El río sigue revuelto

Por Marcelo Aguaysol 28 Septiembre 2016

El río está revuelto, pero no hay ganancias para los pescadores. En realidad, sólo hay una red de contención dentro del bote que conduce a 2017. El puerto aún está muy lejos, más aún cuando no se sabe quién pagará el combustible o el pasaje hacia una nueva instancia en la relación fiscal Nación-Provincias. Es que el impuesto a las Ganancias sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para la gestión del presidente Mauricio Macri. Los trabajadores siguen esperando una modificación del tributo, con el fin de sentir una presión fiscal más baja en el salario que la que se viene observando en los últimos años. Además, el Gobierno nacional ha decidido “cumplir” su promesa electoral de modificar la forma de descontar ese impuesto en las remuneraciones para 2017. Aún más, cabe la posibilidad de que, el próximo año, los salarios que superen los $ 120.000 mensuales tengan una mayor carga fiscal, como una manera de mostrar la progresividad de Ganancias. Claro que hasta ahora todo es especulación, como lo es desde el 10 de diciembre pasado cuando Macri tomó las riendas del poder y los asalariados aguardaban anuncios que hoy demoran en llegar. En el medio, hubo parches. El último, incluido como una prenda de negociación parlamentaria para devolver la retención realizada por el fisco en el medio aguinaldo del primer semestre. Lisa y llanamente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descontó el impuesto en el Sueldo Anual Complementario hasta tanto se sancionara la Ley de Reparación Histórica para los Jubilados, que contenía el beneficio. Cuando el proyecto fue convertido en norma, la automaticidad de la retención se volvió algo engorrosa: el contribuyente está obligado a demostrar que no debe nada, a navegar sin rumbo por la web de la AFIP y a llenar formularios electrónicos antes de fines de año. Luego, con suerte, podrá efectuarse la acreditación del dinero retenido, a valores históricos, sin tomar en cuenta que, en el lapso que transcurrió entre el descuento y la devolución hubo una inflación que devaluó aquellos pesos del aguinaldo. Todo esto si los sujetos de la tercera categoría del impuesto, es decir, los empleados en relación de dependencia, no se cansaron de tanta burocracia digital y desistieron de formular el reclamo de la devolución. No son pocos.

Ganancias es un impuesto coparticipable; los cambios circunstanciales (suba del mínimo no imponible) en ese tributo han causado verdadero dolores de cabeza a los gobernadores. La coparticipación ha disminuido su caudal y no hubo compensación. Las provincias recibieron menos plata de la torta federal en un período de recesión. Ahora, el Gobierno nacional les pidió a los ministros de Economía provinciales que apoyen los cambios en las escalas del impuestos, a aplicarse desde 2017. Claro que ese respaldo tendrá que ser sobre la base de la iniciativa oficial, que implicaría un costo fiscal anual de $ 27.000 millones. La Casa Rosada sostiene iniciativas como las que impulsan, por caso, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria o la misma CGT tienen un mayor costo, de entre $ 50.000 millones y $ 100.000 millones, con la consecuente caída del goteo de recursos federales. Además, hay intenciones nacionales de que los distritos del país, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, bajen -al menos- un 10% del déficit corriente en sus cuentas, como una suerte de llave para abrir autorizaciones para obtener financiamiento.

Cuentan que los ministros provinciales salieron con un sabor amargo del encuentro mantenido con los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Rogelio Frigerio (Interior). Además, aclararon que estudiarán las propuestas del Gobierno nacional en las próximas dos semanas. La Nación quiere una respuesta antes de fines de octubre que, según su criterio, ya estará avanzado el tratamiento del Presupuesto 2017. Los gobernadores, en tanto, no aflojarán con el pedido de compensación de fondos. Y pusieron toda su atención en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Quieren que esos aportes sean de libre disponibilidad y que se distribuyan con criterios similares a los de la coparticipación y no con fines específicos, como sucede ahora. La torta no es chica. “Los ATN son como una provincia más, porque se administran casi $ 30.000 millones anuales”, se escuchó en la reunión. Esa es la pesca que se viene.