25 Septiembre 2016
Roxana Teves insistió conque quiere dar a conocer su historia en un juicio oral mediante el escrito que sus abogados defensores, los también dirigentes radicales Juan Roberto Robles y Juan Andrés Robles (son padre e hijo), presentaron en el Juzgado de Instrucción N°2 a comienzos de este mes. Ese despacho, que está acéfalo desde noviembre de 2012 por el fallecimiento de la jueza Emma De Nucci, tiene pendiente desde hace un año el control del requerimiento de elevación a juicio contra Teves y tres familiares que formuló la fiscala Adriana Giannoni (N°8).
“Venimos a solicitar el pronto despacho de las reiteradas peticiones de elevación a juicio o bien el sobreseimiento definitivo”, dijeron los Robles. Y añadieron: “las necesidades políticas del Gobierno de turno o los intereses procesales del actual ministro público (Edmundo Jiménez), involucrado y denunciado junto al ex fiscal Guillermo Herrera por el despojo de los bienes de Teves, jamás pueden ser obstáculo para la inmediata prosecución de este proceso ignominioso, vergüenza nunca vista en la historia judicial de Tucumán”.
Testimonio descartado
La causa “Teves-Albarracín” empezó a fines de 2009 a partir de una denuncia de Carolina Severini, hija de Augusto Severini, empresario fallecido en septiembre de aquel año. Post mortem, Severini, quien actuó con el asesoramiento de Edmundo Javier Jiménez y de Ana Lucía Jiménez (hijos del jefe de los fiscales), acusó a Teves de haber privado de la libertad y secuestrado a su padre, quien dejó un patrimonio de $ 20 millones (5,3 millones de dólares en ese momento). Como consecuencia de ello, Herrera pidió a De Nucci, y obtuvo la detención y la prisión preventiva de Teves, de dos de sus hijos y de una nuera. En cautiverio, la imputada se autoincriminó y entregó unos plazos fijos por más de $ 6 millones, que quedaron en manos de Edmundo Javier Jiménez. Teves y sus parientes recuperaron luego la libertad, pero siguen imputados.
El caso trascendió el año pasado, cuando el Colegio de Abogados de la Capital lo citó como ejemplo del presunto uso extorsivo de la Justicia penal. En función de ello, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó una auditoría polémica sobre casos objetados de Herrera, que, acorralado por los cuestionamientos, renunció hace un año para jubilarse con el beneficio del 82% móvil -ver “Judiciales alertan...”-. En ese momento, el ministro público redistribuyó los procesos cuestionados y asignó la causa “Teves-Albarracín” a Giannoni. Las denuncias penales del Colegio y de otros particulares contra Herrera no registraron avances. En abril, la fiscala Adriana Reinoso Cuello (N°9) requirió por su parte el archivo de una presentación de Teves -ver “Un juez...”-. Previamente, la fiscala Giannoni había descartado el testimonio emitido bajo juramento de Teves que incriminaba a los hijos de su jefe, entre otros abogados, y que le había remitido a los fines de la investigación el fiscal Diego López Ávila.
“Venimos a solicitar el pronto despacho de las reiteradas peticiones de elevación a juicio o bien el sobreseimiento definitivo”, dijeron los Robles. Y añadieron: “las necesidades políticas del Gobierno de turno o los intereses procesales del actual ministro público (Edmundo Jiménez), involucrado y denunciado junto al ex fiscal Guillermo Herrera por el despojo de los bienes de Teves, jamás pueden ser obstáculo para la inmediata prosecución de este proceso ignominioso, vergüenza nunca vista en la historia judicial de Tucumán”.
Testimonio descartado
La causa “Teves-Albarracín” empezó a fines de 2009 a partir de una denuncia de Carolina Severini, hija de Augusto Severini, empresario fallecido en septiembre de aquel año. Post mortem, Severini, quien actuó con el asesoramiento de Edmundo Javier Jiménez y de Ana Lucía Jiménez (hijos del jefe de los fiscales), acusó a Teves de haber privado de la libertad y secuestrado a su padre, quien dejó un patrimonio de $ 20 millones (5,3 millones de dólares en ese momento). Como consecuencia de ello, Herrera pidió a De Nucci, y obtuvo la detención y la prisión preventiva de Teves, de dos de sus hijos y de una nuera. En cautiverio, la imputada se autoincriminó y entregó unos plazos fijos por más de $ 6 millones, que quedaron en manos de Edmundo Javier Jiménez. Teves y sus parientes recuperaron luego la libertad, pero siguen imputados.
El caso trascendió el año pasado, cuando el Colegio de Abogados de la Capital lo citó como ejemplo del presunto uso extorsivo de la Justicia penal. En función de ello, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó una auditoría polémica sobre casos objetados de Herrera, que, acorralado por los cuestionamientos, renunció hace un año para jubilarse con el beneficio del 82% móvil -ver “Judiciales alertan...”-. En ese momento, el ministro público redistribuyó los procesos cuestionados y asignó la causa “Teves-Albarracín” a Giannoni. Las denuncias penales del Colegio y de otros particulares contra Herrera no registraron avances. En abril, la fiscala Adriana Reinoso Cuello (N°9) requirió por su parte el archivo de una presentación de Teves -ver “Un juez...”-. Previamente, la fiscala Giannoni había descartado el testimonio emitido bajo juramento de Teves que incriminaba a los hijos de su jefe, entre otros abogados, y que le había remitido a los fines de la investigación el fiscal Diego López Ávila.
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