo en La Costanera, con la captura de “Rogelio” y de dos “mulas” bolivianas que viajaban una nena de dos años.

La visita a nuestra provincia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha redondeado la estrategia del Gobierno nacional. Ayer no dijo mucho pero fue contundente cuando sentenció que “en Argentina el narcotráfico ha construido un mercado perfecto” y abonó el primer efecto cuando dijo: “comenzamos a trabajar fuerte”. Resonaron los aplausos.

Una ley para todo

Este primer efecto surge de la convicción de Mauricio Macri y sus funcionarios de que el narcotráfico es el principal de todos los problemas de seguridad en el país y que el gobierno anterior no sólo no hizo nada sino que dejó hacer. En esto coinciden la iglesia y vastos sectores de la sociedad. Por eso Macri lanzó la emergencia en seguridad a comienzos de año y movilizó a gendarmes y policías federales, así como creó en Tucumán la agencia antidrogas. Su ley de emergencia en seguridad engloba todos los delitos, encabezados por el narcotráfico y terminados por el lavado de dinero, la corrupción y el fraude a la administración pública. También hubo aplausos para esta norma.

Ya se había extendido, mucho antes de este gobierno, la idea de que la droga tenía que ver con el crecimiento de la violencia en la sociedad. Así lo ven los vecinos en general y así parece estar expuesto en los barrios pobres, en varios de los cuales reina el “paco”: “La Bombilla”, “El Sifón” y “Antena”, así como otros más extensos como Villa 9 de Julio, San Cayetano y 11 de Marzo. En ese sentido hubo, este año, varias advertencias de comisarios y fiscales tucumanos y del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, cuando hablaron de la violencia en las calles y de la droga. Aunque no había datos estadísticos, sino sólo hechos aislados tomados como emblemáticos. El segundo efecto -que se está atrapando a narcos de importancia- está en construcción. De “Pico” Peralta poco se sabe, excepto que saltó del humilde barrio Presidente Perón “a Yerba Buena” (no se dijo dónde); “Rogelio” seguía tomando cerveza en La Costanera y no champán (aunque su casa es de las mejorcitas pero no pasa de ser una vivienda “con ciertas aspiraciones”); Julio César Trayán vivía en una casa muy precaria y “La Gorda Noelia”, aunque tiene un hermano viviendo en un country, seguía en su vivienda de “La Bombilla”. Es decir, su forma de vida no ha cambiado sustancialmente aunque se dediquen al narcotráfico.

No obstante, hay dos elementos importantes a destacar: uno, que en tres de los casos se logró vincular a los detenidos con cargamentos importantes de material ilegal (cocaína, marihuana, precursores) y que se llegó a tener pistas de relaciones con narcos internacionales. “La banda que proveía en Paraguay a los García-Trayán la conocen y la buscan investigadores de ocho provincias”, dice una fuente judicial. Llegar a esa banda es bastante difícil, porque habría que trabajar con interpol. Un experto de la red de anticorrupción de la Cámara de Comercio Mundial, Roberto Durrieu, vino a Tucumán y dijo que la estrategia no debería ser necesariamente detener a “peces chicos” sino golpear más arriba en la cadena de los narcos y decomisarles sus bienes. Discurso parecido al de la ministra Bullrich de ayer, cuando explicó que hay que buscar la droga en origen y no cuando los narcos ya la han distribuido. El otro elemento es la presunción de que hay vínculos con la política. En este sentido, Elisa Carrió advirtió en Capital Federal que hay que investigar a los barones del conurbano y Bullrich corroboró que ya hubo tres casos recientes que podrían mostrar esos vínculos, entre los cuales mencionó al de Tucumán. Además, los investigadores judiciales y policiales dijeron “en off” que creen que van a encontrar al financista que ponía el dinero para estos grandes cargamentos.

Mucho operativo, pocos jueces

El tercer efecto -encolumnar a todos detrás de la guerra antinarco- está mostrando varias aristas. Los agentes de seguridad se están moviendo y los fiscales y jueces también. Detienen a mucha gente (en estas dos semanas hubo una veintena de aprehendidos) y no saben dónde alojar a todos. El sistema no está preparado para tanto acusado de narcotráfico atrapado. Muchos tienen arresto domiciliario (y nadie los controla) o quedan por disposición judicial en sus domicilios, no porque no haya lugar en las cárceles, sino por el fallo plenario Díaz Bessone, que establece que un acusado (no condenado), si muestra que tiene un trabajo y un lugar de residencia, puede esperar el juicio sin estar en la cárcel. Ese parece ser el caso de “Rogelio” y de “Castells” quienes, según la Policía, tienen otras causas pendientes. Y acá entra a jugar algo de lo que no habla el Gobierno nacional: el atraso en la estructura y el personal judicial. La Corte nacional acaba de reclamar al Gobierno por la falta de jueces federales: sobre 992 magistrados, hay 324 cargos vacantes. En Tucumán, el juez Fernando Poviña subroga la ausencia de juez en Jujuy (está los jueves y viernes en esa provincia), mientras que aquí no se ha dispuesto nada para el tercer juzgado federal. No sólo eso: el fiscal federal II, Pablo Camuña, subroga como fiscal del Tribunal Oral Federal (los jueves y viernes) mientras que el fiscal titular, Diego Velasco, se encuentra subrogando una fiscalía en Buenos Aires, donde reside su familia. Caótico; no se entiende, no hay aplausos.

Por detrás de este efecto está la sanción a las apuradas de normas y la creación de organismos. El gobernador Juan Luis Manzur se apresuró a declarar por decreto la emergencia en seguridad después de la advertencia del juez Poviña de que Tucumán corría el riesgo de convertirse en Rosario -la ciudad más violenta del país-; la cámara legislativa tiró abajo el decreto y sancionó la ley de emergencia más parecida a la nacional. Esta debe ser reglamentada y se deberá formar una comisión de seguimiento con potestades tan amplias que no se sabe si podrá actuar y ni siquiera si se conformará. Ni los representantes del gobierno nacional, ni los del provincial, ni los jueces, ni los fiscales, ni los policías, aportaron datos estadísticos para explicar todo lo que está pasando. Parece bastar el éxito en operaativos. Bullrich dijo que se trabaja en inteligencia y logística y el Gobierno provincial prometió adherir a la ley de transparencia y prometió brindar los datos. No dijo cómo hará, cuando a diario se reclama por la falta de información fehaciente sobre los hechos criminales y cuando está visto que el apagón estadístico ha sido funcional a los intereses de la administración. Tal como lo probó el secreto de un año sobre el decreto 41 de Manzur, cuya revelación generó un sacudón político mayúsculo. No hay precisiones aún sobre cómo se va a cambiar la cultura del secreto informativo y de recopilación de datos.

Los métodos de siempre

Con esto se vincula la falta de decisión sobre la forma de operar de las fuerzas de seguridad, que, por un lado, han sido mencionadas como funcionales al crecimiento del narcotráfico al menos durante la década kirchnerista y que, por otro, no han cambiado sus métodos. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal está haciendo moverse la oficina de Asuntos Internos y está exigiendo a los comisarios declaración de bienes. Ese camino aún está por verse en Tucumán.

Según cómo se desarrolle el tercer efecto, se podrán esperar, o no, aplausos.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios