23 Septiembre 2016
Emergencia en Seguridad Pública
Tiene el fin de “revertir la situación de peligro colectivo” que causan el delito complejo, el crimen organizado y los delitos contra la propiedad. El estado de emergencia abarca: la producción, tráfico y venta de drogas; el contrabando de armas y de estupefacientes; hechos perpetrados por asociaciones ilícitas organizadas con fines políticos, raciales o terroristas; fraude contra el erario; prostitución de menores y pornografía infantil; extorsión; delitos tributarios y trata de personas.
Emergencia en política carcelaria
Al igual que la emergencia en seguridad, fue dictada por un plazo de 365 días (a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial) y puede ser renovada por un año más. Se apunta a “posibilitar el logro de los siguientes objetivos fundamentales: 1) adecuar, mejorar o ampliar la infraestructura edilicia en materia de servicio penitenciario; 2) ampliar, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en las fuerzas de seguridad de nuestra provincia”.
Emergencia para lucha de adicciones
Con la ley sancionada ayer, la Legislatura declaró la emergencia en materia de tratamiento y recuperación de adictos, también por un año (renovable). Esta medida tiene por finalidad: “profundizar y ampliar en el territorio provincial los espacios terapéuticos destinados a la recepción, tratamiento y rehabilitación de personas adictas”; y “ampliar, fortalecer y extender los ámbitos de ejecución de los programas de prevención de adicciones en la provincia”.
La comisión especial de seguimiento
Tendrá 11 miembros: siete de la Legislatura (hasta ahora no han sido oficializados), dos del Poder Ejecutivo y dos del Poder Judicial de Tucumán. Además, serán invitados dos representantes de la Justicia Federal con sede en Tucumán. La comisión especial para el seguimiento y control de las acciones, políticas y programas efectuados en el marco de la emergencia dictará su propio reglamento. Sus funciones serán: “diagnosticar el estado actual de situación en cuanto al delito y la violencia”; “delinear recomendaciones e introducir en las instituciones responsables de la seguridad pública en sus normativas y sus prácticas”; “requerir informes, efectuar las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes respecto de los procedimientos, contrataciones, convenios, obras y acciones que sean implementadas en el marco de esta ley”; se crea además “un centro de Estadística en el ámbito de la comisión especial (...) para “elaborar estadísticas enfocadas a la materia penal, teniendo por fin principal el fortalecimiento del sistema penitenciario”.
Tiene el fin de “revertir la situación de peligro colectivo” que causan el delito complejo, el crimen organizado y los delitos contra la propiedad. El estado de emergencia abarca: la producción, tráfico y venta de drogas; el contrabando de armas y de estupefacientes; hechos perpetrados por asociaciones ilícitas organizadas con fines políticos, raciales o terroristas; fraude contra el erario; prostitución de menores y pornografía infantil; extorsión; delitos tributarios y trata de personas.
Emergencia en política carcelaria
Al igual que la emergencia en seguridad, fue dictada por un plazo de 365 días (a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial) y puede ser renovada por un año más. Se apunta a “posibilitar el logro de los siguientes objetivos fundamentales: 1) adecuar, mejorar o ampliar la infraestructura edilicia en materia de servicio penitenciario; 2) ampliar, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en las fuerzas de seguridad de nuestra provincia”.
Emergencia para lucha de adicciones
Con la ley sancionada ayer, la Legislatura declaró la emergencia en materia de tratamiento y recuperación de adictos, también por un año (renovable). Esta medida tiene por finalidad: “profundizar y ampliar en el territorio provincial los espacios terapéuticos destinados a la recepción, tratamiento y rehabilitación de personas adictas”; y “ampliar, fortalecer y extender los ámbitos de ejecución de los programas de prevención de adicciones en la provincia”.
La comisión especial de seguimiento
Tendrá 11 miembros: siete de la Legislatura (hasta ahora no han sido oficializados), dos del Poder Ejecutivo y dos del Poder Judicial de Tucumán. Además, serán invitados dos representantes de la Justicia Federal con sede en Tucumán. La comisión especial para el seguimiento y control de las acciones, políticas y programas efectuados en el marco de la emergencia dictará su propio reglamento. Sus funciones serán: “diagnosticar el estado actual de situación en cuanto al delito y la violencia”; “delinear recomendaciones e introducir en las instituciones responsables de la seguridad pública en sus normativas y sus prácticas”; “requerir informes, efectuar las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes respecto de los procedimientos, contrataciones, convenios, obras y acciones que sean implementadas en el marco de esta ley”; se crea además “un centro de Estadística en el ámbito de la comisión especial (...) para “elaborar estadísticas enfocadas a la materia penal, teniendo por fin principal el fortalecimiento del sistema penitenciario”.
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