Cartas de lectores

“Agradecimiento”

Como ciudadano común que vive los avatares de la situación actual sin ningún tipo de solución concreta y donde el único medio posible de manifestar las inquietudes es éste. Quiero manifestar mi agradecimiento a los incumplimientos de las gestiones que hube tramitado oportunamente y que forma de un florido reclamo de reclamos y/ o deseos que se cumpla lo que se declama en lo discursos. Primero la SAT dejó frente a mi domicilio un hermoso regalo de apertura que costó horrores hasta que lo taparon con tierra con los consabidos peligros para transeúntes, vehículos de toda naturaleza y la obstrucción del garaje de mi domicilio. Luego solicité personalmente a quienes hacían el bacheo por avenida Belgrano al Oeste por la inauguración de la Exposición Rural; donde el que dirigía el operativo me puso al contacto de su celular con el intendente apara que le agradezca la gestión y el compromiso que al día lunes harían el bacheo al pozo. Pasó el tiempo y llamé a Obras Públicas, sector de Ingeniería, y me dijeron que ellos no realizan estos pedidos por vía telefónica y que debía gestionar un expediente por la Municipalidad cuya respuesta se haría efectiva entre 30 y 40 días. Por estas razones decidí comprar cemento y ripio y contratar a quien pudiera sellar dicha abertura tan peligrosa. La pregunta es si todos tenemos que resolver estas cuestiones sin la atención de los organismos que solicitamos; de que organización y deseos de mejoramiento hablamos; me permito citar un dicho de mi abuela “mandate y hacertelo vos; serás bien mandado”, dicho que tiene más de un siglo y de inmediato me viene la reflexión: “queremos cambiar lo que no queremos cambiar”..

Héctor Sergio Estrade

Pasaje Roca 4.073

San Miguel de Tucumán

Control antidrogas

En su edición del 23/9, LA GACETA da a conocer el cumplimiento de la Ley N° 8.850/16 como así el Decreto Reglamentario 2.713/1/16, referido a la permanencia en niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el “carecer de adicción a drogas ilegales”. En primer lugar, puedo estar de acuerdo y entender que aquellas personas que al someterse a dicho examen que involucra a distintos funcionarios de nivel en los estamentos de gobiernos provinciales municipales y judiciales, tiene como objeto la recuperación del mismo apartándolo de la función que en esos momentos ejerce. Mi duda es si la misma no viola el derecho a la intimidad y entiendo que si hubiera tenido que requerir la opinión desde el punto de vista constitucional a las distintas cátedras de la UNT y de la Unsta. Se podrán adoptar todas las medidas que estimen del caso, pero el temor es que se viola el derecho a la intimidad, y se puede marginar a estas personas que sufren esta enfermedad como parias. Hubiere sido más conveniente a mi entender, que la misma tenga el carácter de reservado y en caso de que se considere que un funcionario que no está en su sano juicio o sufre alteraciones para cumplir sus funciones, si proceder en consecuencia. Extraña que hay otras personas que sin ocupar funciones públicas, tienen una responsabilidad desde el punto de vista de la seguridad hacia nuestros semejantes, en la cual se debe prever como aquellos que conducen automóviles particulares y más aun los que sacan carnet profesional para conducir ómnibus, camiones, otros que son conductores de servicios impropios como tienen los municipios (taxis, ómnibus, transportes escolares, etcétera) a cuyos choferes no se les exige este tipo de requisito para conducir un rodado. Llegando al extremo y dado el auge que tiene en estos días se incrementó este flagelo que azota a nuestra sociedad, podríamos llevarnos mayúsculas sorpresas si se comprobare que los funcionarios de los distintos poderes sean adictos, lo que generaría una acefalia de imprevisibles consecuencias. No se puede tener reacciones espasmódicas por hechos que tuvieran repercusión pública recientemente, cuando vemos que en distintos barrios de nuestra ciudad hay guerra de clanes con muertes y heridos, disputándose territorio de quien vende más “paco”, cocaína, etcétera. A este flagelo no se lo combate ni se lo erradica con estas medidas. El problema es mayor por haber sido tan permeables durante años a la instalación de la droga en nuestro medio sin buscar los paliativos generando trabajo, cultura, deporte, etcétera, deteniendo a quienes les proveen a los “muchachones” para que salgan a vender y a distribuir la droga. Hace rato que la Iglesia Católica puso el grito en el cielo de alerta y todos miraron para el otro lado.

José Luis Avignone

Marcos Paz 922

San Miguel de Tucumán

Ley pareja no es rigurosa

“La justicia federal afronta una auditoria única en su historia, por casos de presunta corrupción “. “Más cerca” Procedimiento judicial, LA GACETA 18/9, y 21/9. La independencia judicial es la columna que sostiene la democracia y esto no implica ningún privilegio especial; el no cumplimiento violenta la voluntad y paciencia de quienes creen en la Justicia como último recurso para asegurar la igualdad de los derechos de todos, saturados ya por el mal desempeños de algunos funcionarios y dirigentes. Una de las garantías esenciales en un país es que los jueces estén dotados de independencia. Esta forma de independencia se traduce en que el juez no debe ser genuflexo al poder político o dejarse influenciar por exigencias partidistas; la Justicia se estremece con estas intromisiones. La justicia debe ser administrada con el ejemplo, no deben existir fueros ni dilataciones para proteger la corrupción. La Constitución debe ser la brújula que guíe siempre sus decisiones, ofreciendo a todos los ciudadanos igualdad ante la ley. “Hacete amigo del juez,/ no le des de qué quejarse,/ que siempre es bueno tener/ palenque donde rascarse”. Cuando José Hernández puso en boca del viejo Vizcacha estos versos proverbiales no debe haber pensado que los consejos de ese criollo descarado y osado iban ser un catecismo de aplicación diaria para políticos, funcionarios y jueces. El ciudadano común nunca como en este momento ha tenido la sensación de que la política divide a los jueces en dos bandos. Esa mujer de los ojos vendados y la balanza equilibrada, después de tantas dificultades y de sangre derramada para lograr nuestra democracia, carece de confianza social para ser creíble. Pareciera que por momentos se saca la venda de los de los ojos y desequilibra la balanza para el lado que más le conviene. ¿Por qué los jueces no pagan el impuesto ganancias y gozan del privilegio de no publicar sus declaraciones juradas? Estas son fundamentales en un estado democrático pues no sólo permiten prevenir actos de corrupción sino que forman parte de un sistema que debe ser transparente.

Pablo J. Giunta

Jujuy 575

San Miguel de Tucumán

Escándalo

Fueron detenidos empleados legislativos vinculados al presidente del bloque oficialista “Tucumán Crece”, en una causa sobre tráfico de drogas. Ramón Santiago Cano declaró que no puede controlar los antecedentes de los casi 2.500 empleados que trabajaron para consagrar su elección como legislador en el escandaloso proceso electoral del año pasado. LA GACETA del 24/9 nos informa sobre un reciente decreto firmado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo en el que se prevén sanciones para los empleados legislativos que se encuentren vinculados a cualquier hecho delictivo. Dicho decreto describe las diversas categorías de empleados de la Legislatura, cuya designación y fijación de sueldos está exclusivamente a cargo, por mandato constitucional, del compañero de fórmula del gobernador (art.59 Constitución de Tucumán). El decreto detalla la existencia en la Legislatura de personal de planta permanente, de bloques legislativos, contratados y temporarios. Es tiempo de que los tucumanos se interroguen sobre el sentido de esta atrocidad institucional de nuestra “Carta Magna” por la cual el vicegobernador, pese a estar prevista su elección constitucional en el capítulo dedicado al Poder Ejecutivo, electo conjuntamente con el gobernador, y sindicado como su reemplazante natural, pueda presidir, gobernar y administrar el Poder Legislativo, cuya misión es no sólo la de sancionar leyes sino también la de controlar y hasta destituir, por juicio político, al titular del Poder Ejecutivo. ¿Cómo es posible que el vicegobernador tenga como facultad exclusiva la de nombrar todos los empleados de la Legislatura, fijar sus remuneraciones y “proveer a las necesidades funcionales” del Poder Legislativo en relación a todos los sectores que integran el Cuerpo (art.59 citado)? ¿Cómo es posible, sin mengua del principio republicano de división de poderes, que el vicegobernador tenga facultad exclusiva de “fijar la dieta” de los legisladores? ¿Cómo es posible seguir tolerando que, conforme el art.20 del reglamento de la Legislatura, sea competencia del vicegobernador fijar los temas del “orden del día” que deben tratar, considerar y resolver el pleno de la Legislatura? ¿Cómo es posible seguir aceptando que, por esa facultad reglamentaria, nunca la Legislatura dé cumplimiento con su deber constitucional de “aprobar o desechar las cuentas de inversión” que le remite anualmente el Poder Ejecutivo (art.67,inc.3° Constitución de Tucumán), porque el vicegobernador no incluye el tratamiento de esa “cuenta” en el orden del día que deben tratar los legisladores, impidiendo de ese modo que los legisladores opositores controlen cómo y en qué gastó el gobernador los miles de millones de pesos recaudados anualmente de los contribuyentes? A raíz de ese nuevo escándalo que salpica a Ramón S. Cano, nos preguntamos, con toda legitimidad, cuántas designaciones de “empleados legislativos contratados” y “temporarios” hicieron los vicegobernadores en los procesos electorales pasados, en beneficio de bloques legislativos oficialistas, violentando la igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos que establece el art-23 del Pacto de San José de Costa Rica. Tucumán debe dialogar en serio sobre todas estas aberraciones constitucionales y reglamentarias, que violentan la democracia republicana que es nuestro deber cumplimentar.

Luis Iriarte

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El legado del ingeniero Correa

Me tocó asistir a uno de los tantos actos importantes que se realizan en adhesión al Bicentenario de nuestra Independencia; este se refería a la reedición de libros que ya no existen y de personalidades nuestras. Aparte de su enorme valor histórico, para mí resultó emocionante cuando tocó la presentación de “Geografía de Tucumán”, escrita por mi abuelo, el ingeniero Antonio María Correa. Las explicaciones dadas por la señora Elena Perilli de Colombres Garmendia, con tanto énfasis y sinceridad, me llenaron de orgullo. Luego, ya en la tranquilidad de mi hogar, vino a mi mente la injusticia cometida hace unos años contra mi abuelo por personal del museo al que se realizaron las donaciones. Mi padre había donado al Museo Provincial Nicolás Avellaneda, material referente al trabajo del ingeniero Correa, pensando en un lugar muy especial para su resguardo para la posteridad y para que la provincia se encargue de su mantenimiento, a la vez que fuera exhibido como correspondía a su importancia y valor sobre todo sentimental para toda su descendencia. Vale aclarar que todo el material donado se efectuó mediante decreto. Pese a todo, el primer mapa donado. cuyo origen data de 1888, se arruinó tanto por la falta de cuidado que desapareció. Espero que el resto de las donaciones aún existan. No es la primera vez que me refiero a este tema por medio de este importante diario, ya que los pedidos directos a esa repartición nunca fueron escuchados; no se les dio curso ni respuesta, quizás por falta de tiempo. Espero pronto saber del resto de esa importante colección del ingeniero Correa y que podamos verla expuesta en los salones del importante museo Avellaneda.

Nelly Correa

25 de Mayo 577

San Miguel de Tucumán