24 Septiembre 2016
CUESTIONADO. Antonini Wilson reside en Estados Unidos desde 2008. foto de archiv
BUENOS AIRES.- La Justicia ordenó el decomiso de los casi 800 mil dólares que el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson había intentado ingresar al país sin declarar, supuestamente para aportarlos a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
Fuentes judiciales informaron que el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, dispuso el embargo “definitivo y anticipado a favor del Estado” y con “fines sociales reparatorios” de los 790.550 dólares encontrados en el interior de la valija de Antonini Wilson.
El juez, a su vez, solicitó al jefe de gabinete de Ministros, Marcos Peña, que el Gobierno nacional “establezca cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro) para que la suma de dinero decomisada en esta causa pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad con motivo del suceso objeto de pesquisa”.
El caso de la valija estalló el 4 de agosto de 2007, en vísperas de la visita al país del entonces presidente venezolano, el ya fallecido Hugo Chávez.
En ese entonces arribó al aeroparque “Jorge Newbery” un avión privado contratado por la empresa estatal Enarsa (acrónimo de Energía Argentina S.A.), que provenía de Caracas.
En la aeronave viajaban dos funcionarios kirchneristas, el presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, y el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti. También lo hacían la secretaria de este, Victoria Bereziuk, y los pasajeros venezolanos Diego Uzcátegui, vicepresidente de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, y Antonini Wilson, entre otros.
Al pasar los controles, Antonini Wilson dijo que llevaba en su valija libros, pero los controladores descubrieron que sumaban casi 800 mil dólares que, en ese momento, abandonó allí.
Antonini Wilson pasó tres días en el país, participó en la recepción oficial brindada a Chávez en la Casa Rosada y luego viajó a Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente. Allí, en 2008, hizo declaraciones, a la cadena de noticias CNN y aseguró que el dinero secuestrado en el aeroparque “era de Pdvsa”, la petrolera estatal venezolana. “(La valija ) iba para la campaña presidencial de Cristina Kirchner”, afirmó en esa ocasión.
En abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la prescripción de la causa y ordenó su reapertura. De esta forma, hizo lugar a un recurso de queja presentado por la fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Gabriela Baigún, y sostenido por el Procurador General Adjunto, Eduardo Casal.
Yadarola, al resolver el destino de los dólares, recordó el artículo 23 del Código Penal, según el cual “en todos los casos en que recayese condena (la misma) decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho (y las) ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios”. En la resolución, el magistrado mencionó también el artículo que reza: “en operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal cuando se compruebe la ilicitud del origen o del hecho material al que se estuvieren vinculados y el imputado no pudiere ser enjuiciado”. (DPA-Especial)
Fuentes judiciales informaron que el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, dispuso el embargo “definitivo y anticipado a favor del Estado” y con “fines sociales reparatorios” de los 790.550 dólares encontrados en el interior de la valija de Antonini Wilson.
El juez, a su vez, solicitó al jefe de gabinete de Ministros, Marcos Peña, que el Gobierno nacional “establezca cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro) para que la suma de dinero decomisada en esta causa pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad con motivo del suceso objeto de pesquisa”.
El caso de la valija estalló el 4 de agosto de 2007, en vísperas de la visita al país del entonces presidente venezolano, el ya fallecido Hugo Chávez.
En ese entonces arribó al aeroparque “Jorge Newbery” un avión privado contratado por la empresa estatal Enarsa (acrónimo de Energía Argentina S.A.), que provenía de Caracas.
En la aeronave viajaban dos funcionarios kirchneristas, el presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, y el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti. También lo hacían la secretaria de este, Victoria Bereziuk, y los pasajeros venezolanos Diego Uzcátegui, vicepresidente de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, y Antonini Wilson, entre otros.
Al pasar los controles, Antonini Wilson dijo que llevaba en su valija libros, pero los controladores descubrieron que sumaban casi 800 mil dólares que, en ese momento, abandonó allí.
Antonini Wilson pasó tres días en el país, participó en la recepción oficial brindada a Chávez en la Casa Rosada y luego viajó a Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente. Allí, en 2008, hizo declaraciones, a la cadena de noticias CNN y aseguró que el dinero secuestrado en el aeroparque “era de Pdvsa”, la petrolera estatal venezolana. “(La valija ) iba para la campaña presidencial de Cristina Kirchner”, afirmó en esa ocasión.
En abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la prescripción de la causa y ordenó su reapertura. De esta forma, hizo lugar a un recurso de queja presentado por la fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Gabriela Baigún, y sostenido por el Procurador General Adjunto, Eduardo Casal.
Yadarola, al resolver el destino de los dólares, recordó el artículo 23 del Código Penal, según el cual “en todos los casos en que recayese condena (la misma) decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho (y las) ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios”. En la resolución, el magistrado mencionó también el artículo que reza: “en operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal cuando se compruebe la ilicitud del origen o del hecho material al que se estuvieren vinculados y el imputado no pudiere ser enjuiciado”. (DPA-Especial)
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