23 Septiembre 2016
LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El titular de la Legislatura y vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, firmó esta mañana el decreto para que todos legisladores y funcionarios del Poder Legislativo se sometan a controles para que se determine si consumen drogas ilegales, tal como lo establece la ley 8.850, publicada ayer en el Boletín Oficial.
"La ley que sancionó el Poder Legislativo es para los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo es el primero que la reglamentó y el gobernador, dando el ejemplo, fue el primero que se ha sometido al análisis", manifestó desde la Maternidad, donde inauguró junto a Juan Manzur servicio de salud reproductiva.
Jaldo señaló que seguramente las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sabrán cómo y de qué manera se aplicará la ley para que los funcionarios jerárquicos del Poder Judicial se sometan a los controles.
En sus considerandos, el decreto señala: “el citado instrumento legal establece como requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el carecer de adicciones a drogas ilegales (artículo 1° de la ley 8.850). Que, por su parte, el artículo 2° de la citada ley consigna los funcionarios alcanzados por el requisito y precisa que cada uno de los poderes del Estado designará al responsable de la aplicación de la misma”.
La entrada en vigencia de esta ley, que fue promulgada en marzo, coincide con el escándalo que se desató en la Legislatura esta semana: el dirigente Julio César Trayan, que se desempeñaba bajo la órbita del peronista Ramón Santiago Cano, está acusado de ser participante en una banda “narco”.
"La ley que sancionó el Poder Legislativo es para los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo es el primero que la reglamentó y el gobernador, dando el ejemplo, fue el primero que se ha sometido al análisis", manifestó desde la Maternidad, donde inauguró junto a Juan Manzur servicio de salud reproductiva.
Jaldo señaló que seguramente las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sabrán cómo y de qué manera se aplicará la ley para que los funcionarios jerárquicos del Poder Judicial se sometan a los controles.
En sus considerandos, el decreto señala: “el citado instrumento legal establece como requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el carecer de adicciones a drogas ilegales (artículo 1° de la ley 8.850). Que, por su parte, el artículo 2° de la citada ley consigna los funcionarios alcanzados por el requisito y precisa que cada uno de los poderes del Estado designará al responsable de la aplicación de la misma”.
La entrada en vigencia de esta ley, que fue promulgada en marzo, coincide con el escándalo que se desató en la Legislatura esta semana: el dirigente Julio César Trayan, que se desempeñaba bajo la órbita del peronista Ramón Santiago Cano, está acusado de ser participante en una banda “narco”.
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