¿El fin de la hambruna de ética pública?

El Poder Ejecutivo Nacional acaba de promulgar la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa. De entrada hay un dato positivo: es el propio PEN, principal poder a ser controlado por los recursos de que dispone, el que, apenas asumido, envió este proyecto al Congreso. Con su sanción se terminaron 15 años de mora y de frustraciones, en los que la bancada oficialista mayoritaria bloqueó cualquier posibilidad de aprobación de numerosos proyectos, que -aún con media sanción- perdieron estado parlamentario. Se terminó también con el largo peregrinaje y la presión de las organizaciones civiles interesadas en la transparencia. Argentina dejó de ser uno de los cuatro países latinoamericanos que se negaba a transparentar la información pública: los otros son Bolivia, Cuba y Venezuela. También dejó de incumplir con los exhortos para dictar una Ley de Transparencia que le formularan las Naciones Unidas y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencias relacionadas con pedidos de información de ciudadanos y organizaciones civiles que, de todos modos, fueron incumplidas.

El Pacto Internacional de Lima del año 2000 señala que “el acceso a la información es un derecho delas personas y una exigencia de una sociedad democrática. La información no es propiedad del Estado, pertenece a los ciudadanos y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del Gobierno”.Hace más de dos siglos, Suecia en 1766 y la ley francesa de 1794, hicieron del acceso ya no un privilegio, sino un derecho cívico. Su sustentojurídico aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 cuyo art. 19 garantiza a cualquier individuo el derecho de “buscar, recibir y difundir las informaciones y las ideas de cualquier modo que sea”; en el Pacto de San José de Costa Rica de 1969; en la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, etcétera, a todas las cuales se adhirió nuestro país por leyes de la Nación. Con esta ley se pone en práctica el derecho humano a saber. Acceder a la información pública, no solo tiene el sentido de poder controlar qué hace el Estado con losdineros con los que los contribuyentes lo sostienen, sino que permite contar con información como requisito indispensable para posibilitar el debate democrático y participar en la formulación de propuestas para incidir en los planes y la acción de Gobierno. Además, la libre expresión de ideas se vería vaciada de contenido si no estuviera acompañada del derecho de contar con información veraz. La publicidad de los actos de gobierno es esencia misma de la República y en ese principio se sustenta el derecho de acceso a la información pública.

La ley sancionada abarca los tres poderes del Estado nacional, e incluye un procedimiento alternativo ante el Fuero Contencioso Administrativo, y crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como Autoridad de Aplicación y el Consejo Federal para la Transparencia con el objeto de coordinar con las provincias y la ciudad de Buenos Aires las acciones necesarias para impulsar la Transparencia en todo el país.

Esta ley en su Título I, permite que todo ciudadano tenga derecho a solicitar información pública sin necesidad de expresar motivación, de manera gratuita y recibirla en un plazo de 15 días hábiles. También están obligadas todas las entidades en relación a los dineros públicos recibidos. Hay obvias excepciones vinculadas a informaciones sensibles. En su Título II obliga a todos los Poderes a facilitar el acceso a la información pública a través de su página oficial informática, de manera estructurada, entendible, completa y actualizada con: índice orientador, estructura orgánica y funciones, autoridades y personal de planta permanente, transitoria, consultores, etcétera, remuneraciones, programas y actividades, presupuesto, estado de ejecución, transferencias de fondos y beneficiarios, contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores, socios y accionistas principales de los proveedores, actas de debates en los cuerpos colegiados y dictámenes jurídicos y técnicos, como sustento; informes de auditorías realizadas al propio organismo; permisos y concesiones otorgados; servicios directos al público, mecanismos para los trámites, procedimientos para presentar peticiones, o incidir en la formulación de la política del organismo; declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción, etcétera.

Tucumán no tiene ni una ley de Ética Pública ni una ley de Acceso a la Información. Personalmente, y como ciudadano, hace 16 años, presenté a la Legislatura una propuesta de “Sistema de Transparencia Fiscal” que no fue considerada. El Gobierno Provincial viene incumpliendo con el mandato de nuestra Constitución según la cual, losderechos y garantías consagrados por los Tratados Internacionales, incorporados como Ley de la Nación, son de carácter operativo. Además la ley sancionada, en su art 36 invita a las provincias a adherirse. El Gobernador prometió hacerlo. Si nuestra provincia hubiera contado con una Ley de Acceso a la Información, -como ya tenían numerosas provincias- no estaríamos sacudidos por ej. por el escándalo de las valijas pues, solicitándola o entrando al sitio se sabría con exactitud a quién se entregó cada “subsidio” de los 615 millones de pesos, con toda la documentación correspondiente. Más aún, la necesidad de transparentar hubiera evitado que se disponga de centenares de millones de pesos para “subsidiar”. Cuando en todos los foros mundiales ya se discute el principio de máxima divulgación, y el acceso incluso a la misma base de datos -“movimiento open data”-,Tucumán sigue, desde hace 43 años, con su única ley: la 3.981 de 1973, de declaraciones juradas secretas. Sin dudas, la larga hambruna de ética pública es la gran responsable de la larga pobreza en nuestra provincia, ámbito vulnerable donde, por negligencia o complicidad de la política, se asentó el narcotráfico, responsable de tanto dolor y tantas muertes.