Por Álvaro José Aurane
24 Septiembre 2016
No son flores las que ha traído la primavera a este yacimiento arqueológico del Jardín de la República. Después de 12 años de prolija aniquilación del sistema de relaciones y contrapesos institucionales, durante esta semana en que despedimos al invierno sólo brotaron las plantas carnívoras (tan devoradoras de tucumanos) que el alperovichismo abonó incansablemente con mucho de lo peor de la historia de la democracia de esta provincia. Sólo las esporas de los abusos de poder, plantados por los alquitranadores del constitucionalismo, afloraron en esta tierra de nadie a medio camino de la anomia y el derecho. Las principales noticias políticas de estos días estuvieron impregnadas de ese polen tan característico de la Democracia Pavimentadora, que huele a una década ganada por la más asfaltada impunidad.
Dos palabras sintetizan acabadamente el proceso tucumano de construcción de una dominación arbitraria del poder político en desmedro de la vida misma de los ciudadanos: Paulina Lebbos. Ella no es un expediente judicial, sino una tucumana, estudiante, trabajadora, madre, hija. Desapareció, en plena democracia, el 26 de febrero de 2006. El crimen que segó su vida ocurrió el 26 de febrero de 2006. Todo lo que siguió después fue un crimen de lesa democracia contra el Estado de Derecho y, por tanto, contra todos los tucumanos. Paulina apareció sin vida el 11 de marzo. Oficialmente se mintió que la Policía lo había encontrado, pero habían sido unos baqueanos. Y esa fue la menor de las falsedades. Movieron el cuerpo, desbarataron el lugar del hecho, escondieron las primeras fotos tomadas en el sitio, sacaron otras luego de trastrocar la escena, adulteraron las actas, falsificaron firmas y amenazaron a los testigos, incluyendo a los chicos que habían dado con la hija de ese luchador inquebrantable contra la impunidad que es Alberto Lebbos. Todo esto fue dicho por escrito en el informe de Gendarmería Nacional. Por todo este encubrimiento -no sea que se olvide- ya hay policías condenados en la provincia.
Todo el oprobio de que el Estado provincial haya sido puesto al servicio de evitar que se esclarezca ese homicidio volvió a hacerse patente este 21 de septiembre. Ese día, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción confirmó que el ex fiscal Carlos Albaca debe ser juzgado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de su deber de promover la represión y de encubrir a los homicidas de Lebbos. El pronunciamiento desliza que el ex funcionario judicial habría paralizado el expediente durante los siete años que estuvo a su cargo: “De las constancias de la causa surge que Albaca tuvo en su esfera de poder la plena dirección de la investigación del hecho ocurrido (el crimen contra Lebbos) y que al menos 17 actuaciones complementarias no recibieron trámite alguno entre 2006 y 2013”.
En medio, una prueba crucial (un pelo hallado sobre el cadáver) fue perfectamente estropeada. Durante ese lapso, la Corte Suprema jamás pidió la destitución de Albaca, como sí hizo con otros fiscales. Sólo lo denunció penalmente luego de que el escándalo había estallado, y cuando él ya se había jubilado con el 82% móvil, gracias a que el alperovichismo le aceptó la renuncia.
Cardos
El mes de la primavera llegó también con brotes judiciales de ese fraude histórico perpetrado en las elecciones del 23 de agosto de 2015, atravesado por el bolsoneo y las urnas embarazadas, el acarreo de votantes y las urnas vaciadas, el tiroteo y las urnas quemadas. Precisamente, al día siguiente de la resolución en torno del “caso Lebbos”, la misma Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción confirmó la elevación a juicio del caso de las urnas incendiadas en las comunas de San Ignacio (La Cocha) y Sargento Moya (Monteros), en las que están imputados dirigentes del oficialismo y de la oposición.
Que unos y otros cometieran tamaño delito (lo cual no exculpa al oficialismo de su culpa agravada, porque hay un gobierno para proteger a la sociedad de esa locura, pero no hay un gobierno que proteja al pueblo del gobierno cuyos miembros practican esa barbaridad) muestra el corrosivo grado de perversión de la república que padece Tucumán. “El proceso deconstituyente se ha desarrollado también en el plano social y cultural, con la eliminación de los valores constitucionales en las conciencias de una gran parte del electorado”, advierte Luigi Ferrajoli en un libro de título emblemático: Poderes salvajes. Ya no se busca llegar al gobierno respetando la ley, sino llegar al poder a cualquier precio. Y lo que se consigue a cualquier precio, justamente, carece de valor. En este caso, de valor institucional.
Un año después, las maniobras fraudulentas siguen floreciendo. El escándalo detonado en Canal 10 por los 71.656 segundos transmitidos en favor del PJ entre el 1 y el 20 de agosto (son 20 horas en 20 días) sin orden de publicidad firmada, y por tanto sin haber sido facturados ni incluidos en el balances, sólo encuentra inacción en el Gobierno del PJ. En esta primaveral semana, la presidenta del PJ, Beatriz Rojkés de Alperovich, salió a defender a su ex asesor, Alejandro Laurnagaray de Urquiza, director de la televisora por el Gobierno, con el argumento de que toda la responsabilidad es de la UNT porque la provincia es accionista minoritaria. Sin embargo, es él quien aparece mencionado por los empleados del canal, en el sumario interno realizado, como la persona que “estaba agregando material comercial político en forma personal”. Y pensar que les gustaba tanto hablar de los medios hegemónicos y “la corpo”, en pose de víctimas…
Ortigas
También en primavera se aprobó la Emergencia en Seguridad y con ello floreció la esquizofrenia del oficialismo. Es decir, todos los alperovichistas culturales que figuran con cargos rentados en el Presupuesto público desde 2003 (por lo menos) coincidieron en que la inseguridad cunde, señal incontrastable del fracaso de las políticas públicas en todos los ámbitos (desarrollo social, educación, justicia y, por supuesto, seguridad). Pero nadie amagó, siquiera, con la renuncia, aunque más no fuera por aparentar. ¿Qué significa “responsabilidad” para el oficialismo?
Semejante dislate (sin nadie que se haga cargo, la inseguridad es como el dengue: debe ser culpa del cambio climático y no hay vacuna) sirvió, por lo menos, para advertir cómo crece la brecha entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.
Tras largo barruntar, el vicegobernador resolvió hace dos jueves avanzar con una Ley de Emergencia en Seguridad para la provincia, lo cual transmitió informalmente a varios miembros de la Cámara, para anticipar que al día siguiente (como efectivamente ocurrió) serían notificados de la convocatoria a una Labor Parlamentaria. Pero el viernes 16, Manzur dispuso esa medida por decreto. Podría tratarse de una casualidad si no fuera por tres cuestiones. La primera es que, en todos los casos, se trata de una adhesión a la emergencia nacional que el presidente, Mauricio Macri, puso en vigencia el 1 de enero. ¿En estos nueve meses nunca antes hubo “necesidad”? La segunda: el 6 de abril, cuando quedó interinamente a cargo de la gobernación, Julio Silman (presidente subrogante de la Legislatura) reunió en Casa de Gobierno a ministros y legisladores y anunció que la provincia adheriría al decreto presidencial en breve. ¿En estos cinco meses nunca hubo “urgencia”? La tercera: Manzur firmó el decreto al mediodía y a las 15 viajó fuera de la provincia. Es decir, no sólo se anticipaba a Jaldo sino que, además, lo obligaba a asumir la gobernación y, por lo tanto, le impedía conducir la Labor Parlamentaria citada esa mañana. ¿Quién asesora al gobernador? Su antecesor, José Alperovich, y con rango de ministro, según el oscurantista decreto 41/1, tan largamente ocultado.
Ahora, la Emergencia en Seguridad está (descaradamente) declarada. Y aunque todos se llenan la boca de “consenso”, hay amagues de facturas políticas muy caras. Rechazar un decreto de necesidad y urgencia a un gobernador no es una cuestión menor en ninguna parte, y mucho menos en Tucumán. El divorcio entre Alperovich y Fernando Juri terminó de dispararse en agosto de 2005, cuando el entonces vicegobernador dispuso el rechazo del DNU sobre Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Después, todo fue una escalada de enfrentamientos políticos y de poderes midiendo fuerzas. A Manzur, como agravante, no le acaban de voltear un decreto sobre basura domiciliaria, precisamente. Como si no bastase, el rechazo fue por unanimidad. A propósito de este dato, la legisladora Silvia Rojkés de Temkin, cuñada de Alperovich, ya había anticipado su desacuerdo con el rechazo del decreto y no estuvo presente en la votación. Debe ser casualidad…
Jaldo ganó la pulseada, pero en la reunión con legisladores previa a la sesión, Silman recibió una advertencia inédita de muchos (pero muchos) “compañeros”. Advirtieron que acompañarían el rechazo del DNU de Manzur, pero aclararon que el descontento por la eliminación de los “gastos sociales” es tal que varios analizan irse del bloque y formar otra bancada. Tal es el cimbronazo que el lunes se celebraría otra reunión de los legisladores oficialistas, pero esta vez con el propio vicegobernador. Como en política el peronismo no acostumbra saltar al vacío, hay quienes barajan que los que se distancien de la conducción del Poder Legislativo, obviamente, estarían acercándose al Ejecutivo.
En medio, evidentemente, las necesidades de los tucumanos son superfluas. No hay decretos para combatir la inseguridad sino cuando sirven para aclararle a la Legislatura que el Ejecutivo no se dejará marcar la agenda política. Sólo hay consensos unánimes en el Poder Legislativo cuando hay que propinarle un revés político a la Casa de Gobierno.
Léase: hoy, como ayer, el derecho es cualquier cosa que se le antoje al poder. Esa es la semilla que sembró la Democracia Pavimentadora y cuya germinación se completa en horario. Otra primavera ha llegado al Estado de Excepción. Flor de gobierno el alperovichismo y su “continuidad con cambio”...
Dos palabras sintetizan acabadamente el proceso tucumano de construcción de una dominación arbitraria del poder político en desmedro de la vida misma de los ciudadanos: Paulina Lebbos. Ella no es un expediente judicial, sino una tucumana, estudiante, trabajadora, madre, hija. Desapareció, en plena democracia, el 26 de febrero de 2006. El crimen que segó su vida ocurrió el 26 de febrero de 2006. Todo lo que siguió después fue un crimen de lesa democracia contra el Estado de Derecho y, por tanto, contra todos los tucumanos. Paulina apareció sin vida el 11 de marzo. Oficialmente se mintió que la Policía lo había encontrado, pero habían sido unos baqueanos. Y esa fue la menor de las falsedades. Movieron el cuerpo, desbarataron el lugar del hecho, escondieron las primeras fotos tomadas en el sitio, sacaron otras luego de trastrocar la escena, adulteraron las actas, falsificaron firmas y amenazaron a los testigos, incluyendo a los chicos que habían dado con la hija de ese luchador inquebrantable contra la impunidad que es Alberto Lebbos. Todo esto fue dicho por escrito en el informe de Gendarmería Nacional. Por todo este encubrimiento -no sea que se olvide- ya hay policías condenados en la provincia.
Todo el oprobio de que el Estado provincial haya sido puesto al servicio de evitar que se esclarezca ese homicidio volvió a hacerse patente este 21 de septiembre. Ese día, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción confirmó que el ex fiscal Carlos Albaca debe ser juzgado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de su deber de promover la represión y de encubrir a los homicidas de Lebbos. El pronunciamiento desliza que el ex funcionario judicial habría paralizado el expediente durante los siete años que estuvo a su cargo: “De las constancias de la causa surge que Albaca tuvo en su esfera de poder la plena dirección de la investigación del hecho ocurrido (el crimen contra Lebbos) y que al menos 17 actuaciones complementarias no recibieron trámite alguno entre 2006 y 2013”.
En medio, una prueba crucial (un pelo hallado sobre el cadáver) fue perfectamente estropeada. Durante ese lapso, la Corte Suprema jamás pidió la destitución de Albaca, como sí hizo con otros fiscales. Sólo lo denunció penalmente luego de que el escándalo había estallado, y cuando él ya se había jubilado con el 82% móvil, gracias a que el alperovichismo le aceptó la renuncia.
Cardos
El mes de la primavera llegó también con brotes judiciales de ese fraude histórico perpetrado en las elecciones del 23 de agosto de 2015, atravesado por el bolsoneo y las urnas embarazadas, el acarreo de votantes y las urnas vaciadas, el tiroteo y las urnas quemadas. Precisamente, al día siguiente de la resolución en torno del “caso Lebbos”, la misma Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción confirmó la elevación a juicio del caso de las urnas incendiadas en las comunas de San Ignacio (La Cocha) y Sargento Moya (Monteros), en las que están imputados dirigentes del oficialismo y de la oposición.
Que unos y otros cometieran tamaño delito (lo cual no exculpa al oficialismo de su culpa agravada, porque hay un gobierno para proteger a la sociedad de esa locura, pero no hay un gobierno que proteja al pueblo del gobierno cuyos miembros practican esa barbaridad) muestra el corrosivo grado de perversión de la república que padece Tucumán. “El proceso deconstituyente se ha desarrollado también en el plano social y cultural, con la eliminación de los valores constitucionales en las conciencias de una gran parte del electorado”, advierte Luigi Ferrajoli en un libro de título emblemático: Poderes salvajes. Ya no se busca llegar al gobierno respetando la ley, sino llegar al poder a cualquier precio. Y lo que se consigue a cualquier precio, justamente, carece de valor. En este caso, de valor institucional.
Un año después, las maniobras fraudulentas siguen floreciendo. El escándalo detonado en Canal 10 por los 71.656 segundos transmitidos en favor del PJ entre el 1 y el 20 de agosto (son 20 horas en 20 días) sin orden de publicidad firmada, y por tanto sin haber sido facturados ni incluidos en el balances, sólo encuentra inacción en el Gobierno del PJ. En esta primaveral semana, la presidenta del PJ, Beatriz Rojkés de Alperovich, salió a defender a su ex asesor, Alejandro Laurnagaray de Urquiza, director de la televisora por el Gobierno, con el argumento de que toda la responsabilidad es de la UNT porque la provincia es accionista minoritaria. Sin embargo, es él quien aparece mencionado por los empleados del canal, en el sumario interno realizado, como la persona que “estaba agregando material comercial político en forma personal”. Y pensar que les gustaba tanto hablar de los medios hegemónicos y “la corpo”, en pose de víctimas…
Ortigas
También en primavera se aprobó la Emergencia en Seguridad y con ello floreció la esquizofrenia del oficialismo. Es decir, todos los alperovichistas culturales que figuran con cargos rentados en el Presupuesto público desde 2003 (por lo menos) coincidieron en que la inseguridad cunde, señal incontrastable del fracaso de las políticas públicas en todos los ámbitos (desarrollo social, educación, justicia y, por supuesto, seguridad). Pero nadie amagó, siquiera, con la renuncia, aunque más no fuera por aparentar. ¿Qué significa “responsabilidad” para el oficialismo?
Semejante dislate (sin nadie que se haga cargo, la inseguridad es como el dengue: debe ser culpa del cambio climático y no hay vacuna) sirvió, por lo menos, para advertir cómo crece la brecha entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.
Tras largo barruntar, el vicegobernador resolvió hace dos jueves avanzar con una Ley de Emergencia en Seguridad para la provincia, lo cual transmitió informalmente a varios miembros de la Cámara, para anticipar que al día siguiente (como efectivamente ocurrió) serían notificados de la convocatoria a una Labor Parlamentaria. Pero el viernes 16, Manzur dispuso esa medida por decreto. Podría tratarse de una casualidad si no fuera por tres cuestiones. La primera es que, en todos los casos, se trata de una adhesión a la emergencia nacional que el presidente, Mauricio Macri, puso en vigencia el 1 de enero. ¿En estos nueve meses nunca antes hubo “necesidad”? La segunda: el 6 de abril, cuando quedó interinamente a cargo de la gobernación, Julio Silman (presidente subrogante de la Legislatura) reunió en Casa de Gobierno a ministros y legisladores y anunció que la provincia adheriría al decreto presidencial en breve. ¿En estos cinco meses nunca hubo “urgencia”? La tercera: Manzur firmó el decreto al mediodía y a las 15 viajó fuera de la provincia. Es decir, no sólo se anticipaba a Jaldo sino que, además, lo obligaba a asumir la gobernación y, por lo tanto, le impedía conducir la Labor Parlamentaria citada esa mañana. ¿Quién asesora al gobernador? Su antecesor, José Alperovich, y con rango de ministro, según el oscurantista decreto 41/1, tan largamente ocultado.
Ahora, la Emergencia en Seguridad está (descaradamente) declarada. Y aunque todos se llenan la boca de “consenso”, hay amagues de facturas políticas muy caras. Rechazar un decreto de necesidad y urgencia a un gobernador no es una cuestión menor en ninguna parte, y mucho menos en Tucumán. El divorcio entre Alperovich y Fernando Juri terminó de dispararse en agosto de 2005, cuando el entonces vicegobernador dispuso el rechazo del DNU sobre Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Después, todo fue una escalada de enfrentamientos políticos y de poderes midiendo fuerzas. A Manzur, como agravante, no le acaban de voltear un decreto sobre basura domiciliaria, precisamente. Como si no bastase, el rechazo fue por unanimidad. A propósito de este dato, la legisladora Silvia Rojkés de Temkin, cuñada de Alperovich, ya había anticipado su desacuerdo con el rechazo del decreto y no estuvo presente en la votación. Debe ser casualidad…
Jaldo ganó la pulseada, pero en la reunión con legisladores previa a la sesión, Silman recibió una advertencia inédita de muchos (pero muchos) “compañeros”. Advirtieron que acompañarían el rechazo del DNU de Manzur, pero aclararon que el descontento por la eliminación de los “gastos sociales” es tal que varios analizan irse del bloque y formar otra bancada. Tal es el cimbronazo que el lunes se celebraría otra reunión de los legisladores oficialistas, pero esta vez con el propio vicegobernador. Como en política el peronismo no acostumbra saltar al vacío, hay quienes barajan que los que se distancien de la conducción del Poder Legislativo, obviamente, estarían acercándose al Ejecutivo.
En medio, evidentemente, las necesidades de los tucumanos son superfluas. No hay decretos para combatir la inseguridad sino cuando sirven para aclararle a la Legislatura que el Ejecutivo no se dejará marcar la agenda política. Sólo hay consensos unánimes en el Poder Legislativo cuando hay que propinarle un revés político a la Casa de Gobierno.
Léase: hoy, como ayer, el derecho es cualquier cosa que se le antoje al poder. Esa es la semilla que sembró la Democracia Pavimentadora y cuya germinación se completa en horario. Otra primavera ha llegado al Estado de Excepción. Flor de gobierno el alperovichismo y su “continuidad con cambio”...
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