29 Septiembre 2016
Gentilicio capitalino
La reforma constitucional de la provincia de 1995, puso en claro una idea que daba vuelta entre los tucumanos desde hacía tiempo: que la provincia es Tucumán y su capital se llama San Miguel de Tucumán. En los últimos tiempos muchos han comenzado a nombrar a la ciudad como San Miguel a secas. Está bien, el idioma y los nombres de los lugares son impuestos por la gente. Ahora, cabe una curiosidad, ¿cómo será el gentilicio de los capitalinos? ¿Sanmigueleños? ¿Miguelenses? ¿Miguelinos? Como siempre, el tiempo y los tucumanos lo terminaremos decidiendo.
Carolina Aguirre
Galimatías jubilatorio
¿La decisión del Gobierno de devolverles a los jubilados todos los dineros robados fue difundida como un hecho reivindicativo de Justicia o es sólo una forma de difusión que apunta a dividendos políticos? ¿Será posible que porque nos vayan a devolver lo que nos deben a esta decisión la conviertan en una negociación espuria? Si desde el Gobierno para concretar el pago a los jubilados nos roban una vez más una proporción de lo que nos corresponde cobrar, habremos caído una vez más en las fauces de las distorsiones. Es necesario que el Gobierno informe en forma concreta lo que tenemos que cobrar. ¿Cuál es la cifra con la que se han de quedar? ¿Cómo y cuándo cobraremos? Supuestamente era desde el 1 de septiembre. Nada nos deja suponer que esta medida ha de ser justa y transparente. Un empleado con igual cargo al mío al momento de mi retiro cobra $ 42.500. Otro jubilado en las mismas condiciones cobra $ 27.000. Yo, al momento, $ 6.700. ¿Yo estoy loco, o los que manejan el poder y el dinero de la Anses no han descubierto la gravedad del momento que vivimos? O son ciegos o no quieren ver; o son sordos o no quieren escuchar. ¿Alguien del Gobierno me puede responder? Por todas las jubilaciones que están por debajo de la línea de pobreza, con esta forma de hacer justicia, todo se vuelve un galimatías con triste sabor a utópico. A nuestros legisladores les dan, sin obligación de rendir cuentas, 40 jubilaciones mínimas y todavía se molestan cuando les sugieren que los gastos sociales deben canalizarse por otras áreas y no por los bolsillos de cada legislador... Creo que se están equivocando deliberadamente. ¡Una vez más el zorro cuida las gallinas!
Héctor L. Bravo
Marcos Paz 340
San Miguel de Tucumán
Integración con Chile
Ha resultado interesante conocer a través de LA GACETA, el resultado de la reunión del 28 Comité de Integración Fronteriza NOA entre Argentina Y Chile. Allí se plantea “delimitar estrategias para avanzar en acciones concretas que permitan incrementar el intercambio comercial entre ambos países”, etcétera. Pero también resultará interesante recordar y hacer conocer que en 1997 y 1998 ( hace 19 años) el Gobierno de Tucumán firmó dos convenios cuyos contenidos fueron muy amplios y precisos en lo concerniente al intercambio comercial, usos de los puertos chilenos con franquicias, turismo, régimen fitosanitario especial, etcétera. Dado la magnitud, importancia y alcance de dichos convenios, el siguiente gobierno provincial resolvió trasformar íntegramente esos convenios en una Ley provincial No 7.149 (aún vigente). Los puertos mencionados en los acuerdos fueron Tocopillas, Mejillones y Antofagasta. De esta forma el Norte de Chile se abría a Tucumán. Una lástima que el nuevo paso fronterizo por Aguas Calientes al puerto de Taltal quedó trunco y eso iba a beneficiar mucho a Tucumán. Las delegaciones chilenas en 1997 venían encabezadas por el secretario regional ministerial de Transporte de la segunda región de Chile, don Gastón Viveros, y en 1998 ya vino el cónsul regional Mauricio Bravo junto al secretario ejecutivo de la segunda región y un grupo de consejeros regionales de dicha región chilena, asumiendo la importancia y trascendencia que le otorgaron a esos acuerdos. En la Legislatura están todos los antecedentes del caso. Después de la promulgación de la citada ley provincial no se avanzó nada al respecto.
Franco Augusto Fogliata
Control de drogadicción
No en pocas oportunidades nos enteramos del dictado de nuevas leyes o resoluciones emanadas de la Legislatura que si bien en la letra pueden considerarse como positivas al ser aplicadas no tienen ningún valor práctico por su incoherencia. Me refiero a la aprobada recientemente sobre el control de uso de estupefacientes entre los que se incluiría a funcionarios de alto rango, jueces, fiscales,legisladores y miembros del poder ejecutivo, incluyendo a secretarios, prosecretarios, etcétera, los que se deberían realizar test para constatar o descartar adicciones. Sin temor a equivocarme tengo la seguridad que a una ínfima cantidad de persona o quizás a ninguna las pruebas darán resultado positivo y baso esta opinión en la disposición, y de allí la incoherencia, en que dichas personas tienen un plazo de tres meses para someterse a los controles, lapso en que los consumidores de drogas pueden optar por un período amplio sin hacer uso de ellas y por lo tanto resultar los análisis totalmente negativos, por lo que hubiera sido de valor limitar el tope de tiempo para realizar los controles a no más de 20 días de sancionada la ley y que esta tuviese valor para detectar adictos. Una vez más tiene vigencia el “hecha la ley...”.
Francisco Hugo Palazzo
Esteban Echeverría 55
San Miguel de Tucumán
Escándalo
En la carta titulada “Escándalo” (26/9) su autor expresa que el presidente de la Legislatura tiene la facultad de nombrar la planta de personal del cuerpo y de fijar sus remuneraciones. Yo me pregunto el porqué de tal interpretación, dado que el art. 59 de la Constitución provincial (donde se contempla este tema) legisla, a mi juicio, sobre facultades del cuerpo y no de su presidente. Dice, además, que tal facultad es exclusiva, por lo tanto indelegable (criterio concordante, en mi opinión, con la norma del art.3 de la CP). Si bien en el artículo 59 se menciona tanto al presidente en la figura del vicegobernador como a otros funcionarios considero, a riesgo de equívoco, que la facultad para efectuar las citadas designaciones y fijación de retribuciones es dada a la Legislatura, no a su presidente. Fue la reforma constitucional de 1990 (en la que el doctor Luis Iriarte creo habría intervenido como constituyente) la que estatuyó explícitamente la facultad de las citadas designaciones (art.55) y la reforma de 2006 agregó la cuestión de las retribuciones. A su vez el art. 67 de la constitución vigente dispone que corresponde al Poder Legislativo la atribución de fijar e incorporar su propio presupuesto a las cifras enviadas por el Ejecutivo vinculadas con el presupuesto de la Provincia. En tal presupuesto legislativo quedan comprendidas, lógicamente, las remuneraciones del personal a las que hace referencia el autor de la mencionada carta.
Eduardo Nieto
Robo
Quizás deba pedir perdón por lo que voy a decir: estoy podrida de los ladrones y si se matan no me importa, ayer a las 13 asaltaron a mi nieto en la esquina de pasaje República y Mate de Luna dos malnacidos y no quiero decir una mala palabra. No tan sólo le robaron sino que lo dejaron con una crisis de nervios. ¿A quién debemos recurrir para que podamos vivir tranquilos y que no nos roben y nos maten? Seguramente este gobierno, continuación del anterior, nada hará. Por desgracias enseñaron a que se debe vivir bien robando y no trabajando. Qué bueno sería que algún fiscal o juez aunque sea de oficio allanen todos los lugares donde se destraban celulares y se compran los robados. Por favor tengan piedad de nosotros. y que los ladrones tengan por lo menos un año de cárcel. Y no me vengan con el cuento de que “pobres, la droga, no tuvieron oportunidades”. Pobres somos nosotros.
María Cristina Rodríguez
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