Por Roberto Delgado
24 Septiembre 2016
La triple emergencia en seguridad pública, política carcelaria y tratamiento y recuperación de adictos salió a los empujones, en medio del escándalo del desbaratamiento de una banda “narco” con vinculaciones políticas. La ley sancionada abre expectativas de todo tipo porque abarca el amplio universo de la seguridad pública -desde los delitos contra la propiedad, hasta el fraude contra el erario y los delitos tributarios, pasando por la prostitución y la trata de personas-, todos encolumnados en la cruzada contra las drogas declamada por el gobierno nacional. Esa cruzada está produciendo hechos de altísimo impacto, como la captura de la banda de los García y los Trayán en nuestro medio, el secuestro de 47 kilos de cocaína en Trancas en un camión que iba al Mercofrut, o el “Operativo Ensamble” de la semana pasada en las Lajitas, Salta, donde se incautaron 865 kilos de cocaína en un camión, la mayor carga de “blanca” descubierta desde la operación Langostino.
Estamos viviendo el tiempo de los megaoperativos. Ayer hubo dos enormes procedimientos en el bajo Flores (Capital Federal) con 600 gendarmes, y en La Matanza (provincia de Buenos Aires) con 500 gendarmes. Se replican en las provincias, con mayor o menor éxito, como el de ayer en las zonas noreste y sur de la capital tucumana, con policías provinciales, aeroportuarios y gendarmes.
El detenido grupo García-Trayán era uno de los aproximadamente 120 investigados por la Justicia federal tucumana, integrados a la categoría de “peces medianos”, con capacidad para el transporte y distribución de fuertes cantidades de estupefacientes. El 20 de diciembre pasado había llegado un informe de la policía federal de Córdoba de que iban a hacer traslado de 200 kg de cocaína, según contó una fuente. Pero el operativo se frustró, y volvió a caerse en febrero y en junio. La banda comenzó a desbaratarse el pasado 15, cuando la Gendarmería detuvo a dos hermanos García en Chaco con 100 kilos de marihuana, en un operativo de la justicia federal santiagueña. ¿Federales de Santiago y de Córdoba actúan en Chaco y Tucumán? “Hay choques de investigaciones; a veces se desbaratan casos”, dice una fuente. La detención de “La Gorda Noelia”, el 31 de agosto en “La Bombilla”, por parte de la policía tucumana, hizo caer una investigación de la policía federal. “Hace falta un coordinador. Es frecuente que haya dos o tres grupos investigando a las mismas personas”, dice el camarista federal Ricardo Sanjuán.
Desde los árboles
El hecho de que estén desbaratándose cargas ilegales de drogas da una idea del problema, aunque aún no se lo puede cuantificar. ¿Circula tanta droga que con pocos movimientos policiales es fácil capturar a los traficantes y secuestrarles la droga? ¿O es casualidad? La confianza de los “narcos” da a entender más lo segundo: tanto los 865 kilos del camión de Las Lajitas como los 47 del camión de Trancas ni siquiera estaban disimulados. Los llevaban directamente como cualquier mercadería. En la videoconferencia de la semana pasada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Salta, se destacó que hubo un seguimiento con el radar de Gendarmería y que durante dos semanas hubo alta vigilancia, incluyendo “gendarmes subidos a la copa de los árboles para divisar el camión y advertir sus movimientos” (LA GACETA Salta, 16/9). También Bullrich y el ministro de Seguridad Eugenio Burzaco han dicho que se procura reforzar la frontera norte. El juez Sanjuán, no obstante, reniega porque dice que se han llevado muchísimos gendarmes al conurbano bonaerense y que el radar operativo que había en Santiago del Estero para detectar aviones no identificados fue llevado a Morón. “Los radares que hay en el NOA son del Ejército, tienen un alcance de 30 km. y no captan aviones chicos en vuelos bajos”, dice.
Tecnología en contra y a favor
Problemas que no dejan entrever si estamos mejor o peor. Lo mismo pasa con la tecnología para las pesquisas, que se está volviendo obsoleta para los investigadores al mismo tiempo que los narcotraficantes encuentran cada vez más facilidades tecnológicas. Hoy todos se comunican mediante Whatsapp, pero la justicia no puede captar los mensajes de esta red social, que están encriptados. El problema salió en Estados Unidos cuando el FBI quiso captar los mensajes de un sospechoso de terrorismo y Whatsapp se opuso a ceder datos, y entre diciembre y julio pasado en Brasil, desde que un juez paulista quiso multar a la red social por no ceder datos de sospechosos. A causa de ese conflicto 100 millones de usuarios de Whatsapp quedaron sin sistema en Brasil. Los aparatos de la Justicia argentina para “pinchar” teléfonos operan con llamadas y con mensajes de texto (SMS). No funcionan con Whatsapp. Así es difícil y se entiende que los policías, con su olfato, tiran por un lado y la Justicia por otro.
No obstante, la suerte parece ayudar en estos días. En el tiempo que viene habrá que delimitar a qué tipo de delincuentes pertenecen los detenidos ahora. Tenían dos camiones, una combi Sprinter, dos camionetas Amarok (una plateada) y un Peugeot 208, pero vivían en casas despojadas, casi taperas. Incluso uno de ellos fue detenido en un ómnibus cuando iba a Termas de Río Hondo. ¿”Narcos” de vida humilde? Nada que ver con los Toro de Villa 9 de Julio condenados en 2010, que detrás de paredes sin revoque tenían plasmas y jacuzzis. Una fuente de la justicia cree que la detención previa de los dos García en Chaco había vuelto precavidos a los ahora detenidos.
Voluntarismo sin diagnóstico
¿En qué se modificará este panorama con la ley aprobada por la Legislatura? En caso de que sea promulgada y reglamentada sin demasiados cambios por el Poder Ejectutivo, la creación de una comisión especial de seguimiento y control abre interrogantes. Tiene que “diagnosticar el estado actual de situación en cuanto al delito y la violencia” y crear un centro de estadística para elaborar datos en materia penal. ¿De dónde saldrán esos informes, si la recopilación estadística es nula o pésima en Tucumán? ¿Con qué presupuesto se va a hacer? Lo que está claro es que la ley autoriza a los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social a hacer compras directas eludiendo las licitaciones, pero todo el dictado de la emergencia ha surgido por la presión del gobierno nacional, acelerada hace 10 días con el reclamo del juez federal Fernando Poviña, sin que se hayan aportado datos. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, dice que “no hay diagnóstico ni de la Nación ni de la Provincia para la emergencia”, si bien explica que está de acuerdo con la formación de esta comisión.
Los otros detalles de la ley también abren interrogantes. Se convocará a policías jubilados y a empleados de otras áreas del Estado para aportar en tareas administrativas, a fin de que los policías puedan salir a vigilar las calles. Se parte del ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo esa convocatoria. Pero no se han analizado informes, si los hay, de cómo resultaron las experiencias anteriores bonaerenses de 2001 y 2014. Tampoco se ha estudiado cómo es el funcionamiento de la Policía tucumana, con unos 8.500 hombres, de los cuales el 20% está con licencia por razones de salud; de los 6.000 restantes unos 4.000 descansan cada día, la mayoría haciendo servicio adicional en ese tiempo. Los 2.000 que están trabajando en la fuerza se encuentran por lo menos fatigados del trabajo en su tiempo de descanso. No se ha dicho cuántos hombres hacen falta para pacificar las calles, aunque la sola idea de ver uniformados en las veredas genera una buena impresión y da cierta tranquilidad. Si hubiera estudios sobre impacto de la presencia policial y disminución o persistencia del delito, podría avanzarse en una estrategia de personal de labores policiales.
La nueva ley es un compendio de los problemas de los que se habla y que requieren un abordaje más estudiado y complejo que la mera declaracióin de deseos. ¿Qué se hará, por ejemplo, con la trata, que aparece mencionada en la norma? En julio pasado los integrantes de la Justicia federal reclamaban que no avanzaban las causas de trata en Tucumán porque se había cerrado la delegación NOA del Ministerio de Seguridad y la cámara Gesell (LA GACETA, 30/7). ¿Cambiará esto con la ley? La otra pregunta que se debe responder es cómo se asignarán los recursos, si, como dice el legislador Guillermo Gassembauer, “hasta ahora no ha llegado ni una bala”. Hacen falta datos claros, y asignaciones presupuestarias en ese sentido, para entender el asunto.
Estamos viviendo el tiempo de los megaoperativos. Ayer hubo dos enormes procedimientos en el bajo Flores (Capital Federal) con 600 gendarmes, y en La Matanza (provincia de Buenos Aires) con 500 gendarmes. Se replican en las provincias, con mayor o menor éxito, como el de ayer en las zonas noreste y sur de la capital tucumana, con policías provinciales, aeroportuarios y gendarmes.
El detenido grupo García-Trayán era uno de los aproximadamente 120 investigados por la Justicia federal tucumana, integrados a la categoría de “peces medianos”, con capacidad para el transporte y distribución de fuertes cantidades de estupefacientes. El 20 de diciembre pasado había llegado un informe de la policía federal de Córdoba de que iban a hacer traslado de 200 kg de cocaína, según contó una fuente. Pero el operativo se frustró, y volvió a caerse en febrero y en junio. La banda comenzó a desbaratarse el pasado 15, cuando la Gendarmería detuvo a dos hermanos García en Chaco con 100 kilos de marihuana, en un operativo de la justicia federal santiagueña. ¿Federales de Santiago y de Córdoba actúan en Chaco y Tucumán? “Hay choques de investigaciones; a veces se desbaratan casos”, dice una fuente. La detención de “La Gorda Noelia”, el 31 de agosto en “La Bombilla”, por parte de la policía tucumana, hizo caer una investigación de la policía federal. “Hace falta un coordinador. Es frecuente que haya dos o tres grupos investigando a las mismas personas”, dice el camarista federal Ricardo Sanjuán.
Desde los árboles
El hecho de que estén desbaratándose cargas ilegales de drogas da una idea del problema, aunque aún no se lo puede cuantificar. ¿Circula tanta droga que con pocos movimientos policiales es fácil capturar a los traficantes y secuestrarles la droga? ¿O es casualidad? La confianza de los “narcos” da a entender más lo segundo: tanto los 865 kilos del camión de Las Lajitas como los 47 del camión de Trancas ni siquiera estaban disimulados. Los llevaban directamente como cualquier mercadería. En la videoconferencia de la semana pasada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Salta, se destacó que hubo un seguimiento con el radar de Gendarmería y que durante dos semanas hubo alta vigilancia, incluyendo “gendarmes subidos a la copa de los árboles para divisar el camión y advertir sus movimientos” (LA GACETA Salta, 16/9). También Bullrich y el ministro de Seguridad Eugenio Burzaco han dicho que se procura reforzar la frontera norte. El juez Sanjuán, no obstante, reniega porque dice que se han llevado muchísimos gendarmes al conurbano bonaerense y que el radar operativo que había en Santiago del Estero para detectar aviones no identificados fue llevado a Morón. “Los radares que hay en el NOA son del Ejército, tienen un alcance de 30 km. y no captan aviones chicos en vuelos bajos”, dice.
Tecnología en contra y a favor
Problemas que no dejan entrever si estamos mejor o peor. Lo mismo pasa con la tecnología para las pesquisas, que se está volviendo obsoleta para los investigadores al mismo tiempo que los narcotraficantes encuentran cada vez más facilidades tecnológicas. Hoy todos se comunican mediante Whatsapp, pero la justicia no puede captar los mensajes de esta red social, que están encriptados. El problema salió en Estados Unidos cuando el FBI quiso captar los mensajes de un sospechoso de terrorismo y Whatsapp se opuso a ceder datos, y entre diciembre y julio pasado en Brasil, desde que un juez paulista quiso multar a la red social por no ceder datos de sospechosos. A causa de ese conflicto 100 millones de usuarios de Whatsapp quedaron sin sistema en Brasil. Los aparatos de la Justicia argentina para “pinchar” teléfonos operan con llamadas y con mensajes de texto (SMS). No funcionan con Whatsapp. Así es difícil y se entiende que los policías, con su olfato, tiran por un lado y la Justicia por otro.
No obstante, la suerte parece ayudar en estos días. En el tiempo que viene habrá que delimitar a qué tipo de delincuentes pertenecen los detenidos ahora. Tenían dos camiones, una combi Sprinter, dos camionetas Amarok (una plateada) y un Peugeot 208, pero vivían en casas despojadas, casi taperas. Incluso uno de ellos fue detenido en un ómnibus cuando iba a Termas de Río Hondo. ¿”Narcos” de vida humilde? Nada que ver con los Toro de Villa 9 de Julio condenados en 2010, que detrás de paredes sin revoque tenían plasmas y jacuzzis. Una fuente de la justicia cree que la detención previa de los dos García en Chaco había vuelto precavidos a los ahora detenidos.
Voluntarismo sin diagnóstico
¿En qué se modificará este panorama con la ley aprobada por la Legislatura? En caso de que sea promulgada y reglamentada sin demasiados cambios por el Poder Ejectutivo, la creación de una comisión especial de seguimiento y control abre interrogantes. Tiene que “diagnosticar el estado actual de situación en cuanto al delito y la violencia” y crear un centro de estadística para elaborar datos en materia penal. ¿De dónde saldrán esos informes, si la recopilación estadística es nula o pésima en Tucumán? ¿Con qué presupuesto se va a hacer? Lo que está claro es que la ley autoriza a los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social a hacer compras directas eludiendo las licitaciones, pero todo el dictado de la emergencia ha surgido por la presión del gobierno nacional, acelerada hace 10 días con el reclamo del juez federal Fernando Poviña, sin que se hayan aportado datos. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, dice que “no hay diagnóstico ni de la Nación ni de la Provincia para la emergencia”, si bien explica que está de acuerdo con la formación de esta comisión.
Los otros detalles de la ley también abren interrogantes. Se convocará a policías jubilados y a empleados de otras áreas del Estado para aportar en tareas administrativas, a fin de que los policías puedan salir a vigilar las calles. Se parte del ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo esa convocatoria. Pero no se han analizado informes, si los hay, de cómo resultaron las experiencias anteriores bonaerenses de 2001 y 2014. Tampoco se ha estudiado cómo es el funcionamiento de la Policía tucumana, con unos 8.500 hombres, de los cuales el 20% está con licencia por razones de salud; de los 6.000 restantes unos 4.000 descansan cada día, la mayoría haciendo servicio adicional en ese tiempo. Los 2.000 que están trabajando en la fuerza se encuentran por lo menos fatigados del trabajo en su tiempo de descanso. No se ha dicho cuántos hombres hacen falta para pacificar las calles, aunque la sola idea de ver uniformados en las veredas genera una buena impresión y da cierta tranquilidad. Si hubiera estudios sobre impacto de la presencia policial y disminución o persistencia del delito, podría avanzarse en una estrategia de personal de labores policiales.
La nueva ley es un compendio de los problemas de los que se habla y que requieren un abordaje más estudiado y complejo que la mera declaracióin de deseos. ¿Qué se hará, por ejemplo, con la trata, que aparece mencionada en la norma? En julio pasado los integrantes de la Justicia federal reclamaban que no avanzaban las causas de trata en Tucumán porque se había cerrado la delegación NOA del Ministerio de Seguridad y la cámara Gesell (LA GACETA, 30/7). ¿Cambiará esto con la ley? La otra pregunta que se debe responder es cómo se asignarán los recursos, si, como dice el legislador Guillermo Gassembauer, “hasta ahora no ha llegado ni una bala”. Hacen falta datos claros, y asignaciones presupuestarias en ese sentido, para entender el asunto.
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