Por Marcelo Aguaysol
21 Septiembre 2016
Si hay algo que sobra en este país, eso son los anuncios. Si hay algo que falta, seguramente se dirá concreciones. O tal vez inversiones, pensando en la macroeconomía de una nación que viene soportando un freno en su actividad, acompañado de un proceso inflacionario que, por estos días, tiende a bajar. Y esto puede resultar natural para una gestión nacional que lleva casi 10 meses de administración de una Argentina en proceso de reconstrucción. El problema, en definitiva, sigue siendo de expectativas. Y no por la necesidad popular de ver la luz al final del túnel, sino porque el propio Gobierno le había puesto plazos a la reactivación. De allí el famoso segundo semestre que luego mutó al tercer trimestre de despegue y ahora se ha convertido en un 2017 a un ritmo de crecimiento del 3,5%, una proyección optimista.
Pero la clave para cambiar el humor social sigue siendo la misma receta que aplicó la gestión anterior: alentar el consumo para que la sociedad perciba que puede gastar sin importarle llegar a fines de mes estirando el dinero como chicle. En Tucumán, el gobernador Juan Manzur así lo interpretó. De allí la constitución del fondo de contingencia para reunir los $ 5.000 millones que requiere para abonar dos sueldos y el medio aguinaldo en diciembre, tal como lo vino realizando, durante la década pasada, su antecesor José Alperovich. La clave son los $ 2.000 millones que la Nación giró a la provincia a modo de préstamo por la supuesta devolución del 6% del 15% de la coparticipación retenida por cuestiones previsionales. Sí, leyó bien; así de difícil es la comprensión de la operatoria pactada entre la Provincia y la Nación por un dinero adeudado por esta última, pero que a tres provincias (Santa Fe, San Luis y Córdoba) les resulta menos oneroso porque accionaron ante la justicia, que le dio la razón. Con ello, más autonomía financiera frente a la Casa Rosada. Federalismo, para resumir.
Pero para llegar a integrar aquel monto, la gestión local debe hacer un esfuerzo presupuestario y esperar que le sobre dinero para encarar 2017, el año del primer test electoral para Manzur como gobernador. Hasta ahora, las cuentas públicas provinciales le han respondido. Si se toma en cuenta el comportamiento de los ingresos versus los gastos, puede observarse que, entre enero y julio último, el Ejecutivo ha obtenido un resultado positivo (superávit) de $ 860 millones.
El señor consumo será la estrategia electoral más firme que puede exhibir la administración nacional y también la provincial. Y, en este sentido, vale la observación que realiza la consultora Federico Muñoz & Asociados acerca de las urgencias oficiales. “En la era kirchnerista, la participación del consumo en el PBI pasó de 75% en 2005 a 86% en 2015, con lo que la inversión quedó relegada. La consecuente descapitalización sufrida en la “década consumida” nos obliga ahora a encarar un fuerte esfuerzo de formación de capital para volver a crecer”, señala en su informe semanal. En este contexto, es lógico que el gobierno apueste a la captura de la Inversión Extranjera Directa (IED). De allí el Foro de Inversiones y de Negocios o Mini Davos que organizó el presidente Mauricio Macri para seducir al capital. Claro que el Gobierno quiere que esa inversión derrame tan pronto como se llame a la cita electoral porque, entre otros beneficios, implicará más productividad, más empleo y, en definitiva, más consumo. No es algo mágico; es algo lógico.
Las boletas de los servicios públicos, como el gas natural, han dado cierto respiro a los usuarios-consumidores. No obstante, el último tramo del año llegará con un reajuste del 203% promedio, de acuerdo con lo anunciado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Esto hace prever que la conducta ciudadana seguirá siendo de cautela en un escenario donde las ventas minoristas han caído a razón del 6,7% en los primeros ocho meses del año, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La inyección dineraria, por parte del Estado, requerirá -además- de una reacción de precios a la baja -en el mejor de los casos- o estables -si la prioridad es no seguir perdiendo ventas-. En el medio, surge el factor costos. Y allí el Estado, que quiere alimentar al señor consumo, debería hacer su aporte, con menos presión fiscal. Por el bien de toda la cadena comercial.
Pero la clave para cambiar el humor social sigue siendo la misma receta que aplicó la gestión anterior: alentar el consumo para que la sociedad perciba que puede gastar sin importarle llegar a fines de mes estirando el dinero como chicle. En Tucumán, el gobernador Juan Manzur así lo interpretó. De allí la constitución del fondo de contingencia para reunir los $ 5.000 millones que requiere para abonar dos sueldos y el medio aguinaldo en diciembre, tal como lo vino realizando, durante la década pasada, su antecesor José Alperovich. La clave son los $ 2.000 millones que la Nación giró a la provincia a modo de préstamo por la supuesta devolución del 6% del 15% de la coparticipación retenida por cuestiones previsionales. Sí, leyó bien; así de difícil es la comprensión de la operatoria pactada entre la Provincia y la Nación por un dinero adeudado por esta última, pero que a tres provincias (Santa Fe, San Luis y Córdoba) les resulta menos oneroso porque accionaron ante la justicia, que le dio la razón. Con ello, más autonomía financiera frente a la Casa Rosada. Federalismo, para resumir.
Pero para llegar a integrar aquel monto, la gestión local debe hacer un esfuerzo presupuestario y esperar que le sobre dinero para encarar 2017, el año del primer test electoral para Manzur como gobernador. Hasta ahora, las cuentas públicas provinciales le han respondido. Si se toma en cuenta el comportamiento de los ingresos versus los gastos, puede observarse que, entre enero y julio último, el Ejecutivo ha obtenido un resultado positivo (superávit) de $ 860 millones.
El señor consumo será la estrategia electoral más firme que puede exhibir la administración nacional y también la provincial. Y, en este sentido, vale la observación que realiza la consultora Federico Muñoz & Asociados acerca de las urgencias oficiales. “En la era kirchnerista, la participación del consumo en el PBI pasó de 75% en 2005 a 86% en 2015, con lo que la inversión quedó relegada. La consecuente descapitalización sufrida en la “década consumida” nos obliga ahora a encarar un fuerte esfuerzo de formación de capital para volver a crecer”, señala en su informe semanal. En este contexto, es lógico que el gobierno apueste a la captura de la Inversión Extranjera Directa (IED). De allí el Foro de Inversiones y de Negocios o Mini Davos que organizó el presidente Mauricio Macri para seducir al capital. Claro que el Gobierno quiere que esa inversión derrame tan pronto como se llame a la cita electoral porque, entre otros beneficios, implicará más productividad, más empleo y, en definitiva, más consumo. No es algo mágico; es algo lógico.
Las boletas de los servicios públicos, como el gas natural, han dado cierto respiro a los usuarios-consumidores. No obstante, el último tramo del año llegará con un reajuste del 203% promedio, de acuerdo con lo anunciado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Esto hace prever que la conducta ciudadana seguirá siendo de cautela en un escenario donde las ventas minoristas han caído a razón del 6,7% en los primeros ocho meses del año, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La inyección dineraria, por parte del Estado, requerirá -además- de una reacción de precios a la baja -en el mejor de los casos- o estables -si la prioridad es no seguir perdiendo ventas-. En el medio, surge el factor costos. Y allí el Estado, que quiere alimentar al señor consumo, debería hacer su aporte, con menos presión fiscal. Por el bien de toda la cadena comercial.
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