25 Septiembre 2016
Según Alejandra Martínez y María Nélida Paz, respectivas secretarias general y adjunta de la Seccional 5 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, los auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán fueron denunciados en sede judicial por hacer bien su trabajo. “Esa causa no tiene razón de ser: hablan de una supuesta violación del deber de confidencialidad a posteriori de la divulgación de los resultados de la auditoría, que, por otro lado, siempre debe ser pública”, dijeron en un encuentro con este diario.
La denuncia penal contra los auditores Luis Lezana Flores, Agustín Ladetto y Mariana Tasquer fue articulada originariamente por Roberto Paz y Liliana Vitar en nombre de la Asociación de Magistrados de Tucumán. Como consecuencia del revuelo y de la sangría significativa de asociados que generó la presentación, Roberto Paz (presidente) y Vitar (secretaria de Defensa de la Magistratura) asumieron la denuncia a título personal. Los funcionarios denunciados habían fiscalizado, por orden ratificada de la Corte, una serie de casos objetados del ex fiscal Guillermo Herrera, entre ellos, la causa “Teves”. En el transcurso de esa auditoría polémica, Jiménez dijo a los encargados de practicarla que podrían tener problemas si leían los expedientes, según el acta que firmaron los auditores y Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte. En ese mismo documento consta que Jiménez no se inhibió pese a que sus hijos Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez actuaban en el caso “Teves”.
“Hubo una amenaza que fue cumplida. La causa de Paz y de Vitar estaba dormida, pero ahora la están impulsando. El mensaje es que si alguien se anima a controlar, sufre las represalias”, explicaron Martínez y Nélida Paz. Las dirigentes gremiales indicaron que la denuncia de Roberto Paz y de Vitar había quedado en manos del fiscal Arnoldo Suasnábar. “Reclamamos el cierre inmediato del proceso. Los auditores están afiliados a nuestro gremio y sentimos el deber de exigir transparencia. La sola existencia de esta causa ya implica una situación muy incómoda para ellos”, afirmaron.
La denuncia penal contra los auditores Luis Lezana Flores, Agustín Ladetto y Mariana Tasquer fue articulada originariamente por Roberto Paz y Liliana Vitar en nombre de la Asociación de Magistrados de Tucumán. Como consecuencia del revuelo y de la sangría significativa de asociados que generó la presentación, Roberto Paz (presidente) y Vitar (secretaria de Defensa de la Magistratura) asumieron la denuncia a título personal. Los funcionarios denunciados habían fiscalizado, por orden ratificada de la Corte, una serie de casos objetados del ex fiscal Guillermo Herrera, entre ellos, la causa “Teves”. En el transcurso de esa auditoría polémica, Jiménez dijo a los encargados de practicarla que podrían tener problemas si leían los expedientes, según el acta que firmaron los auditores y Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte. En ese mismo documento consta que Jiménez no se inhibió pese a que sus hijos Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez actuaban en el caso “Teves”.
“Hubo una amenaza que fue cumplida. La causa de Paz y de Vitar estaba dormida, pero ahora la están impulsando. El mensaje es que si alguien se anima a controlar, sufre las represalias”, explicaron Martínez y Nélida Paz. Las dirigentes gremiales indicaron que la denuncia de Roberto Paz y de Vitar había quedado en manos del fiscal Arnoldo Suasnábar. “Reclamamos el cierre inmediato del proceso. Los auditores están afiliados a nuestro gremio y sentimos el deber de exigir transparencia. La sola existencia de esta causa ya implica una situación muy incómoda para ellos”, afirmaron.
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