Por Carlos Páez de la Torre H
01 Octubre 2016
EL OBISPO ORELLANA. Expidió el título de Gobernador del Obispado de Córdoba, al licenciado Benito Lascano.
No celebró sesión el 1 de octubre de 1816, en San Miguel de Tucumán, el soberano Congreso de las Provincias Unidas. A la crónica de la sesión del 30 de setiembre, que hicimos ayer, hay que agregar que el cuerpo consideró una comunicación del Provisor eclesiástico de Córdoba, licenciado Benito Lascano.
Este comunicaba que se había resuelto favorablemente el “ruego y encargo” remitido al obispo de aquella diócesis, monseñor Rodrigo Antonio de Orellana. En testimonio, remitía al Congreso “el auto de absolución de censuras, y los títulos de Provisor, Vicario General y Gobernador del Obispado expedidos a su favor por dicho prelado”. Por su parte, Orellana informaba “el recibo, obedecimiento y ejecución de la soberana carta-orden sobre los asuntos con el mencionado Provisor”. Expresaba los motivos por los cuales no dio cumplimiento “a otras dos órdenes que le fueron libradas”, y terminaba ofreciendo “todos sus respetos a la Soberanía”.
En estos días (edición del 3 de octubre) “El Redactor” dedicaba un extenso editorial a la necesidad de que la ciudadanía obedeciera las leyes. Decía que la sociedad requería “un gobierno fijo”, es decir “una autoridad pública a la que todos se sometan”. La libertad “de un ser sociable, como el hombre, no es más que el poder hacer lo que no se opone al orden establecido, y al bien de la sociedad de la que es miembro”.
Agregaba que, bajo estos principios, no sería difícil encontrar “la mejor forma de gobierno y la más adaptable al país en que habitamos”. Competía al Congreso “formar de un modo digno la opinión de los pueblos”.
Este comunicaba que se había resuelto favorablemente el “ruego y encargo” remitido al obispo de aquella diócesis, monseñor Rodrigo Antonio de Orellana. En testimonio, remitía al Congreso “el auto de absolución de censuras, y los títulos de Provisor, Vicario General y Gobernador del Obispado expedidos a su favor por dicho prelado”. Por su parte, Orellana informaba “el recibo, obedecimiento y ejecución de la soberana carta-orden sobre los asuntos con el mencionado Provisor”. Expresaba los motivos por los cuales no dio cumplimiento “a otras dos órdenes que le fueron libradas”, y terminaba ofreciendo “todos sus respetos a la Soberanía”.
En estos días (edición del 3 de octubre) “El Redactor” dedicaba un extenso editorial a la necesidad de que la ciudadanía obedeciera las leyes. Decía que la sociedad requería “un gobierno fijo”, es decir “una autoridad pública a la que todos se sometan”. La libertad “de un ser sociable, como el hombre, no es más que el poder hacer lo que no se opone al orden establecido, y al bien de la sociedad de la que es miembro”.
Agregaba que, bajo estos principios, no sería difícil encontrar “la mejor forma de gobierno y la más adaptable al país en que habitamos”. Competía al Congreso “formar de un modo digno la opinión de los pueblos”.
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