29 Septiembre 2016
La partida presupuestaria en cuestión tiene un nombre técnico: ayudas sociales a personas. Pero, con el correr de los años, recibió un apodo: “gastos sociales”. Diversas denominaciones tuvieron los fondos que ejecutó el Poder Legislativo en las últimas dos décadas bajo la forma de supuestos subsidios. Las dudas sobre el uso de ese dinero llevaron al legislador macrista Luis Brodersen (PRO-A) a formular, en junio, una demanda judicial. La Provincia, a través del abogado Aldo Luis Cerutti, de la Fiscalía de Estado, refutó las objeciones planteadas por el opositor.
En el 2015 electoral, la Legislatura repartió subsidios por $ 615,6 millones (el 40% de su presupuesto global). LA GACETA reveló, mediante fotos e informes de las cuentas bancarias, que esa plata era llevada en valijas, desde un banco céntrico hasta la sede del cuerpo legislativo. Luego de varios meses de escándalo, en agosto pasado, la partida para ayudas a personas fue eliminada (continúan los aportes a instituciones). Sin embargo, los interrogantes en torno a esos fondos públicos continúan. Incluso, hay causas judiciales en curso que indagan al respecto.
El legislador Brodersen impulsa una de ellas, ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El macrista planteó una acción declarativa de certeza, y el tribunal le corrió traslado a la Provincia. El abogado Cerutti respondió con un escrito de 68 páginas, al que accedió LA GACETA. “Niego que en la ejecución de la previsión presupuestaria ayudas sociales a personas los legisladores provinciales perciban o reciban dinero correspondiente a esta asignación (...). Niego que en la ejecución de la previsión presupuestaria en debate se haga entrega o se ponga a disposición de los legisladores provinciales suma alguna vinculada a dicha previsión presupuestaria”, expresó Cerutti, a quien en 2007 el entonces fiscal de Estado, Antonio Daniel Estofán (hoy vocal de la Corte Suprema), le confirió el poder general para intervenir en juicios por la Provincia. El funcionario desestimó además que “exista ocultamiento de información” respecto al uso de los dineros de la Legislatura y que ese poder “no difunda su presupuesto ni la ejecución de sus recursos”.
Cerutti hizo una serie de objeciones técnicas sobre la demanda de Brodersen, quien actuó asesorado por el abogado Carlos Correa. “Entiendo marcadamente inadmisible la pretendida configuración de un ‘estado de incertidumbre’ sobre la cuestión jurídica, ligado únicamente a una indagación o especulación política que el propio demandante sostiene -sin disimulo- en sus respectivos escritos”, indicó el representante de la Fiscalía de Estado. Remarcó luego que la Constitución provincial dispone la autarquía financiera del Poder Legislativo. “Tanto la fijación de la partida presupuestaria en pugna como su ejecución, aplicación y destino cumplieron las disposiciones legales vigentes en la materia y sus respectivas rendiciones de cuentas no merecieron observación alguna por parte del organismo público de control”, señaló, en alusión al Tribunal de Cuentas (TC).
La Constitución provincial dispone la dieta (fijada en $32.000) como única remuneración por la labor parlamentaria. Si bien la Provincia aseguró que los legisladores no perciben otros fondos, este año el manzurista Reneé Ramírez admitió el cobro $ 150.000 por mes para gastos sociales. Incluso, manifestó que esos recursos no bastaban para satisfacer los pedidos vecinales.
En el 2015 electoral, la Legislatura repartió subsidios por $ 615,6 millones (el 40% de su presupuesto global). LA GACETA reveló, mediante fotos e informes de las cuentas bancarias, que esa plata era llevada en valijas, desde un banco céntrico hasta la sede del cuerpo legislativo. Luego de varios meses de escándalo, en agosto pasado, la partida para ayudas a personas fue eliminada (continúan los aportes a instituciones). Sin embargo, los interrogantes en torno a esos fondos públicos continúan. Incluso, hay causas judiciales en curso que indagan al respecto.
El legislador Brodersen impulsa una de ellas, ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El macrista planteó una acción declarativa de certeza, y el tribunal le corrió traslado a la Provincia. El abogado Cerutti respondió con un escrito de 68 páginas, al que accedió LA GACETA. “Niego que en la ejecución de la previsión presupuestaria ayudas sociales a personas los legisladores provinciales perciban o reciban dinero correspondiente a esta asignación (...). Niego que en la ejecución de la previsión presupuestaria en debate se haga entrega o se ponga a disposición de los legisladores provinciales suma alguna vinculada a dicha previsión presupuestaria”, expresó Cerutti, a quien en 2007 el entonces fiscal de Estado, Antonio Daniel Estofán (hoy vocal de la Corte Suprema), le confirió el poder general para intervenir en juicios por la Provincia. El funcionario desestimó además que “exista ocultamiento de información” respecto al uso de los dineros de la Legislatura y que ese poder “no difunda su presupuesto ni la ejecución de sus recursos”.
Cerutti hizo una serie de objeciones técnicas sobre la demanda de Brodersen, quien actuó asesorado por el abogado Carlos Correa. “Entiendo marcadamente inadmisible la pretendida configuración de un ‘estado de incertidumbre’ sobre la cuestión jurídica, ligado únicamente a una indagación o especulación política que el propio demandante sostiene -sin disimulo- en sus respectivos escritos”, indicó el representante de la Fiscalía de Estado. Remarcó luego que la Constitución provincial dispone la autarquía financiera del Poder Legislativo. “Tanto la fijación de la partida presupuestaria en pugna como su ejecución, aplicación y destino cumplieron las disposiciones legales vigentes en la materia y sus respectivas rendiciones de cuentas no merecieron observación alguna por parte del organismo público de control”, señaló, en alusión al Tribunal de Cuentas (TC).
La Constitución provincial dispone la dieta (fijada en $32.000) como única remuneración por la labor parlamentaria. Si bien la Provincia aseguró que los legisladores no perciben otros fondos, este año el manzurista Reneé Ramírez admitió el cobro $ 150.000 por mes para gastos sociales. Incluso, manifestó que esos recursos no bastaban para satisfacer los pedidos vecinales.
Lo más popular
