HECHOS DE VIOLENCIA

Irán a juicio los acusados de quemar urnas en el sur en 2015

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción confirmó la elevación a juicio de los casos de Sargento Moya y de San Ignacio Entre los imputados hay dirigentes del oficialismo y de la oposición. El juez Pérez aún no se expidió respecto de los procesos radicados en los Tribunales de la capital
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NOVIEMBRE. La Junta suspendió los comicios complementarios por nuevos disturbios en Sargento Moya. la gaceta / foto de osvaldo ripoll (archivo)

Trece meses después de los comicios conflictivos, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción despejó la vía procesal para enjuiciar a los presuntos incineradores de urnas en las comunas de Sargento Moya (Monteros) y San Ignacio (La Cocha). Los vocales Eudoro Albo (preopinante), Liliana Vitar y Enrique Pedicone consideraron que había pruebas suficientes para debatir las responsabilidades de los acusados, entre quienes hay dirigentes oficialistas y de la oposición.

El proceso de Sargento Moya tramitó en Monteros mientras que el de San Ignacio fue instruido en el centro judicial de Concepción. Los otros hechos de violencia registrados el 23 de agosto de 2015 acaecieron en Los Ralos, y San Pablo y Villa Nougués. Las actuaciones judiciales en cuestión están radicadas en la Justicia de la capital y tienen un requerimiento de elevación a juicio pendiente del control del juez Víctor Manuel Pérez (N°4), según informaron en la Junta Electoral Provincial. Por la reticencia a facilitar datos sobre esas pesquisas, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán apercibió recientemente al fiscal Washington Navarro Dávila (ver texto destacado).

Los 4 de Sargento Moya

El 3 de mayo pasado, Mario Velázquez, juez de Monteros, avaló el juzgamiento de los cuatro imputados de Sargento Moya: Hugo Adolfo Alarcón -candidato a comisionado por el Acuerdo para el Bicentenario-, Diego F. Alarcón, Luis R. Córdoba y Rubén Zerpa. Según la Justicia, todos ellos habrían ingresado a la escuela Francisca Bazán de Laguna, lugar donde se desarrollaban los comicios provinciales, con la presunta intención de sustraer las urnas correspondientes a las mesas n° 1.623 y 1.624. A posteriori, habrían arrojado las urnas a la calle y les habrían prendido fuego, con la ayuda y participación de sujetos no identificados. Estos incidentes abrieron la sucesión de hechos de violencia que ensombrecieron a las elecciones de 2015.

Los 13 de San Ignacio

El 14 de marzo pasado, Raúl Fermoselle, juez de Concepción, dio el visto bueno al enjuiciamiento de Luis A. Amenta, Walter R. Córdoba, Agustín A. Perea, Juan A. Moya, Roberto D. Moya, Diego Sebastián Olarte, Claudio D. Ríos, Miguel Á. Leguizamón, José Daniel Villafañe, Olga N. Atencio, Marcelo A. Farías, Pedro I. Moreno y José Carmelo Amenta -candidato a comisionado por el Frente para la Victoria-.

En función de los testimonios y fotografías incorporados a la causa la Justicia determinó que en el momento en que estaban cerrando las urnas en San Ignacio ingresaron cinco o seis individuos con intenciones de robarlas. Luego de romper vidrios y de sustraer las urnas a la fuerza, procedieron a quemarlas. Una agente policial que presenció los hechos dijo que los atacantes amenazaron con golpear a quienes les ofrecieron resistencia y que ocasionaron los disturbios luego de advertir que habían perdido las elecciones.

Doble suspensión

Los disturbios en Sargento Moya, San Ignacio, San Pablo y Los Ralos llevaron a la Junta a suspender los comicios en esas localidades: los desmanes asimismo dieron pie al Acuerdo para el Bicentenario para reclamar la nulidad de los comicios, pretensión que la Corte rechazó. En noviembre hubo elecciones complementarias para elegir a los comisionados comunales, pero el órgano presidido por Antonio Gandur decidió aplicar una nueva suspensión en Sargento Moya por “la tensión social” advertida en el pueblo (resultaron elegidos Elena Liliana Antonelli en San Ignacio; Daniel Fernando Castro en San Pablo y Villa Nougués, y Juan Cruz Brandán en Los Ralos). Desde entonces, esa comuna está intervenida.

Casación analizará una denuncia contra Gendarmería y el Correo

La telaraña de procesos vinculados a los comicios conflictivos de 2015 se reactivó sorpresivamente ayer, cuando la Cámara Federal de Casación Penal decidió abrir un recurso de queja del fiscal general federal Gustavo Gómez. Ese tribunal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revisará así la decisión de reenviar a la Justicia provincial una denuncia de los líderes del Acuerdo para el Bicentenario contra los agentes del Correo y de la Gendarmería que intervinieron en las elecciones. Los ex candidatos José Cano y Domingo Amaya dijeron que estos habrían perpetrado el fraude electoral.

Casación abrió el recurso de Gómez con los votos de los camaristas Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky. La resolución que remitió la denuncia de Cano y Amaya a la Justicia penal local había salido del Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Luis Poviña y tenía el visto bueno de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. De la interpretación que haga Casación dependerá si la causa en cuestión pasa o no definitivamente al fuero ordinario o si permanece en el federal.

El fiscal Washington Navarro Dávila pidió copias y anticipó que impugnará el apercibimiento que le aplicó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, según fuentes de ese cuerpo. Los vocales René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse sancionaron a Navarro Dávila luego de que Antonio Gandur, titular de la Corte y de la Junta Electoral, les informara que aquel se había negado a dar información sobre el estado de casos ligados a los comicios.



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